Cuates de Malova acaparan lotes de precaristas en Los Mochis
Topolobampo, Ahome.- Terrenos ganados al mar que estaban destinados para construir hogares a precaristas, terminaron en manos de cuates del actual gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez.
El mayor acaparador de esos terrenos es Leonardo Félix Gutiérrez, “padre empresarial” de Malova; el empresario constructor Jorge Alberto García López, y las empresas Balderrama Desarrollos y Muroblock, denunció Gorgonio Silva Gualizapa, presidente del Comité Único de Vivienda de Topolobampo, quien desde junio del 2007 inició la lucha por conseguir 700 lotes para las familias pobres del puerto, sin lograrlo.
Leonardo Félix tiene registrados 77 lotes, 41 de éstos como persona física, tres predios más están facturados a Inmobiliaria Félix y otras 33 propiedades a Constructora Camaro, ambas de su propiedad.
Otros propietarios de lotes son José Alfonso Aviña Cisneros, compadre del entonces director del Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa (INVIES), Víctor Vinicio Quiñónez, y los bancos Bancomer, Atlántico y Banamex, según los precaristas.
Entre los acaparadores también figuran políticos y sus familiares. Entre ellos el actual subsecretario de Gobierno, Jesús Antonio Marcial Liparoli y su tío Benito Liparoli.
“Benito compró lotes a dos pesos el metro cuadrado y ahora vende los lotes en 120 mil pesos. No tenía por qué comprar los terrenos, porque no era solicitante”, denuncia Pedro Hernández, precarista que juntó a su familia e invadió un terreno en Los Conchos, en donde edificó su casa con madera podrida y desecho de lámina galvanizada.
“Y Jesús Antonio, el subsecretario de Gobierno del Estado, cercó un terreno para apropiárselo. Nosotros se lo quitamos”, ahonda Silva Gualizapa. El político es un mercader originario de este lugar, en donde ahora trafica con solares de precaristas”, acusa.
Pedro Hernández asegura que “éstas no son todas las desvergonzadas perpetradas por los actuales políticos que ofrecieron solucionar la demanda de lotes de familias pobres, pero que en realidad los entregaron a sus amigos ricos”, porque el ex alcalde Zenén Aarón Xóchihua Enciso vendió el polígono de áreas verdes ubicado en calles Pez Barracuda y Pez Mero, además de que con el oficio de Presidencia 604/2012, remitido el 4 de julio del 2012 a Juan Ernesto Millán Piestch, pretendió cambiar la vocación de las 17 hectáreas de terrenos habitables en el polígono Iturbe, a comercial e industrial de bajo impacto. “Evidentemente, nosotros no éramos su prioridad, sino sus nuevos amigos ricos”, sentenció.
Acompañado de 20 demandantes de terrenos habitaciones, Silva Gualizapa instó al Gobierno Federal de Enrique Peña Nieto a que retome el control de los lotes que están en manos de los acaparadores, puesto que se viola flagrantemente el decreto de cesión gratuita de terrenos federales “Puerto de Topolobampo” en favor del Gobierno de Sinaloa.
Y es que el decreto, en su artículo quinto precisa que el Gobierno del Estado tendrá cinco años para regularizar los terrenos del irregular asentamiento humano. Ese plazo venció en 1995, y procede revertir el derecho a la Federación.
“Evidentemente no están en manos de precaristas o de legítimos demandantes, sino en poder de acaparadores adinerados y con influencia política, por lo tanto procede inhabilitar el decreto”.
El decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de junio de 1990 y fue firmado por el presidente Carlos Salinas de Gortari. En él cede 162 hectáreas de terrenos federales al Gobierno de Sinaloa, para que regularice los asentamientos humanos ya existentes entonces y ordena la legalización de los lotes habitacionales futuros.
En tanto plantean sus soluciones, el líder de los precaristas afirmó que han tocado muchas puertas para que el gobierno cumpla con su obligación de venderles lotes en donde puedan construir sus casas, “pero en todas nos hemos topado con políticos tranzas. El gobierno malovista no ha sido la excepción de tener funcionarios rateros, o políticos que trafican con los intereses de los precaristas, pues responden con mentiras a sus planteamientos”.
Por tanto engaño, e incluso rapiña, los demandantes de terrenos han abandonado la lucha. “Y tan se han ido algunos que de 700 lotes que se pedían en el 2007, hoy sólo se requieren 150. “Y con eso nos tapan la boca”.
En tanto los precaristas demandan la entrega de lotes en manos de acaparadores adinerados y con influencia política de Los Mochis, Jorge Cota, Mario Acosta López y María de los Ángeles Valenzuela Camacho se armaron de valor y ocuparon predios asignados a los amigos del Gobernador, aunque saben que eso podría llevarlos a prisión, “pues en Sinaloa van a la cárcel quienes se manifiestan en contra de Mario López Valdez y exhiben sus políticas públicas corruptas”.
(RIODOCE/
Topolobampo, Ahome.- Terrenos ganados al mar que estaban destinados para construir hogares a precaristas, terminaron en manos de cuates del actual gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez.
El mayor acaparador de esos terrenos es Leonardo Félix Gutiérrez, “padre empresarial” de Malova; el empresario constructor Jorge Alberto García López, y las empresas Balderrama Desarrollos y Muroblock, denunció Gorgonio Silva Gualizapa, presidente del Comité Único de Vivienda de Topolobampo, quien desde junio del 2007 inició la lucha por conseguir 700 lotes para las familias pobres del puerto, sin lograrlo.
Leonardo Félix tiene registrados 77 lotes, 41 de éstos como persona física, tres predios más están facturados a Inmobiliaria Félix y otras 33 propiedades a Constructora Camaro, ambas de su propiedad.
Otros propietarios de lotes son José Alfonso Aviña Cisneros, compadre del entonces director del Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa (INVIES), Víctor Vinicio Quiñónez, y los bancos Bancomer, Atlántico y Banamex, según los precaristas.
Entre los acaparadores también figuran políticos y sus familiares. Entre ellos el actual subsecretario de Gobierno, Jesús Antonio Marcial Liparoli y su tío Benito Liparoli.
“Benito compró lotes a dos pesos el metro cuadrado y ahora vende los lotes en 120 mil pesos. No tenía por qué comprar los terrenos, porque no era solicitante”, denuncia Pedro Hernández, precarista que juntó a su familia e invadió un terreno en Los Conchos, en donde edificó su casa con madera podrida y desecho de lámina galvanizada.
“Y Jesús Antonio, el subsecretario de Gobierno del Estado, cercó un terreno para apropiárselo. Nosotros se lo quitamos”, ahonda Silva Gualizapa. El político es un mercader originario de este lugar, en donde ahora trafica con solares de precaristas”, acusa.
Pedro Hernández asegura que “éstas no son todas las desvergonzadas perpetradas por los actuales políticos que ofrecieron solucionar la demanda de lotes de familias pobres, pero que en realidad los entregaron a sus amigos ricos”, porque el ex alcalde Zenén Aarón Xóchihua Enciso vendió el polígono de áreas verdes ubicado en calles Pez Barracuda y Pez Mero, además de que con el oficio de Presidencia 604/2012, remitido el 4 de julio del 2012 a Juan Ernesto Millán Piestch, pretendió cambiar la vocación de las 17 hectáreas de terrenos habitables en el polígono Iturbe, a comercial e industrial de bajo impacto. “Evidentemente, nosotros no éramos su prioridad, sino sus nuevos amigos ricos”, sentenció.
Acompañado de 20 demandantes de terrenos habitaciones, Silva Gualizapa instó al Gobierno Federal de Enrique Peña Nieto a que retome el control de los lotes que están en manos de los acaparadores, puesto que se viola flagrantemente el decreto de cesión gratuita de terrenos federales “Puerto de Topolobampo” en favor del Gobierno de Sinaloa.
Y es que el decreto, en su artículo quinto precisa que el Gobierno del Estado tendrá cinco años para regularizar los terrenos del irregular asentamiento humano. Ese plazo venció en 1995, y procede revertir el derecho a la Federación.
“Evidentemente no están en manos de precaristas o de legítimos demandantes, sino en poder de acaparadores adinerados y con influencia política, por lo tanto procede inhabilitar el decreto”.
El decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de junio de 1990 y fue firmado por el presidente Carlos Salinas de Gortari. En él cede 162 hectáreas de terrenos federales al Gobierno de Sinaloa, para que regularice los asentamientos humanos ya existentes entonces y ordena la legalización de los lotes habitacionales futuros.
En tanto plantean sus soluciones, el líder de los precaristas afirmó que han tocado muchas puertas para que el gobierno cumpla con su obligación de venderles lotes en donde puedan construir sus casas, “pero en todas nos hemos topado con políticos tranzas. El gobierno malovista no ha sido la excepción de tener funcionarios rateros, o políticos que trafican con los intereses de los precaristas, pues responden con mentiras a sus planteamientos”.
Por tanto engaño, e incluso rapiña, los demandantes de terrenos han abandonado la lucha. “Y tan se han ido algunos que de 700 lotes que se pedían en el 2007, hoy sólo se requieren 150. “Y con eso nos tapan la boca”.
En tanto los precaristas demandan la entrega de lotes en manos de acaparadores adinerados y con influencia política de Los Mochis, Jorge Cota, Mario Acosta López y María de los Ángeles Valenzuela Camacho se armaron de valor y ocuparon predios asignados a los amigos del Gobernador, aunque saben que eso podría llevarlos a prisión, “pues en Sinaloa van a la cárcel quienes se manifiestan en contra de Mario López Valdez y exhiben sus políticas públicas corruptas”.
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