MÉXICO,
D.F. (apro).- La iniciativa de ley secundaria en materia de
telecomunicaciones presentada por el Ejecutivo federal tiene
disposiciones contrarias a los derechos humanos plasmados en la
Constitución y en tratados internacionales, aseguró la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
En un
comunicado, el organismo autónomo presidido por Perla Gómez, aseguró que
la iniciativa –presentada el pasado 24 de marzo por el presidente
Enrique Peña Nieto, con tres meses de retraso–, “vulnera la libertad de
expresión y el derecho de acceso a la información, establece controles
ilegítimos a medios de comunicación públicos y sociales, introduce
mecanismos de censura previa”.
Más: “retira facultades especiales
del Instituto Federal de Telecomunicaciones, carece de perspectiva de
género, amenaza la privacidad de las personas y controla el Internet,
afectando los derechos que se ejercen de manera digital en este
espacio”.
La CDHDF criticó que la iniciativa también “contiene
disposiciones discriminatorias para los medios de comunicación, y se
olvida de distintos sectores y actores que tienen derechos específicos
en torno a la comunicación y la expresión, como las personas con
discapacidad, usuarias, niñas y niños”.
Según el organismo, el
documento contiene artículos “preocupantes”, como el 197, fracción VII
que –a su parecer– permite bloquear, inhibir o anular servicios de
telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad
pública y nacional, cuestión que podría violentar los derechos a
personas que transitan en el DF.
Este tipo de disposiciones
–agregó– están prohibidas por la Declaración Conjunta sobre Libertad de
Expresión e Internet de los relatores de libertad de expresión de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH).
Otro artículo que preocupó a la CDHDF
es el título octavo sobre colaboración con la justicia. Aseguró que en
sus artículos 189 a 194, “vulnera el derecho a la privacidad y no
presenta salvaguardas ni controles a las facultades de vigilancia del
Estado, contraviniendo el artículo 16 constitucional”.
La CDHDF
recordó que, “de acuerdo al artículo 1º constitucional, los legisladores
están obligados a incorporar los estándares internacionales de derechos
humanos. Sin embargo, muchas de las disposiciones aquí contenidas no
son tomadas en cuenta y son confrontadas de manera abierta por la
propuesta legislativa”.
También consideró que el proceso de
dictaminación, análisis y aprobación de la legislación secundaria en
materia de telecomunicaciones, “debe incorporar los estándares
internacionales y nacionales de derechos humanos y ponerlos en el centro
de la misma. Para esto, el proceso debe ser plural, abierto y debe
contar con la presencia de especialistas relacionados con cada uno de
los temas con los que la legislación se relaciona”.
Para ello,
dijo que informará a los legisladores las preocupaciones en torno al
contenido de esa ley. Añadió que confía “en que en el proceso de
dictaminación se subsanen los riesgos que presenta su actual
conformación y se respete la visión de Derechos Humanos en todo
momento”.
/ 7 de abril de 2014)
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