MÉXICO, D.F. (apro).- En vísperas del inicio de la campaña
electoral del 2006, un conjunto de reformas a la Ley Federal de
Telecomunicaciones y a la Ley Federal de Radio y Televisión se envió al
Congreso.
La Cámara de Diputados, sin mayor discusión, aprobó estos cambios en
menos de cinco minutos. Se armó un escándalo al conocerse los detalles
que beneficiaban ampliamente a Televisa, la empresa dominante en la
televisión abierta. En el Senado se fracturaron las bancadas. Aunque se
aprobó, la Suprema Corte de Justicia echó abajo aspectos sustanciales de
esta iniciativa.
Esa fue la Ley Televisa del 2006. Los intereses del consorcio
se impusieron para evitar que el cambio de gobierno federal de ese año
afectaran al poderoso monopolio de la dinastía Azcárraga. Los candidatos
presidenciales de todos los partidos fueron claramente presionados y el
gobierno de Vicente Fox simplemente se lavó las manos frente a esta
grosera forma de manipular al Congreso y de extorsionar a los partidos.
Siete años después, tras muchos capítulos fallidos de una reforma
integral a los medios de comunicación y en las telecomunicaciones, el
gobierno de Enrique Peña Nieto, con el apoyo del PAN y del PRD,
participantes en el Pacto por México, impulsó una amplia reforma
constitucional. Al gobierno y a los partidos les interesaba mandar un
mensaje claro de autonomía frente a los poderes fácticos, en especial,
ante Televisa.
Sobre todo a Peña Nieto, el candidato construido y proyectado en el
laboratorio de publicidad política e infomerciales de Alejandro
Quintero, estratega de la empresa de Azcárraga, le interesaba deshacerse
de la etiqueta de “producto Televisa”.
Con este incentivo se aprobó una reforma constitucional que quedó
coja en muchos aspectos, pero implicó avances fundamentales. El
principal: que las concesiones de telecomunicación y de radiodifusión se
definieran como “servicios públicos”; que se creara un órgano
constitucional autónomo para regular el sector (el Instituto Federal de
Televisión); que, por primera vez, se reconocieran a nivel
constitucional los derechos de las audiencias y de los usuarios de
telecomunicaciones ; y que se establecieran criterios y reglas para que
ni Televisa (sus subsidiarias y sus aliados como TV Azteca) ni
Telmex-Telcel (sus subsidiarias y aliados) impidieran la competencia y
se estableciera un “piso parejo” que incluyera la apertura del sector a
inversiones extranjeras.
El Pacto por México se disolvió tras la reforma constitucional
energética de diciembre de 2013. Se creó el Instituto Federal de
Telecomunicaciones, cuyo perfil de integrantes dejó mucho qué desear
entre conocedores del sector. Se declararon agentes económicos
preponderantes a Televisa y a América Móvil. Y se establecieron las
bases para la licitación de dos nuevas cadenas de televisión digital
abierta.
Estos pasos se dieron sin una ley secundaria. Ahora, a 45 días de que
culmine el periodo ordinario de sesiones en el Congreso, el Ejecutivo
federal envió una iniciativa que ha dejado un amargo sabor de boca entre
quienes apoyaron aquella reforma constitucional y confirmaron la
tendencia que algunos habíamos advertido: no se trata de democratizar el
régimen de medios y de telecomunicaciones sino de recuperar el control
gubernamental sobre este sector, atenazado por poderosos intereses, y
privilegiar al aliado fundamental del peñismo (léase Televisa).
La ley secundaria presentada el pasado 24 de marzo en el Senado es
contraria a la reforma constitucional y constituye “la segunda temporada
de la Ley Televisa” del 2006 por varias razones. Entre ellas, hay cinco ejes temáticos que es necesario enunciar:
1.-Elimina la noción de servicio público.- En el artículo 2 de
la iniciativa establece que “las telecomunicaciones y la radiodifusión
son servicios de interés general”. Esa no fue la redacción de la reforma
constitucional. En ella se estableció que eran “de servicio público”.
La diferencia no es sólo de términos o conceptuales.
La eliminación de esta noción permite que aspectos desechados por la Suprema Corte de Justicia en 2007, al analizar la Ley Televisa, se
vuelvan a incorporar en esta iniciativa. Por ejemplo, el criterio de
dar las concesiones por el método de subasta, elimina la posibilidad de
incorporar otros criterios necesarios como son cobertura social,
eliminación de desigualdad en el acceso a las telecomunicaciones,
promoción de la banda ancha, etcétera.
Se impone, pues, la ley del dinero y del más fuerte. En este sentido, ya sabemos quiénes ganarán.
En ninguno de las 70 definiciones del artículo 3 de la misma ley nos
explican los redactores de esta iniciativa qué significa “servicio de
interés general”. Sólo nos hablan de “rectoría” del Estado, no de
promoción de la equidad y la eliminación de desigualdades y desniveles
en telecomunicaciones.
2.-Se establecen candados de control presidencial y de posible censura en redes sociales y en medios.- La
primera damnificada con esta iniciativa es la autonomía del IFT.
Extraña que los comisionados no hayan dicho nada en esta materia, a
pesar de que la mayoría de los especialistas ha destacado este punto.
Retornamos a los criterios de control de los contenidos, establecidos
en la Ley Federal de Radio y Televisión de 1960, para darle a la
Secretaría de Gobernación facultades que ya creíamos rebasados. El
Consejo Consultivo del IFT –entidad que debía estar destinada a eso-
simplemente queda como un organismo decorativo.
Pero ya no se trata sólo de controlar los contenidos, los tiempos de
Estado (cuyo reparto es sólo para el Ejecutivo federal), la hora
nacional y otras cosas de corte anacrónico. También incorpora muchos
elementos de control en los usuarios de la telefonía móvil y del
internet.
Se trata, en esencia, de controlar a las nuevas audiencias digitales
–cada vez más numerosas- y de los contenidos que se generan en redes
sociales, sitios informativos en internet.
Para nadie es un secreto que los dos grandes adversarios del gobierno
de Peña Nieto y de Televisa son las redes sociales. En el primer caso,
porque no se pueden controlar o cooptar de manera vertical. En el
segundo caso, porque a mayor acceso a banda ancha, menor audiencia
televisiva.
3.-Se hace imposible un modelo alterno al de los concesionarios comerciales.- La
disputa es por el control del mercado, no por la promoción de nuevas
opciones y modelos de comunicación, alternos a las concesiones
comerciales.
Tendremos más canales de televisión abiertos y restringidos, pero con
programación igual o muy similar, porque se privilegia el modelo de
medios comerciales que podrán incrementar sus porcentajes de transmisión
de publicidad, bajo el pretexto de la promoción de la producción
nacional independiente.
Se establece la creación de una “nueva cadena estatal” de televisión
“de uso público” que se llamará Sistema Público de Radiodifusión de
México, que dependerá de la Secretaría de Gobernación.
En otras palabras, persiste la confusión priista entre “lo público” y
lo “gubernamental”. Para la vieja tradición autoritaria, todo lo que
sea público es gubernamental y, por tanto, debe representar una cadena
que se dedique a defender y promocionar al Ejecutivo federal en turno.
Eso es un retroceso a una etapa anterior a la creación de Imevisión.
4.-Ampliamente favorable a Televisa.- A pesar de las recientes
quejas y anotaciones de Grupo Televisa en su comunicado sobre la
iniciativa de Peña Nieto, no se necesita ser brujo ni muy especialista
para darse cuenta que en materia de regulación las reglas son mucho más
duras para el agente económico preponderante en telecomunicaciones
(léase América Móvil) y no para la televisión. Esto ya era muy claro en
la declaración del IFT (de 188 medidas adoptadas, sólo 4 afectan
realmente a Televisa). Esta tendencia se reforzó y confirmó con la
iniciativa.
Nadie duda del poder abusivo en tarifas, en interconexión y en muchos
servicios de las compañías de Carlos Slim, pero también es claro que el
descontento contra Televisa radica en su expansión sin precedentes en
la televisión restringida (tv por cable y tv satelital) y en su alianza
con TV Azteca para dar un poderoso incentivo de barrera de entrada a
cualquiera que quiera competir con este duopolio.
La iniciativa de ley favorece ampliamente la producción y publicidad
de Televisa en el terreno de la televisión restringida. Y no elimina las
poderosas barreras de entrada a la competencia en este terreno.
5.-Derechos de audiencia enunciativos, no programáticos.-La
reforma constitucional incorporó los derechos de audiencia, a
regañadientes de muchos legisladores que favorecen a la industria. ¿Qué
es eso?, decían. ¿Cómo derechos de audiencia en un sector que se guía
por la competencia? Justo ahí radica la perversión de esta iniciativa.
Al desconocer que se trata de servicios públicos, se restringen y
limitan los derechos de las audiencias y de los usuarios.
El título Noveno de la iniciativa (“De los Usuarios”) y el Capítulo
IV (“De los Derechos de las Audiencias”) son una verdadera broma. Se
enuncian sólo ocho derechos de las audiencias, pero no se dice cómo van a
operar, qué sanciones existen para quiénes los violen ni cómo
defenderlos de manera práctica.
Por ejemplo, en el artículo 257 se establece:
“Son derechos de las audiencias…
“III. Que se diferencie con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta.
“IV. Que se aporten elementos para distinguir entre la publicidad y el contenido de un programa”.
¿Cómo se van a “diferenciar”? ¿Qué significa eso de “aportar
elementos” para distinguir entre publicidad y contenido? Nunca lo dicen.
Twitter: @JenaroVillamil
/ 25 de marzo de 2014)
(Las opiniones expresadas en el texto son responsabilidad absoluta del autor)
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