Distrito Federal—
Activistas y defensores legales de Israel Arzate Meléndez exigieron a la
Procuraduría General de la República (PGR) que se investigue y finque
responsabilidad a los autores materiales e intelectuales de la tortura del
juarense, así como a aquellas personas que siendo autoridades hayan sido
cómplices o facilitadores de la misma.
A propósito de la
investigación que se le sigue a Ramón Quintana Villasana, ex director del
entonces Cereso Estatal (hoy Cefereso 9) Norte, en relación con la excarcelación
de Israel Arzate para ser torturado y obligado a autoincriminarse como
participante en la masacre de Villas de Salvárcar, los abogados aseguraron que
“ese será un primer paso para resarcir el daño infringido a Israel y su
familia, así como para dar certidumbre a las víctimas de los hechos por los que
se pretendió inculparlo”.
En un comunicado de
prensa emitido ayer jueves, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro
(Centro Pro), una de las organizaciones que lleva la defensa de Arzate Meléndez,
consideró que “ante la ambigua acción por parte del Poder Judicial del Estado
de Chihuahua al no vincular a proceso al ex director del entonces Cereso
Estatal por las acciones que posibilitaron la tortura en contra de Israel
Arzate, queda clara la falta de voluntad para resolver conforme a derecho los
delitos del fuero común que derivaron en dichos actos de tortura”.
Con ello, se
advirtió, se abre una posibilidad histórica para que la PGR “demuestre su
compromiso para castigar los abusos de la política de seguridad del sexenio
anterior”.
La organización
especializada en la defensa de los derechos humanos recordó que el pasado 25 de
marzo la juez de Garantía, Carmen Leticia Prieto Ruiz decidió no vincular a
proceso a Quintana Villasana, “a quien se le había imputado participación en la
tortura a Israel Arzate Meléndez al haber permitido que fuera sacado del penal
para ser torturado en la guarnición militar de Ciudad Juárez”.
El juzgado consideró
que la competencia para la investigación de los hechos corresponde a la PGR,
pero también omitió sujetar a proceso a Quintana Villasana por delitos del
fuero común que sí entraban en su competencia.
“En el contexto de
la reciente serie de cambios en los responsables de las políticas de seguridad
federal, resulta fundamental el esclarecimiento y sanción de los actos de
tortura cometidos contra Israel Arzate”.
Dichos actos
cometidos en contra del juarense, destacaron, “ya han sido debidamente probados
por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y resultaron determinantes en
la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordenó la
liberación de Israel, en virtud de que su propósito fue el de construir una
culpabilidad a partir de una declaración autoincriminatoria”.
El Centro Pro
recalcó que la tortura es una violación grave a derechos humanos y debe ser
investigada y sancionada por la PGR conforme a los tipos penales aplicables.
Asimismo, advirtió,
la responsabilidad por estos hechos no es sólo de una persona, ya que hubo una
participación conjunta de diversos servidores públicos, tanto locales como
federales: elementos militares, de la Fiscalía del Estado de Chihuahua y del
sistema penitenciario, que concurrieron y facilitaron la perpetración de los
actos de tortura”, advirtió.
“Toda vez que la
tortura en contra de Israel Arzate ha sido reconocida ,ahora incluso por la
Fiscalía del Estado de Chihuahua, exigimos a la PGR que se investigue
efectivamente y se finque responsabilidad a los autores materiales e intelectuales
de ésta, así como a aquellas personas que siendo autoridades hayan sido
cómplices o facilitadores de la misma. Ese será un primer paso para resarcir el
daño infringido a Israel y su familia, así como para dar certidumbre a las
víctimas de los hechos por los que se pretendió inculparlo”.
Como se informó, un
Tribunal de Garantía dictó auto de no vinculación a proceso al ex director del
entonces Cereso estatal, Ramón Quintana Villasana, al declinar la competencia a
un juzgado federal por considerar que el delito que se debe estudiar es la
tortura de la que posiblemente fue objeto Israel Arzate Meléndez al ser
excarcelado durante el proceso que se le siguió como uno de los responsables de
la matanza de Villas de Salvárcar.
La juez de Garantía,
Carmen Leticia Prieto Ruiz, concluyó que iniciar en el fuero común un proceso
penal en contra del ex director del Cereso implicaría juzgarlo dos veces pues
el ilícito, y que lo que debe estudiarse es si Israel Arzate Meléndez fue
sujeto a vejaciones en las presuntas excarcelaciones ordenadas por Quintana
Villasana los días 9 de febrero y 17 de marzo del año 2010.
En este sentido, el
Centro Prodh expone que “la tortura es una violación grave a derechos humanos y
debe ser investigada y sancionada por la PGR conforme a los tipos penales
aplicables.
lsosa@redaccion.diario.com.mx
(EL DIARIO / M.
FIGUEROA/L. SOSA/ 2014-03-27 | 22:36)
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