La migración que
deben hacer –casi de manera inmediata– cientos de escoltas acreditados como
agentes de policía Clase E, para convertirse en agentes de seguridad privada,
ha provocado molestia y preocupación entre los empresarios porque los dejará
prácticamente en estado de indefensión al ser reducido el calibre del armamento
que tendrán que portar sus guardias.
Escoltas de
empresarios fronterizos dijeron estar en desventaja ante la delincuencia
organizada y rechazaron el retiro de las armas semiautomáticas y automáticas
–que portan actualmente– para utilizar pistolas calibre .380 y escopetas
calibre 12, que son las autorizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena).
“Quedamos indefensos
para brindar la seguridad a nuestros patrones. Nos dejan en total desventaja y
en esas condiciones mejor renuncio, es como defendernos con resorteras contra
fusiles de asalto”, dijo un elemento de seguridad privada entrevistado ayer a
condición del anonimato.
A su vez,
empresarios se dijeron preocupados si es que se limita el tipo de arma que
pueden usar sus guardias, y señalaron que dialogarán con las autoridades para
no quedar desprotegidos.
Octavio Fuentes
Téllez, presidente de Grupo Imperial, dijo que lo primero que harán es dialogar
con la autoridad para poder mantener el mismo esquema que tienen hasta ahora,
en donde pueden portar armas que les permiten defenderse de secuestros y
cualquier ataque.
“Todo es poquito
para lo que traen ellos (los delincuentes)”, dijo el empresario.
El fiscal general
Jorge González Nicolás informó que todos los escoltas de empresarios deberán
regresar los permisos de portación de armas que facilitó el Gobierno estatal,
el cual además les daba categoría de agentes policiacos tipo “E”.
Este permiso les ha
permitido usar calibres para uso exclusivo del Ejército, como fusiles AR-15 y
pistolas 9 milímetros, lo cual contraviene la Ley Federal de Armas de Fuego y
Explosivos, que impide que particulares usen este tipo de armamento.
Miguel Macías,
director de la empresa Impulsora de Seguridad Privada, dijo que los empresarios
en Chihuahua quedarán desprotegidos por las prácticas monopólicas que impulsa
desde la propia Sedena el general retirado Alejandro Sandoval Torres, quien
funge como apoderado legal de la Agencia de Seguridad Integral, la cual es la
única en el estado que ofrece el servicio de gestión para el porte de armas de
fuego para los escoltas.
“Lo que sabemos es
que una empresa procedente de Guadalajara que ofrece este mismo servicio viene
a instalarse a Ciudad Juárez y a pelear el mercado. El general Sandoval está
presionando ante Sedena para que exija al Gobierno del Estado el cumplimiento
al reglamento de la Ley Federal de Seguridad Privada”, señaló.
Los escoltas dijeron
a El Diario que desde la semana pasada varios agentes clase “E” fueron
obligados a entregar el armamento –pagado por los propios patrones– a la
Fiscalía General del Estado y ahora están descansados.
Mientras, el
empresario deberá adquirir el servicio de seguridad privada ante la empresa
mencionada.
“Un empresario ya
perdió cien mil pesos porque él contaba con dos escoltas que portaban, cada
uno, un arma corta y una larga. Al registrar las armas dentro de la licencia
colectiva 166 que ampara a las corporaciones policiacas, él firmó un documento
de donación voluntaria y ahora perdió una fuerte inversión que hizo en su
seguridad”, dijo el agente entrevistado.
Agregó que en menos
de una semana al menos seis empresarios locales ya no cuentan con personal
armado, ya que la Fiscalía les retiró el armamento y el permiso de porte.
El empresario
Fuentes Téllez dijo que hace dos años se dio una problemática similar que los
dejaba descubiertos, pero se cabildeó con éxito, de manera que los guardias
ahora portan las armas que necesitan.
Manuel Sotelo
Suárez, vicepresidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga
(Canacar), dijo que muchos empresarios de la ciudad aún llevan guardias porque
los consideran necesarios.
Indicó que, en
parte, gracias a esta figura es que se ha logrado abatir el número de
secuestros, el delito que más afectó al empresariado.
Sotelo Suárez agregó
que ya existe preocupación en el gremio por el cambio de esquema de los
guardias, e incluso algunos ya lo están haciendo.
Dijo que si bien el
costo no es un problema, sí puede haber un conflicto si es que al cambiar la
figura legal de los actuales agentes “E” a empleados de una empresa de seguridad
se reduce el calibre de las armas.
“No deberían
dejarlos indefensos”, comentó.
“Hay personas que
quieren, pueden y necesitan traer un escolta y se les debe de dar la facilidad
para que lo tengan y esas necesidad nacen de la percepción de delincuencia que
aún hay en la ciudad”, expresó.
Carlos Riquelme
Canales, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Ciudad Juárez,
indicó que varios representantes del sector en la ciudad aún cuentan con
guardaespaldas porque así lo creen necesario.
Agregó que se sabe
que se tiene que cumplir con la normatividad y el sistema debe de estar bien
regulado, pero no exponiendo a los mismos agentes, quienes al reducirles el
poder del arma, quedan en desventaja con los delincuentes.
ANTECEDENTES
El general Alejandro
Sandoval Torres, quien comandó la guarnición local hasta 2009, funge como
apoderado legal de la empresa de seguridad privada cuyo principal servicio es
la gestión de permisos de portación de armas ante la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena), de acuerdo con fuentes de la Fiscalía.
Su empresa se
consolidó poco antes de que la Sedena notificara a los gobiernos estatales que,
en agosto 31 de 2011, se pondría fin al esquema que por años permitió que
cientos de guardias de seguridad privada portaran armas como si fueran agentes
de seguridad pública; trámite que, informó también el Ejército a las
autoridades locales, se debe hacer a través de empresas de seguridad privada
legalmente constituidas.
En una entrevista
con El Diario, Sandoval Torres descartó que existiera un conflicto de intereses
por su retiro del Ejército Mexicano y la consolidación de su empresa privada
que tramita los permisos ante la instancia de gobierno para la que trabajó
durante más de 20 años.
“No, de ninguna
manera. ¿Cómo va a ser un conflicto de interés? Yo me retiré del Ejército por
así convenir a mis intereses; no hay ninguna otra explicación”, dijo Sandoval.
La empresa Agencia
de Seguridad Integral es propiedad de Patricia Álvarez, esposa de Sandoval
Torres y quien, en entrevista, también descartó la existencia de conflicto de
intereses ya que, por el contrario, dijo, es mejor que este tipo de actividades
queden en manos de personas conocedoras del tema.
“Habría un conflicto
si fuera un servidor público; él ya es libre, puede trabajar donde quiera. Es
el mismo caso de muchísimos ex militares que trabajan por fuera”, indicó
Álvarez.
De acuerdo con
Álvarez, la Agencia de Seguridad Integral es la única en Ciudad Juárez que, a
la fecha, cuenta con licencias de portación de armas colectivas de orden
federal, lo cual significa que el escolta que utilice uno de esos permisos
puede portar los instrumentos de fuego en todo el territorio nacional.
Ese año (2011), la
empresa abriría un mercado de cientos de escoltas privados que por disposición
de la Sedena deberían regresar los permisos de portación de armas que, previo
pago, les facilitaba el Gobierno estatal, el cual además les daba categoría de
agentes policiacos tipo E y les permitía usar calibres exclusivos para uso
exclusivo del Ejército, como fusiles AR-15 y pistolas 9 milímetros.
Pero esta modalidad,
de acuerdo con Álvarez, infringía sobre todo la Ley Federal de Armas de Fuego y
Explosivos, la cual impide que particulares usen este tipo de armamento.
“Es donde el Estado
cayó en la ilegalidad. Si a lo mejor ellos hubieran hecho esa negociación con
una agencia, como lo estaban haciendo, pero hubieran otorgado los calibres
permitidos por la ley, no hubiera pasado nada y el empresario ya se hubiera
acostumbrado”, dijo Álvarez.
Fue así, señaló la
empresaria, que ella tuvo la idea de crear una empresa que pudiera meter en la
legalidad a los empresarios cuyos escoltas portaban armas que sólo
correspondían al Ejército Mexicano.
Álvarez y Sandoval
explicaron también que las leyes vigentes permiten sólo ciertos calibres para
el uso de los guardias de seguridad privada –como pistolas .380 o .38 súper,
así como escopetas calibre 12– y que, si bien son menores que los del uso
exclusivo del Ejército Mexicano, pueden servir puntualmente para el trabajo de
protección que corresponde a este tipo de empleados.
Todo depende,
insistieron, en la capacitación y el adiestramiento con que cuenten los
guardias de seguridad, ya que su labor, dijo Sandoval, es sólo proteger a los
sujetos que los contratan y sacarlos del peligro, mas no combatir a los
criminales ni perseguirlos.
“Esto es algo
histórico, algo que no se ha visto en 30 años”, dijo personal de esta empresa
que ayer concedió una entrevista, ya que el general Sandoval no se encontraba.
La entrevistada dijo
que el gobernador César Duarte, por la situación de inseguridad que se vivió en
el estado, tal vez arregló esos permisos, pero ahora se deberán ajustar a la
normatividad.
“Los escoltas no
están desarmados, se les permitió el porte de sus armas en este proceso de
migración, nosotros estamos trabajando a marchas forzadas desde la semana
pasada porque estamos requiriendo la documentación al nuevo personal que se va
a registrar”, precisó.
Dijo que en todo el
país esta empresa tiene presencia en 22 estados, en Chihuahua son los únicos, y
tienen mil 500 agentes registrados con su porte de arma debidamente legal.
“Los agentes Clase E
van a ser empleados nuestros, ellos eran policías y ahora van a ser empleados
nuestros y esta empresa va a cobrar por un servicio de seguridad privada. Con
este paso se entrará a la normatividad, porque existe la cultura en el mexicano
de hacer todo chueco, ahora se va a cumplir la ley”, dijo.
(EL DIARIO /
LUZ DEL CARMEN SOSA/BERENICE GAYTÁN/ 2014-02-13 | 22:22)
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