En el marco de las múltiples exigencias para esclarecer el asesinato
del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz, también esta semana, el
Comité de Protección para Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés),
advierte en su informe anual sobre libertad de expresión “Ataques a la
Prensa”, que persiste “un clima de impunidad” en el que “las autoridades
malograron las investigaciones de varios casos clave”, sobre agresiones
a periodistas.
En el pasado 2013, el CPJ coloca a México en el séptimo lugar en el
Índice de Impunidad (encabezado por Irak y seguido por Somalia,
Filipinas, Sri Lanka, Colombia y Afganistán), donde “la prensa continuó
siendo blanco de la violencia, mientras carteles de la droga rivales se
enfrentaban entre sí y contra las fuerzas de seguridad pública y el
Ejército en todo el país. Medios de prensa fueron atacados,
organizaciones de libertad de prensa fueron amenazadas y periodistas
fueron secuestrados. Al menos tres periodistas fueron muertos en 2013 en
circunstancias no esclarecidas. Ante tanta violencia, los medios de
prensa de zonas controladas por los carteles de la droga, optaron por la
autocensura”, relata el CPJ.
Aunque el CPJ destaca la entrada en vigor de la federalización de los
delitos contra la prensa, advierte que su implementación “es lenta”.
En el primer año de gobierno de una nueva administración, señala el
CPJ, “la libertad de prensa siguió viviendo un clima de peligro en
México”, aunque el gobierno actual otorgó la aprobación definitiva a una
medida, anunciada al final del mandato anterior, con la que se que les
concede a las autoridades federales una jurisdicción más amplia para
investigar los delitos contra la libertad de expresión, “la fiscalía
especial designada para adelantar tales investigaciones dilató el
ejercicio de sus nuevos poderes. Finalmente, en agosto, el fiscal
especial oficialmente se hizo cargo de su primer caso, aunque a finales
de año no había acusado ni procesado a nadie en relación con el
asesinato de periodistas”, apunta el informe del CPJ.
El Informe “Ataques a la Prensa” del CPJ registra dos investigaciones
malogradas en México, un periodista desaparecido y tres periodistas
obligados a huir entre el 2012 y el 2013 y un caso de justicia
inoperante.
El CPJ documentó al menos dos investigaciones malogradas en torno a
ataques contra periodistas que dejaron un saldo de un muerto y un
herido. Serias irregularidades surgieron en el proceso contra un sujeto
condenado en abril de 2013 por el asesinato en el 2012 de Regina
Martínez Pérez, corresponsal de la revista Proceso. Dos meses después,
la sentencia fue anulada.
Por otra parte, en septiembre del 2013, un juez desestimó las
acusaciones contra uno de los pistoleros implicados en el intento de
asesinato contra el director de la revista Zeta, J. Jesús Blancornelas,
ultimado en 1997.
Información tomada de Eje Central.
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