MEXICO,
D.F. (apro).- La Unión Europea (UE) y la Organización de Estados
Americanos (OEA) condenaron el asesinato del reportero veracruzano
Gregorio Jiménez de la Cruz.
En comunicados por separado, la UE y
la OEA, esta última a través de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), se sumaron al repudio por el homicidio del reportero de
Notisur y Liberal del Sur, el décimo comunicador asesinado durante la
administración del priista Javier Duarte.
Más aún, la CIDH demandó
que se tome en cuenta la trayectoria profesional de Goyo Jiménez de la
Cruz para determinar el móvil del crimen.
Desde su sede en
Washington la CIDH, a través de la Relatoría Especial para la Libertad
de Expresión, resaltó que “la situación de violencia contra los
comunicadores en Veracruz ha sido motivo de preocupación especial” para
esa oficina de la OEA que encabeza la colombiana Carolina Botero.
“La
Relatoría manifiesta su preocupación e insta a las autoridades
mexicanas a actuar con urgencia para identificar los motivos del crimen y
poner en práctica todos los instrumentos jurídicos con los que cuenta
para sancionar a los responsables materiales e intelectuales del mismo”,
se indica en el comunicado difundido este viernes.
El organismo
regional destacó que, según la revisión del trabajo recientemente
realizado por el periodista y por testimonios de su familia, Goyo “había
estado reportando sobre una serie de secuestros y desapariciones”, y
recientemente “habría recibido amenazas por la publicación sobre
crímenes cometidos cerca de un bar de la ciudad” de Coatzacoalcos,
municipio donde desempeñaba su actividad.
La Relatoría Especial
también dio cuenta de la postura del gobierno de Duarte de Ochoa luego
de la detención de seis personas presuntamente involucradas en el
homicidio, supuestamente motivado por “una venganza personal”, así como
la exigencia de organizaciones civiles que consideran que hay elementos
para pensar que el móvil se ubica en la labor profesional de Jiménez de
la Cruz.
También destacó la actuación de la Fiscalía Especial para
la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión
(FEADLE), instancia de la PGR que incluso desplegó un equipo de
investigación para esclarecer la causa del asesinato.
Enseguida,
la CIDH exhortó a las autoridades competentes “a investigar de manera
exhaustiva la hipótesis según la cual el crimen habría podido estar
asociado con el ejercicio de la profesión del periodista”, ello tras
reconocer que “la situación de violencia contra los comunicadores en
Veracruz ha sido motivo de preocupación especial para esta oficina”.
En
tanto, la delegación de la UE en México reprobó “firmemente” el
asesinato e hizo un llamado a las autoridades encargadas de las
investigaciones “a hacer todo lo posible para esclarecer los hechos,
identificar, arrestar y juzgar a las personas responsables”.
Luego
de aclarar que “toma buena nota” por la detención de seis presuntos
autores del homicidio, la delegación de la UE manifestó su confianza en
que el gobierno de Enrique Peña Nieto mantendrá la “protección de la
libertad de expresión, impulsando la labor de la Fiscalía Especial para
la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión y la
aplicación del convenio de colaboración para la implementación de
acciones de prevención y protección de periodistas”.
/14 de febrero de 2014)
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