En ocho años, autoridades de los tres niveles de gobierno han
localizado más de 400 fosas clandestinas en el país, y en ellas los
restos de más de 4 mil víctimas; sin embargo, solamente la Procuraduría
General de la República (PGR) cuenta con una estadística detallada del
número de casos en los que participó, los restos identificados, así como
una base de datos genéticos.
Las procuradurías locales de 22 de las 24 entidades donde se han
localizado fosas clandestinas no han reportado a la Federación cifras
precisas del número de restos localizados, como ocurrió en Durango en
2011 y 2012, cuando se encontraron osamentas que pertenecían a más de
350 víctimas de grupos criminales.
En ese expediente, la PGR solamente tuvo participación en 17 casos y
existieron denuncias de que la procuraduría duranguense exigió a los
presuntos familiares de las personas asesinadas que ellos mismos
sufragaran sus exámenes de ADN para poder confrontarlos con los que las
autoridades obtenían de los restos localizados, ya que muchas evidencias
fueron extraídas con trascabos.
Información de la Procuraduría General de la República refiere que en
2006 se localizaron fosas clandestinas en los estados de Chihuahua,
Guerrero, Jalisco, Michoacán y Sinaloa, y que en esos sitios se hallaron
los restos de 37 personas; la Dirección de Servicios Periciales de la
PGR coadyuvó en la identificación genética, sin que se tenga ningún
resultado positivo debido a la falta de muestras para confrontar y en
algunos casos por los niveles de descomposición de la evidencia.
En 2007, instancias de la PGR colaboraron con los gobiernos de
Aguascalientes, Coahuila y Sonora en la extracción de restos humanos
encontrados en fosas clandestinas, ya que en esas entidades se
localizaron los restos de 22 personas, y tampoco existió material
genético para su cotejo.
Por lo que hace a 2008, el fenómeno de las narcofosas se extendió a
otras entidades y se localizaron este tipo de inhumaciones ilegales en
Baja California, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, estado de México,
Oaxaca y Tamaulipas, entidades donde se hallaron los restos de 122
víctimas. En estos casos, la PGR colaboró con autoridades locales en la
extracción de las evidencias y osamentas.
Ya en 2009, el gobierno federal ubicó fosas clandestinas en los
estados de Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa; Veracruz y
Zacatecas, donde se encontraban los restos de 154 personas. Entre 2010 y
2011, las autoridades federales hallaron 287 restos de víctimas que
fueron inhumadas de manera ilegal en Hidalgo, Guerrero, Morelos,
Tamaulipas (incluyendo las matanzas de 192 personas, entre ellas
migrantes que fueron ejecutados en el municipio de San Fernando), Nuevo
León, Sonora, estado de México, Durango, Jalisco y Sinaloa.
La PGR reportó que en 2012 realizó estudios en materia genética a 232
restos localizados en 198 entidades, e indicó que el trabajo de los
peritos federales permitió la identificación de 199 personas que fueron
inhumadas de manera irregular en Baja California, Coahuila, Colima,
Distrito Federal, Durango, estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Tamaulipas,
Veracruz y Zacatecas.
El año pasado, la dependencia federal realizó 419 estudios de
genética y logró identificar a 51 personas. Las fosas clandestinas se
localizaron en Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila,
Colima, Distrito Federal, estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,
Morelos, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y
Zacatecas.
Durante este tiempo la Procuraduría General de la República ha
colaborado o participado en la identificación genética de mil 273
víctimas que fueron sepultadas en fosas clandestinas y hasta la fecha ha
logrado identificar a 142 personas.
Información de portal Eje Central.
(RIODOCE/ Redacción/ febrero 15, 2014
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