Las autoridades de Medellín atribuyen a su efectividad en
el combate al crimen organizado la sensible baja de la violencia en esa
ciudad colombiana. Pero las mafias y los habitantes de los barrios
marginales tienen otra versión: las dos principales bandas de esa urbe,
La Oficina y Los Urabeños, acordaron una tregua, el Pacto del Fusil,
para terminar una guerra que ya les había causado miles de bajas a lo
largo de casi un lustro y entorpecía sus negocios. Pero hay más: en las
reuniones cumbre en las cuales los líderes de ambos grupos “firmaron la
paz” hubo representantes del Chapo Guzmán, a quien le interesa que sus
proveedores mantengan el flujo de cocaína.
MEDELLÍN, COLOMBIA (Proceso).- Tras varios años de guerra y miles de
muertos, las organizaciones criminales Los Urabeños y La Oficina
–dominantes de la actividad delictiva en esta ciudad– acordaron el
pasado julio una tregua llamada Pacto del Fusil, que coincidió con una
drástica caída en el índice de homicidios y cuya gestación se atribuye
en los barrios bravos de la ciudad al ato costo financiero del conflicto
mafioso, a la necesidad de esos grupos de potenciar sus negocios
ilegales y al acoso de la policía.
De acuerdo con el presidente de la Corporación para la Paz y el
Desarrollo Social (Corpades) de Medellín, Luis Fernando Quijano, el
Pacto del Fusil tiene “el aval del Cártel de Sinaloa porque (la
organización delictiva mexicana de Joaquín El Chapo Guzmán) ve la
necesidad de acabar ese conflicto a fin de no afectar más el suministro
de droga para sus rutas a Estados Unidos, que ha estado cayendo.
“En reuniones entre jefes de La Oficina y Los Urabeños ha existido
presencia de mexicanos, de gente del Chapo. A ellos les conviene este
acuerdo porque fortalece a Los Urabeños, sus socios principales en
Colombia, y les garantiza más embarques”, dice a Proceso el investigador
del conflicto urbano y del fenómeno mafioso en Medellín.
Según organismos colombianos de inteligencia, el Cártel de Sinaloa
tiene una estrecha relación de negocios con Los Urabeños –la mayor banda
criminal (bacrim) del país y la más involucrada en el tráfico
internacional de cocaína–, aunque en el pasado también hizo negocios con
La Oficina.
Giovani, un mando medio de La Oficina en la Comuna 13 de Medellín
–una de las más violentas y golpeadas por la guerra entre los combos
(pandillas) de las dos organizaciones mafiosas dominantes–, dice que el
Pacto del Fusil es consecuencia “del desgaste económico que estábamos
teniendo” por los frecuentes enfrentamientos armados.
El año pasado se registraron en esa comuna (barrio popular) cuatro
homicidios semanales, la mitad de menores de 25 años. El pasado febrero
dos jovenes fueron asesinados por invadir el territorio de una banda
rival, lo cual causó alarma social y desató un fuerte operativo
policiaco.
“Esto afectaba los negocios, el boleteo (extorsión), el comercio
(bajo coerción), el microtráfico, y nos hacía muy visibles para la
policía, estábamos facilitándole el trabajo”, asevera el jefe de zona,
quien en su interacción con la comunidad se conduce como un dirigente
social más que como un capo mafioso. Una mujer mayor lo saluda a la
mitad de la calle y él saca del bolsillo un billete de 10 mil pesos
colombianos (unos cinco dólares) y se lo entrega. “Tenga, mamita”, le
dice.
Giovani –con una camiseta del equipo de futbol Nacional de Medellín,
tenis Nike, pantalón de mezclilla y tres guardaespaldas– dice que la
tregua con Los Urabeños fue pactada “por los jefes altos; los mexicanos
han estado en reuniones posteriores, en las que se han cuadrado
negocios”.
Quijano sostiene: “Desde que se dio el pacto hay más presencia del Cártel de Sinaloa”.
El Pacto del Fusil fue producto de al menos dos cumbres entre
cabecillas de La Oficina y Los Urabeños el pasado julio, una de las
cuales tuvo lugar en Medellín y otra en una finca de San Jerónimo (unos
25 kilómetros al noroccidente de esta ciudad), donde los jefes mafiosos
se repartieron las zonas, sellaron alianzas para trabajar conjuntamente
en grandes cargamentos de droga y acordaron finalizar los choques
armados.
Los coordinadores replicaron esos encuentros en las comunas en
conflicto para delimitar sus territorios e impartir la orden del alto al
fuego a todos los combos. El desacato se paga con la muerte.
Medellín había vivido una guerra mafiosa de casi cinco años que
produjo la mayoría de los 7 mil 671 homicidios en la ciudad entre 2009 y
junio de este año. Más de uno cada seis horas, en promedio.
El
conflicto se desató luego de la extradición a Estados Unidos, en 2008,
de Diego Fernando Murillo, Don Berna, jefe máximo de La Oficina y quien
dominó durante la mayoría de la década pasada el crimen organizado en el
área metropolitana de esta urbe de 3.5 millones de habitantes, la
segunda más grande de Colombia.
Tras la caída de Don Berna sus principales subalternos –Ericson
Vargas Cardona, Sebastián, y Maximiliano Bonilla, Valenciano– iniciaron
una disputa por el control de la plaza que se prolongó hasta la captura
de este último en Venezuela en noviembre de 2011.
Valenciano se había aliado con Los Urabeños –grupo paramilitar
convertido en bacrim– para combatir a Sebastián, quien asumió el
liderazgo de La Oficina hasta su detención en una finca cerca de
Medellín en agosto de 2012.
El encarcelamiento y posterior extradición a
Estados Unidos de ambos capos desató una nueva guerra entre sus
estructuras, que en los primeros meses de este año incluyó asesinatos de
menores de edad, torturas, desapariciones y otros crímenes atroces
contra personas inocentes.
Trabajo social
Giovani plantea que la tregua ha permitido la consolidación de los
negocios criminales de La Oficina y Los Urabeños, las cuales controlan
en Medellín desde la “seguridad” de los camiones de pasajeros, negocios,
vendedores ambulantes y casas de apuestas, mediante cuotas extorsivas,
hasta el más rentable microtráfico de drogas, las “plazas de vicio”
donde se expenden y consumen estupefacientes en las comunas y el
comercio en los barrios.
“Sin tiros uno se puede dedicar más a hacer rendir los negocios”,
dice el coordinador de combos de la Comuna 13. Asienta que la guerra
drenaba las finanzas de las mafias locales. “Eso no es rentable, aquí se
echaba tanta bala que teníamos que recalzar las balas fundiendo latón”,
señala.
La mayoría de los jóvenes muertos dejó familias cuya manutención
corre a cargo de las bandas, mientras que los capturados por la policía
también cuestan dinero por los gastos de defensa y las ayudas
alimenticias que proporcionan a sus esposas e hijos. “Por todos lados
estábamos perdiendo plata”, puntualiza Giovani.
Él y sus combos venden las arepas (tortillas colombianas) y los
huevos –alimentos básicos en la dieta de este país– a los comercios de
un amplio sector de la Comuna 13, en su faceta de comerciantes. A los
camiones de pasajeros que entran en sus barrios y a los pequeños
negocios les cobran unos 10 dólares diarios de “cuota”. En las más de 50
“plazas de vicio” que tienen diseminadas en la zona expenden bazuco,
mariguana, drogas sintéticas, cocaína. Por todos lados se observan
jóvenes con pistolas al cinto. Es su territorio.
Giovani también resuelve disputas por terrenos irregulares,
conflictos entre vecinos y hasta pleitos maritales. “Yo soy un líder
social”, expresa. Y en parte es verdad. En medio de sus actividades
mafiosas saca tiempo para hacer trabajo comunitario. Los funcionarios de
integración territorial de la alcaldía se tienen que entender con él
para efectuar cualquier labor en su área de influencia.
El coordinador de la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá
–donde se asienta Medellín–, Carlos Arcila, afirma que las estructuras
criminales de La Oficina y Los Urabeños “forman pequeños Estados en los
barrios, que suplen la ausencia gubernamental. Ellos son quienes dan
empleo a los jóvenes con las rentas ilegales; los que dirimen
controversias; organizan, controlan y ayudan a la comunidad. En esta
temporada navideña les dan mercado (víveres) a los más pobres y ayudan a
los barrios a hacer pesebres. La gente los ve como dirigentes sociales,
ellos regulan la vida comunitaria”.
Arcila, abogado penalista, manifiesta que el Pacto del Fusil ha
permitido a las mafias “tener más control social y afianzar su poder
económico y territorial. Las balaceras también les estaban restando
apoyo entre la población y hoy los barrios viven otro clima, uno de
mayor tranquilidad.
“El propósito del pacto es mantener toda su estructura económica y
militar y dividir sus negocios. Es algo que están logrando, pero también
les permite ganar más apoyo de la comunidad y afianzar sus alianzas con
grupos trasnacionales, como el Cártel de Sinaloa. Aquí todos salieron
ganando. La guerra y la presión estatal los había desgastado. Las
autoridades les habían dado golpes muy fuertes”, afirma.
Odines
El jefe del subcomando operativo de la Policía Metropolitana de
Medellín, José David Garzón, dice: “Más que un pacto lo que tenemos aquí
es un repliegue de estos grupos delincuenciales por la presión sobre
ellos, por las capturas de sus principales cabecillas. Con esta tregua
buscan que nosotros bajemos la presión sobre ellos, pero no lo vamos a
hacer”.
Menciona que todos los años se han capturado “objetivos de alto
valor”, como Cebollero, Douglas, Riñón, Hugo Quintero, Gordo Téllez,
Valenciano, Sebastián y Carlos Pesebre. Éste, capturado el pasado marzo,
es uno de los últimos grandes jefes de La Oficina y, según activistas
sociales, desde la cárcel sigue ejerciendo gran influencia sobre esa
organización y realizó gestiones que facilitaron la tregua con Los
Urabeños.
La Oficina y Los Urabeños fungen como las casas matrices y a los
centros de mando de las estructuras operativas la policía los llama
organizaciones delincuenciales integradas al narcotráfico (odin), las
cuales a su vez controlan a los combos.
Según estadísticas oficiales, en 2009 había en Medellín 21 odines;
este año la cifra bajó a 14. Los combos pasaron de 350 a 119 en el mismo
lapso. Diferentes organizaciones sociales estiman que existen unos 6
mil jóvenes al servicio del crimen organizado en la ciudad.
El mes pasado la policía capturó a Carlos Alberto Zapata Herrera,
Camilo, uno de los jefes de la odin llamada Trianón, la cual tiene
injerencia en las comunas medellinenses 7, 11, 12 y 13. Un informe de
inteligencia lo ubica como un expolicía de élite que sirvió 17 años a la
institución como comando jungla y que acabó cooptado por La Oficina.
El reporte señala que el exoficial sucedió a Carlos Pesebre en esa
organización y “trabaja con los mexicanos del Cártel de Sinaloa”. Por un
error procesal –que está siendo investigado–, la fiscalía dejó libre al
delincuente el pasado 19 de noviembre.
“Lo vamos a volver a capturar”, pronostica Garzón, quien sostiene que
la policía colombiana ha acumulado mucha experiencia y capacidades para
atacar los fenómenos criminales y reducir la violencia y delitos de
gran impacto social, como los homicidios.
Diferentes organizaciones sociales han documentado que la disminución
de homicidios en la ciudad es producto del Pacto del Fusil y no de una
política integral de seguridad.
En 2009, cuando la guerra entre Valenciano y Sebastián vivía uno de
sus puntos más candentes, Medellín tuvo 2 mil 187 asesinatos, uno cada
cuatro horas, en promedio. Desde entonces la cifra ha bajado
sostenidamente a un ritmo de más de 10% cada año. En 2012 hubo mil 251
homicidios y entre enero y noviembre pasados 859, lo cual hace prever
que este año habrá menos de mil, el índice más bajo desde 2007.
Para el secretario de Seguridad de Medellín, Iván Darío Sánchez Hoyos
“afirmar que por el supuesto pacto tenemos una reducción importante de
homicidios es completamente descabellado porque los números hablan por
sí mismos. Hay una tendencia a la baja que viene muy marcada desde el
año pasado (entre 2011 y 2012 ese delito cayó 24.1%)”.
Medellín es la ciudad colombiana que más invierte en seguridad. Al
presupuesto de la policía y los organismos de justicia –proveniente del
gobierno nacional– el municipio adicionará el año próximo unos 90
millones de dólares que se emplearán en tecnología, logística y
prevención del crimen. “Nosotros contribuimos con más presupuesto y
articulamos el trabajo de la policía y la fiscalía”, indica Sánchez
Hoyos.
Ciclos
Quijano señala que Medellín ha vivido ciclos de paz y violencia y periódicos ajustes del crimen organizado:
“En esta etapa lo que podemos apreciar es que Los Urabeños se ven más
fortalecidos porque dominan las rutas del tráfico internacional de
drogas y son quienes tienen el mayor contacto con los cárteles
mexicanos. La Oficina se dedicará más al mercado local, a la extorsión,
al microtráfico, y les dará un porcentaje del negocio a cambio de llevar
una comisión en algunos embarques de droga. Ahora son socios pero
podríamos estar a las puertas de que exista un único patrón en Medellín y
el Valle de Aburrá. Ese patrón serían Los Urabeños.”
Según el presidente de la Corpades, Los Urabeños “son una mezcla de
empresa mafiosa y ejército criminal y son los dueños de las rutas más
rentables. A la Oficina le conviene negociar con ellos. Es lo que
estamos viendo”.
Arcila advierte que si bien los homicidios han disminuido de manera
importante en la ciudad, como las balaceras en los barrios, los
asesinatos selectivos van en aumento, lo cual revela que las odin y los
combos ajustan cuentas con mayor discreción.
“Es evidente que no quieren llamar la atención porque vienen de un periodo de mucho desgaste”, asegura.
El abogado y activista humanitario considera que el Pacto del Fusil
debe aprovecharse para lograr acuerdos de mayor alcance social entre los
grupos criminales, como su compromiso para dejar de utilizar niños en
sus negocios, sea como sicarios o distribuidores de drogas.
El arzobispo de Medellín, Ricardo Tobón, convocó el pasado 4 de
octubre a una jornada de oración por la paz a la cual se sumaron La
Oficina y Los Urabeños, que repartieron camisetas blancas en las comunas
con el lema “Antioquia sin fronteras”. Las iglesias se abarrotaron de
jóvenes que las portaban. Antioquia es el departamento (estado) al cual
pertenece Medellín, y “sin fronteras” alude a los límites invisibles en
los barrios antes del Pacto del Fusil para delimitar los territorios de
los combos. Cruzarlos equivalía a una condena de muerte.
Arcila es escéptico: “Estas treguas son muy frágiles”.
Reportaje Especial/ 25 de diciembre de 2013)
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