La
nueva fiebre del oro y otros minerales avanza en México: Detona
conflictos sociales y esparce violencia al desplazar pobladores, crear
tensiones sociales y desatar represión policiaca o militar en
comunidades cuyos habitantes se oponen a la depredación de los
megaproyectos mineros, impulsados sobre todo por compañías canadienses,
entre otras, First Majestic Silver Corp. Esta información no proviene
sólo de ejidatarios afectados ni de partidos opositores, sino del propio
gobierno federal.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- En 2013 se
identificaron 26 conflictos sociales en el país, provocados por la
contaminación ambiental, restricción o escasez de agua en comunidades,
despojos territoriales, cambios de uso de suelo y violaciones a derechos
humanos en 18 entidades, de acuerdo con datos de la Comisión para el
Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM) de la Secretaría de
Gobernación.
Según el Observatorio de Conflictos Mineros en
América Latina (OCMAL), los estados de Baja California, Chihuahua,
Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Michoacán,
Morelos, Puebla, Querétaro y Veracruz tienen al menos un conflicto de
esa naturaleza. Baja California Sur, Chiapas y Jalisco registran dos
conflictos cada uno; San Luis Potosí y Sonora, tres, y Oaxaca al menos
cuatro, relacionados con actividades extractivas.
La situación es
llamativa incluso en el contexto internacional pues, según cifras de la
Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal), México es
uno de los cuatro países de la región que acumulan más conflictos
socioambientales derivados de la minería, puesto que enfrenta 26, igual
que Argentina. En primer lugar figuran Perú y Chile, con 33.
En su
Estudio de la minería en México, un análisis comparado con Canadá, la
CDPIM cita las conclusiones a las que ha llegado la relatoría especial
sobre derechos de los pueblos indígenas de la ONU; por ejemplo, esta
instancia menciona la violación de derechos territoriales y la falta de
consulta pública como origen de esos conflictos, además de la presión de
las industrias extractivas, que complica la realización de modelos de
gobernanza (Proceso 1937).
Para la CDIPM, el problema de fondo
radica en la corrupción que prevalece entre las empresas y las
instancias gubernamentales del sector.
Poder trasnacional
Antiguo
enclave minero en el Bolsón de Mapimí, el de Ocampo, Coahuila, es uno
de los tres municipios con mayor extensión territorial del país. Según
los datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi),
está semimarginado, incomunicado y con una creciente expulsión
poblacional.
Su potencial minero recobró importancia hace algunos
años y desde 2006 la empresa canadiense First Majestic Silver Corp.
compró La Encantada, una mina de plata y plomo en presunta decadencia
que ocupa 4 mil 76 hectáreas.
El estudio de la CDPIM refiere que
las operaciones de First Majestic ahí “no sólo se caracterizan por la
corrupción y el desentendimiento de las autoridades a la problemática
social, sino también por ser una de las minas que más gana y que menos
retribuye” a la comunidad y a la Secretaría de Hacienda.
La minera
desarrolló sus actividades en territorio ejidal, y en 2004, cuando la
Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) ordenó que entregara las tierras
al ejido, personal de la dependencia elaboró documentos alterados que
hicieron imposible a los ejidatarios tomar posesión del terreno.
La
mina La Encantada demandó un amparo, que le fue rechazado en 2006. La
sentencia definitiva concluyó que la empresa no había demostrado la
propiedad de las tierras; en cambio, los ejidatarios sí lo hicieron. Con
todo, las maniobras de la delegación estatal de la SRA volvieron a
impedir la entrega del fundo.
En 2011 los comuneros iniciaron un
litigio en el Tribunal Unitario Agrario con sede en Torreón, que hasta
la fecha no se ha iniciado debido a las prácticas dilatorias que siguen
favoreciendo a la minera canadiense. Por ejemplo, en esa instancia
argumentan que no se ha podido emplazar a la trasnacional porque en las
oficinas no reciben al actuario. En un hecho inusual, la presidenta de
dicho órgano jurisdiccional, María Oralia Aguilar Ruiz, decidió
notificar a la empresa en Calgary, Canadá, donde First Majestic tiene su
sede corporativa.
En ese tribunal los comuneros reclaman mil 342
hectáreas ocupadas de manera ilícita por la minera, además de que ésta
construyó y aprovecha un camino de 15 metros de ancho y cinco kilómetros
de longitud sobre los terrenos ejidales, sin pagar ningún derecho de
uso, como tampoco lo hace por la servidumbre de paso de una tubería de
agua y una línea de electricidad.
En sus tierras la empresa
construyó un complejo de 300 viviendas, un hotel y una casa club para
ingenieros, además de la infraestructura minera y una pequeña pista de
la que despegan aviones cargados de mineral.
La Encantada es la
principal explotación de First Majestic en México, que en 2012 reportó
una utilidad bruta de mil 464 millones 679 mil pesos, pero sólo pagó
0.004% (68 mil 160 pesos) por derechos mineros.
Se trata de una
mina subterránea donde se utilizan los procesos de cianuración y
flotación para obtener plata. Aunque se supone que es un procedimiento
extractivo menos peligroso que otros, el comisariado ejidal de
Tenochtitlán, Mario Valdez, señala que desde hace años los animales
empezaron a morir cuando pastaban cerca de la mina.
“La madera en
la que transportan el cianuro está regada por todas partes como si
fueran envolturas de chicle. Es una barbaridad de contaminación. La
suspensión de partículas es visible, pero ninguna autoridad ambiental
les pone freno”, dice.
Para obtener una concesión minera y
permisos ambientales se debe demostrar la propiedad del terreno, pero
los permisos se le siguen otorgando a la trasnacional. El 24 de abril de
2008, First Majestic obtuvo la autorización ambiental para construir
una “planta de lixiviación dinámica y presa de jales”, que ocupará más
de 14 hectáreas correspondientes al predio que reclama el ejido.
Los
comuneros, en su mayoría hombres y mujeres de edad avanzada, realizaron
una protesta el pasado 26 de junio. Sin embargo, la noche del 27 fueron
detenidos por la Policía Investigadora de Coahuila, que los llevó a
Múzquiz, Monclova, Cuatrociénegas, San Pedro de las Colonias y
finalmente a Laguna del Rey, un recorrido inexplicable de 700
kilómetros.
“Fue un levantón intimidatorio que terminó en una
Agencia del Ministerio Público. Fuimos acusados de ataques a las vías de
comunicación”, dice el campesino. Ahí los obligaron a firmar una
declaración previamente elaborada y sin asistencia de un abogado. Los
dejaron libres en esa comunidad, desconocida para ellos, pero los
reaprehendieron una hora después.
En aquella zona dominada por el
narco y donde cualquiera puede desaparecer, dos de los ejidatarios de
Ocampo temieron por su vida y trataron de huir de los policías. Ahora
enfrentan un proceso por “evasión”.
La denuncia penal que dio
origen a esa averiguación previa fue interpuesta por ejecutivos de First
Majestic, cuyo equipo jurídico no puede aceptar notificaciones
agrarias.
El 25 de noviembre, en una diligencia en la que el
comisariado Mario Valdez intentó que se desestimara la querella porque
el camino no forma parte de la red del gobierno estatal, no se ubica en
ningún registro federal y los documentos confirman que ese lugar
pertenece al ejido, el delegado de la procuraduría estatal en la región
centro de Coahuila, Santos Vázquez, les dijo a los comuneros que el
camino era de la mina, pues de lo contrario lo hubieran arreglado hace
años.
En resumen, “nos acusan de ataques a las vías de
comunicación por un camino que no está registrado en ninguna parte y en
tierras que son nuestras”.
Por el despojo, las condiciones
irregulares de su operación, sus escasas contribuciones y pagos de
derechos, así como por la complicidad de autoridades y la represión
contra quienes se le oponen, el caso de First Majestic fue considerado
con especial énfasis en el informe de la CDPIM.
Ahí mismo, en La
Encantada, la Organización Familia Pasta de Conchos, integrada por
víctimas y familiares de víctimas de la minería en Coahuila, denunció la
muerte de la trabajadora María de la Luz Piña, una joven abogada que
ante la falta de oportunidades en la región se fue de minera y murió en
un traslado. El caso se publicó en Proceso.com.mx el pasado 6 de mayo.
First
Majestic también enfrenta la oposición a la instalación de una mina en
la Sierra de Catorce, en Real de Catorce, San Luis Potosí, un lugar
considerado sagrado por el pueblo huichol, pues ahí se ubica su
santuario natural Wirikuta (Proceso 1806).
El informe de la CDPIM
indica que otro conflicto en el que está implicada la empresa canadiense
es el de su Compañía Minera La Guitarra, ubicada en el Estado de
México, la cual enfrenta un embargo por una deuda mercantil que se niega
a pagar.
Violencia expansiva
Otra empresa
canadiense mencionada en el informe de la CDPIM es Blackfire
Exploration, propietaria de la mina Payback, una explotación de barita
(mineral utilizado para la perforación de pozos petroleros) en
Chicomuselo, Chiapas.
En 2009, tras una larga oposición a la mina,
Mariano Abarca y la comunidad habían conseguido notoriedad
internacional con sus denuncias, y de junio a noviembre de ese año
mantuvieron un plantón exigiendo la expulsión de la compañía.
En
agosto de ese año Abarca fue secuestrado y posteriormente liberado;
semanas después recibió amenazas de muerte, que denunció el 26 de
noviembre. Al día siguiente un sujeto que trabajó para Blackfire lo
acribilló a la puerta de su casa.
El 7 de diciembre siguiente la
mina fue clausurada por infringir normas ambientales. Para entonces, la
movilización social por los impactos de la minera ya había trascendido a
escala internacional. Más aún, varios activistas acusaron a la empresa
de ordenar el asesinato de Abarca.
La corrupción que hizo posible
el establecimiento de esa mina en violación de la ley llegó a niveles
diplomáticos. Con base en varios informes, el estudio de la CDPIM
establece: “Todo parece indicar que la embajada canadiense prestó apoyo
fundamental e inescrupuloso a las operaciones de la empresa minera en el
país”.
La represión contra dirigentes sociales que se oponen a
proyectos mineros en comunidades indígenas es especialmente grave en
Guerrero, donde han muerto nueve líderes por defender los territorios
comunales (Proceso 1935).
El corresponsal de este semanario en
Guerrero, Ezequiel Flores, reportó que el pasado lunes 2 organizaciones
sociales, policías comunitarios y el magisterio disidente marcharon para
exigir que el gobernador, Ángel Aguirre, frenara la ola represiva.
El
mismo día se informó del surgimiento del grupo guerrillero Fuerzas
Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo (FAR-LP), que también
recriminó los ataques a los dirigentes populares.
Las FAR-LP
emitieron otro comunicado el 16 de diciembre. En el documento advierten
que considerarán objetivos militares a las empresas extranjeras con
intereses mineros y energéticos. Dice el tercer párrafo:
“Desde
siempre el régimen priista ha mentido y engañado a la nación, y hoy que
regresa después de una frustrada transición democrática y del
desmantelamiento de la industria de la nación, producto de 12 años de
gobierno de la derecha panista que saqueó los recursos del país y
malbarató a las empresas extranjeras nuestras riquezas, como fue el
hecho de la extracción de oro en las concesiones mineras, que representó
una explotación mayor que en los 300 años que duró la época de la
Colonia…”
La comparación de la extracción aurífera colonial con la
de los últimos años se publicó en la edición 1905 de Proceso,
correspondiente al 4 de mayo pasado.
Aun cuando 70% de las minas
son de inversión extranjera, la mayoría canadiense, los inversionistas
de otros países y los nacionales también son causantes de conflictos
sociales:
En Aquila, Michoacán, las operaciones de una mina de
fierro propiedad del gigante italo-argentino Techint provocaron tensión
social y el consecuente desplazamiento de 180 personas hacia Colima y
otros lugares en julio pasado, según documentó el reportero Raymundo
Pérez Arellano para el programa televisivo Punto de Partida, en agosto
último.
Es el caso también de empresas nacionales como Grupo
México, propietaria de la mina Pasta de Conchos –donde murieron 65
trabajadores en un accidente que aún no se ha esclarecido– y que se
dispone a invertir en el sector eléctrico en el estado Puebla.
A
su vez, los gigantes mineros Grupo México y Frisco tienen proyectos
extractivos para esa entidad (Proceso 1905). Sus respectivos dueños,
Germán Larrea y Carlos Slim, figuran entre los hombres más ricos del
mundo.
Frisco pretende desarrollar la mina Espejeras en la Sierra
Norte de Puebla. Es otro caso ilustrativo de los excesos mineros
documentados en el estudio de la CDPIM, cuyas gestiones lograron frenar
la autorización ambiental de la Semarnat a esa compañía en octubre
pasado, para dar paso a un proceso de consulta indígena.
En
entrevista, Raymundo García, comunero indígena de Tetela del Volcán,
Morelos, llama la atención sobre el hecho de que si bien a Frisco se le
frenó el permiso a partir de la movilización social, a la minera Autlán
se le otorgó una autorización ambiental sin consulta alguna en
Tlatlauquitepec, Puebla.
Considera que si bien se pudo detener la
autorización ambiental, la Semarnat incurre en trampas, pues la
organización e informe sobre la consulta se deja en manos de la empresa,
con lo que se viola lo dispuesto en el convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo, suscrito por México.
“Desde nuestro punto de vista, se trata de privatizar hasta la consulta indígena”, sostiene García.
/26 de diciembre de 2013)
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