En
1997, por acuerdo de México y Estados Unidos, el Ejército Mexicano se
prestó a realizar un experimento que, a la postre, derivó en una de las
etapas más sangrientas de la historia de México. Oficiales de las
fuerzas castrenses fueron habilitados para actuar como policías
federales en la lucha contra el narcotráfico. Al cabo de un tiempo,
varios de ellos pasaron a formar parte del crimen organizado. Proceso solicitó
a la Sedena acceso a los expedientes de los exmilitares en cuestión,
pero se encontró con que esa dependencia los mantiene censurados.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- La
Secretaría de la Defensa Nacional decidió mantener en el secreto el
caso de los numerosos soldados y oficiales del Ejército adscritos al
combate al narcotráfico que se cambiaron de bando y exacerbaron la
violencia criminal que ha azotado a México en los últimos años. Los
expedientes de esos exmilitares están bajo reserva.
Con base en la Ley Federal de Acceso a la Información, Proceso
solicitó a la Sedena que se le permitiera revisar los archivos
correspondientes a un grupo de exmilitares altamente entrenados que
habían sido seleccionados para participar en un experimento: se trataba
de que, por primera vez, oficiales del Ejército participarían como
policías judiciales federales para combatir el narcotráfico en la
frontera de Tamaulipas.
Ese proyecto formó parte de los diversos
acuerdos de Estados Unidos con México que se habían venido sucediendo
desde los tiempos de la Operación Intercepción, medida decretada por el
presidente Richard Nixon a finales de los años 60.
Los militares
fueron enviados a Reynosa y otras ciudades de la zona fronteriza desde
principios de 1997 para contrarrestar la corrupción de los agentes
antinarcóticos de la Procuraduría General de la República.
Posteriormente algunos estuvieron bajo el mando del general brigadier
Ricardo Martínez Perea y del capitán Pedro Maya.
Arribaron varios
equipos de fuerzas castrenses, y cada uno de sus integrantes se
identificaba con una clave militar: una letra seguida de un número.
Entre ellos estaba el cabo de infantería Arturo Guzmán Decena (con
registro en el Ejército B-9229817).
Su expediente (13-2547) se
encuentra en el Fondo SDN Subfondo 1, y está clasificado como
“confidencial”. Continuará parcialmente censurado por varios años al
amparo del artículo 18 fracción II de la Ley Federal de Trasparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental. Esa fracción considera
información confidencial “los datos personales que requieran el
consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o
comercialización en los términos de esta ley”. Sin embargo, no aclara si
las personas fallecidas entran en esta categoría.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1934, ya en circulación)
/23 de noviembre de 2013)
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