TRÁFICO DE HUMANOS SIN CASTIGO

Víctimas y defensores de migrantes denuncian a PGR

David Bribiescas, representante legal de la Coalición Pro Defensa del Migrante, asegura que las autoridades solo investigan al victimario, no a quienes están detrás de esta rama del crimen organizado. Según Sergio Lagunas,  director de Averiguaciones Previas de la PGJE Zona Tijuana, los migrantes que contratan a un traficante para internarse a Estados Unidos son corresponsables del delito

Luis Alonso Pérez

Traficantes de humanos delinquen impunemente en Baja California. Víctimas del delito y defensores de migrantes, denuncian que la Procuraduría General de la República (PGR) no admite los casos; los remite a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), donde los clasifican como fraudes o extorsiones, lo cual permite a los delincuentes salir libres.

La PGJE niega que se proceda de manera inadecuada en la tipificación de delitos. Asegura que los migrantes que solicitan un cruce ilegal a los Estados Unidos son cómplices del delito y, de ser engañados por “polleros”, solo se les pueden fincar cargos de fraude. La PGR negó información, bajo el argumento de que se encuentran en “veda electoral”.

Crimen en la impunidad

María entró a la cajuela de un automóvil Chevrolet Malibú con la esperanza de que al salir, estaría en los Estados Unidos. Llegaría hasta Phoenix, Arizona; viviría con su hermana, conseguiría un trabajo y mandaría dinero a sus dos hijos en Puebla  para darles una mejor vida, la que ella nunca tuvo.

Una joven pareja proveniente del Distrito Federal viajaba con ella escondida en la cajuela. No había espacio para moverse y el calor era insoportable. Era la primera noche del verano, 21 de junio de 2013.

Nunca en sus 41 años de vida, María se había sentido tan nerviosa. Todo estaba oscuro y solo podía escuchar el radio a todo volumen. “Cállense, no hagan ruido”, les gritaba de vez en cuando Rubén, el hombre que habían contratado para cruzarlos “al otro lado”.

Cinco mil dólares era la cuota por traficarlos. Para ellos era un buen negocio, no les cobraría nada hasta que estuvieran en Estados Unidos, solo tenían que pagar la gasolina del viaje. María lo había contactado en un supermercado del centro de la ciudad, cuando deambulaba desesperada por cruzar la frontera.

Al principio le costó trabajo confiar en ese hombre de cabello rapado y brazos tatuados que decía ser militar retirado del Ejército de Estados Unidos. El trato inicial era que viajaría ella sola en la cajuela, así que cuando le avisó que cruzaría con otras dos personas, naturalmente reclamó.

“Mire, Usted ya está muy grande para estar de desconfiada”, le contestó tajante. A la mujer no le quedó más que obedecer.

El viaje duró 45 minutos. Los más largos de su vida. Era de noche cuando llegaron a su destino. Rubén los bajó rápidamente de la cajuela, les dijo que caminaran rápidamente para que no los fuera a ver la Policía y los deportaran de vuelta a México. Habían llegado a los Estados Unidos.

Entraron a un hotel grande y lujoso cerca del mar. El “pollero” les dijo que estaban en San Diego, pero no podían viajar más al Norte porque había retenes de la Patrulla Fronteriza sobre la autopista y debían esperar a que los quitaran.

Aún con desconfianza, María disfrutó el logro alcanzado. “Yo llamé a mis dos hijos en Puebla y les dije que ya estaba en Estados Unidos. Todos lloramos de la alegría” relató.

Los tres migrantes pasaron esa noche en vela, la incertidumbre no los dejaba dormir. Con el paso de las horas, la sospecha incrementó. No podían ver la televisión porque estaba desconectada.

 La comida y la pasta de dientes que les llevó Raúl eran mexicanos. Además, pudieron llamar a sus familiares sin tener que cambiar la marcación, y para ese tiempo, el traficante ya estaba llamándolos para cobrarles el cruce. La hermana de María depositó mil dólares, los parientes de la pareja, 2 mil por cada uno.

Al otro día Raúl salió del hotel desde muy temprano. Los encerró con llave en una habitación y les advirtió que si escuchaban ruidos, se escondieran porque podía ser la Policía. Después de varias horas, se desesperaron y abrieron la puerta a la fuerza, solo para descubrir que estaban hospedados en un hotel de Playas de Tijuana.

Frustrada e iracunda, María llamó un taxi y se dirigió al hotel donde sabían que se Rubén se hospedaba. Cuando lo vieron, llamaron a la Policía Municipal y lograron detenerlo antes de que pudiera escapar. Esperanzada en poder hacer justicia por haber sido privada de su libertad y despojada de mil dólares por el traficante de personas, denunció su caso al Juez Municipal Alejandro Vázquez Serrano, quien elaboró el oficio de turnación T1/1400/2013.

María pensaba que el caso sería investigado por la PGR, siendo que el tráfico de personas es un delito federal, sin embargo, fue remitida al Ministerio Público del Fuero Común por los delitos de usura y despojo.

Una vez en el Ministerio Público, resultó que Rubén González Anthony se llamaba realmente Omar Tomás Jiniesta Estevez, y no estaba detenido, se encontraba en calidad de presentado porque nadie había interpuesto una denuncia previa por los delitos que se le acusaban y no había flagrancia.

En su declaración confesó haber negociado el tráfico de las tres personas hacia los Estados Unidos, haberlos transportado en la cajuela y retenido en un hotel, así como haber cobrado los mil dólares que le envió la hermana de María a través de otra persona. Una vez declarado, se retiró tranquilamente. Aunque la averiguación previa 2137/13/203 sigue abierta, en este momento Omar es hombre libre.

Complicidad sistemática

Para David Bribiescas, representante legal de la Coalición Pro Defensa del Migrante el caso de María, no es un hecho aislado, es una práctica sistemática de las autoridades policiales e investigadoras para que los casos de tráfico de humanos, secuestro, extorsión y enriquecimiento ilícito de polleros o pseudo-polleros como Omar Jiniesta no incrementen los índices delictivos de la PGR o la PGJE, y así sus agentes se evitan la molestia de hacer su trabajo: investigar delitos.

En menos de un año de atender casos de migrantes, Bribiescas ha atestiguado cómo los agentes investigadores tratan a las víctimas como si fueran los victimarios. Los interrogan de una manera intimidatoria, cuestionándolos cómo conocieron a los traficantes, les exigen que confiese cómo pactaron el cruce ilegal y quién está financiando el costo.

Como por lo regular son familiares en Estados Unidos los que contactan y pagan a los polleros, los Agentes comúnmente insinúan que podrían involucrarlos en la investigación del delito, lo que naturalmente genera temor en los denunciantes, pues la mayoría reside de manera ilegal en el país del Norte.

A la hora de encuadrar los delitos prefieren clasificarlos como fraude, a pesar de que los polleros detenidos hayan confesado que pretendían traficarlos, explicó el abogado. Estos casos son remitidos al área de Delitos Patrimoniales, una de las que más presentan rezago, retrasando las investigaciones al punto en que la mayoría de los migrantes desisten de su denuncia o abandonan la ciudad. Entonces los casos quedan en el archivo muerto, es decir, en la impunidad.

Aun cuando ocurre el secuestro, extorsión o robo por parte de los mismos traficantes de humanos, los casos son remitidos de la PGR a la PGJE de manera sistemática, expuso Bribiescas, quien ha atendido ocho casos de ese tipo en los últimos 10 meses.

Una vez en la PGJE, los agentes ministeriales que han atendido sus casos justifican su falta de actuación con la falta de recursos humanos o el riesgo que implica ir a investigar a las bandas de secuestradores y asaltantes de migrantes que operan en las montañas fronterizas entre Tijuana y Tecate, ya que son muchos y están fuertemente armados.

Es por eso que las averiguaciones previas 2417/2012, 16802/2012 y 16802/2012, interpuestas por el representante legal de la Coalición Pro Defensa del Migrante por estos delitos, aún siguen impunes.

Después de interponer varias denuncias de secuestro, el agente ministerial que atiende los casos comenzó a cuestionar por qué estaba llevándoles tantos casos. “Me dijo, ‘y tú qué haces o a qué te dedicas, porque ya he visto que has venido varias veces para acá, tú eres el que vienes en un carro rojo y otras veces en uno café’” relató Bribiescas, quien dijo no sentir temor por denunciar estos abusos, pero sí una profunda frustración de ver cómo todos han quedado en la impunidad.

PGJE: Migrantes también son delincuentes

De acuerdo con el director de Averiguaciones Previas de la PGJE Zona Tijuana, Sergio Lagunas, los migrantes que contratan a un traficante de personas para internarse ilegalmente a Estados Unidos son corresponsables del delito, al violar la Ley General de Población de México.

“No podemos tipificar un delito cuando la propia conducta que da origen a la comisión del delito es una conducta ilícita. Es como si yo te contrato para que cometas el delito de homicidio, te pago y no matas a la persona”.

Por ese motivo, a los migrantes como María no se les considera víctimas de tráfico de personas. Tampoco puede considerarse como privación ilegal de la libertad si se les retiene con engaños, escondidos en una casa de seguridad o en el cuarto de un hotel.

“En los casos que nos han denunciado (el delito de privación ilegal de la libertad) no ha sido así, porque los migrantes que querían cruzar a Estados Unidos ahí se hospedaban, pero no había personas custodiando o prohibiéndoles salir del cuarto, ellos podían circular libremente” expuso Lagunas.

Ni siquiera la extorsión se puede encuadrar en estos casos, explicó el director de Averiguaciones Previas, ya que ese delito se da cuando la persona que va a cruzar a un migrante, le habla a los familiares y les dice que no se los va a entregar hasta que le paguen los servicios.

“Tampoco puede considerarse como un secuestro, porque la persona puede transitar o caminar libremente, pero el familiar es el que desconoce la situación y accede al pago” precisó.

Cuestionado por qué la PGJE ha recibido todos los casos en los que se ha intentado denunciar ante la PGR a los traficantes de personas que secuestran o extorsionan a los migrantes, Lagunas expuso que los secuestros son competencia de la Subprocuraduría contra la Delincuencia Organizada de la PGJE. El tráfico de personas sí es un delito federal, por lo que sostuvo que al recibir esas denuncias, se daba parte a la PGR.

ZETA solicitó a la Procuraduría General de la República un reporte sobre las denuncias de tráfico de personas interpuestas ante la Delegación de Baja California, pero la información fue denegada por el Departamento de Comunicación Social, debido a los lineamientos nacionales de no reportar las actividades de la PGR durante la temporada electoral.

 (SEMANARIO ZETA/ julio 8, 2013/  Luis Alonso Perez Chavez)