RAPIÑA POLICIACA ( EN BAJA CALIFORNIA)

“¿Cómo nos vamos arreglar?”, la pregunta del fin del trienio… y del sexenio

Uniformados corruptos que han evadido las deficientes depuraciones, agreden y lanzan amenazas de muerte contra ciudadanos. Aprovechan el fin de las administraciones municipales y estatal, para regresar a los viejos vicios, exigen “mordidas” en cantidades de a miles y en dólares, a cambio de no hacer falsas acusaciones. Sus delitos son solapados por jueces municipales,mientras la sindicaturase niega a procesar a los juzgadores cómplices

Investigaciones ZETA

Para obtener dinero adicional a su salario, uniformados de distintas corporaciones están usando acusaciones falsas, multas sin fundamentos, encarcelamientos injustificados,  vejaciones durante traslados y capturas, golpes y amenazas de muerte contra la víctima y su familia si se atreven a acusarlos.

Desde 20 mil pesos hasta 5 mil o 20 dólares son los requerimientos económicos de los Policías, aseguraron ciudadanos, quienes presentaron sus denuncias ante las instancias oficiales y confiaron sus casos a este semanario.

Como ejemplo, en Tijuana siete policías municipales han sido denunciados en las últimas cinco semanas, por atacar a ciudadanos.

“Tengo 25 años haciendo esto y nadie me puede correr”, presumió el agente Jorge Cruz Luna, a la señora Vázquez la tarde del 20 de junio, cuando la mujer de más de 50 años le reclamó por una  falsa detención y la agresión física extrema contra su marido, quien se ha sometido a ocho operaciones de columna.

El mismo agente que al ser requerido por el Secretario de Seguridad Pública Alberto Capella para carearse con sus presuntas víctimas, enfrentó a su jefe con una sonrisa retadora, a pesar de que una semana atrás, ya había estado en la oficina del secretario, esa vez, denunciado por la gerente de Plaza Río, acusado de hostigamiento.

“Es un factor lamentable que padecen todas las instituciones en época electoral y de transición”, reconoció Capella, “…como estamos reinventando los temas cada 3 o 6 años, en la última etapa empiezas a perder fuerza. Quienes no están de acuerdo contigo en el nivel de tropa o intermedio, aprovechan para hacer su relajo.

“Y lo hacen con dos objetivos: piensan que ya no hay el control interno y riesgo que al inicio de las administraciones, porque el contralor interno también es removido al final de la gestión; la otra que a río revuelto muchos quieren aprovechar a regresar a vicios y actitudes del pasado.

“Presumo que algunos de ellos también son provocados para querer desestabilizar la institución en una época electoral, y otros tantos queriendo aprovechar la coyuntura y hacerse de un recurso”.

En la policía Municipal de Tijuana 100 elementos han sido dados de baja en lo que va del trienio, por faltas administrativas y delitos “un 10 por ciento de esos 100 han pisado la cárcel”. En la Comisión de Desarrollo Policial están pendientes de resolver 230 expedientes y actualmente 30 elementos que están siendo investigados fueron asignados a puntos fijos. 

Pero los uniformados municipales de Tijuana no son los únicos con problemas, la Policía Estatal Preventiva también ha sido denunciada. 

“En lo que va de la administración estatal en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se han recibido de 2007 a la fecha un total de 936 denuncias en contra de policías por diversas faltas”, un promedio de 160 al año,  que van desde las menores, hasta caso de privación ilegal de la libertad, desapariciones forzadas y homicidio.

Dos en una semana

Elementos de la policía turística de Tijuana hicieron su agosto en junio, esta semana, dos casos llegaron a ZETA en un lapso de 24 horas.

Primero los esposos Vázquez Jiménez –ex residentes de Tijuana  que se fueron a vivir a San Diego, California–, quienes el 20 de junio de 2013 fueron detenidos por los agentes Jorge Cruz Luna y Leonardo Pérez Bautista los acusaron de estar ebrios y tener conducta inmoral en vía pública.

Aunque el hombre estaba fuera del carro y la mujer dentro,  cuando llegaron  los oficiales –frente a un terreno que querían comprar– les preguntaron: “¿cómo nos vamos arreglar?”, mientras les decían que los presentarían por tener relaciones carnales en el auto, acusándolos de ser amantes, se dieron cuenta que eran esposos con 30 años juntos, pero insistieron, los amenazaron con llevarlos frente a un juez, pero la pareja se negó a darles dinero y pusieron sus esperanzas en el juzgador.

Se negaron a dejar el auto y a subir a la patrulla, así que siguieron a los policías en su carro.  

En las oficinas de la zona norte de Tijuana, fueron acusados “verbalmente” de estar borrachos –agregaron este cargo– y de conducta indecente, el licenciado Antonio Galván Rivera escuchó los dichos de los agentes, la versión de la pareja, no pidió a los oficiales demostrar la acusación, ni siquiera ordenó que se le hicieran a la pareja un examen de alcoholemia, y concluyó que debían pagar una multa de 648 pesos cada uno. “Nosotros insistimos en que nos dijeran el por qué”, sin éxito.

Galván les informó que ahí no había dónde pagar, así que debían ir con los policías en la patrulla a zona Río, le pedimos al juez que no nos mandara con esos policías pero no hizo nada”, por el temor se resistieron a ser esposados y eso provocó más agresiones y vejaciones, terminaron encarcelados.

Al final pagaron una multa en la que no se especificaban las infracciones y los liberaron.

Cuando denunciaron en la SSPM, obtuvieron el regreso de lo pagado e iniciaron proceso administrativo contra los agentes. Pero en el caso del juez, en Sindicatura, de forma irregular, se negaron a abrir expediente y enviaron a la pareja con el coordinador de jueces calificadores Gilberto Cota Alanís, pero no los atendió, fueron recibidos por el juez Enrique Sánchez, quien en todo momento defendió el actuar del juez Antonio Galván.

La pareja insistirá en sindicatura, pero se respaldaron presentando una denuncia adicional ante la Procuraduría General de Justicia del Estado la cual quedó registrada con la averiguación previa 5643/13/211/AP.

El segundo caso es diferente al primero, porque la víctima -argumentan- tiene antecedentes. Los policías lo reconocieron en un nuevo empleo, vendiendo adornos de diversas figuras y conceptos. 

Uno de los uniformados le pidió una de las figurillas de yeso y el joven le dijo que tenía un valor de 25 dólares. El Policía se negó a pagarlos y el vendedor rehuyó entregarle la mercancía sin previo pago.

Al finalizar el turno del vendedor ya lo esperaban Policías Municipales, lo golpearon, lo torturaron, se lo llevaron detenido y lo desnudaron en los separos. 

Finalmente le amenazaron de muerte advirtiéndole que ellos, los uniformados, pertenecían a una mafia contra la que no podría. Al joven lo cargaron con un arma blanca e inició el proceso.

Las amenazas de los policías llegaron hasta la familia que reunía recursos para apoyar a su hijo con un abogado y preparaba denuncias contra los municipales por su mal actuar. Pero hasta la casa del vendedor fueron a reclamar la actitud beligerante de la familia contra los policías.

Aunque las autoridades ya conocen esta denuncia, y de hecho el Secretario Capella los atiende, el terror al que ha sido sometida esta familia ha hecho que el proceso sea más lento, y que incluso piensen en abandonar la ciudad ante el hostigamiento de los Policías Municipales.

Dan largas en la SSPE

La tercera denuncia recibida en la semana fue contra la Policía Estatal Preventiva, por abusos cometidos en 2011. En junio se cumplieron dos años de que la familia Chávez acusó a cuatro agentes de un allanamiento de morada, sin que la PGJE ni el contralor interno de la SSPE les haya dado una respuesta.

“En el colmo de la burla, el 25 de junio que Alejandro Monraz andaba en la colonia, nos dimos cuenta que uno de los agentes que denunciamos –Julio César Sánchez García– andaba muy tranquilo de escolta del candidato y fuimos y lo encaramos, llegó hasta la policía municipal pero no hicieron nada, un tipo que se presentó como jefe de escoltas del candidato nos dijo que nos calmáramos y que él iba ver en qué punto iba nuestro proceso.

“Nos dijo que  se llamaba Alfredo González Arenas y nos dio un número falso, más tarde vimos una imagen del señor González y no era”, explicó frustrada la señora Rosa Elvia Sánchez Barajas.

Esta mujer fue detenida, presentada públicamente, consignada y liberada en la PGR por los delitos de posesión de armas de usos exclusivo del Ejército entre el 18 y 20 de mayo de 2011.

En aquel momento conforme al parte informativo de la PEP su hijo Samuel Hernández al huir de la policía ingresó a la casa familiar, lo capturaron adentro armado, lo que les dio la oportunidad de hacer un cateo. Y después llegó la señora en un auto en el que encontraron cartuchos, mientras en el domicilio decomisaron tres estrobos y dos sirenas.

La versión de la familia y los vecinos acreditada en la denuncia contra los agentes es diferente. En ésta se indica que los PEP allanaron la casa, los vecinos avisaron a la familia, primero llegaron a reclamar la invasión los hijos gemelos de la dueña que estaban en taller mecánico, los detuvieron y a uno “le sembraron un arma, lo torturaron y nos pedían 25 mil dólares para liberarnos”, después llegó la señora con un albañil y también fueron apresados.

Dos años después, Samuel Hernández aún está siendo procesado por el arma, y la denuncia de la familia contra los agentes presentada en la PGJE no ha avanzado, “… apenas nos llamaron a declarar entre 17 y 24 de junio de 2013, nosotros fuimos pero no sabemos qué pasa con ellos”.

ZETA requirió la versión de la SSPE, donde informaron que en este caso “…una vez analizadas todas las actuaciones obrantes en la investigación, se determinó que los agentes actuaron dentro del marco jurídico que los rige, por lo que no se acreditó que hayan incumplido con alguna de las obligaciones previstas en el artículo 133 de la Ley de Seguridad Pública del Estado, ordenando su archivo definitivo”, determinación que no notificaron a los afectados.

En la SSPE reconocieron también que “… una vez iniciada la Investigación, se agregó a la misma la recomendación 02/2012, emitida por la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado” donde el ombudsman exhortó restituir los daños hechos en contra de la señora Rosa Elvia Chávez Barajas y su familia, actuación que no se ha cumplido.

El año de Hidalgo

“En el tema de seguridad, la guerra más estresante es la de dentro y eso se debe entender en todas las corporaciones, ¿qué hacen –los jefes de– las otras corporaciones? ¿A poco nada más nosotros (municipales) somos los malos? ¿Ahí con ellos no pasa nada?”, refirió Capella mientras argumentaba que el hecho de que las otras policías en el estado no sancionen, envía un mensaje negativo a la sociedad.

El secretario explicó su perspectiva, planteó la existencia de tres frentes.

Uno frente contra la delincuencia: “…que afortunadamente ahí va, con excepción del tema de homicidios que nos ha crecido”.

 Otro contra los grupos de interés: “Ciertos medios sustentados por grupos ilícitos, los pasquineros. 

Los antreros que no quieren alcoholímetros, los restauranteros de La Recta que los traemos vigilados, todo ese tipo de intereses también se traducen en golpes a la secretaría”, y “la ofensiva interna, la más estresante, difícil desgastante”, mayormente protagonizada por malos elementos con muchos años en la corporación que a pesar de sus viejos vicios han capoteado las depuraciones y “no sé cómo han aprobado los exámenes de confianza”.

Pero aclaró que no todos los policías con más de 20 años son corruptos. “Aprendieron a sobrevivir haciéndose de la vista gorda porque la corrupción venía desde el secretario o los directores”.

Habló también de una nueva forma de trabajo, los 200 agentes que han ingresado a la policía en su gestión. 

“La primera generación los revolví y al ratito ya eran la misma corrupción. La siguiente generación ya no y les reforzamos valores constantemente. Estoy esperando otros 40 elementos que vienen dentro de un mes y esos chamacos te dan un rendimiento maravilloso.

“Ha habido un avance substancial en general en toda la policía, ni los botines, ni los abusos están permitidos, 500 agentes han remitido a personas que les han ofrecido dinero, tenemos 4 renuncias por mes de policías que se dieron cuenta que esto ya no es negocio y es muy tenso meter la mano”.

Calcula el Secretario de Seguridad de Tijuana, que entre un 10 y un 15 por ciento de los agentes en la Municipal, tienen todavía “vicios y excesos muy arraigados”. 

Y le preocupa que con el cambio de gobierno en diciembre próximo, la situación pueda agravarse: “puede llegar alguien a decir ahora sí –sobarse las manos– y dar la instrucción, a regresar a los viejos vicios. 

Y muchos con singular alegría van a decir está bien, porque tantos años de este tipo de cambios saben que quien llegue a la cabeza va establecer el toque de cuál va a ser la conducta, y hay muchos que están esperando esos cambios, yo estoy impactado del cobre que han sacado muchos en este proceso.

“Aquí lo importante es que el crimen organizado no se apodere de las instituciones y amedrenten a los órganos de control, interno”, como antes.

Pero mientras eso sucede, cada vez son más las quejas de vejaciones de Policías sobre ciudadanos bajacalifornianos.

(SEMANARIO ZETA/ ZETA INVESTIGACIONES/ 08 de Julio 2013)