Crece la narcopolítica en México y otros países
Los medios de comunicación tienen la responsabilidad de develar los
nexos entre narcotraficantes y políticos dentro y fuera del Gobierno, a
pesar de que en países como México estos no sean castigados, lo que sí
pasó en Colombia, afirmaron periodistas de este país y El Salvador.
Para María Teresa Ronderos, la multipremiada periodista colombiana, colaboradora de Semana,
tallerista y conferencista internacional, lo malo de hacer públicos
estos vínculos entre los gobernantes y los criminales es que se queden
en el aire, impunes, y los medios informativos queden expuestos.
—¿Cómo calificas el periodismo en cuanto a la cobertura del narco
en general y la corrupción y la complicidad entre los delincuentes y
políticos en América Latina?
—Hay muchas diferencias y matices en el continente, pero el narco ha
sido más transnacional, móvil y comunicado, y los periodistas estamos no
tan comunicados y hemos sido lentos, no tenemos la movilidad que tienen
ellos, y nos quedamos en registrar mucho los hechos violentos y lo que
dice la Policía.
“Es poco el periodismo que se hace que va más allá, que trata de
entender tendencias, de entender lujos, cómo funciona ese fenómeno
transnacional y los vínculos con el poder, todavía estamos mas lejos, en
alguna región alguien devela un hecho y ya, pero como generalidad nos
quedamos mucho en el registro de los hechos violentos y en lo que la
Policía nos va contando que va pasando”.
—Y la narcopolítica ha crecido en el continente, lo que de alguna manera superó en cuanto a lo escandaloso en Colombia.
—Creo que sí. En Colombia ha sido de los países que ha ido más lejos
al develar esos vínculos en cuanto a la narcopolítica. Hay muchísimos
congresistas que han sido expuestos por los vínculos no solo con los
narcotraficantes sino también con los actores violentos, y creo que eso
es una ganancia de Colombia. No lo hemos hecho todo, pero hemos hecho
mucho, si lo vemos comparativamente.
“Pero creo que en muchas regiones del continente hay millones de
dólares que están entrando a las campañas políticas de manera
subrepticia, millones de tratos que se están haciendo, hay una
cooptación del poder local que no se ve y en ocasiones no es local y ha
trascendido a ámbitos nacionales, y sin embargo eso casi no se reportea,
casi no se hace público ni se expone y la justicia también en general
está lejos.
Ronderos fue entrevistada en la ciudad colombiana de Cali durante el Seminario Internacional Periodismo Frente a la Criminalidad Violenta en México, Centroamérica y Colombia, organizado por el Banco Mundial y la Fundación Gabriel García Márquez para un Nuevo Periodismo Iberoamericano.
Periodista bogotana y actualmente es asesora editorial de la revista Semana, directora del sitio de Internet VerdadAbierta.com y columnista de El Espectador, y galardonada con los premios Rey de España (1997) y el prestigiado Maria Moors Cabot
a la carrera periodística (2007), la también catedrática estima que las
videograbaciones han permitido mostrar a la ciudadanía corrupción e
impunidad que involucra a autoridades con criminales. Dijo que es
lamentable que esto sí haya sido castigado en Colombia, donde cerca de
un centenar de legisladores fueron detenidos y están siendo sometidos a
proceso penal por estos vínculos, pero no en México.
—¿Qué papel tiene este tipo de herramientas como los videos, las
grabaciones, en la develación de la corrupción y la complicidad
gubernamental?
—Es un dilema porque quien mejor conoce el asunto es el criminal y
está dentro, y cuando se dan estas confesiones es como una ventana a
esos rincones oscuros. El dilema es cuando estas personas no hablan con
libertad, que está siendo presionado. En esos casos pueden no ser
ciertas, pero hay otros indicios que tienen los medios, los periodistas,
que podrían llegar a confirmar lo que esa persona está diciendo.
Cuando la persona que aparece está diciendo cosas que no tienen mucho
sentido porque está hablando bajo presión, no se publicaría, pero si
uno está seguro que hay muchos otros elementos que confirman lo que esta
persona está diciendo, es distinto. Depende mucho del criterio y
concepto que tienen los periodistas para sacar este video, creo que no
hay que cerrarse a eso, porque muchas veces los malos están metidos.
En este caso, el video que publica Ríodoce y que se refiere a
una confesión de un guardaespaldas (del gobernador Mario López Valdez)
hay pruebas y grabaciones, y es la única oportunidad que nos da de
meternos o por lo menos avizorar qué hay, qué está pasando ahí dentro.
—¿Te parece que México está pasando por esa etapa en la que los narcopolíticos no son castigados?
—Pareciera que todavía no se ven los testigos muy claradamente, hay
denuncias muy graves como esta, pero por ahora no se ve que la justicia
esté ganando, y es preocupante porque cuando se hace uno denuncia, se
arriesga, no pasa nada y se cansa el público. Se cansa uno y no pasa
nada.
Nada nuevo: Saavedra
Para Ana María Saavedra, editora del diario El País, de Cali,
Colombia, la narcopolítica en su país no es nada nuevo, pero tiene su
principal antecedente en el llamado Proceso 8 mil, cuando se hicieron
públicos los nexos entre el cártel de Cali con personajes del Poder
Legislativo y el Gobierno.
“Acá no es nuevo, viene de muchos años atrás y nace en el Proceso 8
mil, que fue cuando se publicó los vínculos del cártel de Cali con la
política, que infiltró la política… Hubo unos casetes que mostraron los
vínculos de esta organización criminal en los 80 y 90, los mostró Andrés
Pastrana luego que perdió las elecciones. Él mostró a la clase política
colombiana vinculada y recibiendo plata de los Rodríguez Orijuela, y
fue cuando los narcos se dieran cuenta que no era enfrentando al Estado
como Pablo Escobar —líder del cártel de Medellín—, como iban a triunfar,
sino corrompiéndolo”, sostuvo.
Después de esto, agregó, se dio la parapolítica, que se refiere a la
infiltración de los llamados grupos de autodefensa, también conocidos
como paramilitares, en la política. Muchos congresistas, recuerda
Saavedra, fueron condenados a prisión por sus nexos con los criminales y
los votos que captaban en los procesos electorales estaban directamente
relacionados con la presencia e injerencia de los grupos delictivos en
las regiones.
“Hay un senador activo, Juan Carlos Martínez, condenado por esto, y
ahora está detenido. La Corte comprobó sus vínculos con las autodefensas
y narcotraficantes que financiaban sus campañas y que haciendo un
estudio de las votaciones y presencia de estos grupos, se dieron cuenta
que las zonas en que sacaban altas votaciones eran las regiones que
ellos controlaban.
Los paramilitares, añadió, financian campañas, tienen el control en
algunas regiones y orientan, a través de presiones y amenazas, el voto
de los ciudadanos. También, como en Sinaloa, acuden a las fiestas de las
familias de los narcotraficantes, aunque esto pasa cada vez menos.
—La diferencia es que en México estos vínculos no han sido castigados.
—En el caso de Colombia están presos porque vino el Proceso 8 mil y
después, cuando se comprobaron vínculos con los paramilitares y estos
empiezan a contar sus versiones, son detenidos… Creo que por eso se ha
disminuido un poco.
Dijo que la publicación de videos, grabaciones y otros documentos que
comprueban los nexos entre delincuentes y autoridades gubernamentales
han sido un recurso importante en el ejercicio periodístico, aunque debe
comprobarse su autenticidad.
“Creo que es importante si se comprueba autenticidad y si se
comprueban vínculos entre políticos y narcos, y se desnuda todo este
fenómeno de los vínculos: desnudar, porque eso es lo que nos toca a los
periodistas.
¿Quién es un narcopolítico?
Óscar Martínez, editor y coordinador de la sección Sala Negra del periódico virtual El Faro (www.elfaro.com)
de El Salvador, señaló que la narcopolítica en ese país es “bastante
notable y cada vez es más compleja y presente en la vida nacional”.
Los grupos de poder vinculados a la criminalidad o dedicados a ella,
sostuvo, se interesan en dos puestos gubernamentales: ser alcalde o ser
diputado suplente, y es en este segundo caso en el que tienen especial
interés, porque no son conocidos y porque gozan de inmunidad.
“Está por ejemplo Wilberth Alexander Rivera Monge, acusado de haber
enviado 12 toneladas de cocaína a Estados Unidos, ahora preso. Era
diputado suplente. También Roberto Silva Pereira, extraditado cuando
quería huir, quien fue acusado de haber matado a dos diputados
salvadoreños en el 2009, en Guatemala… Él también era diputado
suplente”, recordó.
Dijo que el Partido de Conciliación Nacional de El Salvador es el que
más narcos ha tenido en sus filas, candidatos y puestos de elección y
Gobierno, pero a los políticos no les interesa depurar sus filas, la
honestidad ni la ética. Lo mismo pasa con otros partidos.
Martínez, quien también participó en el Seminario Internacional Periodismo Frente a la Criminalidad Violenta,
en Cali, afirmó que el Gobierno federal de El Salvador da pasos atrás
en la fiscalización de recursos cuando se sospecha de enriquecimiento
inexplicable o lavado de dinero, y la Fiscalía de Lavado de Dinero no tiene un solo caso en siete años.
“No han querido aprobar siquiera la ley de extinción de dominio, para
despojar de sus bienes a los narcos, por eso me pregunto: ¿quién es
narcopolítico en El Salvador? Aquel al que le dé la gana. El Estado,
este país, es un paraíso para ello”, manifestó.
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