Acostumbrado a bailar, a contar chistes, a hacer reír a las
concurrencias, a desestimar problemas, de pronto se le vino abajo el
piso.
El gobernador Mario López Valdez vivió a partir del domingo 23 los
peores días de su mandato. La publicación del video donde su escolta,
Frank Armenta Espinoza, levantado el 5 de junio por un comando,
lo acusa de tener nexos con el cártel de Sinaloa, provocó la crisis de
Gobierno más fuerte que haya tenido hasta ahora, sin que se pueda prever
en qué terminará el escándalo.
Se acabó la fiesta
La pesadilla del gobernador Mario López Valdez empezó el domingo por
la tarde, cuando le avisaron que en un video subido en el sitio web de Ríodoce, aparecía su escolta Frank Armenta Espinoza acusándolo de estar coludido con el narcotráfico.
Armenta Espinoza había sido levantado por un comando la tarde
del miércoles 4 de junio, cuando llegaba a su casa ubicada en el poblado
Callejones de Guasavito, municipio de Guasave.
El agente, adscrito a la Policía Estatal Preventiva y asignado a la escolta del gobernador, se encontraba de vacaciones.
La Procuraduría General de Justicia del Estado y el propio gobernador
expresaron su preocupación por el destino del policía, y durante varios
días hablaron de operativos “por mar y tierra” para localizarlo.
Pero no lo encontraron. Fue 18 días después de su secuestro, el 22 de
junio por la tarde, cuando llegó a la página web de este semanario un
correo a través de la bandeja S.O.S, donde se anexa un link que soporta un video.
“Por favor —dice el mensaje— revisen este enlace, aquí se revela información muy importante, vean el video”.
El propósito acusatorio del video es evidente. Desde su aparición en
escena, Armenta Espinoza afirma que, junto con el gobernador asistió, al
inicio de su gestión, a una “reunión de trabajo” en Quilá, donde
también estuvieron Ismael Zambada García, el Mayo y Joaquín Guzmán Loera, el Chapo.
Armenta afirma que en esa reunión se habló de la necesidad de formar
un grupo para la seguridad del mismo crimen organizado, que este a su
vez necesitaba el control absoluto del Estado y que para eso nombraron a
Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, Chuytoño, a pesar de que había tenido en su contra órdenes de aprehensión.
Acusa en el video que Chuytoño a su vez nombró a Jesús
Carrasco Ruiz como jefe de la Policía de Ahome para que combatiera a las
células contrarias al cártel de Sinaloa, todo esto con el apoyo del
comandante Gerardo Amarillas, quien relevó a Carrasco la semana
antepasada, en el marco de la visita al municipio de Ahome, del
secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos.
Entre apariciones en escena del escolta, donde explica los
contenidos, audios y resúmenes textuales, transcurren casi 55 minutos
del video.
Ahí se expone un audio donde hablan el procurador Marco Antonio
Higuera Gómez y el gobernador, y este le ordena —después del ataque a
Carrasco el 9 de mayo, por la carretera Internacional México 15—, que,
“buscando provocar un enfrentamiento y un conflicto, se lleven amarrados
a unos 20 policías de Guasave a la declaración… amarrados ¿eh?”.
—Sí señor —le responde el procurador.
—Quiero que te lleves a todos, esto es un mensaje para toda la Policía —dice Malova.
En dicho enfrentamiento murieron dos policías y tres delincuentes y
fueron asegurados varios vehículos blindados —entre ellos un camión de
15 toneladas—, pistolas, fusiles AK-47 y Barret.
También hubo detenidos, pero ni estos ni las armas y vehículos
asegurados fueron presentados oficialmente y solo se registró aquello
que los periodistas lograron pepenar en el lugar de los hechos.
En una conversación entre Malova y el jefe de la Policía
Ministerial, Aguilar Íñiguez, la misma mañana en que ocurrió el ataque a
Carrasco, se escucha cuando el gobernador le ordena al policía que no
entregue al Ejército las camionetas blindadas que se aseguraron durante
la emboscada y la persecución de los sicarios.
Hay otra plática, entre el jefe de la Policía Ministerial y el
procurador, donde este le ordena que le dé a Carrasco uno de los rifles
Barret que fue asegurado en la misma balacera.
Se anexa otra comunicación, presuntamente entre Carrasco y un
narcomenudista, donde el jefe policiaco le pide que le pague por
adelantado su cuota porque va a salir de viaje y que le ayude a buscar a
otros “puchadores” para que se pongan a su servicio.
En otro audio se supone que el comandante Carrasco platica con un “tirador” de droga al que le pide información sobre un tal Chito y un Rey, a los cuales quiere localizar “para chingármelos”.
En una conversación con el comandante de la Policía de El Carrizo,
José Ángel Castro Flores, este le dice a Carrasco que robaron a un
hombre y que a otro lo mataron y lo echaron al monte. Y en otro de los
diálogos, quien se presume es el comandante de El Carrizo, este reconoce
que ha matado ya a 51 personas.
Hay otra charla, presuntamente entre Gerardo Amarillas, sustituto de
Carrasco desde el 19 de junio, y alguien que se identifica como el Pay,
este le llama para coordinarse y le pide al comandante que le dé un
sobrenombre para identificarlo y el comandante le dice que le ponga Amarillo.
También el grupo de gatilleros del cártel de Sinaloa, autodenominado Los Ántrax,
que opera en Culiacán, aparecen en escena, pues se anexa una
conversación donde supuestamente Héctor Ochoa Polanco, jefe de la
Policía Municipal de Culiacán, recibe una llamada de un tal Monky Ántrax, quien le pide al policía apoyo para un detenido en un punto de revisión.
El 6 de mayo pasado renunció el secretario de Seguridad Pública de
Culiacán, Carlos Ontiveros Salas, después de que la Policía detuvo a un
grupo de gatilleros y que horas después fueron liberados sin su
consentimiento a instancias de un jefe policiaco.
Uno de los gatilleros, según fuentes de Ríodoce, era el Monky.
Antes de renunciar, Ontiveros y dos altos jefes policiacos, entre ellos
el subdirector de la Policía, Raúl Hernández Hipólito, tuvieron que
esconderse en otro estado durante dos semanas, ante las amenazas de
muerte recibidas.
Al final del video, Armenta Espinoza dice que hace estas revelaciones
“para que el Gobierno federal mire lo que está pasando en Sinaloa y
actúe”.
Y hace responsable al gobernador por lo que le pueda pasar a él y a su familia por revelar esta información.
Desconcierto en el tercer piso
La publicación del video provocó un shock en el Gobierno
estatal. La misma tarde del domingo el Gabinete de Seguridad, asesores y
funcionarios del área de Comunicación, se reunieron para analizar el
problema e improvisaron un paquete de medidas para minimizar los daños.
Pero no pudieron evitar que el fuego mediático se expandiera.
La misma tarde del domingo, los portales de SinEmbargo.mx y de la revista Proceso
publicaron la noticia y agregaron el video. Hicieron lo mismo otros
medios de los estados.
En realidad, el plan de contingencia mediática
solo les funcionó en Sinaloa, sobre todo en noticieros de radio y El Debate,
el diario de mayor circulación, pues en ninguno de esos espacios se
publicó la nota del video, aunque presurosos reprodujeron el
posicionamiento del Gobierno ante tal “agresión”.
A la media noche del domingo, el Gobierno envió a las redacciones un comunicado con ocho puntos.
En el documento, “el Gobierno del Estado hace un llamado a la
sociedad sinaloense a no dejarse engañar por quienes desde la ilegalidad
y el clandestinaje, pretenden confundir a la ciudadanía, con la
producción de materiales sacados de contexto para tratar de generar
descrédito a las acciones que este gobierno, a través de su Gabinete de
Seguridad, ha emprendido en contra de los grupos delictivos que hoy no
encuentran impunidad a sus actos ilegales”.
Afirma que los grupos delictivos, cuando ven afectados sus intereses
recurren a este tipo de mecanismos y estrategias para confundir a la
opinión pública, con el objetivo de desprestigiar autoridades y jefes
policiacos de los tres niveles de Gobierno, como ya se tienen
antecedentes en los estados de Veracruz, Coahuila y Tamaulipas.
Agrega que es evidente que el escolta fue torturado “y obligado a
actuar de manera lastimosa para preservar su vida”, que “los grupos
delictivos incurren en la intervención de llamadas telefónicas
manipulando y editando conversaciones” y que el propósito de ellos es amedrentar a las autoridades.
Y que “pretenden, además, lastimar la coordinación y la confianza que
como nunca ha entablado esta administración estatal con los tres
niveles de Gobierno, el Ejército y la Marina en la lucha contra la
delincuencia organizada”.
Las autoridades de Procuración de Justicia —añaden en otro de los
puntos— siempre han actuado conforme a la ley, poniendo a disposición
del Ministerio Público que corresponda, los elementos de prueba que se
aseguran en los distintos hechos delictivos”.
Ríodoce solicitó a la Procuraduría de Justicia los oficios a
través de los cuales puso a disposición de la PGR las armas, cargadores,
pertrechos y vehículos asegurados en el ataque del 9 de mayo contra el
comandante Carrasco, pero la información fue negada “porque forma parte
de una averiguación”, a pesar de que, casi siempre, hacen lo contrario.
En una conferencia de prensa ofrecida el lunes, en el marco de una
misa celebrada por el Día del Agricultor, el gobernador López Valdez
reconoció que es su voz la que aparece en los audios del video, pero que
las conversaciones fueron “tergiversadas”.
“Cada día hablo en diversos lugares y digo infinidad de cosas y con
la tecnología que hay, manipularon las palabras y armaron el mensaje”,
explicó.
Cuestionado sobre sus presuntas reuniones con el Chapo Guzmán y con el Mayo Zambada, Malova negó conocerlos y menos favorecer al cártel de Sinaloa en su lucha contra el crimen organizado.
Y agregó: “Hasta donde sé, no creo que ese señor ocupe protección mía
ni de nadie, además mi compromiso es con las familias sinaloenses”.
El martes 25, la Procuraduría General de Justicia del Estado presentó
denuncia por espionaje y otros delitos ante la PGR, en contra de quien
resulte responsable.
Otra parte del paquete de contingencia del Gobierno estatal fue
buscar el apoyo de los partidos, el Congreso y el sector empresarial. El
martes 25 aparecieron en los diarios locales tres desplegados. Uno
estaba firmado por todos los partidos políticos, el otro por las cámaras
empresariales y confederaciones agrícolas y uno más por los 18
alcaldes. Todos con el mismo discurso.
Dicen los alcaldes: “Las autoridades municipales de Sinaloa
refrendamos nuestro total apoyo al C. gobernador Mario López Valdez por
su política de seguridad y decidido compromiso por reducir la incidencia
delictiva, que sin duda ha permitido contrarrestar en forma sustancial
hechos delictivos de alto impacto en Sinaloa”, dice el comunicado
firmado por los 18 presidentes municipales.
Por su parte, las organizaciones del sector privado exponen en otro
pronunciamiento que “reconocemos en la persona del gobernador del Estado
el esfuerzo que realiza para lograr la estabilidad que la población
sinaloense demanda”.
Firman las cámaras de la Construcción, de Vivienda,
de la Industria de la Transformación, de Restauranteros, de Comercio y
las asociaciones de agricultores del río Culiacán, de Hoteles y Moteles,
Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia, Mujeres Empresarias, la Caades y
la Fecanaco.
En un tercer posicionamiento, los partidos Revolucionario
Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista,
Movimiento Ciudadano, Acción Nacional, Nueva Alianza, del Trabajo y
Sinaloense, exponen que “deseamos expresar a la sociedad nuestro
respaldo unánime a las políticas públicas, acciones, programas y
operativos de seguridad pública que se han venido desarrollando desde el
Gobierno del Estado en coordinación con el Ejército mexicano, Marina
Armada de México y las corporaciones federales”.
Ese mismo día, las fracciones del PRI, PAN y PRD expresaron su apoyo a Malova,
mientras la única voz discordante fue la del diputado Manuel Cárdenas
Fonseca, del Partido Nueva Alianza, quien condenó el caos
administrativo, la gran corrupción que impera en el estado y pidió que
el video fuera analizado por una empresa extranjera, fuera de todo
interés local, para establecer si las conversaciones expuestas ahí
fueron o no manipuladas.
Malova y los militares
Sabe si será casualidad o no, pero Mario López Valdez y el general
Moisés Melo García llegaron al poder en Sinaloa casi al mismo tiempo.
Moisés Melo asumió como jefe de la Novena Zona Militar el 5 de diciembre
de 2010 y Malova protestó para la gubernatura el 31 de diciembre del mismo año.
Melo García llegó de la 16 Zona Militar en Guanajuato, pero antes
estuvo al frente de la Décima Zona en Durango. De ahí traía dos famas:
una, que no se preocupaba mucho por el respeto a los derechos humanos en
las operaciones de las tropas a su mando. La otra, como contraparte, es
que le encantaban las relaciones públicas.
Así que se conocieron recién sentaditos en sus respectivas sillas. Y lograron, como suele decir Malova por doquier, niveles de coordinación que no se habían registrado en Sinaloa entre el Gobierno estatal y las fuerzas castrenses.
No pasó mucho tiempo para que la fama de general “duro”, de Melo
García, se validara en Sinaloa.
El 14 de febrero de 2011, una jovencita,
Leslie Abigail, de 17 años de edad, recibió un tiro de G3 en la cabeza,
cuando soldados que realizaban un rondín por el fraccionamiento
Nakayama dispararon contra una camioneta que al parecer no obedeció una
orden de “alto”.
Viajaban tres parejas, casi todos menores de edad. La
joven fue trasladada por los mismos militares al hospital del ISSSTE y
después al Hospital Militar de la Ciudad de México, donde fue
intervenida. Sobrevivió.
Cada mes, los mandos militares de la Tercera Región y de la Novena
Zona se reúnen con el Gabinete de Seguridad del Gobierno estatal y con
los alcaldes de los municipios más acosados por la violencia, para
definir líneas de acción, aunque en los últimos meses el Ejército
prefirió andar solo en los operativos.
Esto fue motivado por el asesinato de dos militares por parte de la
Policía Municipal de Mazatlán, durante una persecución, la madrugada del
lunes 18 de marzo. La Policía dijo que se había tratado de un
enfrentamiento, pero luego se estableció que les habían dado alcance y
que, al tenerlos rodeados, simplemente los ejecutaron.
El jefe de la Policía, Marco Antonio Medrano, fue destituido y siete policías fueron detenidos.
La relación personal de Malova con el general pareció no
modificarse, pues fueron muchas las veces que los dos coincidieron en
eventos, ya sea de carácter civil o militar. Pero las columnas de
vigilancia se separaron.
Por un lado las policías, por el otro los
militares. Y solo confluyen en los enfrentamientos, de unos o de otros,
con la delincuencia organizada.
Una de las conversaciones que expone el video, es entre el general
Melo y el gobernador. Ahí hablan de los apoyos que el Ejército le está
brindado a las policías estatales y municipales en distintos puntos del
estado.
Es una charla informal, coloquial, donde la “Señora Licha” —esposa del general— le manda saludos al gobernador. “Páseme a mi generala para saludarla”, le dice Malova.
Entrevistado respecto al video, el general Moisés Melo García se
deslindó del problema: “No tengo nada que opinar al respecto, no es
problema mío, es de ellos”, señaló cuando Ríodoce le solicitó una entrevista.
—¿Nada, aunque en el video se escucha su voz? —se le cuestionó.
—Nada, no tengo nada qué opinar de eso —respondió.
En una conversación entre el gobernador y el jefe de la Policía Ministerial, Malova le ordena a Chuytoño que no entregue al Ejército las camionetas blindadas aseguradas, “para usarlas nosotros”.
Pero el general dijo que no es su problema.
Días antes del la publicación del video, el general había dicho que
el Ejército mexicano coadyuva de manera coordinada con las autoridades
estatales y con la PGR para dar con la localización del escolta del
gobernador.
Dijo que pronto habría información del caso, que existían avances:
“ojalá y pronto se localice a esta persona y sobre todo con vida”.
¿Quién tiene a Frank?
Desde el primer posicionamiento del Gobierno estatal este da por
descontado que el video y el secuestro del escolta es obra de “los
grupos delictivos que hoy no encuentran impunidad a sus actos ilegales”.
No hay, sin embargo, ningún elemento firme para concluir que lo tiene la triada Beltrán-Zetas-Carrillo
Fuentes, que son los grupos golpeados por la administración malovista,
como lo expresa Frank Armenta y como lo reconoce el propio gobernador.
Tampoco nadie ha reivindicado el hecho.
Desde que inició la presente administración y la ola de ataques
contra objetivos policiacos, los grupos han hecho alarde de su poderío y
han demandado, a través de narcomensajes, en mantas y cartulinas, un
trato igual.
Pero esta vez no ha sido así. Está la acusación abierta, detallada,
de lo que consideran políticas criminales impulsadas desde el Gobierno
estatal, pero no hay más autoría aparente del videofrankazo que el propio escolta que aparece a cuadro.
Pero hay razones de sobre para alimentar la percepción de que los autores provienen de ese grupo criminal.
Las agresiones contra el gobierno de Malova iniciaron casi con
su administración, pues el primer ataque a las policías estatales
ocurrió el 6 de marzo, cuando un grupo de sicarios asesinó a siete
policías ministeriales durante el traslado de dos reos desde la ciudad
de Los Mochis a Culiacán, en las inmediaciones de Guasave.
Y siguió con
crímenes de alto impacto, los llamados narcomensajes, a veces
acompañados de cuerpos descuartizados que han arrojado en las mismas
escalinatas del Palacio de Gobierno.
A partir de la detención de Giovanni Lizárraga Ontiveros, operador de
los Beltrán Leyva en la zona norte, la madrugada del 15 de mayo de
2011, este grupo desató una guerra mediática sin precedentes en Sinaloa.
La mañana del lunes 30 de mayo de 2011, autoridades de cuatro
municipios: Culiacán, Guasave, Ahome y Sinaloa, reportaron el hallazgo
de al menos 19 narcomantas, todas con imputaciones directas al
gobernador López Valdez sobre una presunta alianza con Joaquín el Chapo Guzmán.
Ninguno de los mensajes tenía la rúbrica de persona o grupo alguno,
aunque las autoridades adelantaron que se trató del cártel de los
Beltrán Leyva. Ese mismo lunes, por la noche, el cuerpo de un policía
ministerial fue arrojado por el bulevar Pedro Infante, justo enfrente
del edificio del Congreso del Estado.
Una de las dos mantas colocadas en Guasave, sobre los bulevares Juan
Millán y 16 de Septiembre, en el cruce de la carretera México-15, al
mismo tiempo que el gobernador realizaba un acto en esa ciudad, decía a
la letra: “Malova ahora que fuiste a México le platicaste al presidente que fuiste a comer con el Chapo
Guzmán el día 6 de septiembre del 2010 en 1 rancho de Kila, niegalo que
te encargó que limpiaras la zona norte de Sinaloa para que se pudieran
meter así como darle información (sic)”.
En la ciudad de Culiacán también aparecieron dos narcomantas. Uno de
los mensajes decía textualmente: “General comandante de la Novena Zona,
la guerra no es con ustedes, a ustedes se les respecta no así a los
policías de Malova que están con el Chapo Guzmán ellos se esconden detrás de ustedes, quiero que sepa que Malova le trabaja al Chapo, investigue a los comandantes de la Policia Especial, que de especial no tienen nada (sic)”.
Esa vez Mario López Valdez desestimó el señalamiento de los mensajes y
declaró que es la reacción propia de los grupos criminales debido a que
el Estado los está combatiendo.
El 15 de julio de ese año, comandos de estos mismos grupos
perpetraron dos ataques contra la Policía dejando como resultado once
agentes muertos y cuatro lesionados.
El primer ataque ocurrió en la
ciudad de Los Mochis, donde un agente y un civil resultaron heridos. El
segundo ocurrió en la carretera Internacional, justo en el entronque con
la 19, que conduce a Estación Naranjo.
El Ejército le atribuyó la matanza a las células de Fausto Isidro Meza Flores, el Chapo Isidro. Al día siguiente aparecieron narcomantas acusando que el Gobierno protegía al grupo del Chapo Guzmán. Malova lo volvió a negar.
Habría un ataque más directo. El 18 de enero de 2012, un par de
gatilleros llegaron en motocicleta a una de las sucursales de la
Ferretería Malova —propiedad del gobernador— en Mazatlán y dispararon
contra dos empleados e intentaron incendiar el negocio. Uno de los
trabajadores murió en el acto y el otro resultó herido con un impacto en
la cabeza.
Días después aprehendieron a los presuntos responsables y estos
declararon que el ataque había sido una reacción por la detención de
seis presuntos secuestradores, entre ellos dos mujeres, que días antes
habían sido detenidos.
“Lo único que sé —dijo esa vez Malova— es que es producto de
las acciones que ha tenido el Gobierno de enfrentar a los delincuentes.
Esto es por defender a Sinaloa y a sus familias, y aún con estos riesgos
no renunciaré al rol que tengo como gobernador”.
Sin embargo, hasta el cierre de la edición, ningún grupo de delincuentes se había adjudicado el secuestro del escolta ni la autoría del video.
EL DESTINO DE TAVITO
Una de las conversaciones que expone el video es la que sostienen el
comandante de la policía en El Carrizo y otra persona, al parecer
funcionario del ámbito forense de la Subprocuraduría de Justicia de la
Zona Sur.
Funcionario (F): Bueno compa, ¿qué hiciste?
José Ángel Castro Flores (JACF): Maté al Tavito.
F: Mataste al Tavito, guey.
JACF: Sí, maté al Tavito.
F: Ya te chingaste en el…
JACF: Afirma, comandante, afirma… promesas son promesas.
F: ¿Pues cuántos llevas ya cabrón?
JACF: 37, más los de El Carrizo, siete más acá, son 43 y como unos ocho que llevo acá son como 51, llevo 51.
F: No tienes vergüenza, Dios te va a mandar al infierno.
JACF: Pues sí jefe, recuerde que el último leyó unos versículos, se despidió de Dios, llevaba unos pasajes el señor.
F: Mucho cuidado ahí.
JACF: Ándele pues jefe.
El Tavito fue asesinado a balazos el 22 de octubre del 2012 en
una escuela del ejido Chihuahuita, al norte de Los Mochis. En realidad
se llamaba Octavio González Rodríguez y vivía en el poblado en donde
falleció.
De esa muerte, el comandante de la Policía Municipal de El Carrizo,
José Ángel López Flores, se jacta de haberla prometido, en una llamada a
un radio de un funcionario de la Procuraduría General de Justicia del
Estado, que a su vez le reclama que también le prometió sepultarlo, para
no trabajar en el caso. Incluso, el jefe de policía se burla de que
este se despidió rezando unos versículos a Dios.
Según el reporte de entonces, particulares reportaron gente armada en
el interior de una secundaria. Los agentes no encontraron a nadie,
cuando revisaron las aulas, pues no había clases. Sin embargo, fue
abierto un laboratorio, en donde estaba, presuntamente, ocultó su
objetivo. Este pretendió atacarlos con una pistola calibre .22 y los
policías repelieron la agresión, matándolo.
El Tavo, según la información del momento, se las debía a los policías, pues sabían que era el jefe de los narcomenudistas Los Mazatlecos,
y por ello ejecutor del comandante Cipriano Solano López (23 abril
2012) y del ministerial Raúl Castelo Salomón (27 junio 2012), así como
participantes del atentado en contra de agentes preventivos en la
sindicatura de Higuera de Zaragoza (22 abril 2012) que dejó seis
gendarmes lesionados.
Cuando fue localizado por la Policía, su clan delincuencial ya lo
había abandonado. Estaba en desgracia y sin poder, ni armas, ni mando y
sin dinero. Estaba solo. Estaba en el laboratorio, porque lo habían
contratado para que realizara algunas reparaciones eléctricas.
El comandante de la Policía Municipal en El Carrizo, José Ángel Castro Flores, conocido por el apodo del Chuki,
no fue localizado para conocer su opinión respecto de las dos
grabaciones clandestinas realizadas a su radio, en conversaciones con su
jefe de entonces, Jesús Carrasco Ruiz y de otros funcionarios de
Servicios Periciales de la PGJE, a quien llama “maestro”.
En las grabaciones, el comandante habilitado, y veterano en las filas
con 24 años de experiencia, se jacta de haber matado a 51 personas, y
al último le había permitido rezar algunos versículos para encomendarse a
Dios.
Según sus antecedentes de servicio, Castro Flores conformó el grupo de policías autodefinido como Los Compadres, ya desaparecido, pues unos terminaron siendo asesinados y los más despedidos.
Tras el arribo del mayor León Horacio Reyes, en el 2011, y
actualmente procesado por delincuencia organizada en la modalidad de
fomento de narcomenudeo a favor de Los Mazatlecos, el comandante
fue removido a la comandancia de Higuera de Zaragoza, y de acuerdo con
declaraciones ministeriales que obran en el toca 96/2012 del juicio de
amparo 38/2012 promovido por Germán Carrillo Ochoa, coacusado con Reyes,
“el cambio fue porque por ahí ingresaban las pangas cargadas con
mariguana y otras drogas”.
El Chuki no fue investigado por esas imputaciones hechas en vía de declaración ministerial.
Por el contrario, fue removido de asignatura tras dos atentados en
contra de policías. El 22 de abril del 2012, seis de sus compañeros
fueron emboscados mientras cenaban y al día siguiente, Cipriano López
Solano, entonces comandante en El Carrizo, fue privado de la libertad y
decapitado.
Castro Flores fue enviado a esa zona, en donde aún permanece.
El alcalde de Ahome, Zenén Aarón Xóchihua Enciso, reconoció que el
narcoescándalo que desató el video del escolta del gobernador, Mario
López Valdez, Frank Armenta Espinoza debe ser investigado por autoridad
competente.
Mientras tanto, Gerardo Amarillas Gastélum, recién designado director de la Policía Municipal en Ahome, no quiso responder a Ríodoce
sobre la veracidad de la grabación clandestina de una llamada a su
radio para alquilar sus servicios para el cártel de Sinaloa, y que fue
difundida a través del portal del semanario. Solo dijo que tenía mucho
trabajo.
El regidor de Ahome, Miguel Medina, reconoció que Sinaloa apesta y que la Política huele más.
Esto, dijo, porque el video puso en claro lo que ya muchos pensaban,
pero que no se hablaba a cielo abierto, sino a hurtadillas: el narco
contaminó gobiernos y a políticos.
“En lugar de que los políticos de uno o de otro partido firmaran
desplegados avalando las acciones de Gobierno, debieron antes asustarse
por lo denunciado en el video, forzado o no, y exigir una investigación
de los señalados, de los involucrados, de todos. Y no una investigación
local, sino federal, porque la autoridad local está involucrada en el
narco”.
En plena sesión de Cabildo, celebrada este viernes, Medina reconoció el valor de Ríodoce al dar a conocer el video en su portal.
Medina fue de los regidores ahomenses que frenó los excesos de los
agentes de la Policía Municipal que escudados en el temor a represalias
del crimen organizado se encapucharon y eliminaron las matrículas de las
patrullas, para después, extorsionar, asaltar, y robar a transeúntes.
Incluso fue el único que sentó en un banquillo al intocable director
de la policía, Jesús Carrasco Ruiz, para que dejara las prácticas
abusivas en contra de la población civil, obligándolo a sacarse las
capuchas a los policías y rotular de nuevo las patrullas.
El alcalde de Ahome, Zenén Aarón Xóchihua Enciso, reconoció que el video debe ser investigado por autoridad competente.
Y aunque respaldó a sus jefes de Policía, consideró sano y prudente
un deslinde oficial de hechos, o la consignación por las probables
implicaciones oficiales.
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