EL PARADIGMA DE BAJA

Raymundo Riva Palacio

 

 

Desde las elecciones presidenciales en 2012, las estrategias de campaña tuvieron un cambio cualitativo. El trabajo de posicionar a un candidato, desarrollar campañas eficientes, y montar una operación electoral para la movilización y el voto, quedaron relegados estratégicamente porque lo más importante actualmente, sobre todo en elecciones cerradas, es destruir al adversario. 

 

Instrumentos de guerra sucia cuestionados hace un año como los pushing polls - mensajes inducidos disfrazados tramposamente de encuestas-, y temas de vida privada, ciertos o falsos, pero en formatos atractivos para los medios y las redes sociales, tomaron carta de identidad en el caso más notable para estudiar el fenómeno: las elecciones para gobernador en Baja California.

El proceso en Baja California, donde hace un cuarto de siglo se inició la alternancia en el poder con la victoria del PAN –que no ha perdido la gubernatura desde entonces-, se vive probablemente la elección más sucia en la historia de México, ante el volumen de campañas negativas contra los candidatos, y en la cual, como nunca antes, el homosexualismo y el enriquecimiento inexplicable, florecen de manera impune, porque al ser presentados en la forma de denuncias anónimas o de investigaciones periodísticas, corren por fuera de cualquier control e impedimento legal.

En los últimos días se vieron los ataques cruzados entre los candidatos del PAN, Francisco Vega, y del PRI, Fernando Castro Trenti, quienes llegarán al próximo 7 de julio a una competencia que se anticipaba cerrada. 

 

La virulencia de las campañas negras creció en la medida en que se movían las preferencias de voto. Al arrancar su campaña a finales de abril, Castro Trenti superaba a su oponente por 20 puntos. 

 

Su candidatura tuvo el impulso inicial de lo que parecía ser una nominación de unidad y con la inercia de la popularidad del presidente Enrique Peña Nieto, quien semanas antes del anuncio había realizado una gira por el estado con Castro Trenti a su lado. 

 

Pero en un estado donde desde 1989 la votación más baja que ha tenido el PAN es 49% -un porcentaje altísimo para la media nacional-, la diferencia se achicó.

Las preferencias de voto se empataron. La última encuesta de Demotecnia, publicada en “24 HORAS”, tenía al panista con una ventaja de ocho puntos. La opinión de expertos es que la diferencia final no será tan grande, y si bien piensan que se inclinará por Vega, todo dependerá en la guerra sucia de los últimos días. Comenzó con la difusión de una grabación con imágenes sobrepuestas, donde el diputado panista local, Rubén Alanís, coordinador de la campaña del candidato a la presidencia municipal de Mexicali, era mostrado en una relación con un menor. 

 

Alanís negó que fuera su voz. No importó, como tampoco que su relación fuera, en realidad, con un adulto. La propaganda fue transmitida en televisión nacional y le costó a Vega 20 puntos negativos, según los expertos.

No tardó la respuesta. Manos anónimas colocaron en la prensa el listado de propiedades de Castro Trenti, cuyo valor, sugieren, no podría haber sido pagado de manera legítima. 

 

La secuela actual es una intensa campaña negativa de push polls, definidos como una técnica de mercadeo que utiliza mentiras y difamaciones para alterar el punto de vista del elector.

 

 La Asociación Americana para la Investigación de la Opinión Pública, los ha condenado por ser “una insidiosa forma de campaña negativa disfrazada de encuesta”, que viola los códigos éticos y de prácticas profesionales.

Los push polls, explica la Asociación, se hacen telefónicamente para persuadir a un amplio número de votantes y afectar resultados electorales, no para medir opiniones, que es lo que hacen las encuestas. 

 

En el caso de Baja California, se calculan se están haciendo entre 500 mil y un millón de llamadas telefónicas diariamente, donde se le dice a los electores, verbatim, si consideran que Vega, cuyas propiedades son resultado de su corrupción, debe gobernarlos.

Estas prácticas fueron cuestionadas en México hasta hace un año. Desde entonces, lejos de buscarse controles para impedirlos, se han extendido. Son altamente exitosas para ganar votos, y quienes las hacen, ganan dinero. 

 

El violar códigos éticos no le ha representado costos a quienes los hacen, sino más contratos. No hay leyes que los impida, ni el debate sobre estos temas los incluye como el problema central de los procesos electorales en este país. 

 

La política en Baja California, como se está viendo, cambio los paradigmas. La búsqueda de lo mejor para consolidar una democracia, choca con el interés de los partidos para ganar elecciones a costa de lo que sea, por lo que permiten estas campañas negativas ilegítimas, por mentirosas. 

 

Pero no es lo que tenemos como sociedad, sino lo que permitimos que nos hagan. En ese sentido, la culpa no la tienen quienes incurren en esas prácticas y excesos, sino quienes las permitimos y callamos. 

 

(ZOCALO/ Columna de Raymundo Riva Palacio/ 01 de julio 2013)