MÉXICO,
D.F. (Proceso).- En diversos escenarios y con un mes de diferencia, el
presidente Enrique Peña Nieto y el líder nacional del PAN, Gustavo
Madero, presentaron los principales ejes (coincidentes) de una reforma
energética que implica la apertura a la inversión privada, nacional y
extranjera, de áreas hasta hoy reservadas exclusivamente al Estado
mexicano. Esto significa simple y llanamente privatizar el sector
petrolero al transferir una actividad pública al sector privado, aunque
sea sólo parcialmente.
El 17 de junio Peña Nieto anunció en
Londres al Financial Times y al semanario Bloomberg su propuesta para
terminar con el monopolio estatal sobre la exploración y producción del
petróleo y el gas, a fin de abrir a compañías privadas –mexicanas y
extranjeras– la extracción de crudo en aguas profundas y el gas de
esquisto, entre otros campos.
Peña Nieto fue puntual: “Es obvio
que Pemex no tiene la capacidad financiera para estar presente en cada
uno de los frentes de la generación de energía…La del gas esquisto es
una de las áreas en las que existe espacio para las compañías privadas,
pero no es el único”.
Al Financial Times le precisó: “Hay
diferentes opciones sobre lo que debe ser la reforma, pero tengo
confianza… en que será transformacional”. De acuerdo con el diario, el
presidente mexicano agregó que la reforma incluirá “los cambios
constitucionales necesarios para dar certeza a los inversionistas
privados”.
El jueves 18, en la sede nacional del PAN, Madero,
acompañado de los líderes parlamentarios de su partido, presentó una
iniciativa para modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución
con el fin de que el capital privado, nacional y extranjero, participe
en la industria petrolera.
El panista fue aún más preciso que Peña
Nieto y aclaró que se pretende que la paraestatal compita con empresas
privadas y asociaciones público-privadas en la exploración, producción,
transportación, refinación y petroquímica mediante esquemas de
concesión. Incluso el flamante coordinador de los senadores
blanquiazules, Jorge Luis Preciado, manifestó que se rompería el
monopolio de Pemex y habría diferentes expendedores de gasolina.
Aunque
Peña Nieto se limitó al enunciado general, es obvio que la orientación
de las reformas es exactamente la misma: abrir o “liberalizar” –como
ellos dicen– el sector petrolero para permitir la inversión privada, lo
cual, de acuerdo a sus expectativas, por cierto coincidentes con las de
organismos de la iniciativa privada, permitiría revertir la caída de
nueve años en la producción petrolera, incrementar la inversión
extranjera en 30 mil millones anuales, aumentar el crecimiento del PIB
en aproximadamente 1.5% adicional por año y añadir unas 100 mil plazas a
la generación anual de empleo.
La apertura del sector petrolero
al capital extranjero es la estrategia principal del gobierno de Peña
Nieto para impulsar el crecimiento económico. La apuesta es que, aun con
la oposición de los legisladores de los partidos de izquierda (PRD, PT y
Movimiento Ciudadano), cuentan con el suficiente número diputados y
senadores para alcanzar las dos terceras partes de las cámaras que se
necesitan para reformar la Constitución. Lo cual es cierto si se suman
las bancadas del PAN, PRI, PVEM y Panal; sin embargo, al menos en el
Senado, la división panista puede ser un obstáculo mayor, pues a la
reunión convocada para presentar la iniciativa de Madero acudieron
únicamente 10 de los 38 legisladores blanquiazules.
Fragmento del análisis que se publica en la edición 1917 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
/ 29 de julio de 2013)
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