La
falta de capacidad y de oficio político saltan a la vista en Guerrero,
donde el gobernador Ángel Aguirre Rivero no puede controlar la crisis
social ocasionada por la presencia de grupos delincuenciales en disputa
por el corredor del Pacífico, codiciada ruta para el trasiego de
enervantes. Ante la violencia generalizada surgieron grupos de
autodefensa, algunos auspiciados por el gobierno estatal. Mientras el
Ejército respalda a unos la Marina apoya a otros. Las víctimas de este
pandemónium son los pobladores de la entidad y los turistas, inseguros
en esta tierra de nadie.
CHILPANCINGO, GRO. (Proceso).- Los grupos
de autodefensa proliferan en cinco de siete regiones de la entidad para
asumir funciones de seguridad pública al desplazar a las autoridades
gubernamentales. El aval otorgado por el gobernador Ángel Aguirre Rivero
ya ocasionó una nueva crisis en su administración.
La brutal ola
de violencia presente en la entidad y la propagación de grupos de
civiles armados ya ocasionó la renuncia del recién designado secretario
de Gobierno, Florentino Cruz Ramírez.
Por un lado el actual
secretario de Seguridad Pública estatal, Sergio Lara Montellanos
–excomandante de la Octava Zona Naval en la entidad–, dice a Proceso que
la guerrilla –“EPR y ERPI”– está detrás de los grupos de autodefensa
surgidos en la región de la Costa Chica.
No obstante, para el
almirante en retiro no existen nexos entre el narco y el grupo de
autodefensa oriundo de Tecpan, encabezado por el activista Leopoldo
Soberanis.
En respuesta, el comandante de la IX Región Militar,
Genaro Fausto Lozano Espinoza, asegura que la delincuencia organizada
subsidia al grupo de civiles armados liderados por Soberanis, surgido el
jueves 20 de junio para enfrentar a Los Caballeros Templarios.
Este grupo de autodefensa se formó después de bloquear más de 30 horas la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo.
Para
aminorar el conflicto el gobierno del estado, a través de Ernesto
Aguirre, sobrino y asesor del gobernador Ángel Aguirre y el secretario
de Seguridad Pública estatal, Sergio Lara, avaló y respaldó las acciones
de este grupo de autodefensa que instaló retenes y realiza operativos
con gente armada. Para justificar sus acciones argumenta que combate a
Los Caballeros Templarios.
No obstante, tres días después (el 23
de junio último), mediante la colocación de narcomantas, Los Caballeros
Templarios acusaron a Soberanis de trabajar para Los Granados, un
remanente del extinto Cártel de los Beltrán Leyva dirigido por Salvador
Chava Granados y exigió a las autoridades gubernamentales mantenerse al
margen de la disputa por este importante corredor de drogas en la
entidad.
De acuerdo con documentos oficiales, Chava Granados es
hermano de Rubén El Nene Granados, ahora preso, acusado por el gobierno
federal de ser operador del Cártel de los Beltrán Leyva.
También se le
acusa de encabezar una brutal disputa por el control de la Costa Grande
frente a sicarios al servicio del cacique y exalcalde priista de
Petatlán, Rogaciano Alba Álvarez, también preso y vinculado con el
Ejército y con el Cártel de Sinaloa, aliado de Los Caballeros
Templarios.
Señalamientos
El miércoles 3,
durante una reunión con comisarios municipales, Lozano Espinoza lanzó
sus acusaciones contra el grupo armado de Soberanis.
Además los exhortó a
no apoyar a las autodefensas y policías comunitarias que proliferaron
durante el gobierno de Aguirre pues, dijo el militar, se trata de grupos
ilegales y están incurriendo en acciones delincuenciales.
De acuerdo
con una nota publicada en el periódico El Sur, el comandante de la IX
Región Militar declaró:
“En el grupo de autodefensa de Tecpan de Galeana
no se ha detectado influencia de grupos guerrilleros, sino afinidad con
la delincuencia organizada”.
Al siguiente día, el jueves 4, un
grupo de pobladores del municipio de Petatlán, encabezados por el
director de Ecología del ayuntamiento administrado por el PRI, Ignacio
Salto Villa, bloquearon la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, a la
altura del poblado de Coyuquilla norte, para exigir al gobierno estatal
la salida de la Marina y el retiro de un retén instalado por el grupo de
autodefensa de Soberanis.
Según los manifestantes, la autodefensa
de Tecpan está deteniendo personas, principalmente jóvenes, en un retén
de la comunidad de El Llano y posteriormente aparecen ejecutadas.
Los
civiles armados de Tecpan, respaldados por el gobierno estatal y la
Marina, llevan una lista donde incluyen nombres de presuntos integrantes
de Los Caballeros Templarios; por eso exigen identificaciones a los
automovilistas y pasajeros de autobuses, indicaron los manifestantes
procedentes en su mayoría de la parte serrana de Petatlán, zona
emblemática del narco y donde operan grupos paramilitares a cargo de la
producción y el trasiego de enervantes.
Los manifestantes
advirtieron que desbloquearán la vía cuando el gobernador Aguirre asuma
el compromiso de retirar a la Marina y el retén del grupo de autodefensa
de Tecpan. El Ejército, afirman, debe resguardar esta franja costera de
la entidad considerada importante corredor de drogas.
Por su
parte, Soberanis dijo que durante la madrugada del 26 de junio en la
comunidad de Los Laureles, municipio de Tecpan, la Marina detuvo al
principal “lavador de activos de Los Caballeros Templarios”, Leonardo
Valle Torres, El Patrón, propietario de la empresa Mangos y Cocos de
Guerrero.
No obstante, señaló Soberanis, fue liberado al día siguiente
tras un bloqueo realizado por sus trabajadores y vecinos del poblado
donde está la empacadora sobre la carretera federal
Acapulco-Zihuatanejo.
La grave situación prevaleciente en la
región de la Costa Grande se agudizó esta semana ante la confrontación
de las bases sociales de los grupos delincuenciales que se disputan este
importante corredor de drogas del Pacífico frente a la inexistente
presencia gubernamental.
Aunado a esto, a 45 días de su
designación como secretario de Gobierno, Florentino Cruz Ramírez
renunció al cargo en medio de una creciente inseguridad y violencia
generada por la confrontación entre bandas delincuenciales y la
expansión de grupos de autodefensa ligados al narco y la guerrilla,
según el Ejército y la Marina.
Berrinche
La
dimisión del exdiputado del Movimiento Ciudadano (MC), quien
públicamente declaró su admiración por la guerrilla colombiana, ocurrió
el miércoles 3, luego de que el gobernador Aguirre designó un día antes a
su mentor y exsecretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez,
coordinador general del Ejecutivo.
Cruz Ramírez llegó al gabinete
estatal apenas el 20 de mayo en sustitución de Salgado Gómez,
defenestrado luego del conflicto magisterial que puso en jaque a la
administración aguirrista por su falta de oficio político para resolver
conflictos sociales.
La causa de la renuncia de Cruz Ramírez,
quien llegó al gabinete estatal mediante componendas de tipo político,
se debió a que estaba acotado y fue relegado en todo momento por
Aguirre.
Este hecho se evidenció cuando el mandatario estatal
viajó a Estados Unidos del 19 al 30 de junio para promover los destinos
turísticos de la entidad y dejó como encargado de despacho del Ejecutivo
a su compadre, el secretario de Finanzas, Jorge Salgado Leyva.
Mientras
que Ernesto Aguirre, sobrino y asesor principal del mandatario, se
encarga de atender los conflictos sociales, como lo hizo con el
conflicto magisterial, pues se encargó de pagar las fianzas de los
cetegistas procesados por las protestas en contra de la reforma
educativa registradas desde finales de febrero.
A su regreso,
Aguirre decidió rehabilitar a Salgado Gómez, como coordinador general
del Ejecutivo, un cargo en la administración estatal equiparado con el
de un vicegobernador, el cual ha sido ocupado por familiares del
mandatario, quien por cierto se ha caracterizado por el nepotismo en su
administración.
Mediante un comunicado oficial, el gobierno
estatal informó que Salgado Gómez se encargará de los proyectos de
infraestructura urbana emblemáticos de la administración aguirrista y
considerados el principal negocio de este gobierno. Este hecho provocó
la ira de Cruz Ramírez, quien renunció simplemente porque “siempre
estuvo limitado en sus funciones”, indicaron fuentes oficiales a
Proceso.
Al cierre de esta edición, el bloqueo carretero en la
región de la Costa Grande por habitantes de la sierra de Petatlán que se
oponen a la presencia de la Marina y al grupo de autodefensa de Tecpan
presuntamente ligado a Los Granados se había prolongado más de 30 horas.
Decenas de familias, turistas, paseantes y transportistas quedaron
varados.
Contrario a la actitud asumida por el gobierno de Aguirre
frente al bloqueo realizado anteriormente por el grupo de autodefensa
de Tecpan, ningún secretario de despacho acudió al lugar del conflicto
como lo exigen los manifestantes para destrabar el conflicto.
Este
hecho confirma la percepción de ingobernabilidad vivida en la entidad y
se suma a la incesante ola de violencia y ejecuciones que paraliza a
las autoridades locales y asfixia a la sociedad guerrerense.
/ 9 de julio de 2013)
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