MÉXICO, D.F. (Proceso).- En los últimos tres sexenios al
menos 11 generales mexicanos han sido vinculados con el crimen
organizado.
En 1996 el presidente Ernesto Zedillo
designó al general Jesús Gutiérrez Rebollo, entonces jefe de la V Región
Militar con sede en Jalisco, director del Instituto Nacional para el
Combate a las Drogas.
El 6 de febrero de 1997 se difundieron grabaciones en las que
supuestamente Gutiérrez y Amado Carrillo Fuentes –líder del Cártel de
Juárez– hablaban de los pagos que el capo le hacía al general a cambio
de no estorbar sus actividades. También aparecieron fotografías donde se
veían juntos y presuntas pruebas de que el departamento del militar
había sido propiedad del narcotraficante.
A Gutiérrez Rebollo le fueron dictadas dos sentencias: a 40 años de
prisión por delitos contra la salud en la modalidad de fomento a la
transportación de cocaína, violación a la ley federal contra la
delincuencia organizada y cohecho, y a 31 años 10 meses y 15 días de
prisión por acopio de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y
transportación de las mismas.
En febrero de 1997 fue encarcelado en la prisión federal de alta
seguridad en Almoloya de Juárez (hoy del Altiplano) y luego trasladado
al penal federal de Tepic. Ahí su salud mermó, por lo que en abril de
2011 fue remitido al Hospital Central Militar en el Distrito Federal,
donde permanece aunque un tribunal unitario falló en su favor para que
cumpliera el resto de la condena en su domicilio.
El Juzgado Segundo de Distrito, en Tepic, todavía tiene pendiente un
proceso penal en su contra por acopio y transportación de armas de uso
exclusivo del Ejército y por ejercicio indebido del servicio público.
Discípulo de Gutiérrez Rebollo e integrante de la Brigada Blanca que
asoló Guerrero en los setenta y ochenta en su lucha contra la guerrilla,
el brigadier Alfredo Navarro Lara fue vinculado con la organización de
los Arellano Félix y detenido el 17 de marzo de 1997, acusado de
cohecho, asociación delictuosa y delitos contra la salud.
En la causa auxiliar 18/97 se refiere que Navarro Lara fue denunciado
por el delegado de la PGR en Baja California, José Luis Chávez García,
después de que a nombre de los Arellano Félix le ofreció un millón de
dólares mensuales por permitir el tráfico de droga en la entidad.
El general permaneció en Almoloya hasta el 12 de octubre de 2004,
cuando lo trasladaron al Penal Federal de Puente Grande, Jalisco.
El general Jorge Maldonado Vega fue detenido en enero de 1998,
acusado de proteger las operaciones del Cártel de Juárez, y sentenciado a
26 años de prisión por narcotráfico, lavado de dinero y delincuencia
organizada.
El brigadier retirado ingresó el 24 de mayo siguiente al penal de La
Palma (hoy del Altiplano), pero en septiembre de 2002 fue absuelto por
falta de pruebas. Según las crónicas periodísticas, Maldonado Vega y
Carrillo Fuentes departieron el 23 de abril de 1989 en el restaurante
San Ángel Inn, durante el cumpleaños del militar.
En el libro El narco en México, historia e historias de una guerra,
Ricardo Ravelo relata que en 1989 el general intercedió en la Secretaría
de la Defensa Nacional por Amado Carrillo, capturado por militares y
preso en una ranchería de Huixiopa, Sinaloa. No tuvo éxito.
La Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM), dirigida por el
general Rafael Macedo de la Concha, dio a conocer en septiembre de 2000
la detención de los generales Francisco Quirós Hermosillo y Mario Acosta
Chaparro.
Con una larga trayectoria en contrainsurgencia e inteligencia
militar, ambos oficiales fueron relacionados en la indagatoria
SC/003/99/E de la PGJM como presuntos responsables de brindar protección
al Cártel de Juárez.
El 1 de noviembre de 2002 un consejo de guerra declaró culpable a
Quirós Hermosillo, quien fue degradado y condenado a 16 años de prisión.
En 2005 un juez lo absolvió del delito de operaciones con recursos de
procedencia ilícita, pero permaneció preso por fomento al tráfico de
drogas y falleció el 19 de noviembre de 2006 en el Hospital Central
Militar.
La participación de Mario Arturo Acosta Chaparro en el combate contra
la guerrilla en Guerrero durante los setenta le valió su ascenso a
mayor de infantería. A finales de los ochenta llegó a general brigadier.
En octubre de 2000, cuando ya estaba por retirarse, Acosta Chaparro
fue acusado con el general Quirós Hermosillo de proteger al Cártel de
Juárez, con base en las declaraciones del testigo protegido Gustavo
Tarín.
Le fue retirado el grado de general y el 1 de noviembre de 2002
recibió la sentencia de 16 años y medio de prisión. En 2005 un tribunal
federal ordenó que se repusiera el juicio por supuestas fallas en el
procedimiento y la poca credibilidad de los testigos.
En 2006 un juez
desestimó los cargos contenidos en 123 denuncias interpuestas contra él y
Quirós Hermosillo por la detención ilegal, tortura y desaparición de
más de 20 campesinos guerrerenses. El 29 de junio de 2007, ya en el
sexenio de Calderón, un juez anuló la sentencia del consejo de guerra.
Acosta Chaparro colaboró en el gobierno de Calderón como consultor de
seguridad. Fue objeto de un atentado el 18 de mayo de 2010, cuando
empezaba a indagar el secuestro de Diego Fernández de Cevallos, y se
reincorporó a ese trabajo a finales de ese año. El 20 de abril de 2012,
cuando esa administración preparaba su salida con un gran golpe contra
la narcomilicia, Acosta fue asesinado en el Distrito Federal.
Después de 40 años en el Ejército, el general Ricardo Martínez Perea
fue sentenciado a 15 años de prisión por delitos contra la salud,
acusado de proteger al Cártel del Golfo con base en un testimonio
anónimo que no se comprobó durante el Consejo de Guerra.
En 2001 fue recluido en la prisión del Campo Militar Número Uno; en
2009 lo trasladaron a un penal de Tepic, y en enero pasado al penal
federal de las Islas Marías.
El 30 de enero de 2012 fue detenido el general brigadier Juan Manuel
Barragán porque unos militares presos declararon a la PGJM que éste se
confabuló con el general Alfredo Navarro Lara para cometer actos
delictivos.
Pero el 6 de noviembre siguiente el Juzgado Segundo de Distrito en
materia de Amparo del Distrito Federal le concedió protección por
“vicios” de forma en la resolución del 24 de abril, en la que se le
decretó auto de formal prisión. Así quedó cancelado el proceso relativo a
la causa penal 164/2012, por sus presuntos vínculos con el cártel de
Sinaloa.
Ahora enfrenta otro proceso por abuso de autoridad y traición a las
Fuerzas Armadas, que por ser graves no alcanzan libertad bajo fianza.
El divisionario Tomás Ángeles Dauahare fue acusado en mayo de 2012,
con los generales Roberto Dawe González y Rubén Pérez Ramírez, de
proporcionar a la organización criminal de los hermanos Beltrán Leyva
información sobre las acciones del gobierno federal en su contra.
Requerida judicialmente por la defensa del general, la PGR admitió
que las declaraciones de los “testigos protegidos colaboradores”
Jennifer (el abogado Roberto López Nájera) y Mateo (el narco Sergio
Villarreal Barragán, El Grande), en las que se basó la acusación, no
fueron corroboradas.
Se debilitó también la denuncia anónima del 17 de marzo de 2010, que
supuestamente se hizo vía telefónica a la Subprocuraduría de
Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO, hoy
SEIDO), en el sentido de que generales y mayores colaboraban con los
Beltrán Leyva.
La entonces procuradora Marisela Morales tuvo que desechar
públicamente otra denuncia anónima que acusó a Ángeles de haber
facilitado el narcomenudeo cuando fue director del Colegio Militar,
entre 2000 y 2002. El pasado 17 de abril se ordenó su inmediata
liberación.
La detención el general Ricardo Escorcia, en mayo de 2012, obedeció a
que fue acusado de que en 2007, cuando comandaba la 24 Zona Militar,
con sede en Morelos, gente de los Beltrán Leyva se llevó un cargamento
de cocaína de un avión, pese a que el general fue alertado. La PGR no
pudo sustentar los cargos. El jueves 4 presentó sus “conclusiones no
acusatorias” sobre los cinco militares detenidos al final del sexenio
calderonista y Escorcia recobró su libertad.
Jefe del Estado Mayor del Cuerpo de Guardias Presidenciales entre
2008 y 2009; Roberto Dawe fue comandante de la guarnición militar de San
Luis Río Colorado, Sonora, y desde enero de 2011, jefe de la 20 Zona
Militar, en Colima
Acusado de pasar a los Beltrán Leyva información sobre los
movimientos del presidente Calderón, el general Dawe fue detenido en
2012 con Ángeles Dauahare, Escorcia y Rubén Pérez, pero fue absuelto el
jueves 4 junto con los dos últimos.
El general Rubén Pérez Ramírez fue jefe de la zona militar en Toluca
hasta su detención en 2012, e incriminó a Dawe y Escorcia. Sin embargo,
en su declaración ampliada señaló que el anterior titular de la Defensa,
Guillermo Galván, se valió de miembros del Estado Mayor Presidencial,
de la PGR y de la Unidad de Delitos contra Salud de la SIEDO para armar
un caso contra Ángeles Dauahare, y que él fue intimidado para
“cooperar”.
Aunque se le prometió que saldría bien librado, Pérez Ramírez
finalmente fue encarcelado bajo los mismos cargos. También se benefició
del desistimiento de la PGR el viernes 5.
/ 9 de julio de 2013)
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