No
XALAPA, Ver. (apro).- La Comisión Estatal de Derechos Humanos
(CEDH) investiga la actuación de elementos de la Procuraduría General
de Justicia de la entidad (PGJE) por presuntos actos de tortura en
agravio de Deyanira Hernández García, exjefa del departamento de
Autorización de Crédito de la Secretaría de Finanzas y Planeación
(Sefiplan), quien actualmente se encuentra recluida en el penal de Pacho
Viejo, acusada de un presunto fraude por un millón 800 mil pesos.
De acuerdo con el acta circunstanciada DAM-0100/2013 de la CEDH de
fecha 30 de enero, la exservidora pública fue torturada por elementos de
la PGJE para que se declarara culpable del probable quebranto.
“Tiene que declarar, de lo contrario se cae todo… Si el superior
jerárquico se molesta (sic), se la va a cargar su madre”, le dijeron los
agentes policiacos a cargo de la investigación.
Se agrega en el documento:
“Fue golpeada por elementos de esta institución, uno de los elementos
de la AVI decía al momento de golpearla: Así me gusta que chillen las
viejas; señala que le dieron toques eléctricos tanto en los pezones como
en el abdomen y partes íntimas. Al momento de la tortura se encontraba
vendada”.
A seis meses de los hechos, la familia Hernández García decidió
romper el silencio y buscar apoyo de la prensa para exponer el viacrucis
de su hija pues temen por su vida; apenas en mayo pasado, Deyanira
Hernández salió sólo dos días del penal de Pacho Viejo en Coatepec para
ser trasladada al Hospital Civil de Xalapa para aplicarle exámenes
hepáticos.
“Se veía muy mal” –expone su madre, Emma Rosa García–, a la fecha los
análisis clínicos no han sido entregados. También en mayo pasado,
Deyanira ganó un amparo ante un Tribunal Federal Colegiado, que ordena
reponer el proceso debido a las irregularidades durante la detención de
la inculpada.
“La detuvieron sin una orden de aprehensión, dentro de un inmueble
propiedad del gobierno del estado, la esposaron sin una orden de
presentación y durante 24 horas la trajeron desaparecida dando vueltas
entre las instalaciones de la AVI y la Procuraduría de Justicia”, expone
Julián Hernández, hermano de la exfuncionaria pública en el gobierno
de Javier Duarte.
Deyanira, junto con Víctor Hugo Dávila Barrientos y José Luis Noriega
Uscanga, empleados estatales, fue involucrada por el entonces titular
de la Sefiplan, Tomás Ruiz González, en un fraude de un millón 800 mil
pesos cometido en perjuicio de la dependencia a su cargo. El presunto
fraude consistió, explicó Ruiz en una rueda de prensa, en “condonar”
multas o eliminar adeudos de tenencias atrasadas a cambio de “mordidas”,
lo cual quedó asentado en la investigación ministerial 137/2012 de la
Procuraduría General de Justicia.
“Mi hija llevaba más de 10 años trabajando en el servicio público,
jamás robó, trabajó en la Comisión del Agua, en el DIF con la esposa de
Miguel Alemán, de Patricio Chirinos y ahí manejó mucho dinero y nunca
tocó un solo peso que no fuera suyo. Hoy en día, ella en la cárcel,
tiene problemas de hipoteca, pues estaba pagando un crédito de una casa a
20 años en la colonia Emiliano Zapata”, reseña Emma Rosa García.
Reunida con su esposo, Julián Hernández Valencia y con su hijo del
mismo nombre, entregaron al reportero copia del expediente que abrió la
Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en donde los primeros días
de febrero reconvino a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Agencia
Veracruzana de Investigación a dar “medidas cautelares” de protección y
seguridad a Deyanira Hernández.
En respuesta, la SSP y la AVI negaron haber utilizado la tortura como
método de coacción para obtener la culpabilidad confesa de la
exfuncionaria de Sefiplan; sin embargo, el reporte médico de Derechos
Humanos y una comisión que ingresó al penal el día 11 de diciembre del
2012 para una revisión física completa de la inculpada observa lo
siguiente:
“A nivel de glándulas mamarias se observan lesiones hipercrómicas
producidas por quemaduras de .5 cm x .5 cm. A nivel de abdomen se
observan múltiples lesiones puntiformes hipercrómicas secundarias a
quemaduras en proceso de costra, aproximadamente un número de 15
lesiones de aproximadamente 30 días de evolución”, señala el diagnóstico
del galeno enviado por la CEDH.
En el tórax y en la pierna derecha también se encontraron lesiones de
menor gravedad. La familia de Deyanira Hernández asegura que las
quemaduras fueron producidas por más de 40 “toques” (descargas
eléctricas), que tres agentes de la Agencia Veracruzana de Investigación
le pusieron para lograr su declaración.
“Me decían que tenía que inculpar a Víctor Hugo Dávila Barrientos y
que todos los movimientos que había hecho los había hecho bajo coacción y
amenazas; respondía que quería un abogado, que no tenía por qué
declarar cosas que no eran ciertas, me contestaban: ‘Pinche vieja
pendeja, no, entiende lo que tienes que decir, a ver si vamos por su
marido. Vayan y tráiganme a ese hijo de la chingada, y a ver dónde queda
su hijo, a merced de un albergue’”, expone el acta circunstanciada de
Deyanira Hernández ante Derechos Humanos, misma que la SSP, la AVI y la
PGJ de Veracruz se han negado en aceptar.
En el expediente 137/2012 de la Procuraduría General de Justicia, ni
los testigos a favor o en contra de Deyanira Hernández (abogada y con un
postgrado en Administración Pública Gubernamental) acudieron a declarar
por “amenazas” que vinieron desde adentro del gobierno de Duarte.
Víctor Hugo Dávila ya salió libre y el otro implicado continúa prófugo, reseña la familia.
“Solicito amparo y protección a mi presidente de la República,
Enrique Peña Nieto, y a mi gobernador, Javier Duarte, porque temo por mi
vida, la de mi familia y la de mi hija presa en Pacho Viejo; hemos
solicitado audiencia con el gobernador para mostrarle el expediente
donde habla de la tortura, para que tome cartas en el asunto y deje
libre a mi hija, en el momento en que quede libre mi hija, no actuaremos
en contra de nadie”, suplica Emma Rosa García.
/24 de julio de 2013)
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