MÉXICO,
D.F. (apro).- Desde los años 70 del siglo pasado, el fenómeno de las
desapariciones forzadas, bajo la sombra de las autoridades de seguridad
del Estado, comenzó a manifestarse en el marco de la lucha contra las
guerrillas con un número aproximado de mil 500 casos.
Dos décadas
después, sobre todo a partir de la declaración de la guerra contra el
narcotráfico, este fenómeno se ha incrementado gravemente al punto de
que los registros oficiales hablan de 26 mil casos, aunque el número
podría ser mayor porque una buena parte no se denuncia por temor.
A
partir de 1997 la agrupación Human Rights Watch comenzó a señalar las
desapariciones forzadas en el norte de México. En ese año, el estado con
mayor número de casos era Baja California, pronto siguieron sus pasos
Chihuahua y Tamaulipas, y luego Coahuila, Veracruz, Guerrero, Nuevo
León, Morelos y Michoacán.
En algunos de estos estados, las leyes
que establecían el tiempo para declarar a una persona como desaparecida
fueron cambiadas en un intento de alargar ese periodo y de esa manera
diluir el espinoso problema que ya tenía, con el aumento de casos y las
demandas de miles de familias por encontrar a sus seres queridos.
Algunos
de los casos de desapariciones eran de gente especializada en oficios o
profesiones que interesaban especialmente a los grupos del crimen
organizado.
Se trata de electricistas, albañiles, ingenieros civiles,
arquitectos, albañiles, campesinos, químicos, médicos y técnicos en
cibernética, a los cuales ponían a trabajar en sus campos, laboratorios y
centros de producción.
A pesar de las miles de denuncias
expuestas en organizaciones nacionales e internacionales, la oleada de
desapariciones forzadas ha continuado tomando nuevos perfiles y nuevos
rumbos.
Ya no se trata ahora de gente especializada en algún
oficio, ahora son grupos de campesinos, migrantes y muchos jóvenes que
son extorsionados u obligados a trabajar bajo sus órdenes.
Tampoco
se ha centralizado en algunos estados. Otras regiones del país ya
sufren este problema, una de ellas la ciudad de México y los municipios
colindantes del Estado de México.
La reciente desaparición de los
jóvenes de Tepito en el bar de la Zona Rosa y los otros cinco del bar
en la colonia 18 de marzo al norte de la ciudad de México, son dos casos
que se han denunciado públicamente y que muestran que este fenómeno que
va aparejado con el empoderamiento del crimen organizado no se detiene.
Es
casi seguro que hay más desapariciones forzadas en el Distrito federal y
el Valle de México que hasta el momento no han sido denunciadas o
hechas públicas. Pero es evidente que distintas bandas del crimen
organizado están operando en toda esta enorme mancha urbana que
potencialmente representa el mercado de consumo más atractivo del país
porque la mayor parte de la población es joven.
Paradójicamente,
las autoridades capitalinas y mexiquenses están más preocupadas por
aparentar que tienen controlada la situación y que el crimen organizado
no está instalado en la sede del poder federal.
Pero las
evidencias muestran lo contrario: colonias y barrios como Tepito,
Iztapalapa, Ecatepec, Cuautepec El Alto, San Felipe, Tacuba, Atizapán,
Nezahualcóyotl, Ixtapaluca, entre otras, están controladas por distintos
grupos.
Otros más se dedican a dominar el mercado de consumo en bares y
restaurantes de colonias, como Condesa, Roma, Centro, Aragón, Anáhuac,
Morelos, Doctores y Juárez, bajo la mirada complaciente o corrupta de
las autoridades.
Las desapariciones que se han registrado en la
ciudad de México no son casos aislados como las autoridades pretenden
hacer ver, son parte de un fenómeno nacional que no ha podido ser
detenido por una simple razón, por la incapacidad que los tres niveles
de gobierno han mostrado para combatir al crimen organizado y la
impunidad que reina en todas las instancias de seguridad y procuración
de justicia.
Twitter: @GilOlmos
/ 12 de junio de 2013)
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