Washington, (proceso.com.mx).– El gobierno de Estados Unidos anunció
la aplicación de sanciones contra familiares directos y presuntos socios
del narcotraficante Rafael Caro Quintero, así como 15 entidades
relacionadas con ellos por su asociación con el tráfico de drogas de la
agrupación encabezada por Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul".
“Rafael Caro Quintero ha utilizado una red familiar y a prestanombres
para, con su fortuna, invertir en unas ostentosas y legitimas compañías
y en proyectos de inversión de bienes raíces en la ciudad de
Guadalajara”, declaró Adam Szubin, director de la Oficina para el
Control de Bienes Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés) durante
una teleconferencia.
“Con la asistencia del gobierno de México, la Ofac continúa asestando
golpes a los traficantes de drogas en sus proyectos de lavado de dinero
y a todos aquellos que los apoyan en sus actividades ilícitas”, subrayó
Zsubin.
Como parte de esta decisión que se integra en la continua venganza de
la Administración Federal Antidrogas (DEA) contra Caro Quintero por el
asesinato en 1985 del agente Enrique, “Kiki”, Camarena, el Departamento
del Tesoro designó como narcotraficantes “más significativos” a seis
miembros de la familia del excapo del cártel de Guadalajara.
A la lista negra de los narcotraficantes más peligrosos del mundo que
elabora el gobierno de Estados Unidos se integran cuatro de sus hijos,
su esposa y su nuera y otras 12 personas relacionadas con ellos.
Se trata de: Héctor Rafael Caro Elenes, Roxana Elizabeth Caro Elenes,
Henoch Emilio Caro Elenes y Mario Yibran Caro Elenes los cuatro, hijos
del presunto responsable del secuestro, tortura y asesinato del agente
Enrique Camarena, ocurrido hace 28 años. Su esposa, Maria Elizabeth
Elenes Lerma y su nuera Denisse Buenrostro Villa también se agregan a la
lista negra del Departamento del Tesoro.
Los otros 12 afectados son: Humberto Vargas Correa, presunto
secretario personal de Caro Quintero y al clan de la familia Sánchez
Garza, de Guadalajara, a la que la OFAC liga directamente con “El Azul”.
Los integrantes de esta familia son: José de Jesús Sánchez Barba, sus
tres hijos Mauricio, José de Jesús y Diego Sánchez Garza, la madre de
estos, Beatriz Garza Rodríguez, sus nuera; Hilda Riebeling Cordero, y
sus primos Ernesto y Rubén Sánchez González.
En la lista el Departamento del Tesoro incluyó a su vez a Michael
Adib Madero, Diego Contreras Sánchez y a Luis Cortes Villaseñor.
Las 15 entidades ligadas a Caro Quintero designadas por la OFAC como
frentes para el lavado de dinero procedente de la venta de las drogas
son: ECA Energéticos, S.A. de C.V., El Bano de Maria S. de R.L. de C.V.,
Hacienda Las Limas S.A. de C.V., Pronto Shoes, S.A. de C.V., Grupo
Fracsa, S.A. de C.V., Dbardi, S.A. de C.V., Grupo Constructor Segundo
Milenio, S.A. de C.V., Restaurante Bar Los Andariegos y Piscilanea S.A.
de C.V.
“Estas designaciones son otra herramienta esencial que nos ayuda a
combatir a los criminales de carrera para obligarlos a que se mantengan
en las sombras, con lo cual se les dificulta más el uso de las ganancias
que han amasado con la venta de las drogas”, dijo, por su parte, Gary
Haff, jefe interino de la Sección de Operaciones Financieras de la DEA.
Es de destacarse que este tipo de designaciones a presuntos
narcotraficantes y frentes del lavado de dinero regularmente el
Departamento del Tesoro las transmite por medio de comunicados de
prensa, pero en este caso se realizó la teleconferencia debido a que se
trata de familiares, socios y entidades ligadas a Caro Quintero, quien
purga una sentencia de 40 años de cárcel en una prisión federal en
México.
“Nada podrá limpiar el dinero sucio, que se paga con la violencia y
sus víctimas, incluido al agente especial de la DEA Kiki Camarena. La
DEA está comprometida a que garantizar que se aplique la justicia y no
descansaremos hasta que sus redes criminales globales hayan sido
destruidas, sus bienes confiscados y que se les haya privado de la
libertad”, acotó Haff.
Bajo las designaciones instruidas por el Departamento del Tesoro
queda prohibido a todo ciudadano estadunidense o entidad bajo la
jurisdicción de Estados Unidos tener cualquier relación directa e
indirecta con los afectados.
La violación a este ley implica sanciones por demandas civiles de más
de un millón de dólares, sentencias de cárcel de hasta 30 años, multas
de hasta 5 millones de dólares en casos criminales para las
corporaciones y sus ejecutivos, y de hasta 10 años de cárcel cuando se
trate de una persona civil en una caso criminal.
Pese a estar purgando su sentencia de cárcel en México, en el
Distrito Central del Estado de California, a Caro Quintero se le acusa
formalmente de los delitos criminales de tráfico de drogas, secuestro y
el homicidio de Camarena.
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