El juzgado tercero de distrito con sede en Toluca, estado de México,
cerró la instrucción del proceso penal que se sigue a cinco militares,
entre ellos tres generales, por su presunto vínculo con integrantes del
cártel de los hermanos Beltrán Leyva, y la próxima semana la
Procuraduría General de la República (PGR) deberá entregar sus
conclusiones del caso.
En este asunto, que comenzó públicamente el 15 de mayo de 2012,
durante la gestión de Marisela Morales al frente de la PGR –ahora
encabrzada por Jesús Murillo Karam–, la dependencia decidió no mantener
sus acusaciones contra el general y ex subsecretario de la Defensa
Nacional, Tomás Ángeles Dauahare, y el militar recuperó su libertad, ya
que el Ministerio Público Federal nunca comprobó las declaraciones de
testigos protegidos, los cuales han sido declarados como mentirosos en
otros juicios importantes, como la operación limpieza y el michoacanazo.
Testigos protegidos mintieron
Funcionarios del Poder Judicial Federal señalaron que los militares
que aún están en prisión podrían obtener su libertad la próxima semana,
ya que el juzgado tercero de distrito notificará a la PGR el cierre de
instrucción a más tardar el próximo viernes, y la dependencia contará
con un plazo de diez días para presentar sus conclusiones.
El 15 de mayo de 2012 fue aprehendido el ex subsecretario de la
Sedena (Ángeles Dauahare) y en los siguientes días los elementos de la
Policía Militar detuvieron y posteriormente entregaron a la Seido a los
generales Roberto Dawe, Ricardo Escorcia y Rubén Pérez Ramírez, así como
al teniente coronel Silvio Isidro Hernández Soto y el mayor Iván Reyna
Muñoz.
El general Ángeles fue dejado en libertad el pasado 17 de abril, y
días después José Ordóñez, abogado del también general Dawe, solicitó el
cierre de instrucción para su cliente, pero no se pudo concretar porque
la PGR actuó de manera distinta a la que asumió con el ex subsecretario
de la Defensa, y pidió que se desahogaran pruebas y se llevaran a cabo
los careos de los militares presos con los testigos protegidos. Días
después, el Ministerio Público Federal se retractó de su petición y de
esa manera se pudo llegar al cierre de instrucción.
De acuerdo con las fuentes consultadas, los testimonios de los
testigos protegidos –entre ellos Jennifer, quien servía al cártel de Los
Zetas– no pudieron ser acreditados y la PGR no cuenta con elementos
para imputar algún delito a los acusados.
El general Roberto Dawe se desempeñó como jefe del Estado Mayor del
Cuerpo de Guardias Presidenciales entre 2008 y 2009; posteriormente fue
designado comandante de la guarnición militar de San Luis Río Colorado,
Sonora, y desde enero de 2011 fue jefe de la 20 Zona Militar con sede en
Colima.
Desde 2008 el mayor Arturo González, adscrito a Guardias
Presidenciales, denunció que el general Dawe presuntamente ordenó que se
dieran de baja vehículos militares en buen estado y que fueran vendidos
como chatarra. Su denuncia no tuvo mayor trascendencia y Dawe continuó
en su cargo.
Sin embargo, el general fue detenido en diciembre de 2009, acusado de
vínculos con integrantes del cártel de los Beltrán Leyva. Según las
investigaciones, pasaba información confidencial de los movimientos del
presidente Felipe Calderón.
El general Ricardo Escorcia Vargas se desempeñó como jefe de la 24
Zona Militar con sede en Cuernavaca, Morelos, en donde en 2007 un
cargamento de cocaína que llegó a bordo de un avión fue sustraido a
pesar de que los militares habían sido alertados. Supuestamente la droga
fue tomada por integrantes del cártel de los Beltrán Leyva.
Posteriormente, el militar en retiro fue designado jefe del Estado
Mayor de la tercera Región Militar, con sede en Mazatlán. En tanto, el
general Rubén Pérez Ramírez forma parte desde hace semanas del programa
de testigos colaboradores. El militar, quien fue jefe de la zona militar
en Toluca hasta antes de ser detenido, dijo haber sido obligado a
declarar falsamente en contra de Dawe y Escorcia.
En el caso del teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández,
tenía diez años de haber solicitado su baja del Ejército Mexicano y en
2008 se desempeñó como director de la policía ministerial de Sinaloa, y
en 2011 fue titular de la Agencia Veracruzana de Investigación. El mayor
Iván Reyna Muñoz se desempeñó como subjefe del Estado Mayor del la 24
Zona Militar con sede en Cuernavaca, en 2003.
La Jornada
(RIODOCE/ Redacción / junio 28, 2013)
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