Dio
el aviso un empleado inconforme con el mísero salario que le daban por
ocultar la montaña de dinero que presuntamente robaban del erario el
extesorero del estado José Manuel Saiz Pineda y su socio Martín Alberto
Medina.
Pero las denuncias en torno a la corrupción monumental en el
gobierno de Andrés Granier vienen al menos desde 2008, y ahora las
procuradurías estatal y General de la República cuentan con testimonios,
demandas penales anteriores e investigaciones periodísticas que
muestran, entre otras cosas, cómo Granier aprovechó la solidaridad por
las inundaciones de 2007 para socorrer sus propios bolsillos y los de
sus socios.
VILLAHERMOSA, Tab. (Proceso).- La incautación de casi
90 millones de pesos en efectivo por la Procuraduría General de Justicia
del Estado (PGJE) sólo jaló un hilo de la trama del exgobernador Andrés
Rafael Granier Melo y su exsecretario de Finanzas, José Manuel Saiz
Pineda, para saquear las arcas del estado… una ingeniería corrupta de la
que Proceso dio cuenta en diversos reportajes (ediciones 1891, 1887 y
1884).
De acuerdo con la PGJE, dos hombres son clave para armar el
expediente que podría llevar a la cárcel al exmandatario y a los
principales saqueadores. Se trata de Martín Alberto Medina Sonda y
Abraham Cupil Córdova. El primero, un empresario yucateco que es socio y
operador financiero de los negocios de Saiz Pineda; el segundo, padre
de Marlis Cupil López, secretaria del mismo exfuncionario.
El
dinero –88 millones 560 mil 134 pesos– fue hallado en una casa de dos
plantas donde está la refaccionaria Jumali, en la calle Mario Trujillo
García número 225, ejido Lomitas del municipio de Nacajuca, unos 15
kilómetros al norte de esta capital. Lo guardaban en cinco cajas de
cartón.
El inmueble es propiedad de Abraham Cupil Córdova, padre
de Marlis Cupil López, secretaria de Saiz Pineda en la firma Patrimonium
Asesores Fiscales, S.C.P. Este despacho, del que es socio Medina Sonda,
se ubica en la calle Andrés Sánchez Magallanes 1113, del centro de
Villahermosa. Al catearlo, la PGJE halló “abundantes” documentos
contables del gobierno de Granier Melo.
La refaccionaria es
propiedad de Abraham Cupil López, hermano de Marlis e hijo de don
Abraham Cupil, conocido en la comunidad como vendedor de agua de
garrafón.
La dirección de la refaccionaria Jomeli es la misma que
proporcionó Cupil Córdova para adquirir la empresa Suministros del
Carmen, S.A. de C.V., que en abril de 2008 compró 160 hectáreas a 500
mil pesos cada una e inmediatamente la revendió al Instituto de Vivienda
de Tabasco (Invitab) a 1 millón 400 mil pesos la hectárea, con lo que
ganó más de 140 millones de pesos.
El entonces diputado federal
del PRD y ahora senador Adán Augusto López Hernández denunció estos
hechos en octubre de 2008 y presentó una demanda penal ante la
Procuraduría General de la República (PGR).
Al legislador le
pareció inexplicable que Cupil Córdova, “humilde vendedor de agua”, y
José Alberto de la Rosa Santamaría, dependiente de una tienda, compraran
Suministros del Carmen y, de inmediato, invirtieran cerca de 100
millones para comprar los terrenos que revendieron al Invitab, con una
ganancia de 900 mil pesos por hectárea.
Suministros del Carmen,
fundada en 1997 en Campeche, estaba quebrada. Su capital contable era de
apenas 250 mil pesos y ya no podía pagar sus deudas.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1908 de la revista Proceso, ya en circulación.
/29 de mayo de 2013)
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