José Gil Olmos
MÉXICO,
D.F., 29 de mayo (apro).- Hace seis años Felipe Calderón se colocó una
casaca verde bastante holgada y una gorra militar para lanzar su
declaración de guerra al narcotráfico, empezando por su tierra natal,
Michoacán, donde, a la postre, es más que evidente el fracaso de esa
estrategia.
Hoy el priista Enrique Peña Nieto repite la misma
historia y, aunque no se vistió de militar, lanzó hace una semana a unos
6 mil soldados a “rescatar” la región de Tierra Caliente, donde grupos
de autodefensa ciudadana tomaron las armas rebelándose a la tiranía
impuesta por el crimen organizado, tolerada por las mismas autoridades
del estado y la Federación.
Michoacán es ahora la entidad con más
visos de ingobernabilidad en el país. De acuerdo con informes del
propio gobierno estatal, 70% de su territorio está controlado por el
grupo de Los Caballeros Templarios, y el resto por La Familia
Michoacana. Todos los municipios pagan una cuota de 10% a estas bandas
del narcotráfico, según reveló Rafael García Zamora, alcalde de
Coalcomán.
Y con un gobernador interino, Jesús Reyna, cuestionado
por la misma población por su falta de acción como secretario de
Gobierno, la entidad sufre una inestabilidad cada vez que hay
movilizaciones de maestros o estudiantes. La caída de la economía es más
que evidente, lo mismo que el turismo.
La gobernabilidad en
Michoacán está sostenida por unas pinzas tan frágiles que cualquier
ventisca provocada por la espiral de violencia que se vive en todo el
estado la hace trastabillar peligrosamente, como ocurrió hace unos días
en los municipios de Coalcomán, Buenavista Tomatlán y Tepalcatepec,
donde el hartazgo de los habitantes se tradujo en el surgimiento de
grupos de autodefensa ciudadana fuertemente armados, quienes se
enfrentaron a los sicarios sin importar el riesgo en que pusieron sus
vidas.
La ausencia de la figura del Estado con sus funciones de
seguridad, gobernabilidad y administración de recursos es evidente en
Michoacán. El gobierno interino de Jesús Reyna está completamente
rebasado por las fuerzas del crimen organizado que se han infiltrado en
los más altos niveles del gobierno, creando una especie de Estado
paralelo en el cual los grupos delincuenciales son los que ejercen las
funciones de gobierno en ciertas zonas de la entidad.
Comerciantes,
productores de aguacate, limón y ganado vacuno, dueño de aserraderos,
empresarios, transportistas, tortilleros, carniceros, comerciantes,
dueños de medios de comunicación, padres de familia, en fin, casi todos
los michoacanos han tenido que pagar cuotas a los miembros de las bandas
delincuenciales para que los dejen trabajar o vivir más o menos en paz
para realizar sus actividades.
El colmo de la situación es que, de
acuerdo con distintos testimonios de habitantes de la Tierra Caliente,
cuando no podían pagar las cuotas-impuestos establecidos por los
integrantes del crimen organizado, éstos se cobraban llevándose a sus
hijas o esposas como su fueran señores feudales o hacendados ejerciendo
el derecho de pernada. Este fue el límite que aguantaron los pobladores,
quienes empuñaron las armas y, literalmente, tomaron en sus manos la
seguridad que no le estaba otorgando ninguno de los tres niveles de
gobierno.
La situación ahora no ha variado mucho. A pesar de la
llegada de miles de soldados, de los sobrevuelos y el despliegue de
unidades terrestres por todo el camino, con la instalación de retenes
desde Apatzingán hasta Coalcomán, con los que se busca relegar a las
guardias civiles que se habían formado en estas zonas, hasta el momento
no ha sido detenido un solo miembro del crimen organizado quienes se
encuentran agazapados en sus refugios establecidos en Apatzingán y otras
poblaciones aledañas.
La presencia militar en Tierra Caliente no
habrá de durar mucho tiempo, pues se trata de apagar un fuego con
remedios transitorios que en realidad no resuelven el problema de
gobernabilidad en Michoacán, el cual tiene profundas raíces en la
corrupción, alianzas entre gobernantes y las bandas del crimen
organizado, la impunidad, pero sobre todo en el fracaso del Estado en
sus principales funciones de seguridad y administración de la justicia.
Twitter: @GilOlmos
/ 29 de mayo de 2013)
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