MADRID
(Proceso).- Con una oposición casi testimonial, la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión, en México, autorizó al expresidente Felipe
Calderón a recibir la Orden del Mérito Civil en grado de Collar que
otorga el gobierno español.
Sin embargo, en España, hasta el
viernes 24 de mayo, su Consejo de Ministros no había aprobado la
imposición de esta Orden al exmandatario.
Tada Bastida, portavoz
del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC) español,
dijo a Proceso que no podía ofrecer ninguna información sobre la
condecoración que recibirá Calderón, sino a partir de que la apruebe el
Consejo de Ministros y ello se publique en el Boletín Oficial del Estado
(BOE), “lo que no ha sucedido”.
Lo que sí es un hecho es que el
área de protocolo del MAEC le informó al expresidente que le otorgaría
la condecoración. Además, el Reino de España se comunicó con la
Secretaría de Gobernación mexicana para que se tramitara el permiso ante
el Congreso de la Unión. El aval se dio el pasado miércoles 22.
Al
margen de los formalismos, el vínculo del gobierno de Felipe Calderón
con España estuvo marcado por la apertura mexicana a los capitales
españoles. Fue una relación diplomática basada en los negocios.
Alberto
Montero Soler, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de
Málaga, ha criticado esta concepción de la diplomacia: “El gobierno de
España convierte reiteradamente la defensa de los intereses de las
trasnacionales en una cuestión de Estado”, dijo el también investigador
del Centro de Estudios Políticos y Sociales (Proceso 1649).
Marcos
Roitmann, politólogo y catedrático de la Universidad Complutense,
detallaba entonces que los bancos y empresas energéticas, como Iberdrola
o Unión Fenosa, obtienen de América Latina, particularmente de México,
“50% de sus beneficios”.
Como sea, el gobierno español menudeó los
elogios a Calderón por esta apertura comercial. Provinieron tanto del
rey Juan Carlos como de los presidentes José Luis Rodríguez Zapatero y,
ahora, Mariano Rajoy.
El monarca lo expresó en una cena de gala
que ofreció a Calderón en 2008, durante la visita de Estado que el
mexicano hizo a Madrid. Juan Carlos de Borbón le agradeció “la cálida
acogida de México a las empresas españolas” (Proceso 1906).
En
mayo de 2010, en su viaje a España para participar en la Cumbre Unión
Europea-México, Calderón recibió el premio Nueva Economía Forum, un
grupo de discusión financiado por las principales empresas españolas
(Proceso 1750).
El primer comunicado de los organizadores, emitido
en abril de ese año, señalaba que el reconocimiento a Calderón era “por
su carisma de estadista, por sus esfuerzos en pro del bienestar
económico y la cohesión de los ciudadanos mexicanos”.
El 11 de
mayo de 2010, Nueva Economía Forum difundió otro comunicado, en el que
matizaba: el premio, en su edición 2009, era concedido “a los Estados
Unidos Mexicanos en la persona de su presidente”.
El entusiasmo
mostrado por los empresarios con Calderón —José Ignacio Sánchez Galán,
presidente de Iberdrola, lo tutea— se ve reflejado en los datos
oficiales.
Al final del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en 1994
—cuando se inició la llegada de las multinacionales hispanas a México—
la inversión llegaba a 145.7 millones de dólares.
Al finalizar el
sexenio de Calderón, el volumen de la inversión hispana llegó a los 40
mil millones de dólares, era la más importante de la Unión Europea y la
segunda después de la estadunidense.
La Secretaría de Economía de México
informó que en 2012 operaban en México 3 mil 200 empresas españolas.
Denuncia mundial, silencio español
Esa
apertura durante los gobiernos panistas fue recompensada: España apoyó
plenamente la guerra contra el narcotráfico desatada por Felipe
Calderón.
El anterior presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, no
perdió oportunidad para ensalzar esa estrategia. Una de las últimas
ocasiones fue mediante un telegrama que envió a Calderón el 27 de agosto
de 2011, tras el atentado en el Casino Royale (Monterrey), que dejó 53
muertos.
“Sabe, señor Presidente, que en estos dolorosos momentos
cuenta con todo el afecto y la solidaridad del gobierno y del pueblo
español en esa importante lucha contra el narcotráfico que su país lleva
a cabo y en la que puede seguir contando con nuestra ayuda y
colaboración”.
En abril de 2012, con motivo de su primera visita a
México como presidente del gobierno español, Mariano Rajoy también hizo
un reconocimiento a esa lucha antinarco: “México hace frente a la
violencia asociada al narcotráfico. Deseo transmitir la solidaridad de
España con las víctimas del terrorismo y la violencia, así como mi
reconocimiento por la meritoria lucha que ha emprendido el señor
presidente”.
Esa postura española contrasta con los informes
internacionales. El jueves 23, un día después de que el Congreso
mexicano autorizó a Calderón a portar la condecoración, Amnistía
Internacional (AI) presentó su informe sobre Derechos Humanos 2012,
donde criticó que durante el calderonato se ignoraron “indicios
fehacientes” de “violaciones generalizadas” de esos derechos por parte
de las fuerzas policiacas, a las que involucra en “detenciones
arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones
extrajudiciales”.
No obstante, “(Felipe Calderón) se negó
sistemáticamente a reconocer la envergadura y gravedad de los abusos. La
impunidad era generalizada, por lo que el resarcimiento (a las
víctimas) fue escaso o inexistente”.
AI recuerda que la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió mil 921 denuncias contra
las Fuerzas Armadas y 802 contra la Policía Federal. Y sólo ocho
militares fueron condenados.
El 26 de abril de 2012, el informe
Armas bajo control, que elaboran AI, Greenpeace, Intermón Oxfam y la
Fundació per la Pau, de Barcelona, denunciaron en Madrid que España
había vendido a México tres aviones de transporte militar, artillería y
material de defensa, pese a que el país americano es considerado un
“destino preocupante” por “las graves violaciones a los derechos humanos
derivadas de la guerra contra el narcotráfico”.
Era la primera
ocasión que México aparecía incluido en el informe sobre “transferencias
militares preocupantes”, y colocado al mismo nivel de Arabia Saudí y
Egipto.
Este informe, que cubría el primer semestre de 2011,
denuncia que las transacciones españolas con el gobierno de México
alcanzaron 57.76 millones de euros (más de 850 millones de pesos).
El
16 de abril de 2012, 10 días antes del viaje oficial de Mariano Rajoy a
México, AI pidió al español incluir el tema de los derechos humanos en
la agenda con México.
El comunicado y la carta enviada entonces a
La Moncloa (sede de la presidencia española) decía: “El gobierno
mexicano dice que los abusos son excepcionales y que sus autores rinden
cuentas”, a pesar de que “los datos dicen lo contrario: durante 2011
sólo hubo un caso en el que personal militar fue sentenciado”.
Aun
con todas las denuncias, el gobierno español mantuvo un silencio
absoluto sobre las violaciones de derechos humanos durante el gobierno
de Calderón. Ni un reproche. Ni una declaración.
Eso sí, el
Ministerio de Exteriores —el que condecorará a Calderón—emitió diversas
alertas a sus ciudadanos para que evitaran viajar a ocho estados
mexicanos. Se trataba de “zonas de riesgo que deben ser evitadas”.
“Servicios distinguidos”
La
orden del Mérito Civil y la Orden de Isabel La Católica son las máximas
condecoraciones otorgadas por España. La primera, que recibirá
Calderón, fue instituida por el rey Alfonso XIII en 1926; fue suprimida
en 1931 por el gobierno de la II República, pero la restituyó en 1942 el
dictador Francisco Franco.
En el artículo 1 del reglamento para
el otorgamiento de la orden se menciona en qué condiciones puede
entregarse a españoles. En el artículo 2, en tanto, se explica que dicha
condecoración podrá ser concedida a extranjeros, siempre que “hayan
prestado servicios distinguidos a España o una notable colaboración en
todos aquellos asuntos que redunden en beneficio de ella”. Y el nivel
más alto de esta condecoración (de siete existentes) es el de Collar: el
que recibirá Calderón.
/ 29 de mayo de 2013)
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