OAXACA,
Oax. (apro).- El Ejército Popular Revolucionario (EPR) se deslindó del
secuestro de los hijos del empresario Juan José Álvarez Candiani, al
tiempo que aclaró que los detenidos —Mario Olivera Osorio, Lauro Atilano
Grijalva, Leonel Manzano Sosa, Damián Gallardo Martínez, Sara
Altamirano y José Ambrosio Martínez— “nada tienen que ver” con el grupo
guerrillero.
El grupo armado, que irrumpió en el escenario
nacional en junio de 1996, tuvo que salir al paso “ante la insistencia
de vincularnos con los presuntos secuestradores mediante filtraciones
malintencionadas y reproducidas en su mayoría por voceros oficiosos de
la PGR y el aparato represivo”.
A través de un comunicado, la
comandancia del Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR-EPR)
reiteró: “Negamos toda participación en tales hechos (perpetrados el 14
de enero en Oaxaca)”.
Aclararon: “No es nuestra práctica, no es
nuestra moral, nosotros reivindicamos cada acto que hacemos; no dejamos
abandonado a nadie en el camino de la lucha; a nuestros militantes los
reconocemos y los defendemos sin importar la circunstancia por difícil
que sea.
Desde el primer congreso de su partido, en el año 2000,
refirieron, “decidimos, producto de la reflexión, suspender el impuesto
revolucionario mediante la retención a los enemigos del pueblo y
acciones de expropiación, partiendo de la tesis de que la revolución la
hace el pueblo, por consecuencia, él la sostiene en todas sus facetas y
no necesitamos recurrir a esas prácticas”.
Los presuntos responsables, añadieron, no tienen nada que ver con nosotros.
Y
“bajo falsa acusación han sido encarcelados arbitrariamente; padecieron
tortura y siguen siendo torturados para arrancar confesiones con
métodos ‘científicos’, vaya, bajo tortura física y psicológica, la que
se ha extendido a amigos, familiares y compañeros de los profesores
democráticos que participan en la coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación (CNTE) y organizaciones populares”, puntualizó el grupo
insurgente.
Consideraron que bajo esa presunción se crean chivos
expiatorios y expedientes judiciales para incriminar a quienes son
ajenos a estos hechos, sobre todo para quienes desarrollamos una
actividad política, es el caso de profesores, activistas políticos y
nuestro partido que a fuerza del bombardeo de mentiras y mediante
tortura se nos quiere vincular con hechos que van en contra de nuestros
principios y práctica”.
Se quejaron que “es práctica recurrente
del Estado mexicano desvirtuar, calumniar y deslegitimar la lucha
popular y revolucionaria por estar fuera del toda corporativización y
control gubernamental”.
“El Estado y sus corifeos trata de
vincular al movimiento popular y a los revolucionarios con la
delincuencia organizada, con el objetivo de justificar la represión
desde el estado de derecho oligárquico”, remató.
En otro
comunicado, el EPR envió un mensaje al magisterio democrático agrupado
en la CNTE. Dijo que ha enarbolado los derechos laborales, sindicales de
los trabajadores de la educación y en defensa de la educación pública.
Los
militantes de la Coordinadora, por mandato del Estado, han sido objeto
de parte de la cúpula charra de acoso político, calumnias a través de
los medios masivos de comunicación e instituciones gubernamentales.
Estas
“acciones perversas” preparan el terreno para llevar a cabo la
represalia política y la represión que se concreta en la retención y
suspensión del salario, la perdida injustificada de la fuente de
trabajo, hasta llegar al encarcelamiento y asesinato político, al
deleznable crimen de la tortura y la desaparición forzada, violencia
institucional que es instrumenta mediante prácticas fascistas con fines
de desarticular el sindicalismo independiente”.
Mencionó que la
actual lucha que ha emprendido el magisterio democrático ha desatado una
campaña mediática de linchamiento político y represión.
Además,
citó los casos de las detenciones de profesores en Guerrero; la campaña
de linchamiento, la detención-desaparición temporal y encarcelamiento de
maestros y activistas en Oaxaca; el hostigamiento incriminatorio contra
manifestantes del magisterio democrático, el movimiento
estudiantil-popular en Michoacán; la campaña de tergiversación y
deslegitimización de la lucha estudiantil en el DF y la actual ofensiva
represiva en Chiapas contra el movimiento campesino-indígena.
Finalmente,
dijo que la detención de profesores y activistas políticos en el estado
de Oaxaca, presentados como presuntos secuestradores, es la
contestación autoritaria del Estado a las demandas del movimiento
magisterial-popular, “cuyo objetivo es doblegar y obligar a la sección
XXII del SNTE a ponerse de rodillas en la mesa de negociaciones”.
/ 30 de mayo de 2013)
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