Grupos armados extorsionan, secuestran y matan a empresarios y políticos; incendian bodegas, camiones.
AGENCIA REFORMA
Grupos armados extorsionan, secuestran y matan a empresarios y
políticos; incendian bodegas, camiones, astilleros, comercios y
gasolineras; bloquean carreteras y controlan el acceso a comunidades.
Cobran derecho de piso en toda la entidad.
Grupos civiles, presuntamente apoyados por cárteles rivales, se arman
para defenderse; toman alcaldías, desarman a las policías municipales,
colocan retenes, hacen rondines y se autoproclaman como la autoridad en
al menos tres pueblos: La Ruana (municipio de Buenavista Tomatlán),
Tepalcatepec y Coalcomán. "Policías comunitarios", se autonombran. Se
comunican vía Facebook, convocan con cohetes a miles de personas para
llenar una plaza en menos de 15 minutos, piden la comprensión de la
ciudadanía y el apoyo de las Fuerzas Federales. Declaran la guerra a los
Caballeros Templarios (grupo conocido anteriormente como La Familia
Michoacana); se enfrentan con ellos en comunidades y municipios de la
Tierra Caliente. Caen muertos de ambos bandos.
Mientras esto ocurre, el gobernador se ausenta por enfermedad.
El PRI maniobra para conseguir en el Congreso local una licencia de 90
días que podría ser renovada para evitar la obligación legal de convocar
a nuevas elecciones. Y coloca como gobernador interino a Jesús Reyna,
secretario general de Gobierno de la administración fallida de Fausto
Vallejo.
Los maestros de la CNTE se movilizan contra la reforma educativa y, en
su reclamo, toman las calles de Morelia y paralizan escuelas. Los
estudiantes normalistas plagian a 5 policías estatales, secuestran 64
vehículos y saquean mercancías para reclamar mil 160 plazas -y otras
prebendas- a un gobierno que se declara en quiebra financiera por
pasivos que superan los 38 mil millones de pesos.
La deuda y las irregularidades heredadas por la anterior administración
ahogan a un gobierno que, aun así, consigue la autorización de los
diputados locales para solicitar una nueva línea de crédito, por más de 9
mil millones de pesos.
Un senador del PAN exige la desaparición de poderes, y horas después el
gobierno de Enrique Peña Nieto anuncia que, tras seis meses de
administración, ha decidido al fin intervenir en Michoacán.
Nuevamente -como lo hizo el gobierno de Felipe Calderón el 11 de
diciembre de 2006- la Secretaría de Gobernación anuncia un despliegue
militar para recobrar la paz y tranquilidad en la entidad.
Pero, a diferencia de lo ocurrido en el sexenio anterior, esta vez el Presidente evita pararse en Michoacán.
De hecho, Enrique Peña Nieto no ha vuelto desde que era candidato.
Operativo inútil
El 11 de diciembre de 2006, el entonces secretario de Gobernación,
Francisco Ramírez Acuña, anunció en Los Pinos la puesta en marcha del
Operativo Conjunto Michoacán: el despliegue de más de 5 mil efectivos
del Ejército, la Marina, la Policía Federal y la PGR, que pretendía
recuperar los territorios en manos del crimen organizado.
"La batalla contra el crimen organizado apenas comienza y será una lucha que nos llevará tiempo", advirtió el panista.
Seis años después la guerra continúa, sin que se haya recuperado ningún territorio.
De acuerdo con información del gobierno federal, el Operativo Conjunto
Michoacán se llevó a cabo en cuatro fases, en las que los soldados
abatieron a 197 presuntos criminales en más de 120 enfrentamientos
urbanos y rurales. En esas incursiones, el Ejército sufrió 31 bajas, más
de un centenar de heridos y cinco desaparecidos. La PF perdió a 40
elementos y la Marina a tres (Reforma, 20 de mayo de 2013).
A la fecha, sin embargo, la Sedena sigue considerando como "focos
rojos" los municipios de Apatzingán, Uruapan, Zitácuaro, Pátzcuaro, La
Piedad, Zamora y Morelia. A los que se suman Buenavista Tomatlán,
Tepalcatepec y Coalcomán, donde recientemente aparecieron grupos de
autodefensa.
Los municipios involucrados en el Michoacanazo han sido escenario
reciente de enfrentamientos y ejecuciones, así como de la aparición de
grupos de autodefensa: Apatzingán, Nueva Italia, Arteaga, Uruapan,
Coahuayana, Aquila, Ciudad Hidalgo, Tumbiscatío, Zitácuaro, Nuevo
Urecho, Tepalcatepec y Buenavista, los dos últimos con presencia de
grupos civiles que tomaron las armas para defenderse de los Caballeros
Templarios.
A pesar de que Calderón se obsesionó con la guerra en Michoacán, todos
los indicadores señalan que hoy la situación es más grave que en 2006.
Tan sólo en el último año, que además coincide con lo que lleva de
gobierno el priista Fausto Vallejo, los delitos se incrementaron
considerablemente.
Entre enero de 2012 y abril de este año se registraron 466 denuncias
por extorsión, delito que pasó de 14 denuncias mensuales en enero de
2012 a 18 en el pasado abril.
Las denuncias por secuestro suman 193; se pasó de 8 a 18 denuncias mensuales.
Por homicidio doloso se presentaron mil 25 denuncias; pasaron de 55 a 81 cada mes.
Y las denuncias por delitos del fuero común sumaron 44 mil 519; pasaron de 2 mil 660 mensuales a 3 mil 72.
Michoacán se sitúa entre los 10 estados más violentos, según el
Ejecutómetro de Reforma. En todo el sexenio de Calderón se registraron
mil 712 ejecuciones, de las cuales 267 ocurrieron en 2012. En los seis
meses del sexenio de Enrique Peña Nieto suman ya 148 asesinatos.
La situación es calificada como alarmante por legisladores michoacanos, empresarios, obispos, e incluso autoridades.
De enero a diciembre de 2012 hubo 20 homicidios dolosos por cada 100
mil habitantes, lo que coloca a Michoacán en el número 12 de la lista de
entidades más violentas.
Un estado quebrado Los problemas de Michoacán no se limitan a la violencia y la inseguridad.
La entidad está quebrada en sus finanzas públicas. Según dijo el
gobernador Fausto Vallejo en febrero -poco antes de solicitar licencia
al cargo- los pasivos superan los 38 mil millones de pesos.
Con una autorización del Congreso estatal para contratar deuda por 9
mil 56 millones de pesos, la actual administración se encuentra
renegociando con las instituciones financieras acreedoras. Del monto
aprobado, 2 mil 675 millones de pesos se destinan a pagar a proveedores y
contratistas a los que se debía desde la administración pasada.
Después de una polémica elección, en la que PAN y PRD acusaron al PRI
de recibir apoyos del crimen organizado, Fausto Vallejo inició la
administración haciendo una denuncia contra el gobierno anterior,
encabezado por el perredista Leonel Godoy. La auditoría estatal detectó
irregularidades en el gasto de Godoy por 39 mil 299 millones de pesos,
que iban desde el pago de asesorías "fantasmas", duplicidad de pagos,
incumplimiento en pago de retenciones tributarias, pasivos no
registrados, desvío de recursos federales y faltante de bienes, hasta la
contratación irregular de deuda por un monto de 9 mil 750 millones de
pesos.
Además de sus acreedores, el gobierno estatal enfrenta la presión de
maestros y normalistas, que exigen más plazas y recursos; así como la
exigencia de ayuntamientos a los que se deben millones de pesos
provenientes de recursos federales, por concepto de obra convenida. El
pasado martes, cinco alcaldes panistas pusieron un ultimátum al 30 de
junio para que el gobierno estatal les pague más de 330 millones de
pesos que les debe por este concepto.
Michoacán enfrenta, además, problemas de empleo formal: la tasa de
desocupación pasó de 2.77 a 4.17 por ciento de la PEA, entre enero 2012 y
enero 2013, según INEGI. En mayo se sitúa en 3.8 por ciento, abajo de
la media nacional que era de 4.9 por ciento.
Crisis política e ingobernabilidad
El pasado 14 de febrero, al rendir su primer Informe de Gobierno,
Fausto Vallejo presumió la creación de 9 mil empleos en su estado, la
certificación de 8 mil policías, la detención de 7 mil 855 presuntos
delincuentes y la instrumentación de 3 mil 140 operativos de seguridad.
Anunció una reestructuración de la administración pública estatal, un
plan de austeridad que incluiría recortes en plazas y salarios. Y afirmó
que comenzaba a hacerse frente a la situación financiera heredada de la
pasada administración.
Diez días después aparecieron los grupos de autodefensa en Tepalcatepec y La Ruana.
En mayo se recrudeció la crisis de ingobernabilidad: el domingo 5, los
normalistas secuestraron a cinco policías estatales en Turícuaro que
mantuvieron 11 días como rehenes para presionar la negociación de las
plazas que le exigen al gobierno estatal. El miércoles 15, grupos de
autodefensa tomaron la alcaldía de Coalcomán e instalaron retenes de la
policía comunitaria.
Ese mismo día, en la Ciudad de México, el PAN amagó con tramitar en el
Senado una petición formal de desaparición de poderes en la entidad.
La reacción del gobierno federal vino al día siguiente, con el
nombramiento del general brigadier Alberto Reyes Vaca, como titular de
la Secretaría de Seguridad Pública estatal y, en los hechos, comandante
de las Fuerzas Federales y estatales encargadas de poner orden en el
estado.
Opiniones encontradas
"Es casi lo mismo, con algunas diferencias que habrá que ver a fondo sobre lo que estén haciendo en realidad.
Pero es prácticamente lo mismo: intervenir y tratar de controlar esas
zonas. Esto tiene que derivar en una situación en la que la presencia de
las Fuerzas Armadas sea territorial, que no sea solo en incursiones que
no erradican la delincuencia sino simplemente dan cierto control".
Según Vega, lo anunciado por la Secretaría de Gobernación es solamente una acción para atender la emergencia.
Anuncia que se desistirá de pedir la desaparición de poderes, pero
promoverá que el Senado cree una comisión especial de seguimiento a
Michoacán que vigile el nuevo operativo y el funcionamiento del gobierno
estatal que, agrega, no había hecho nada para salir de la crisis.
"Hoy en Michoacán no hay un presidente municipal que no sea rehén de
los grupos delincuenciales y, en consecuencia, se convierten en parte
de", afirma el diputado perredista Silvano Aureoles.
El también ex candidato a la gubernatura en 2011 pide a los gobiernos
federal y estatal (ambos emanados del PRI) trascender las acciones
militares anunciadas el martes pasado, y convocar a un gran acuerdo
político para el rescate de Michoacán.
Dicho acuerdo, detalla, podría generar el "arropamiento" institucional
que necesitan los alcaldes michoacanos para recuperar autoridad.
OPERATIVO MICHOACÁN
197 PRESUNTOS criminales abatidos en más de 120 enfrentamientos urbanos
y rurales. En esas incursiones, el Ejército sufrió 31 bajas.
74 ELEMENTOS de fuerzas federales entre Ejército, Marina y Policía Federal fueron abatidos durantes las acciones realizados.
06 AÑOS de la administración calderonista no bastaron para recuperar
alguno de los territorios marcados como zona del narcotráfico.
(TABASCO HOY/ Ernesto Núñez/ Redacción/ 26 de Mayo 2013)
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