Arturo González fue acusado de proporcionar al cártel de los Beltrán información sobre movimientos del ex presidente Calderón.
Rubén Mosso
México • Arturo González Rodríguez, mayor del
Ejército acusado de vender al crimen organizado información sobre el ex
presidente Felipe Calderón y las secciones de Inteligencia y Planeación
de la Sedena, está a punto de conseguir su libertad.
González pidió restar validez a las declaraciones de los testigos protegidos identificados como Felipe y Jennifer, debido a que la Procuraduría General de la República (PGR) incurrió en omisiones en sus indagatorias.
Según documentos del juzgado primero de distrito de procesos penales
federales de Nayarit, a los que MILENIO tuvo acceso, el mayor entregó
las conclusiones de inculpabilidad y explica las omisiones en que
incurrió la PGR.
La investigación contra el militar comenzó el 11 de julio de 2008,
luego de que la PGR recibiera un oficio del encargado consular de la
embajada de Estados Unidos en el país. Ahí se asentaba la declaración de
José Alberto Pérez Guerrero, quien recibió luego el nombre clave de
Felipe.
José Alberto trabajaba en la embajada, en la oficina de los US Marshals, y acusó al abogado Roberto López Nájera, El 19 o Lázaro (después Jennifer),
de ser la persona que lo invitó a colaborar para el cártel de los
Beltrán Leyva para obtener información de la sede diplomática.
A pesar de que la PGR integró la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/241/2008, contra El 19 o Lázaro,
diligencias en las que estuvo presente Marisela Morales Ibáñez como
titular de la SIEDO, se decidió no seguir la investigación contra López
Nájera y, en cambio, se le dio el nombre clave de Jennifer, ya como testigo colaborador.
“Efectivamente, dicha documental e instrumental de actuaciones acredita que cuando declaró Roberto López Nájera (Jennifer)
y se acogió al programa de colaboradores de la SIEDO, en su contra ya
existía averiguación previa y contaba con indicios presentados por José
Alberto Pérez Guerrero (Felipe) en las diligencias de julio de 2008.
“El acta circunstanciada señala los hechos aportados por José Alberto
Pérez Guerrero, de tal forma que éstos deberían ser investigados por la
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia
Organizada y sus agentes federales adscritos; esto significa que la
averiguación previa (antes mencionada) estaba dirigida a El 19 o Lázaro, sobrenombres con los que por Roberto López Nájera admite se le conocía”, indica el documento.
Estos testigos que declararon contra el mayor Arturo son los mismos
que se usaron en las investigaciones iniciadas al general Tomás Ángeles
Dauahare y Noé Ramírez Mandujano, ex titular de la Subprocuraduría de
Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
En este caso, también destacan las declaraciones de Richard Arroyo Guízar, quien recibió el nombre clave de María Fernanda.
En sus declaraciones ministeriales, Jennifer, testigo
estrella de la PGR, aseguró que el mayor siempre “alardeaba” de ser
sobrino del ex secretario de Sedena Antonio Riviello Bazán. Pero está
comprobado que Arturo González Rodríguez no guarda parentesco con el
general.
Los testigos mencionaron que González Rodríguez proporcionó
información sobre todos los movimientos del ex mandatario con el fin de
que los miembros del cártel de los Beltrán y Édgar Valdez Villareal, La Barbie,
no se encontraran con personal de seguridad del presidente. “Recibieron
por ello dos pagos de 100 mil, dos de 50 mil y uno de 20 mil dólares”,
según la denuncia.
También se le acusa de abastecerlos con “diversas armas de fuego”,
para lo cual recibió 20 mil dólares, monto que fue “entregado a uno de
sus colaboradores en un restaurante Mac Donald’s, ubicado en Plaza
Satélite”.
(MILENIO/ Rubén Mosso/ 29 Abril 2013 - 4:38am)
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