Rodrigo Vera/ Proceso
Distrito Federal— Con el respaldo del Gobierno, la Iniciativa Privada ya
incursiona en la construcción y administración de cárceles en México, pues
descubrió que el sistema penitenciario nacional, con una población de más de
238 mil reclusos, es un importantísimo “nicho de negocios” del que puede sacar
jugosas ganancias.
Pese a carecer de experiencia en un ramo tan delicado para la seguridad, ya
empiezan a invertir sumas multimillonarias en el rubro algunos empresarios como
Carlos Slim y Olegario Vázquez Raña y las familias Hank Rhon y Quintana.
El actual promotor de las cárceles privadas es el titular de la Comisión
Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb, quien alaba así las bondades de
este tipo de prisiones: “En ningún caso hay autogobierno ni manejo interno de
estupefacientes ni violaciones a los derechos humanos”.
Pero algunos analistas rechazan tajantemente este discurso idílico del
Gobierno y advierten que ahora hasta el crimen organizado podrá manejar
formalmente las prisiones mediante este lucrativo esquema privatizador que
facilita el 'lavado' de dinero.
El ex diputado perredista Alfonso Suárez del Real, quien desde hace años ha
alertado sobre los peligros de la privatización de las cárceles, comenta: “Es
muy riesgoso para la seguridad del país dejar en manos privadas la construcción
y administración de nuestras prisiones, pues se facilita el 'lavado' de dinero.
A este circuito de inversiones podrá entrar fácilmente dinero del crimen
organizado en cualquiera de sus modalidades: Los cárteles de la droga, del
tráfico de armas o incluso de la trata de personas”.
—¿Se presta entonces a la
triangulación de recursos y a valerse de prestanombres?
—Por supuesto. Pueden darse alianzas ocultas empresariales entre distintos
grupos. Lo peor es que el Gobierno se está reservando toda esa información con
el argumento de que las prisiones son instalaciones de seguridad. De ahí que
incluso las concesiones a los empresarios las otorgue por adjudicación directa
y no mediante concurso.
“Hasta el momento no sabemos qué empresas y empresarios están participando,
qué alianzas están tejiendo entre ellos, cuánto están invirtiendo y cuántas
cárceles ya están manejando en todo el país. Sólo tenemos información aislada
de algunas cárceles federales y estatales manejadas por la iniciativa privada.”
—¿Realmente es un buen
negocio el manejo de las prisiones?
—¡Claro! Es un nicho de negocios muy redituable. Y el negocio empieza desde
la misma construcción, que resulta costosa por la calidad de los materiales.
Los muros deben levantarse con materiales muy particulares que eviten cualquier
intento de fuga o ataque armado. El sofisticado equipo tecnológico de seguridad
también es caro. “Ya construida la prisión, la empresa privada se encarga del
mantenimiento y la administración integral por un lapso de unos 20 años. Provee
al recluso de alimentación, lavado de ropa, servicio médico... ¡Todo! A
excepción de la seguridad, que le corresponde al Estado.
“En las cárceles privadas estadounidenses los reclusos pagan una
determinada cuota por estos servicios. Ignoro si aquí se vaya a aplicar el
mismo esquema o si el Estado vaya a pagar a plazos este financiamiento privado.
Lo cierto es que al concluir el lapso de esos 20 años la empresa ya recuperó lo
invertido y además obtuvo grandes ganancias. Y es entonces cuando le entrega al
Estado las instalaciones.”
—¿Se aplicará el modelo
de la prisión–fábrica para hacer las cárceles todavía más rentables?
—Ese modelo ya se viene aplicando en algunas prisiones. Ahí está el caso
del empresario Kamel Nacif, cuyos talleres de maquila de ropa estaban en
algunas prisiones del estado de Puebla. La elaboración de artesanías también se
da en algunas cárceles. Pero ahora podría generalizarse una industria
carcelaria aprovechando que se tiene mano de obra cautiva y barata, que puede
explotarse fácilmente sin darle prestaciones sociales.
“Gente que sabe de negocios asegura que actualmente es más rentable
invertir en prisiones que en otras obras públicas, como la construcción de las
líneas del Metro o los segundos pisos de la Ciudad de México. Por eso los
empresarios empiezan a participar en el jugoso negocio carcelario.”
‘SERVICIO DE HOTELERÍA’
El grupo empresarial que comenzó a presionar para invertir en ese rubro fue
el de la familia Hank, sobre todo Carlos Hank González, presidente del Grupo
Financiero Interacciones, quien declaró en 2006: “Nosotros construiríamos los
ceresos y les prestaríamos el servicio de hotelería... La seguridad de los
reclusos estaría en manos del Gobierno”.
Nieto del profesor Carlos Hank González por el lado paterno, y del
empresario Roberto González Barrera, por el materno, el joven ejecutivo
señalaba que Interacciones le cobraría al Gobierno por cada uno de los
internos: “El esquema es como el de una carretera: Se cobra cada vez que pasa
un auto; aquí se cobraría por cada uno de los reos”.
Y después de unos 15 o 20 años de haberlos explotado –decía–, los penales
pasarían a manos del Gobierno. Detallaba que su esquema empresarial era el de
Proyectos de Prestación de Servicios (PPS).
Cuando fue diputado por el PRD (2006–2009), Suárez del Real alertaba sobre
los riesgos de dejar las prisiones en manos de empresarios, particularmente en
las de los descendientes del profesor Hank González.
“Aunque no me toca acusarla de algún delito, pues parto de la presunción de
inocencia, existen señalamientos que achacan a la familia Hank González
alianzas no legales y lavado de recursos. Tenemos indicios que ponen en duda su
presunción de inocencia. ¿Cómo asegurarnos de que ahora no habrá lavado de
dinero en esas prisiones, de que no entrarán recursos del narcotráfico?”, decía
Suárez del Real, quien además argumentaba la falta de experiencia de los
empresarios mexicanos para administrar penales (Proceso 1704). Al morir (2001),
el profesor Hank González dejó a sus hijos pujantes negocios, entre los que
aparte de Interacciones figuraban Grupo Hermes, Laredo National Bancshares,
Grupo Caliente y plantaciones en Costa Rica.
Su hijo menor, Jorge Hank Rhon, ex alcalde de Tijuana, se vio envuelto en
negocios poco claros, como el de casas de apuestas en algunas ciudades del
país, el del hipódromo y galgódromo de Tijuana, entre otros giros ligados a los
juegos de azar. A mediados de 2011 estuvo preso por acopio de armas.
Su otro hijo, Carlos Hank Rhon, fue denunciado formalmente a finales de los
noventa por la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) pues trasgredió las
leyes bancarias de ese país y se valió indebidamente de prestanombres para
hacerse del control del Laredo National Bank. Se le impuso una multa de 40
millones de dólares (Proceso 1294). De
nada valieron aquellas advertencias del legislador, pues finalmente Carlos Hank
González –hijo de Carlos Hank Rhon y perteneciente al Grupo Atlacomulco, que ya
llegó a Los Pinos– se está haciendo del control de algunas cárceles a través de
Interacciones.
Los Hank ya tienen bajo su mando el Centro de Reclusión Estatal de Ciudad
Valles, San Luis Potosí, al que le invirtieron mil 200 millones de pesos en
asociación con la constructora Ingenieros Civiles Asociados (ICA), de la
familia Quintana. Los Hank también financiaron dos centros de máxima y mediana
seguridad en el Distrito Federal, con 500 millones de pesos para cada uno.
Carlos Slim no quiere quedarse atrás en el negocio carcelario. Acaba de
firmar un acuerdo para participar en la construcción de dos centros
penitenciarios: uno en Morelos y otro en Chiapas. Esta participación la tenía
la desarrolladora de vivienda Homex, que decidió vendérsela a Grupo Financiero
Inbursa e Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina (IDEAL), ambas
de Carlos Slim.
En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, Homex informó que
con esta venta estima recibir recursos por alrededor de 4 mil millones de
pesos. Mientras que Gerardo de Nicolás, director general de la desarrolladora,
indicó que esos recursos “serán aprovechados para fortalecer nuestra posición
financiera y acelerar nuestras operaciones en la división de vivienda”.
El dueño del periódico Excélsior y de los hospitales Ángeles, Olegario
Vázquez Raña, también incursionó en el negocio de las prisiones por conducto de
su empresa Promotora y Desarrolladora Mexicana (Prodemex), que construye
penales en Durango y Michoacán. Prodemex también hizo importantes obras viales
en el Estado de México cuando Enrique Peña Nieto gobernaba esa entidad.
Empresas constructoras ligadas al crimen organizado también han participado
en obras realizadas en algunos penales, como sucedió con la constructora Safie,
ligada a los Beltrán Leyva, que en 2009 remodeló el penal de Cancún gracias al
apoyo que le dio el entonces secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo,
Salvador Rocha Vargas, quien luego fue arrestado por sus vínculos con el
narcotráfico (Proceso 1732).
(DIARIO DE JUAREZ/Proceso/
Rodrigo Vera/ 2013-05-11 | 21:30)
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