No sé qué es peor, si un escenario en el que todo se debió a un
ajuste de cuentas entre militares o una renuncia absoluta a la
responsabilidad del gobierno encomendada a unos civiles, a quienes todos
pagamos para que cumplan y hagan cumplir la ley.
sobre las íes
La cuestión militar acaba de ser noticia
tras la declaración del exsubprocurador de la SEIDO, José Cuitláhuac
Salinas Martínez, sobre que la exprocuradora y el exsubprocurador, nunca
supieron nada en relación al caso Ángeles Dauahare.
Con independencia de esa denuncia, cuya intención es evitar males
mayores –que sea detenido o asesinado–, se pone el foco en un problema
muy importante.
La lógica que se desencadenó en diciembre de 2006, al sacar al
Ejército a la calle en la lucha contra el crimen organizado, creaba una
serie de condiciones que, aunque siempre fueron inherentes a la Defensa
Nacional, por una cuestión de seguridad, exteriorizaban y colocaban unas
reglas del juego diferentes.
La intervención militar en las calles, no solo en su misión
constitucional de defender nuestra integridad territorial, sino para
luchar contra los cárteles del crimen, supuso un salto cualitativo que
inevitablemente debió llevar aparejada una colaboración más profunda
también en el aparato encargado de impartir justicia, o por lo menos de
preparar los expedientes para que existiera, es decir, la PGR.
A partir de aquí, lo sorprendente de esta denuncia es que, si de
verdad los funcionarios como Salinas o la propia exprocuradora se
inhibieron en el cumplimiento de su deber, eso no les exime de su
responsabilidad. Y si no es así, ¿a salto de qué viene esta declaración
extemporánea, esta denuncia y esta prevención?
Sorprende, sobre todo, la no clarificación de la exprocuradora sobre
el alcance real de la cooperación y de la delimitación de funciones y
responsabilidades.
No sé qué es peor, si un escenario en el que todo se debió a un
ajuste de cuentas entre militares o una renuncia absoluta a la
responsabilidad del gobierno encomendada a unos civiles, a quienes todos
pagamos para que cumplan y hagan cumplir la ley.
Se mire por donde se mire, es un escándalo que a nadie conviene dejar
como está. Primero a los militares, segundo a las víctimas –es decir, a
los generales que fueron detenidos y pasaron meses y meses en la
cárcel– y tercero, a todos los que hemos asistido y estamos perplejos
ante el sexenio mágico que acabó el 1 de diciembre pasado.
Viernes 10 de mayo de 2013)
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