MÉXICO,
D.F. (Proceso).- El gobierno de Javier Duarte de Ochoa, engaña y actúa
con impunidad en las investigaciones que lleva a cabo sobre el asesinato
de la reportera Regina Martínez Pérez, advierte Proceso al fijar su
postura sobre la sentencia que se dictó hoy contra Jorge Antonio Silva
Hernández, El Silva, como supuesto homicida confeso de la corresponsal
de este semanario.
En un comunicado emitido por esta casa
editorial, se ratifica la incredulidad que el cuerpo directivo y
periodistas de Proceso han mantenido y mantienen sobre dichas
investigaciones.
“No les creímos y no les creemos ahora que han
sentenciado a quien no se puede defender”, subraya el comunicado
divulgado esta noche por Proceso y que a continuación reproducimos
íntegro.
La sentencia emitida por el juzgado Tercero de Primera
Instancia del estado de Veracruz en contra del supuesto asesino de
nuestra compañera Regina Martínez Pérez avaló la impunidad y el engaño
del gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
Sin honrar la división de
poderes propia de una democracia, la juez Beatriz Rivera Hernández
siguió al pie de la letra, con todas sus inconsistencias, el expediente
armado por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) para sentenciar a
38 años de prisión a Jorge Antonio Silva Hernández, El Silva, como
supuesto asesino confeso de la corresponsal de Proceso en esa entidad.
Entre
la actuación de la juez y la PGJ no hubo ninguna diferencia. Si por su
parte la PGJ marginó de la investigación a la propia Fiscalía Especial
para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de
la Procuraduría General de la República, la juez se negó, por la suya, a
reconocer la coadyuvancia y desechó todas y cada una de las actuaciones
promovidas por Proceso para que revisara las investigaciones de la
Procuraduría.
Las inconsistencias de la investigación abundan.
Basta mencionar una sola para demostrar la mentira de la PGJ y de la
integrante del Tribunal Superior de Justicia del estado: Las huellas
encontradas en el lugar del crimen no corresponden con las del hoy
condenado, un analfabeta seropositivo que desde su primera declaración
ante la juez ha alegado haber sido torturado por agentes de la
Procuraduría para inculparse.
Pero ni la propia responsable de la
investigación del homicidio en la PGJ, Consuelo Lagunas Jiménez, ni la
juez Rivera Hernández tomaron en cuenta ese hecho revelado por las
propias pruebas periciales de la Procuraduría estatal.
Los
verdaderos culpables siguen sin conocerse y la Procuraduría no logra dar
con el otro supuesto asesino material, José Adrián Hernández Domínguez,
un narcomenudista que se encuentra prófugo a pesar de que la propia PGJ
lo detuvo tres meses después del homicidio de nuestra compañera.
No
es casual que la juez Rivera Hernández se haya apresurado a emitir
sentencia: Faltan 19 días para que se cumpla el primer año del agravio
cometido en contra de la periodista, su familia y esta casa editorial el
28 de abril de 2012.
Javier Duarte de Ochoa no puede ocultar la
descomposición en el estado que gobierna. La manera en que su
administración se ha comportado ante el caso de nuestra compañera
ratifica la incredulidad que el cuerpo directivo y periodistas de
Proceso le hizo saber. No les creímos entonces que esclarecerían el
asesinato y no les creemos ahora que han sentenciado a quien no se puede
defender.
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