Casi
mil muertos por mes es el promedio que ha dejado la delincuencia
organizada en lo que va del presente sexenio, cifra que iguala los
peores momentos del anterior. Y para combatir este fenómeno de violencia
criminal desbordada, hasta ahora desde Los Pinos sólo hay discursos,
planes vagos y la acumulación de responsabilidades en una sola instancia
gubernamental que aún no dispone de una estrategia clara. La
especialista internacional Vanda Felbab-Brown se refiere con
escepticismo a las nuevas funciones de la Secretaría de Gobernación… Se
trata sólo, afirma, de una reorganización más.
Jorge Carrasco Araizaga/ Reportaje Especial
MÉXICO, D.F.
(Proceso).- Con la violencia acotada sólo en el discurso, el gobierno de
Enrique Peña Nieto no termina de definir cómo va a enfrentar a la
delincuencia organizada. Tomó la decisión de centralizar la operación
policial en la Secretaría de Gobernación y de crear una Gendarmería
Nacional, pero está lejos de aclarar qué hará ante los cárteles de la
droga.
Más allá de su propuesta de promover el desarrollo
socioeconómico en las zonas del país más afectadas por la delincuencia,
Peña Nieto “ha sido vago en cómo planea reducir la violencia,
particularmente los homicidios, los secuestros y la extorsión”, asegura
en un ensayo la investigadora Vanda Felbab-Brown.
Integrante del
Centro para la Seguridad e Inteligencia del Siglo 21, de la Brookings
Institution –organización con sede en Washington y dedicada a la
investigación de temas de interés internacional–, el sexenio pasado
Felbab-Brown comenzó a seguir la manera en que el Estado mexicano ha
actuado frente a la delincuencia organizada.
Colaboradora del
exembajador de Estados Unidos en México Carlos Pascual cuando éste
presidió dicha organización –antes de su encargo diplomático–,
Felbab-Brown asegura que después de la fallida estrategia de Felipe
Calderón contra el narcotráfico, que generó más violencia, Peña Nieto no
tiene más prioridad que reducirla.
Pero hasta ahora no ha dicho
cómo lo va a hacer, escribió en el texto La piñata de Peña Nieto: La
promesa y obstáculos de la nueva política de seguridad de México contra
el crimen organizado, publicado en febrero pasado por la Brookings
Institution.
Osorio Chong, superpolicía
En
marzo pasado el presidente pidió un año para evaluar sus propuestas. La
medición, inevitable, será el número de muertos. Las estimaciones
periodísticas hablan de casi 4 mil muertos en lo que va de su gobierno,
casi mil al mes, cifra similar a las de su antecesor.
Apenas el
martes 2 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo
reglamento interno de la Secretaría de Gobernación (Segob) para orientar
a la dependencia hacia sus nuevas funciones policiales, luego de que
Peña Nieto promoviera la desaparición de la Secretaría de Seguridad
Pública que tuvieron los gobiernos del PAN.
Es “una reorganización
más de las dependencias a cargo de la seguridad y la procuración de
justicia en México”, dice con escepticismo Felbab-Brown, quien antes de
concentrarse en este país enfocó su investigación en temas de
contrainsurgencia, delincuencia organizada y economías ilícitas en
Birmania e Indonesia, en el sureste de Asia; Somalia, en el cuerno de
África; y la región andina de Sudamérica.
De acuerdo con la
reorganización de la Segob, vigente desde el mismo martes 2, Osorio
Chong dispondrá de un gran aparato burocrático y operativo para
“alcanzar los objetivos de disminución de la violencia, prevención y
disuasión del delito, avanzando en una política de Estado en seguridad”,
informó la dependencia en un comunicado.
Investido como jefe
máximo de la seguridad en México, Osorio Chong controlará a la Comisión
Nacional de Seguridad (CNS) –de la que depende la Policía Federal (PF)–,
una Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, el Sistema
Nacional de Seguridad Pública y el Cisen (Centro de Investigación y
Seguridad Nacional). Además dispondrá de las bases de datos policiales y
delictivos de Plataforma México y manejará los penales federales y el
servicio de protección federal.
Todo el aparato de seguridad y lo
que tenga que ver con la delincuencia estará en manos de un solo
funcionario, que además de su tradicional control de la política y
operación migratoria, manejará el Consejo de Coordinación para la
Implementación del Sistema de Justicia Penal, a cargo de la exfiscal de
delitos electorales María de los Ángeles Fromow.
El gobierno de
Peña Nieto parece favorecer una mayor centralización en el gobierno
federal, pero si la violencia se mantiene alta puede estar “muy tentado”
a dejar a los gobiernos locales lidiar, acomodarse o incluso ceder ante
los grupos de la delincuencia organizada, señala en su texto la experta
internacional especializada en conflictos internos y su manejo.
Al
anunciar la publicación de su nuevo reglamento, la Segob confirmó la
falta de definición del gobierno de Peña Nieto sobre cómo enfrentará a
la delincuencia organizada.
En el caso de las labores de
inteligencia, ni el comunicado oficial ni el propio reglamento se
refieren a la Agencia Nacional de Inteligencia, cuya existencia fue dada
a conocer por Proceso (1889) y confirmada por Osorio Chong.
El
reglamento sólo señala que la CNS deberá aprobar “el sistema que permita
la obtención, suministro, intercambio, análisis, procesamiento y
administración de la información que en materia de seguridad pública se
genere en el ámbito federal”.
La necesidad de una buena labor de
inteligencia ha sido permanente en México y los riesgos de fugas de
información que comprometen seriamente las operaciones tácticas también
han sido constantes, señala Felbab-Brown.
Peña Nieto ha optado por
el silencio en el combate a la delincuencia y ni siquiera ha anunciado
la detención o muerte de jefes del narcotráfico, como lo hacía de forma
espectacular su antecesor.
Aunque ha mencionado que su estrategia
no será la de descabezar a las organizaciones con la detención de capos,
que dio lugar a más grupos incluso más violentos, tampoco ha sido
explícito en cuanto al combate a los mandos medios de los cárteles de la
droga, que de acuerdo con la experta es “una forma potencialmente
rápida de reducir la violencia en México”.
Debilitar los
estamentos medios, especialmente si son detenidos en una sola barrida,
hace más difícil a los grupos delictivos regenerarse, pues limita su
capacidad de fuego y de relevo en el mando, asegura.
Para la
investigadora no queda claro si Peña Nieto optará por actuar contra los
grupos más violentos permitiendo la “distribución pacífica” de la droga
por parte de los grupos menos violentos, como ha ocurrido en otros
países.
Sin embargo advierte que esa estrategia deriva en una “paz
narca” insostenible en el largo plazo porque está sujeta al cambio de
grupos, como ocurre ahora en Tijuana y Ciudad Juárez, ambas plazas con
el predominio del Cártel de Sinaloa, de Joaquín El Chapo Guzmán, luego
de intensos enfrentamientos el sexenio pasado.
Sobre el número de
policías, en su reorganización la Segob fue igualmente vaga. Sólo dijo
que tendrá “la fuerza necesaria” para ver por la seguridad ciudadana. El
gobierno de Calderón dejó una fuerza de 36 mil efectivos de la PF, pero
Mondragón y Kalb, propuesto por Peña Nieto para hacerse cargo de la
CNS, no ha precisado qué pasará con esa corporación, al frente de la
cual fue designado el exsecretario de Seguridad Pública de San Luis
Potosí, Enrique Galindo Ceballos.
Miembros de la PF aseguran a
Proceso que luego de cuatro meses del cambio de gobierno no han sido
informados de nuevos planes. “Algunos mandos han sido ratificados, pero
los elementos estamos a la deriva, seguimos trabajando con las mismas
órdenes que teníamos antes”, dice un agente destacado en la Ciudad de
México pero que participó en el Operativo Chihuahua y estuvo en
Monterrey en medio de la confrontación entre Los Zetas y el Cártel del
Golfo.
División regional
Sin ratificación
aún por parte del Senado, Mondragón apenas se ha referido a su propuesta
de dividir el país en cinco regiones para combatir la delincuencia.
“Las regiones que el gobierno de México ha mencionado –noroeste,
noreste, occidente, centro y sureste– parecen haber sido más por una
conveniencia geográfica que por una política lógica contra el delito,
resultado de un comportamiento diferente de los grupos delictivos y los
diferentes tipos e intensidad de la criminalidad en esas áreas”, dice
Felbab-Brown.
No está claro si estas divisiones le harán frente a
la violencia desbordada y su desplazamiento de un área a otra y cómo esa
política será coordinada a escala nacional para contrarrestar y mitigar
esos efectos de la violencia, añade la experta.
La imprecisión de
Peña Nieto es aún mayor respecto a la Gendarmería Nacional, el cuerpo
con el que pretende reducir la presencia de militares en el combate a la
delincuencia organizada luego del despliegue masivo ordenado por
Calderón tanto al Ejército como a la Marina.
Durante su campaña
presidencial Peña Nieto anunció que ese cuerpo estaría integrado con por
lo menos 50 mil efectivos, pero ya en el poder bajó la cifra a 10 mil.
Darse cuenta de que crear una nueva fuerza de seguridad toma mucho
tiempo fue una de las razones por las que el nuevo gobierno rápidamente
redujo el tamaño de la Gendarmería, asegura Felbab-Brown, quien ha
viajado continuamente a México para entrevistarse con investigadores y
funcionarios.
En una comparecencia ante el Senado, Mondragón
aseguró a mediados de febrero que de los 10 mil efectivos que la
integrarán, 8 mil saldrán del Ejército y 2 mil de la Marina.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1901 de la revista Proceso, ya en circulación.
(Proceso/ Reportaje Especial/ 10 de abril 2013)
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