Álvaro Delgado
MÉXICO, D.F. (apro).-
En la oficina contigua a la de Roberto Campa, subsecretario de Prevención y
Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, despacha Suhayla
Bazbaz, cuyo apellido evoca al ex procurador del Estado de México y actual
titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda,
Alberto Bazbaz.
–¿Es su pariente?
–Es hermano de mi
papá, pero no lo conozco.
Suhayla Bazbaz Kuri
es fundadora y directora general de Educación Comunitaria e Innovación Social,
una organización social que tiene varios años elaborando estudios sobre los
factores de violencia y que ahora asesora a Campa en la construcción del
Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, el
compromiso número uno de Enrique Peña Nieto.
Licenciada en ciencia
política y relaciones internacionales por el CIDE, Bazbaz Kuri elabora la
metodología para seleccionar los municipios donde se aplicará el programa, a
partir de una base de datos creada por su organización y la Fundación Este
país, cuyo presidente del Consejo Directivo es Federico Reyes Heroles.
Su trabajo fue no
solamente para definir las 57 demarcaciones con los más altos niveles de
índices delictivos –48 municipios y las delegaciones capitalinas Iztapalapa y
Gustavo A. Madero–, sino los otros 43 municipios que están en una lógica
preventiva por los factores de riesgo que observan.
“(Esos 43
municipios) no son los focos rojos actuales, pero pueden convertirse. Debemos
hacer lo que no se hizo hace 15 años en México, que es la razón por la cual
estamos como estamos”, subraya Bazbaz, quien celebra que el gobierno de Peña
haya optado por una estrategia preventiva y no sólo reactiva.
“El primer acierto
es el cambio en la narrativa. Para quienes llevamos muchos años defendiendo una
perspectiva integral y preventiva nos sorprende lo que dijo el presidente en
Aguascalientes. No me parece menor que él hable de un cambio de paradigma y
ratifique lo que dijo en la segunda sesión del Consejo Nacional de Seguridad
Pública, en el sentido de que no basta con policías y militares, sino que se
necesita una perspectiva regional y preventiva”.
Oradora ella misma
en la ceremonia de Aguascalientes, donde el martes 12 se instaló la Comisión
Intersecretarial de Prevención Social de la Violencia y el Delito y se dieron a
conocer los “lineamientos” del programa nacional de prevención, Bazbaz advierte
también que hay varios retos, y el central es que no sea el gobierno el que
defina las prioridades, sino las comunidades.
“Necesitamos la
participación de la ciudadanía no sólo en la evaluación de las instituciones de
seguridad pública o en la evaluación de los programas, sino desde el diseño, y
este es un reto central, que no sea una política de arriba hacia abajo, del
gobierno federal hacia los municipios, sino de las comunidades hacia los
gobiernos, tanto federal estatal y municipal.
“Ese es uno de los
retos y los otros supongo que los irán detectando y resolviendo conforme se
trabaje el programa nacional, porque lo que se publicaron fueron las bases del
programa. Y la idea es que yo y cualquier otro ciudadano se meta a ver las
bases y ponga su insumo”.
–¿Qué se dejó de
hacer en la administración de Calderón?
–Desde mi
experiencia y desde el ámbito que sí conozco, en términos de cohesión
comunitaria, en algún momento se comenzó a hablar de tejido social, un término
que es muy difuso, y lo difuso en políticas públicas no tiene resultado.
A través de
solicitudes de acceso a la información, la organización que dirige preguntó a
20 dependencias que habían hecho declaraciones sobre la existencia de programas
para reconstruir el tejido social, qué entienden por tejido social, cómo es que
su programa lo recompone, cuáles son los objetivos de este programa, y cómo se
mide el avance y cuál ha sido el mismo.
“Tenemos alrededor
de mil páginas de blablablá sin claridad al respecto. Esa es de las cosas que
no se hicieron. No había realmente una óptica preventiva, se metieron elementos
como recuperación de espacios públicos, Escuelas Segura y Centros Nueva Vida,
que era como el triángulo más allá de policías y militares, pero en una lógica
bastante limitada, más de arriba hacia abajo que de abajo hacia arriba, más lo
que las reglas de operación permitían –y yo soy una de las que defienden la
institucionalidad de los programas–, y menos sobre las necesidades de las
comunidades”.
Pero, con el cambio
de gobierno, hay un cambio de paradigma, que implica que no nada más los
gobiernos, sino la sociedad, se comprometan a participar en políticas públicas
con énfasis en la prevención.
“Yo creo que cada
quien juega un rol en construir –como lo dije en Aguascalientes– en el presente
el México que queremos. Si nos quedamos con los brazos cruzados esperando que
el gobierno lo haga bien, el de enfrente o el vecino lo haga bien, no vamos a tener
muchos resultados como sociedad”.
Insiste:
“Necesitamos tener
un esfuerzo, sociedad y gobierno, desde una lógica preventiva, y ahí también va
a ser fundamental el rol de la ciudadanía. Si como ciudadanos exigimos sólo
policías y militares, vamos a tener sólo policías y militares. Si como opinión
pública entendemos que se necesita recuperar el territorio no sólo con policías
y militares, sino con la política social, la política económica, la política
laboral y educativa, estamos creando también los incentivos a la clase política
para que tome las decisiones correctas, no sólo para el presente sino para el
futuro”.
–¿Colaborar aun con
el riesgo de avalar un programa que eventualmente no sea exitoso?
–No creo que sea un
aval. Tuvimos una invitación a participar en algo en específico, vamos a hacer
la subsecretaría, ampliar la capacidad institucional que está en la línea con
nuestra estrategia.
“Y creo que el tema
no es si se avala o no, para mí el tema es cómo cada uno hace lo que sí puede
hacer para que el país esté mejor en el presente y en el futuro. Si yo lo que
puedo hacer es donar una base de datos que desarrollamos dos organizaciones de
la sociedad civil y contribuir a que las decisiones se tomen con base en
evidencia, lo voy a hacer, y cada organización y cada actor tiene la
posibilidad de elegir de qué forma participar.
“Poner este tipo de
bienes públicos no es un aval, es una forma de tener incidencia en la política
pública y lo que sí puedo decir es que voy a hacer lo que sí puedo hacer, a
diferencia de lo que dijo en algún momento el presidente Fox: ¿Y yo por qué? Y
la pregunta es: ¿Yo qué puedo hacer?”.
Educación
Comunitaria e Innovación Social y la fundación Este país, dice, decidieron no
solamente hacer de su base de datos un bien público, sino asesorar al Centro
Nacional de Prevención, capacitar a los titulares de los centros estatales de
prevención del delito desde una perspectiva de cohesión comunitaria.
“Hay que ser
críticos, hay que ser analíticos, hay que poner los puntos sobre las íes y marcar
hacia dónde tiene que ir la dirección, pero también comprometernos con lo que
sí podemos hacer…”
(PROCESO/ Álvaro Delgado/ 3 de abril de 2013)
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