LA GUERRA INTERMINABLE

La inseguridad que no ve, ni oye Peña Nieto

Aunque el Gobierno Federal evita el tema del narcotráfico y censura la información del crimen organizado, más de 2 mil 400 homicidios relacionados con pugnas entre los más de 80 cárteles, 31 funcionarios públicos asesinados, otros tantos amenazados y edificios de gobierno atacados con granadas, acreditan la violenta presencia de la delincuencia, que sigue secuestrando la seguridad de los mexicanos

 Enrique Mendoza

La estrategia anti-crimen del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, está condenada al fracaso, si la clave del éxito es el Mando Único y su engañoso funcionamiento en Tijuana, Baja California  y Ciudad Juárez, Chihuahua.

La pugna sangrienta  prevalece y permanece, más de 31 funcionarios públicos asesinados y 207 heridos en los primeros dos meses del gobierno peñista, son clara evidencia de que  el conflicto armado contra los narcotraficantes no ha concluido, aunque la Presidencia de la República y todos sus funcionarios hayan sacado del discurso oficial, palabras como guerra, cárteles y crimen organizado.

En febrero, la situación no ha mejorado, está el aseguramiento del campo de tiro clandestino de los cárteles, localizado en los límites de Durango y Coahuila; el enfrentamiento entre policías estatales y escoltas del procurador del Estado de Morelos, Rodrigo Dorantes Salgado, donde asesinaron a tres de sus escoltas (8 de febrero de 2013); el envío de una corona funeraria con un recado notificando que el enfrentamiento no había sido incidental, y múltiples avisos de bomba.

A ello se suma la desaparición en Tamaulipas del director de Seguridad Pública de Nuevo Laredo, después que sus dos hermanos, un piloto y Manuel Balmori, subdirector de la Procuraduría General de la República (PGR), fueron localizados asesinados y encajuelados el 17 de febrero; y las dos granadas explotadas frente al edificio del Gobierno del Estado en Ciudad Victoria. El asesinato -perpetrado por un francotirador armado con un Barrett- de Gustavo Garza Saucedo, coordinador del grupo contra robos de la Policía Ministerial en Nuevo León, y el incendio de cuatro negocios propiedad de la familia de la alcaldesa de Gómez Palacios,  Durango, Rocío Rebollo.

O el estado de sitio que cientos de policías de los tres órdenes de gobierno establecieron el 19 de febrero  en la ciudad de Chihuahua, durante una reunión de gobernadores.

Además de las decenas de secuestros y asesinatos ocurridos en el Estado de México, Nuevo León, Guerrero Tamaulipas, Durango, Coahuila, Jalisco, Sinaloa,  Chihuahua, Michoacán, San Luis Potosí y Veracruz, donde sigue el pleito por el control criminal de determinados territorios entre células delictivas y cárteles.

De hecho, las zonas donde han empezado a reducir la incidencia delictiva -como Tijuana y Ciudad Juárez- ha sido donde el trabajo de las autoridades contribuye al debilitamiento de alguno de los grupos delictivos  enfrentados. Y el empoderamiento de otro que prácticamente se queda operando solo.

Usualmente, dichas aprehensiones han incrementado contra los grupos más violentos. En el caso de Tijuana (Cártel Arellano y Teodoro García) y Ciudad Juárez (Cártel Beltrán Leyva)  bajo tres premisas: integrantes del Cártel de Sinaloa han denunciado la ubicación de sus contrarios de manera anónima; en busca de recursos, los grupos detenidos han optado por extorsionar y secuestrar a ciudadanos inocentes, atrayendo la atención de las policías locales; o en un intento de aterrorizar a la sociedad, han perpetrado sus crímenes a plena luz del día, lo que ha culminado en su captura.

Tamaulipas: La inseguridad invisible e inmencionable para Peña

“Yo quisiera hacer un llamado a través de su Semanario (ZETA): Que el Presidente Enrique Peña Nieto tiene que venir a Nuevo Laredo. Felipe Calderón nos abandonó, en seis años jamás vino a Nuevo Laredo; vino como candidato pero no como Presidente. Y yo creo que la gente de Nuevo Laredo, la gente de Tamaulipas, las familias de Tamaulipas, quieren escuchar un compromiso directo del Presidente Enrique Peña Nieto. No queremos que pasen otros seis años y no venga un Presidente a Nuevo Laredo”, expresó indignado el licenciado Raymundo Ramos, titular del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

No es para menos. La inseguridad que no ve, ni oye Enrique Peña Nieto, está a vista y oídos de todos a nivel nacional e internacional.

Entre 2010 y 2012, durante la administración federal de Felipe Calderón, luego del asesinato de Rodolfo Torre Cantú, candidato de la coalición “Todo Tamaulipas” (PRI-PVEM-PANAL), o los 72 migrantes asesinados, se esperaba que dichos crímenes significaran los puntos álgidos de la violencia en Tamaulipas. Al contrario: la perenne violencia en Tamaulipas está a la vista de todos; por ejemplo, durante la segunda semana de febrero, el crimen organizado arremetió contra la red social “Valor por Tamaulipas” (VxT), página de Facebook con más de 160 mil seguidores -hasta el cierre de esta edición- que se dedica a verter “información de prevención y seguimiento SDR (Situaciones de Riesgo) en Tamaulipas”. Los criminales repartieron volantes en Ciudad Victoria, principalmente, ofreciendo hasta 600 mil pesos a quien aporte datos sobre el dueño de la página o familiares.

La presión contra “Valor por Tamaulipas”, y en general en redes sociales como Facebook y Twitter que informan sobre la violencia, aumentó el miércoles 20 de febrero, cuando en un video subido al portal YouTube, los criminales grabaron la presunta ejecución de un colaborador de la red social tamaulipeca a través de un mensaje titulado “Advertencia a Usuarios de Facebook y Twitter”.

“Este mensaje va dirigido a toda la comunidad que se dedica a publicar información, a nombres de usuarios de Facebook y Twitter en ‘Valor por Tamaulipas’. Estas personas cuentan ahora con los medios y aparatos de localización, que con solo la dirección IP rastrean y dan la localización exacta del usuario. No soy el primero ni el último en ser localizado. Por su propia seguridad, absténganse de publicar cualquier información, de lo contrario éste será el precio que pagarán”.

Sobre la supuesta intimidación, el administrador de la red social expuso con una perfecta ortografía:

“Desconozco la persona que presentan en ese vídeo, últimamente dicen que ya localizaron a mi familia, hablan con otros usuarios de SDR para tratar de evitar de que colaboren con VxT, ahí andan unos ministeriales revisando la página si encuentran alguna relación con alguien que pudiera ser el candidato a VxT, pero ahí no encontrará nada de eso.

“Ustedes saben que al final del día siempre he sido honesto, he dicho hasta donde llega mi responsabilidad en la administración de la página y en donde entra el criterio común de todos los que participamos en esta comunidad.

“Les he dicho también que no me rindo si ustedes no se rinden, así que probablemente puede incrementarse la presión, pero de la misma forma que se intente hacer daño a los esfuerzos ciudadanos, la respuesta de la ciudadanía empezará a hacer su aparición”.

Más de mil “Me Gusta” o “likes” recibió la página en menos de 10 horas, y más de 100 comentarios como muestras de apoyo al administrador.

Pero la violencia tamaulipeca no termina ahí, ya que la inseguridad volvió a llamar la atención nacional luego de que el 19 de febrero, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que a eso de las 18:30 horas se registró la detonación de dos artefactos explosivos en las inmediaciones de Palacio de Gobierno, ocasionando heridas leves a tres personas del sexo masculino que de inmediato recibieron atención médica.

Lo cierto es que la inseguridad no solo aqueja a Tamaulipas: cuando no sucede un evento criminal en un estado, es en otro; y el suceso sangriento del día de hoy será opacado por la matanza de mañana, y así sucesivamente.

La matazón de los 17 integrantes del grupo Kombo Kolombia, sucedida el 24 de enero en Nuevo León, quedó en el olvido, y la noticia durante la tercera semana de febrero, el día 19, fue la ejecución de Gustavo Gerardo Garza Saucedo, coordinador de Robos de la Policía Ministerial de la PGJE de aquella entidad. Un francotirador lo “cazó” la madrugada de ese día, disparándole con un arma Barrett calibre .50, arma capaz de derribar helicópteros y avionetas, y hasta de horadar cualquier nivel de blindaje.

Apenas unos días antes, el 6 de febrero, Rocío Rebollo Mendoza, alcaldesa de Gómez Palacio, Durango, fue atacada a balazos en su domicilio sin que resultaran lesionados; de hecho, días antes, el lunes 4, fue ejecutado el encargado de la Presidencia Municipal, Wilfrido Flores Villa, mientras comía birria en un establecimiento de Pátzcuaro.

Además, el jueves 7 de febrero, al filo de la media noche, tres escoltas del procurador general de Justicia del Estado de Morelos, Rodrigo Dorantes Salgado, fueron asesinados en un ataque llevado a cabo por policías de la Secretaría de Seguridad Pública de aquel estado.

Alicia Vázquez Luna, titular de la SSP de esa entidad, expuso que los escoltas del fiscal dispararon primero: “Hubo una reacción, porque a toda acción corresponde una reacción”.

El gobernador Graco Ramírez sentenció: “La confusión no debió haber existido”.

Finalmente, otros de los sucesos relacionados con la criminalidad fue la irrupción de un comando armado en una fiesta el 17 de febrero en Cuernavaca, donde se encontraban alrededor de 80 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Fueron despojados de sus pertenencias de valor, afortunadamente no hubo víctimas que lamentar, aunque tres jóvenes resultaron heridos.

“Vamos empezando mal el sexenio”: Comité de DH de Nuevo Laredo

“En materia de Derechos Humanos hay muy buen discurso, excelente discurso del Presidente de la República, el secretario de la Defensa, el secretario de La Marina, pero en la realidad sí estamos mal, estamos o vamos empezando mal el sexenio”, expresa a ZETA el licenciado Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

“Estamos totalmente abandonados”, refiere con un tono de voz lerdo y tristeza evidente.

No es para menos, de acuerdo con el mapa delictivo de la Procuraduría General de la República, la plaza tamaulipeca es actualmente disputada por Los Zetas, Cártel del Golfo y Cártel de Sinaloa, cruento escenario donde los ciudadanos se encuentran efectivamente abandonados, poblados fantasmas como Ciudad Mier”.

De acuerdo a estadísticas y declaraciones recabadas por este Semanario, la guerra que mantienen estas organizaciones criminales y el Gobierno Federal en Tamaulipas, ha arrojado por lo menos 3 mil 423 homicidios relacionados con el crimen organizado entre 2007 y 2012; el dato más revelador es que, cuando en 2008 ocurrieron 110 ejecuciones, el año pasado se registraron mil 108. De hecho, la PGJE reportó mil 009 homicidios dolosos nada más en 2012.

“La gente, los mexicanos, las familias mexicanas, esperábamos un cambio en la estrategia del crimen organizado con la llegada del señor Peña Nieto, esperábamos mayor seguridad, mayor presencia tal vez, o mayor eficiencia en los operativos de las fuerzas armadas del país; de tal forma que la delincuencia organizada sintiera el cambio de gobierno y de alguna manera disminuyeran los actos delictivos, homicidios, secuestros y extorsiones”, expresa Ramos.

El defensor de los Derechos Humanos lamenta que solo funcionarios públicos gocen de la seguridad militar y policíaca:

“Ellos (funcionarios públicos) traen la mitad de la seguridad pública; la otra mitad está en los cuarteles. Entonces, ellos sí están muy bien protegidos: los alcaldes, gobernador, diputados, senadores; pero la gente, las familias, la población estamos totalmente abandonados”.

Sobre el comportamiento del comercio en Tamaulipas, donde lo que prevalece es el cierre de negocios y hasta el abandono de poblados enteros. El licenciado Raymundo Ramos es bastante contundente:

“El comercio en Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, que son las fronteras que tenemos en Tamaulipas, se ha desplomado. Solamente se reactiva en ciertas temporadas o fechas festivas; por ejemplo, en diciembre se reactivó el cruce de turistas en ambos sentidos, ahora el 14 de febrero los comercios mexicanos tuvieron un desplome terrible porque curiosamente en esa fecha hubo atentados con explosivos, granadas, y entonces la gente cruzó a Estados Unidos a los restaurantes y a buscar regalos”.

El defensor de los derechos humanos lamenta con obvia preocupación:

“Hay un desplome por la inseguridad, no hay crecimiento, no hay turismo nacional ni extranjero que quiera venir a Tamaulipas a pesar de lo que diga el gobernador Egidio Cantú; y hay una situación de devastación en la economía que difícilmente se va a terminar con los buenos deseos del Presidente Peña Nieto.

Ejemplificó sobre el “desplome” del comercio en Tamaulipas:

“El año pasado yo manejé que aproximadamente 8 mil comercios han cerrado sus puertas en los últimos tres años, esa es la cifra que se estuvo manejando aquí, nada más en Nuevo Laredo”.

Los estragos azotan a todo el estado de Tamaulipas. De acuerdo con la Secretaría de Economía, en 2007 tenía registradas 25 mil 552 empresas, y en 2012, nada más 19 mil 396; es decir, 7 mil 957 empresas menos en 2011, en comparación con 2007.

Aunque la institución federal aclara que “las cifras expresadas no representan la natalidad y mortalidad de las empresas”, la realidad es que sí es un panorama importante en aquel estado. La propia Secretaría de Economía da cuenta de que “hasta el 14 de junio, tenía registradas 17 mil 585 empresas en Tamaulipas; lo cual significa mil 831 empresas menos registradas en cinco meses y medio de 2012”.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es más contundente que la Secretaría de Economía, ya que al cierre del mes de mayo de 2012, informó a ZETA tener registrados 9 mil 465 patrones empleadores en todo Tamaulipas.

No solo el gobierno estatal, federal y administraciones municipales han dejado a su paupérrima suerte a los tamaulipecos, sino que debido a la perpetua inseguridad y transexenal, también Organizaciones No Gubernamentales que velaban por los derechos humanos, han tenido que cerrar sus oficinas:

“Cerraron una representación (de defensores de Derechos Humanos) en Ciudad Victoria, una en Matamoros y una en Reynosa; el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo es el único que subsiste en Tamaulipas, entre 2011 y 2012”, destaca el licenciado.

Así, la única organización de derechos humanos trabaja bajo amenaza:

“Estamos bajo la protección y observación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, bajo medidas cautelares precisamente por amenazas tanto de Marina como del Ejército, y esperemos que esta administración mantenga esas medidas cautelares vigentes; porque ha habido amenazas y hostigamiento, tenemos ese tipo de medidas cautelares y estamos bajo la observación no solamente de la CNDH; también de organizaciones como Amnistía Internacional y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México”.

El presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo advierte: “Han ido directamente a la oficina, personal del Ejército, tenemos unos equipos de seguridad, han ido a dañarlos, han llegado a las amenazas personales contra un servidor cuando intervenimos en atención de quejas a violación de Derechos Humanos, y en el caso de Marina, ha habido un par de atentados contra personas que nosotros estamos defendiendo por desaparición forzada. Es la recomendación 39/2012, y en esas circunstancias se han dado esos actos intimidatorios y amenazantes”.

De hecho la CNDH recomendó a la Marina en el folio 39/2012, a propósito de los defendidos por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo:

“Gire las instrucciones necesarias para que se realice una búsqueda efectiva, para lograr la localización inmediata y la presentación con vida de V1, V2, V3, V4, V5 y V6, o de ser el caso, y con el mismo carácter, se localicen sus restos mortales y se entreguen a sus familiares, debiendo enviar a esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos las pruebas sobre su cumplimiento”.

Finalmente, Ramos invitó a Peña Nieto a visitar Tamaulipas, además de expresar el siguiente pronunciamiento a través de ZETA:

“Si el Gobierno Federal quiere mantener una buena imagen, debe actuar de manera inmediata con resultados en sus investigaciones y garantizar la paz pública”.

Febrero violento

La inseguridad proliferó en todos los estados durante el segundo mes del año 2013.

El día 5 de febrero, en la denominada Zona Diamante de Acapulco, seis turistas españolas fueron violadas por un grupo de sujetos armados.

Los criminales irrumpieron durante la madrugada con el rostro cubierto al lugar  en que se encontraban hospedadas las víctimas, un bungaló dentro de las instalaciones del hotel Bambuddha, en la colonia San Andrés, donde abusaron sexualmente de las féminas.

El 6 de febrero, en el municipio de Aplaxtla de Castrejón, Guerrero, nueve policías murieron y uno más resultó herido de gravedad, tras ser sorprendidos por un comando armado.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero llevaban a cabo un operativo de rutina en la comunidad de Tepoxtepec, a bordo de dos unidades, cuando fueron emboscados por un grupo de individuos en posesión de un arsenal de gran alcance.

Asimismo, el jueves 7 por la noche, cinco trabajadores del diario El Siglo de Torreón fueron “levantados” y liberados al día siguiente, sanos y salvos.

“Lo ocurrido la noche del jueves resulta alarmante porque abre un nuevo frente en la vulnerabilidad de los medios de comunicación, pues los trabajadores secuestrados no pertenecen al área de redacción. Esto significa que cualquier trabajador de un medio ahora puede ser víctima de una agresión que busque afectar una cobertura periodística mediante la violencia”, expresó en su columna editorial El Siglo de Torreón.

La ola de violencia también alcanzó a Colima, donde el miércoles 9 de febrero fue atacado el sacerdote José Flores Preciado, de 83 años, golpeado en el interior del templo de Cristo Rey. Murió más tarde, cuando era atendido en el hospital general de aquella localidad.

Tamaulipas no deja de ser foco rojo de inseguridad: El domingo 17 de febrero, fue localizado el cadáver de Manuel Balmori Garza, hermano del desparecido jefe de la Secretaría de Seguridad Pública en Nuevo Laredo y agente del Ministerio Público federal; el cuerpo inerme estaba el interior de su automóvil, en la autopista a Laredo, en Ciénega de Flores, Nuevo León. Asimismo, fue hallado el cadáver de José Alberto Balmori Garza, hermano de ambos.

“En los últimos días se vienen manejando diversas hipótesis sobre el desconocimiento de la ubicación de Balmori Garza, por lo que esta Procuraduría instruyó al delegado en Nuevo Laredo para que gire oficios correspondientes a las instancias respectivas que permitan establecer el acopio de información que conduzca a determinar el paradero del funcionario municipal”, comunicó el gobierno estatal el martes 19 de febrero, confirmando así la desaparición del funcionario.

Del Mando Único

El 19 de febrero de 2013, en el marco de la XLIV reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO),  los titulares del Poder Ejecutivo acordaron oficialmente la implementación del Mando Único; de las condiciones y reglas decidieron discutir en la próxima reunión, pero todos se comprometieron a iniciar los tramites para la implementación.

En el marco de la reunión, Alejandro Montaño, diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional y secretario de la Comisión de Seguridad Pública  del Congreso de la Unión, declaró que el éxito de la estrategia de combate al crimen organizado de Enrique Peña Nieto estaba precisamente en la adhesión  de todos los gobernadores y alcaldes al concepto de Mando Único y en la coordinación de todas las policías. Mientras los legisladores de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos advierten que la puesta en marcha sería anticonstitucional y violatoria de la autonomía municipal, al constreñir la obligación y derecho de los ayuntamientos a prestar el servicio de seguridad.

Como parte de la promoción de este planteamiento, autoridades federales han expuesto la reducción de la incidencia delictiva en estadísticas en los casos de Tijuana y Ciudad Juárez a partir de mandos únicos,  pese a saber de propia voz de los protagonistas, que la coordinación que tanto se ha publicitado, jamás ha existido en los municipios mencionados.

Entrevistados por representantes del Gobierno Federal y gobernadores, los integrantes del Consejo Estatal de Seguridad de Baja California y de seguridad en Ciudad Juárez,  les han dejado ver el fracaso del sistema en lo corto, con frases “políticas” han dejado claro que jamás ha existido confianza plena, ni coordinación real entre las autoridades.

Sin embargo, la respuesta obtenida de los funcionarios de Peña ha sido similar en todos los casos: “Ya está hecho y ahora deben hacer que funcione”, fue la cortés advertencia de parte de Manuel Mondragón y Kalb, subsecretario de Planeación y Protección Institucional de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

La realidad es que las entidades que han aceptado  incorporarse al modelo de seguridad de Peña y el Mando Único, están recibiendo apoyos económicos millonarios para invertir en prevención del delito. En el caso de Baja California, recibirá dinero el estado, así como los municipios de Tijuana y Mexicali.

Una guerra censurada

Por otro lado, establecer el silencio, la negación y desinformación como sistema tampoco le ha abonado  al combate. “Evitar difundir el alias de presuntos delincuentes, el cártel o grupo al que pertenecen, así como las ganancias y bienes con las que cuentan”, como lo propone Eduardo Sánchez, subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, tampoco hará desaparecer de la geografía nacional la violencia generada por los 80 cárteles reconocidos por el procurador Jesús Murillo Karam en diciembre de 2012.

La  permanencia de los cárteles está evidenciada, incluso oficialmente, en los informes numéricos vertidos la subsecretaria de Normatividad de Medios de la SEGOB y del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia de la PGR, que en los primeros dos meses de gobierno reportan: 2 mil 243 homicidios relacionados con el crimen organizado, entre los cuales se contabilizan 31 servidores públicos asesinados  y la muerte de 2 mil 182 presuntos delincuentes.

El saldo oficial de mil 200 lesionados por  temas de narcotráfico incrementa el número de víctimas. Del total de heridos, 752 eran presuntos delincuentes, 207 servidores públicos y 241 personas ajenas a los enfrentamientos (daños colaterales).

La presencia delictiva también se acredita con mil 663 presuntos narcotraficantes capturados, incluidos José Ángel Carrasco Coronel “El Changel”, líder del cártel-célula  La Corona, grupo criminal creado en 2012 como escisión del Cártel de Jalisco, detenido el 20 de enero; y  Jonathan Salas Avilés “El Fantasma” sicario del Cártel de Sinaloa, el 10 de febrero de 2013 en Culiacán.

El procurador Murillo Karam declaró en diciembre que están trabajando en la definición de zonas geográficas e identificación de grupos delictivos que los operan criminalmente, anunció que dividirán el país en cinco regiones y que no cometerán el error del calderonismo de decapitar los grupos para que la poda resulte en múltiples células.

Desde el 17 de diciembre de 2012, Enrique Peña Nieto dio a conocer su Política Estado por la Seguridad y la Justicia de los Mexicanos, plan o estrategia  que definió en cinco ejes: Planeación, prevención, respeto a los derechos humanos, coordinación y evaluación.

Sin embargo, tras 84 días de gobierno, ni Peña ni sus funcionarios han definido claramente ante los mexicanos su modelo de lucha contra el crimen organizado, porque es un concepto que siguen evadiendo.

(SEMANARIO ZETA/ Enrique Mendoza/ 25 DE FEBRERO 2013)