Política de vivienda de Peña Nieto: más de lo mismo
Francisco Navarro Fausto
La propuesta del
Gobierno Federal buscará la remodelación de 97 mil viviendas rurales mientras
se crearán 500 mil unidades a nivel nacional. Apostarán por la edificación
vertical y las unidades de 40 metros cuadrados. Se necesita 9 millones de
unidades para combatir el rezago en el país
La recientemente
anunciada propuesta de vivienda del Presidente Enrique Peña Nieto es más de lo
mismo. El gobierno federal seguirá apoyando la creación de unidades económicas
distribuidas en un asfixiante espacio menor a los 40 metros cuadrados, mismas
que provocan hacinamiento entre las familias mexicanas.
El programa de
vivienda 2013 en nada se diferencia de lo que hicieron Felipe Calderón Hinojosa
y Vicente Fox Quezada, quienes impulsaron la edificación de casas para personas
que ganan entre 1 y 3 salarios mínimos, sin planeación, carentes de servicios
públicos, alejadas de la mancha urbana. En Baja California, gran parte de estos
complejos habitacionales hoy están abandonados, convertidos en basureros o
guaridas de malvivientes.
Sin embargo, según
el gobierno federal existe un déficit de 9 millones de casas en el país, por lo
que el programa buscará reducir el rezago de vivienda construyendo 500 mil
unidades, lo que bien podría abonarle al tema de las casas en abandono, de
acuerdo con el economista José Luis Contreras Valenzuela.
A nivel nacional el
INFONAVIT tiene detectadas 93 mil viviendas deshabitadas, de ese total, 18 mil
están ubicadas en Baja California. El estudio de Situación Inmobiliaria México.
Enero 2013 de BBVA menciona que la vivienda céntrica de bajo costo es difícil
de encontrar, falta de trabajo y espacios sin infraestructura son las causas
por las cuales los derechohabientes no invierten sus créditos en estos
precarios fraccionamientos.
Mientras tanto, el
Presidente Estatal de la Cámara Nacional de Vivienda (CANADEVI), Roberto de
Anda González, expresó que el sector ve con buenos ojos el plan que esperan sea
aprobado para que luego se den a conocer las reglas de operación del mismo.
El organismo informó
que los proyectos de construcción de los agremiados que están en marcha hasta
el momento, continuarán su curso. Cabe destacar que según el registro del
organismo, entre 2006 y 2011, en el estado se edificaron 212 mil 707 casas; 90
por ciento de ellas fueron de interés social.
Nada nuevo
En tanto el Colegio
de Ingenieros Civiles de Tijuana dijo que en el plan no existen variaciones
significativas respecto a las propuestas de los dos últimos sexenios. De
entrada solo cambiaron el nombre de la Secretaría de la Reforma Agraria por la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), de la cual es
titular Jorge Carlos Ramírez Marín. Además se propone la edificación de
vivienda vertical algo que se viene haciendo en Tijuana desde hace ya tiempo.
El Presidente del
organismo, Roberto Méndez Meza, externó que en el estado se sigue teniendo una
vivienda de tamaño pequeño y con calidad cuestionable. “Quisiera que esas
personas que desarrollan iniciativas, se pusieran en el lugar del que va a
ocupar la vivienda. Este fin de semana hice un recorrido en algunos
fraccionamientos donde hay vivienda vacía y son fraccionamientos construidos
desde hace 35 años. Algunos todavía no terminan de pagar sus viviendas. Hay un
hacinamiento, que no tienes idea.
“Estamos de acuerdo
que se adecúen las leyes pero somos incongruentes porque no se llevan a cabo.
En este programa se promueve que el sector informal adquiera vivienda. No los
llevan a la formalidad y luego les da un espacio para vivir lo que genera un
problema mayor. Si están en la informalidad dónde lo vas a poder localizar. Es
ahí donde está la incongruencia. Dónde están las políticas adecuadas para hacer
esto. Estamos haciendo una bola de nieve que va creciendo. Definitivamente nada
más le cambiamos de nombre a las dependencias y se sigue haciendo lo mismo”.
Por su parte el
Presidente del Colegio de Arquitectos de Tijuana, José Luis Araiza Velazco,
abundó: “El programa del gobierno federal se ve muy social, muy bueno viendo el
aspecto de la vivienda. Aunque en todo México las desarrolladoras han ido
ahorcando al comprador con el pretexto de la cuestión financiera y económica.
No han sabido desarrollar casas de buen tamaño y de buen precio, argumentando
que la tierra es cara”.
El arquitecto
subrayó que según estimaciones del colegio, de la vivienda sola en la región;
el 50 por ciento no la puede pagar la persona mientras el resto no puede vivir
en ella, debido a la falta de infraestructura necesaria.
Por su parte el
economista José Luis Contreras apuntó que el proyecto peñanietista habla de un
desarrollo de vivienda sustentable e inteligente, aunque “lo de inteligente lo
dudo y lo de sustentable también, debido a la voracidad de los desarrolladores,
quienes buscan optimizar recursos cuando llegan a los lugares alejados. Algo
que llama la atención es que no se harán viviendas de interés social con menos
de dos recámaras y el crecimiento en superficie va a ser mayor, aunque no
especifica bien cómo se habrá de hacer.
“Hasta ahí son
buenos estos esfuerzos, pero siguen siendo insuficientes para el rezago de
vivienda en el país. Si bien a nivel nacional la oferta de vivienda ha crecido
en más del 15 por ciento, se requieren 9 millones de viviendas más, lo que
significa que hay 35 millones de personas sin hogar. Lo que es grave. En el
discurso se oye bien pero la realidad es otra”, finalizó.
Mientras tanto,
desde el punto de vista del ex presidente el Colegio de Economistas, Rubén Roa,
la propuesta paulatinamente reorientará la generación de vivienda nueva hacía
los centros de población en zonas intraurbanas. Pero, al mismo tiempo, las
empresas también tendrán que cambiar los productos que están ofreciendo, pues
“es imposible estar sosteniendo estas tasas de crecimiento de construcción en
las periferias sin una demanda adecuada y con la infraestructura suficiente o
conforme a lo que está pidiendo el mercado”.
Lo que quiere Peña Nieto
Asimismo, a través
de su Política de Vivienda, el gobierno federal busca proveer a la población
rural casas que cuenten con acceso vial, electricidad, agua y que tengan pisos.
Para ello remodelarán más de 90 mil viviendas rurales.
La instancia
reguladora de la política de vivienda nacional será la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano, que además presidirá una Comisión
Intersecretarial en la Materia. Organismos como la Comisión Reguladora de la
Tenencia de la Tierra, Corett, la Comisión Nacional de Vivienda, Conavi; y el
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, FONAHAPO, serán coordinados
por la Secretaría, ente que suscribirá convenio con el INFONAVIT para generar
el apoyo necesario para el financiamiento de créditos a los trabajadores.
El documento
establece que los créditos y subsidios del gobierno de la república serán reorientados
al apoyo del crecimiento urbano ordenado. Otro punto establece que buscará
reducir el rezago de vivienda. Impulsando más de un millón de acciones,
construcción, lotificación, ampliación y mejora de hogares (en campo como en
las ciudades). De dicho millón de acciones, la mitad serán destinadas a casa
nuevas.
Otra acción
considerada es procurar la generación de vivienda digna para los mexicanos
(cosa que se antoja imposible con espacios de menores a 40 metros cuadrados
para familias de 4 ciudadanos), a través de 320 mil acciones de mejoramiento.
El Gobierno Federal
estima que en el período 2013-2017, el Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), estaría otorgando 2.37 millones de
créditos, lo que representa una inversión aproximada a los mil millones de
pesos. 71 por ciento provendrá del instituto y 29 por ciento del sector
financiero vía programas de cofinanciamiento.
Esperan reglamentación
En torno al plan del
gobierno federal, el Presidente Estatal de CANADEVI, Roberto de Anda González,
externó: “La SEDATU, nueva secretaría, absorbe lo que tiene que ver con el
desarrollo territorial y el desarrollo de vivienda, para hacer puntos
interurbanos y usar el suelo urbano y que no siga el crecimiento de las
ciudades de manera desordenada. Y estará enfocado a la verticalización, van a
hacer que se cambie la dirección en un periodo de dos años. Lo vemos bien.
“En su momento
tendrán que venir las reglas de operación apoyadas en algún tipo de incentivo,
sobre todo para el costo de la tierra del suelo urbano. Hay una buena noticia
que vemos nosotros, y es que va encaminada a la informalidad. El gobierno
federal ve que la economía formal ya está cumpliendo su objetivo con la
economía formal y se va con la economía informal”.
—Comparando con
Vicente Fox y Felipe Calderón ¿qué diferencia hay en la propuesta de Peña
Nieto?, preguntó ZETA.
“Los tres son
momentos macro financieros diferentes. Fox hizo muy buen trabajo en el tema la
construcción; Calderón, le toca la crisis del 2008 y a Peña Nieto le toca el
momento de la recuperación. Vamos a empezar a ver el crecimiento. En Baja
California esperamos un crecimiento del 18 por ciento con relación al año
pasado. El presidente anunció que el sector tendrá que hacer ajustes estructurales,
y mencionó que habrá un periodo de transición de 24 meses para ello,
tenemos que ver las reglas para ver si
habrá cambios o no por parte de las empresas constructoras”.
PRD busca prestaciones para informalidad
El Partido de la
Revolución Democrática tiene la intención de que el sector informal (13.5
millones de mexicanos) adquieran un espacio habitacional. El 9 de enero de 2013
el grupo parlamentario del PRD presentó a la comisión permanente la iniciativa
de Decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las
Leyes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores,
Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores al Servicio del Estado, que buscan que los beneficios de dichos
organismos se extiendan a los millones de mexicanos que están en la
informalidad.
El Artículo 13 del
documento establece que los trabajadores irregulares podrían entrar al
INFONAVIT a través de un pago de la aportación del 5 por ciento, pero cuando
preste sus servicios a un patrón será éste quien lo cubra.
Podrán ser sujetos
de aseguramiento al régimen obligatorio: Los trabajadores domésticos y los
trabajadores informales que presten sus servicios de manera independiente.
El trabajador
informal tendrá derecho a solicitar su afiliación, “debiendo el Instituto
aceptar como cierta la palabra del trabajador sobre su calidad de informal;
pudiendo hacer las inspecciones necesarias para verificar su calidad. Por tanto
no se podrá exigir a estos trabajadores el registro fiscal u otros requisitos
adicionales para su inscripción”.
Respecto al tema, el
Presidente de la Comisión de Seguridad Social, Javier Salinas Narváez cree que
la seguridad social universal debe ser posible en México, por lo que es
necesario reformar la Constitución. “Hemos presentado en el pleno esta
propuesta y está en análisis. Creemos que es importante si se da la seguridad
social y el acceso a INFONAVIT. Puede haber aportaciones voluntarias para que
el sector informal cotice.
“El tema del sector
informal es relativo. Es importante que los trabajadores pasen a la formalidad
y para eso hay que incentivarlos, incluso el seguro de desempleo que estamos
dictaminando serviría para atraerlos. En realidad son pequeños contribuyentes,
no es tan alto lo que podrían contribuir, la propuesta sirve para
regularizarlos y que ellos aporten a la seguridad social. No obstante que la
propuesta que traemos es que la seguridad social debe ser universal para los
mexicanos. Hay que apoyarlo”, acotó.
De acuerdo a la
Encuesta de Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de octubre a noviembre de
2012, más de medio millón de personas (647 mil 840) en Baja California
estuvieron ocupadas en la informalidad. La cifra que representa una Tasa de
Informalidad Laboral de 45.8 por ciento respecto al total de la población
ocupada, mientras que el número de desocupados se coloca en 87 mil 584 personas
(5.8 de la Población Económicamente Activa).
(SEMANARIO ZETA/
Francisco Navarro Fausto/ febrero 25, 2013)
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