Gobierno de Bustamante tendrá que pagar 14.5 millones
de pesos en indemnizaciones
María Isabel Mercado Juárez
Demandas laborales
en contra del Ayuntamiento de Tijuana, en las que la impericia jurídica del
gobierno de Carlos Bustamante ha sido recurrente, han llevado al Tribunal de
Arbitraje a resolver a favor de los quejosos
En los juicios
laborales interpuestos por trabajadores en contra del Ayuntamiento de Tijuana,
las irregularidades inician desde el momento mismo del despido, generados en su
mayoría al arribo del gobierno de Carlos Bustamante Anchondo, en diciembre de
2010.
Sin un documento de
por medio, los empleados fueron suspendidos de palabra, arbitraria acción a la
que, una vez iniciadas las demandas, se ha sumado un manejo negligente y burdo
por parte del área jurídica del gobierno local, derivando que la condena del
Tribunal de Arbitraje le sea desfavorable al empleado.
En al menos 11 casos
documentados por ZETA, la sentencia ha sido incumplida, incrementando así la
indemnización que habrá de erogarse de las arcas municipales, la cual ya suma
un monto ascendente a 14 millones de pesos, más lo que se acumule por salarios
caídos.
Pero esto parece no
importar a la Dirección Jurídica del XX Ayuntamiento de Tijuana que dirige
Roberto Ordorica Ruiz, cuya área laboral, a cargo de José Antonio Tinajero
Ramírez, no se acredita como representante legal dejando perder juicios, u
ofrece testigos falsos, o intenta ampararse en contra de los adversos resolutivos
fuera de los términos legales, o simplemente no acude a las comparecencias;
omisiones documentadas en cada expediente.
Así es como el
gobierno ha dejado perder al menos 11 laudos laborales, otros más siguen el
mismo camino de omisiones y sus sentencias están próximas a dictarse. Total,
quienes terminarán pagando esas condenas serán los tijuanenses.
Las demandas
A finales de 2010,
el trabajador Mario demandó al Ayuntamiento de Tijuana el pago de horas extra
que no le fueron cubiertas, la representación del gobierno negó que el hombre
haya laborado fuera de su horario reglamentario, pero presentó como defensa talones
de pago en los que constaba que sí le había pagado tiempo extra por laboral de
las 17:00 a las 20:00 horas; además puso como testigos a trabajadores de
confianza que laboraban en áreas completamente ajenas a la de Mario, por lo que
su versión no fue tomada en cuenta.
Para colmo, al
representante legal del municipio se le olvidó comparecer, por lo que el
Tribunal de Arbitraje resolvió a favor del demandante a principios de enero de
2013, a quien se le deberá pagar compensación de 487 mil pesos.
El torpe tratamiento
de la defensa oficial hace que el caso de Mario sea emblemático. Primero el
área laboral intentó promover un incidente de nulidad cuando aún no había sido
notificada como parte demandada, una vez requerida presenta un incidente de
nulidad de la notificación, el cual no procede, pues solamente puede ser válido
si el aviso está mal elaborado, que no era el caso.
Una vez asentada la
demanda, intentan recorrer el acto ocho días después del requerimiento, cuando
tienen un plazo de tres días para hacerlo, expone Eduardo Emar Pérez Castro,
representante legal de los casos aquí expuestos.
Ante ese fracaso el
municipio decide recurrir al amparo, el cual les es negado pero ni se enteran
y, confiados de obtenerlo, no se presentan a comparecer en la demanda que
siguió su curso, por lo que se les sentencia en contra, y ahora están obligados
a pagar casi medio millón de pesos.
En 2010, Ángeles
demandó al Ayuntamiento de Tijuana por el pago de diversas prestaciones
laborales bajo el expediente 1504/2010. El 16 de marzo de 2012 se ordena al
municipio pagarle 350 mil pesos.
También en 2010, los
de nombre Roberto, Cristian, Iván y Jesús demandaron al Ayuntamiento de Tijuana
dentro del expediente 1433/2010, resuelto el 23 de marzo de 2012, ordenándose
al municipio reinstalarlos e indemnizarlos, a lo que ha incumplido.
Actualmente la suma
que se les adeuda, tomando en cuenta ese concepto, es aproximada a un millón
455 mil pesos.
Alisandra es otro
caso más en el que se da cuenta de la desidia con la que son tratados los
asuntos legales en el XX Ayuntamiento de Tijuana. Su expediente quedó asentado
con el número 1408/2010, y la condena en contra del gobierno local se dio el 17
de agosto de 2012, indicándose la reinstalación laboral de la ofendida y el
pago de una compensación económica de 287 mil 800 pesos.
Actualmente la
trabajadora y el Ayuntamiento promueven amparos, la primera porque no ha sido
reinstalada, y el segundo para no cubrir la condena, pero no ha dado
seguimiento al amparo que promovió, cuyo fallo se dictará en menos de tres
meses.
Asimismo, tres
trabajadores demandaron luego de ser despedidos sin seguir el procedimiento
administrativo adecuado a finales de 2010.
Su caso, documentado
en el expediente 1435, se resolvió a su favor el 7 de septiembre de 2012,
ordenándose al gobierno local reincorporarlos en sus puestos, lo cual se ha
incumplido. Así, por cada día de retraso, la administración deberá pagara a
Alejandro, Francisco y César la suma conjunta de mil 387 pesos diarios, hasta
que se dé seguimiento a la ordenanza legal. La indemnización a pagar ya supera
el millón y medio de pesos.
Jenny, Martha,
Alfredo y Giovanna forman otro grupo de trabajadores que requirieron la
reinstalación y basificación de sus cargos, a través de la demanda 1409/2010. Ganaron
la base y aun así el municipio los despide, alegando que son empleados de
confianza.
Finalmente, el laudo
se resolvió el 30 de noviembre de 2012, condenando al municipio a
reinstalarlos, asignarles la base y pagarles las prestaciones exigidas, resolución
que también ha sido ignorada. Esta negligencia a la fecha suma una deuda por
cubrir de casi un millón 700 mil pesos.
Daniel presentó la
demanda 1410/2010 al ser despedido al inicio de la actual administración, el
municipio fue condenado a su reinstalación el 14 de septiembre de 2012.
En este caso, el
municipio no promovió amparo para no pagar, y aunque no ha cubierto los 469 mil
pesos de indemnización, el trabajador tiene dos años para poder requerir el
cumplimiento del laudo “que ya no tiene vuelta atrás”, subraya el licenciado
Eduardo Pérez. También podrá cobrar los salarios caídos que se acumulen hasta
que el dictamen sea cumplido.
Y si el gobierno en
turno ha sido omiso en responder las demandas en contra surgidas dentro de su
periodo administrativo, más lo ha sido dar seguimiento a querellas presentadas
en administraciones que le antecedieron.
Muestra de ello es
la demanda laboral presentada por Miguel en 2008, su caso se documentó en el
expediente 299/2008. Al gobierno de Bustamante le tocó darle seguimiento y el
27 de enero de 2012 resultó condenado a pagar la cantidad de 2 millones 339 mil
pesos. En febrero de ese mismo año tramitó un amparo para no pagar dicha
cantidad, pero al requerimiento no le dieron trámite, razón por la que,
finalmente, perdieron el caso.
Ahora no solo
tendrán que cubrir la cantidad ordenada por el juez, también deberán pagar los
salarios caídos, deuda que ya oscila en los 3 millones de pesos.
En 2008, Karla
también requirió legalmente el pago de diversas prestaciones laborales, así
quedó asentado en el expediente 996/2008. Para “permitirle” continuar en su
empleo, el titular del área laboral del XX Ayuntamiento, José Antonio Tinajero
Ramírez, le ordenó firmar un documento, desistiéndose de la demanda laboral.
El jurídico no
asentó absurdo e ilegal acuerdo en el proceso abierto en su contra, al que
además no atendió, por lo que el Tribunal de Arbitraje determinó pagarle 2
millones de pesos.
La defensa municipal
se inconformó por la condena emitida el 13 de abril de 2012 y requirió un
amparo federal, pero ante la inminente posibilidad de que le sea negada la
protección solicitada, Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Tijuana quiso
“negociar” de nuevo con la ofendida, ofreciendo pagarle solo 360 mil pesos.
A la fecha la
demandante no ha aceptado, pese a la constante presión del departamento
jurídico para que desista del laudo, bajo amenaza de que si no lo hace, tendrá
que renunciar a su cargo.
Carlos también abrió
el expediente 214/2008 en contra del Ayuntamiento, su caso se resolvió el 11 de
mayo de 2012. La indemnización se tasó en un millón 751 mil pesos.
El gobierno pidió la
suspensión provisional al momento que solicitó un amparo. Sí se le concedió la
suspensión en cuanto al pago, pero se le ordenó reinstalar al trabajador en su
empleo, a lo cual se negó. Por esa negativa tendrá que pagar la indemnización
que se le estableció en primera instancia, además de cubrir salarios caídos
acumulados a partir de la fecha en que debió reincorporarlo a trabajar.
Vicente también
demandó en 2008 y el fallo le fue favorable el 17 de agosto de 2012, para ser
indemnizado por millón y medio de pesos. Del área jurídica municipal, lo
presionan para que se desista de la demanda, al tiempo que promueven un amparo
cuyo expediente no han remitido al Tribunal Colegiado, caso que está sin
seguimiento desde agosto de 2012.
Arbitraria defensa
Sin acatar la orden
colegiada del Tribunal de Arbitraje, la defensa jurídica del XX Ayuntamiento no
solo se ampara para no cumplir con las sentencias dictadas en su contra, sino
que en los casos ya perdidos, todavía se da el “lujo” de advertir a los trabajadores
a los que se le ordenó reincorporar en sus plazas, que solo podrán volver a
laborar siempre y cuando desistan del cobro de la indemnización.
“Con amenazas y
condicionamientos pretende ganar lo que perdió en los tribunales por su
negligencia y omisión en el seguimiento de los casos”, dilucidó el abogado
defensor de los demandantes, Eduardo Pérez Castro.
El área laboral del
municipio pretendió un juicio de garantías, en contra de actos del Tribunal de
Arbitraje bajacaliforniano que le han sido desfavorables, así se documentó en
el expediente número 331/2012, del Quinto Tribunal Federal de Circuito. La
suspensión provisional solicitada le fue negada.
La síndico Yolanda
Enríquez de la Fuente, encargada de sancionar las omisiones de los servidores
públicos municipales, dijo tener conocimiento de los casos expuestos a ZETA, de
los que se limitó a preguntarle al director jurídico, Roberto Ordorica, sobre
las demandas, indicándole el funcionario que ningún caso está concluido,
versión que la funcionaria dio como cierta y ya no hurgó más.
La impericia legal
de la defensa municipal es evidente, al grado que ha obligado al gobierno de
Carlos Bustamante presupuestar para 2013 un promedio de 20 millones de pesos
para el pago de demandas laborales.
Y aunque para el
secretario de Administración y Finanzas, Rufo Ibarra Batista, los litigios se
siguen documentando a “un ritmo normal”, aunque “llegamos a un punto que el
juez ordena pagar y no tenemos más que cumplir”, situación que, admite,
encarece la planeación presupuestal.
El funcionario
sostuvo que sí se ha ido pagando todo lo que les han sentenciado, “no hemos
dejado ninguna sentencia judicial pendiente con pago de liquidación”, dijo,
pasando por alto las once sentencias incumplidas falladas por el Tribunal de Arbitraje
de Baja California.
(SEMANARIO ZETA/Maria Isabel Mercado Juárez/ Febrero
25, 2013)
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