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El diputado federal Antonio Astiazarán precisó que “en
algunos casos se registraron incrementos por más del 2 mil por ciento en tan
sólo un año y estos aumentos a los impuestos afecta al campo, a las empresas, a
la educación y a la inversión pública en infraestructura, y claro, a los
bolsillos de las familias sonorenses”, por ello presentaron un punto de acuerdo
ante el Pleno para que se pronuncie contra la creación de nuevos impuestos en
Sonora…
Alejandro Matty Ortega
Hermosillo, Sonora
(DP).- Los diputados federales sonorenses del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Antonio Astiazarán, Flor Ayala y Faustino Félix, firman el
documento en el que también se exhorta al Congreso de Sonora a que de inmediato
promueva una reforma a la Ley de Ingresos, en atención a los vicios que se
suscitaron en el procedimiento de aprobación.
Parte II: Resultados
En el Presupuesto de
Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio del 2010, no hay partidas
asignadas para la adquisición de aguas superficiales de la cuenca del Río
Yaqui.
Sin embargo, el 21
de junio del 2010 se reclasifica recursos por 75 millones de pesos para este
propósito y se le asigna a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos
Hidráulicos, Pesca y Acuacultura.
Sin embargo, el 31
de diciembre de 2010 se cancela parcialmente esta partida y sólo quedan
40 millones
modificándose la descripción “para adquisición y pagos de derechos de aguas
superficiales y subterráneos de la cuenca del Río Yaqui–Mátape, para abastecer
la ciudad de Hermosillo y Guaymas”;
Se determinó que los
recursos serian ejercidos por la Comisión Estatal del Agua.
Se manifestó que los
recursos eran disponibles al ser excedentes del Fideicomiso Plan Sonora
Proyecta.
Hay que destacar que
a partir del 21 de junio del 2010 se hizo la reasignación de recursos y que
hasta el 31 de diciembre del mismo año se le asignan a la CEA, sin embargo esta
los había ejercido desde los días 4, 5, 6 y 7 de mayo, fecha en que firmó los
diversos convenios de cesión de derechos de agua, sin contar con recursos, ni
partida presupuestal para ello.
En base a la nota
anterior, es importante destacar que según se advierte del informe, los $40
millones que finalmente se asignaron para la adquisición del agua fueron
remitidos por la Secretaria de Hacienda del Estado el 3 y 18 de mayo de 2010,
es decir antes de que se le autorizara la trasferencia de los recursos y se los
asignaran para este propósito.
De los 40 millones
de pesos asignados para adquisición de derechos de agua se ejercieron al
suscribir los convenios respectivos 34.9 millones de pesos y se celebraron 414
convenios de cesión de derechos para usar o explotar aguas superficiales del
Río Yaqui con productores de Granados y Huásabas, Sonora.
Los convenios
celebrados con las personas físicas que se citan en un anexo del informe del
ISAF, no acreditaron contar con títulos de concesión ya que estas fueron
emitidas a favor de las unidades de riego, de las cuales al parecer forman
parte los cedentes, sin que se advierta la intervención de dichas unidades
dando su consentimiento para la cesión citada.
Los convenios
celebrados con los 365 usuarios de las unidades de riego fueron clasificados como
información confidencial y de carácter reservado para evitar su divulgación.
Las concesiones que
fueron canceladas por la Comisión Nacional del Agua tenían una vigencia de 10
años a partir del 24 de junio de 1998, hay información en el dictamen que es
contradictoria y así lo establecen, ya que por un lado dicen que el 3 y 6 de
junio del 2008 se presentaron solicitudes de prórroga de las concesiones
citadas, sin embargo por escrito del 3 de mayo del 2010 las unidades de riego
de Huásabas y Granados manifestaron que sus representadas omitieron presentar
el trámite de prorroga y reconocieron la extinción de los derechos del agua,
dicha manifestación fue recibida por Conagua el 10 de mayo del 2010.
Es importante
resaltar que quienes cedieron los derechos al agua son personas físicas
usuarios de las unidades de riego de Huásabas y Granados, y que estas eran las
titulares de los títulos de concesión; que estas estaban vencidas desde julio
de 2008; que al parecer se tramitó su prórroga, sin embargo los representantes
legales de los titulares de las concesiones canceladas reconocieron
expresamente haber omitido presentar el trámite de prórroga ya que por lo
contrario reconocen también la extinción de sus derechos de agua.
En el numeral IV.8.4
se advierte una situación especial ya que la CEA solicito el 15 de febrero del
2012 al Organismo de Cuenca Noroeste de la Conagua se les informe sobre los
escritos de prórroga de los títulos de concesión de Huásabas y Granados, la
Conagua respondió el 24 de febrero que para el tramite y asignación de aguas
del acueducto
Independencia se
optó por la segunda opción (?), ya que ello reducía los tiempos del trámite,
textualmente de ese oficio se transcribió lo siguiente:
“En el caso del
Acueducto Independencia se opto por la segunda opción, ya que ello reducía los
tiempos en trámite. En este caso en particular, opero a petición de parte la
extinción de los títulos de concesión de las unidades de riego de Huásabas y
Granados, lo cual se hace simultáneamente con el trámite de nueva concesión,
con esta extinción se liberaron los volúmenes de agua que a su vez se
reasignaron al Gobierno del Estado. En virtud de la importancia y premura de
este importante proyecto se dio prioridad al trámite de asignación de
volúmenes, desahogándose en un lapso de noventa días naturales”.
Respecto de los 414
convenios celebrados para la cesión de los derechos de agua el ISAF observo lo
siguiente: No se especificaron los títulos de concesión, de los cuales
provienen los derechos cedidos a la SEA.
No hay evidencia de
que se haya celebrado asamblea de la asociación de usuarios del distrito, para
probar la transmisión de los derechos del agua. Se estableció un pago
compensatorio anual por los volúmenes de agua que dejaran de utilizar durante
todo el tiempo que dure la explotación de los volúmenes cedidos.
Por tratarse de
deuda pública no se acredito contar con la autorización del Congreso del Estado
para asumir obligaciones por tiempo indefinido.
Nota: como
conclusión de todo este proceso el 15 de julio de 2010 la Conagua emitió a la
CEA, un titulo de asignación por 40’182,450.60 metros cúbicos de aguas
superficiales, anuales, dicho título dicen que establece que se emite por la
extinción de las concesiones de las unidades de riego de Huásabas y Granados,
liberándose por tal motivo 51 millón de metros cúbicos de agua.
Los recursos
públicos para las adquisiciones de derechos del agua no estaban contemplados en
el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado del ejercicio 2010. Por la
celebración de los 414 convenios de cesión de derechos del agua se pagaron 34.
9 millones de pesos, con cargo a recursos disponibles de los excedentes del Fideicomiso
Plan Sonora Proyecta.
Los convenios de
cesión de derechos fueron firmados los días 4, 5, 6 y 7 de mayo de 2010 por la
CEA y diversos productores personas físicas de Huásabas y granados Sonora a
título personal y sin comparecer las autoridades legalmente constituidas de las
unidades de riego, al ser estos titulares de las concesiones respectivas.
Evidencian las
contradicciones en cuanto a que las unidades de riego que se citan presentaron
solicitudes de prorroga el 3 y 6 de junio del 2008, sin embargo el 3 de mayo
del 2010 manifiestan haber omitido el trámite de prórroga de su concesión y
reconocieron la extinción de sus derechos al agua.
También destacan la
contradicción de la Comisión Nacional del Agua al establecer que los derechos
cedidos extinguieron su vigencia por el transcurso del tiempo y por otra parte
posteriormente manifiestan que la extinción opero a petición de parte.
La CEA al haber
comprometido pagos anuales por 34.9 millones de pesos a plazo indefinido en
razón de los convenios celebrados no acredito haber obtenido autorización del
congreso del estado para asumir dicho endeudamiento en términos de la ley de
deuda pública del estado de Sonora, además que no está reflejado en la
contabilidad de la CEA el pasivo contraído.
El organismo
fiscalizador no obstante advertir las contradicciones que se citan, así como la
falta de reconocimiento del pasivo asumido y su falta de registro, estima que
de resultar controversia o de haber incurrido en hechos ilícitos los servidores
públicos, corresponderá a los tribunales jurisdiccionales determinar el grado
de responsabilidad de estos. No obstante que el informe el ISAF se limita hacer
una relatoría de hechos, conviene destacar de estos, lo siguiente:
1.- Que no hubo partida presupuestal para comprar
derechos de agua de Huásabas y Granados en el ejercicio fiscal del 2010.
2.- Que los convenios para la compra de derechos de
agua fueron celebrados del 4 al 7 de mayo del 2010, con personas físicas, y no
con las Unidades de Riego titulares de los títulos de concesión extinguidos.
3.- Que la reasignación de recursos no presupuestados
se dio a partir del 21 de junio del 2010 y que esto fue después de la firma de
los convenios de cesión de derechos.
4.- Que la reasignación de recursos fueron excedentes
del Fideicomiso Plan Sonora Proyecta.
5.- Que la deuda que se asumió a cargo de la CEA por
un monto de aproximado de $35 millones de pesos anuales, v a ser pagadera por
tiempo indefinido.
6.- Que no se obtuvo autorización del Congreso del
Estado para efectuar el pago, ni para asumir el pasivo, incluso a la fecha no
está registrado en la contabilidad de la CEA.
Por último, recordó
a Dossier Político que a principios del 2012, pidió al dirigente del PAN
Sonora, Juan Valencia Durazo, una entrevista con el Gobernador Padrés a fin de
ofrecerle su ayuda y colaboración para llegar a acuerdos que evitaran complicar
el tema; sin embargo, van meses y meses y aún no he podido hablar con él al
respecto”.
Ahora, el gobernador
Guillermo Padrés Elías ofrece 100 módicos pesos a mil familias en pobreza
extrema para que paguen el agua y ya no habló del “agua gratis para siempre”
que prometió en la efervescente lucha contra los opositores al Acueducto
Independencia.
Conflicto transportista
El problema de los
impuestos y del agua no son los únicos:
El jueves, DP
publicó antes que nadie que el Gobierno del Estado “desnudó” la deuda que
contrajo Sictuhsa con el fin de financiar la flotilla de transportes y cubrir
el adeudo con la banca para presuntamente rescatarlos de la quiebra financiera,
en un acto de “lavatorio de manos” presentado en Palacio de Gobierno a la
prensa sonorense, donde una aparente incredulidad estuvo a la orden del día.
Mientras el Estado
hacía un desglose del supuesto destino de los más de 706 millones de pesos que
asegura deben los concesionarios que integran la Sociedad Integradora y
Concentradora del Transporte Urbano en Hermosillo, en un conocido hotel los
representantes de Sictuhsa acusaron al gobernador Guillermo Padrés de mentir a
Sonora.
El lavatorio
Edmundo Briseño
Valenzuela, subsecretario de Asuntos Sociales y Prioritarios, reveló en
conferencia de prensa que la deuda del Sictuhsa al Gobierno asciende a los 706
mdp, 504 mdp es por la compra derechos litigiosos, 97 mdp por la compra de 52
unidades, 90 mdp por 34 unidades y 15
mdp por 4 unidades más.
Luego de las muy
recurrentes manifestaciones por parte de los concesionarios de Sictuhsa para
exigir el subsidio por 53 millones de pesos que el Estado les debe, Guillermo
Padrés, Gobernador de Sonora, hace unos
días, anunció que Sictuhsa le debe 700 millones a los usuarios.
Edmundo Briseño
explicó que la deuda inició con el SUBA, cuando se adquirieron unidades nuevas
las cuales Sictuhsa no pagó. La Financiera Daimers demandó y amenazó con el embargo y para evitar esta
situación, el Gobierno pagó los derechos litigiosos por 504 millones de pesos.
“Es una deuda que se
ha venido trasformando en el tiempo y que se inició con el sistema anterior
SUBA, donde se compraron unidades nuevas y había ya por falta de pago de
Sictuhsa, de los concesionarios, demandas entabladas con la financiera Daimler
donde ya los juicios estaban a punto del embargo y el Gobierno del Estado,
viendo por el bienestar de los usuarios, optó por comprar los derechos
litigiosos de esa deuda que equivale a 504 millones de pesos”, precisó.
Agregó que cuando
entró el Bus Sonora, el Gobierno del Estado consiguió un crédito simple a
través de FEMOT para la compra de 52
unidades nuevas por 97 mdp e igualmente Sictuhsa presentó ningún abono:
“Cuando entró la trasformación del Bus Sonora
se fueron deteriorando los camiones anteriores y hubo la necesidad de incluir
nuevas unidades, se consiguió un crédito simple por parte del Gobierno del
Estado a través de FEMOT, que es el que maneja los recursos del trasporte, tuvo
que adquirir un crédito simple y arrendarle 97 millones de pesos que equivalen
a 52 unidades nuevas, sin enganche y a 6.67% anual, que hasta la fecha no han
abonado ni un cinco y esos son 97 millones de pesos”, desglosó.
El Plan B
Agregó que
posteriormente, consiguieron otro crédito de 90 mdp para 34 unidades y por
último 15 mdp para 4 unidades más; subrayó que en total la suma de la deuda de Sictuhsa para con el
Gobierno asciende a los 706 mdp.
“Se consiguió otro
crédito por 34 unidades más todas nuevas por 90 millones de pesos, en las
mismas condiciones, sin enganche, al 6% anual, y hasta la fecha tampoco se ha
liquidado ningún abono, por último, cuatro unidades más de 15 millones de
pesos, todo incluido, más los 500 millones de la deuda de los derechos litigiosos de la financiera da
la cantidad de 706 millones de pesos”, expuso el funcionario en Palacio de
Gobierno.
Briseño dijo que la
deuda que el Gobierno del Estado tiene con los concesionarios, apenas es el 7%
de lo que ellos les deben al Gobierno.
“Hablando de los
susidios, que es la bandera con la que se defienden los concesionarios, 161 millones 900 mil pesos es la cantidad
devengada se les han pagado 108 millones de pesos, que es bastante, y quedan
pendiente 53 millones de pesos, pero 53 millones de pesos es el 7% de la deuda
de ellos hacia nosotros”, señaló.
Por otro lado, destacó que de ninguna manera
el Gobierno está tratando de manejarlo con frialdad, sino que al contrario, la
intención es que sea un acuerdo equitativo, pero, aseguró de que de no sentarse
a negociar, el Gobierno pasará al “Plan B” que será quitar las unidades y
otorgar nuevas concesiones.
“El Estado tendrá
que pasar al Plan B, a segunda instancia, podría ser desde quitar las unidades,
de otorgar nuevas concesiones, por otro lado, nosotros hemos agotado todas las
formas de llegar a un buen arreglo, para que no se siga deteriorando el servicio,
porque también es obligación del Estado prestar este servicio”, advirtió.
Las frases
“Se les ha citado a
una reunión a la empresa Sictuhsa para que se sienten en una mesa de
negociación entorno a la deuda que tienen con el Gobierno del Estado y poder
llegar a un acuerdo para que la empresa mejore y brinde un mejor servicio”:
Carlos Espinoza.
“La postura del
Gobierno del Estado, en primera instancia, es el usuario, no hay otra, no
podemos hacer actos que beneficien a particulares a costa del servicio al
usuario y la única premisa del Estado es cumplir con la obligación de prestar
el servicio en la mejor manera y las mejores condiciones”.
“Yo creo que en el pasado los transportistas
se sentían como un gremio y realmente al final de cuentas son empresarios, el
Gobierno del Estado no tiene porqué estar subsidiando las ineficiencias, si no
es negocio, déjenselo a otros”: Edmundo Briseño.
Detalle de endeudamiento
504 millones de
pesos: Deuda Daimler Chrysler
97 millones 121 mil
952.81 pesos: Crédito Simple para 51 unidades:
90 millones 509 mil
572.82 pesos: Arrendamiento de 34 Unidades Mercedes Benz
15 millones 195 mil
480 pesos: Arrendamiento 4 unidades Hyundai:
706 millones 827 mil
5.61 pesos: Total de la deuda:
Subsidio a la Tarifa
Total a la fecha:
161 millones 982 mil 726 pesos
Monto pagado: 108
millones 926 mil 191 pesos
Monto pendiente: 53
millones 56 mil 536 pesos
Fuente: Gobierno del
Estado.
Nace SIENTE
Una hora antes,
Dossier Político daba cuenta del nacimiento de una nueva compañía de transporte
denominada SIENTE, integrada por disidentes de Sictuhsa con el poder de 68
concesiones en la mano.
Como lo anunciara
Dossier Político, un grupo de disidentes de Sictuhsa determinaron crear una
nueva empresa con 68 concesiones y un número similar de socios a fin de
emanciparse del yugo que representaba trabajar bajo los supuestos esquemas
radicales del presidente de la hoy fracturada compañía transportista en Sonora.
El miércoles el
empresario transportista Luis Salazar, anunció en exclusiva a Dossier Político
que se deslindarían de las órdenes que ha dado en los últimos meses el actual
presidente de Sictuhsa, José Luis Gerardo, por lo que decidieron constituirse
como la empresa SIENTE Sociedad Integradora en Transporte Efectivo
Hartos de respaldar
las acciones de presión del presidente de la Sociedad Integradora y
Concentradora del Transporte Urbano (Sictuhsa), anunciaron la determinación de
abandonar a José Luis Gerardo por presuntos malos manejos de los recursos.
El argumento, los
malos manejos y las desafortunadas decisiones que supuestamente ha encabezado
José Luis Gerardo, motivo que mantiene un enfrentamiento regio contra el
gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, asegura el transportista a DP.
Por lo anterior, la
mañana del jueves ofrecieron una conferencia para oficializar la ruptura con el
líder transportista; el anuncio formal se dio a las 9 de la mañana, una hora
antes de que José Luis Gerardo hablara con los medios de comunicación de Hermosillo,
en un conocido hotel de la ciudad donde desmentirá al Gobernador Padrés sobre
los 700 millones de pesos que ha señalado, deben los concesionarios al Gobierno
y los usuarios.
La balconeada
El martes duro
“revés” propio de un juego de campeonato del Grand Slam, propinó el gobernador
Guillermo Padrés Elías a los transportistas luego de que sin tapujo alguno,
revelara que “ellos (concesionarios) nos deben 700 millones de pesos; estamos
viendo los mecanismos para ver cómo le devuelven a la gente esa cantidad, ahí
está el detalle, ver cómo hacen frente esa deuda con la sociedad”.
Mientras el
gobernador Guillermo Padrés Elías puso el dedo en la llaga a los transportistas
de Sonora al asegurar que éstos deben 700 millones de pesos a los sonorenses,
el presidente de la Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano
en Hermosillo, José Luis Gerardo Moreno, sostuvo que el mandatario carece de
información sobre el adeudo.
Luego de que se le
cuestionara sobre el avance en las negociaciones y el diálogo que prometió el
Estado para solucionar el conflicto transportista en Sonora y en especial, en
Hermosillo, luego de las constantes manifestaciones de inconformidad y marchas
por el reclamo de 58 millones de pesos de subsidio que adeuda, Padrés Elías
descargó las baterías contra los integrantes de Sictuhsa.
Y es que los 700
millones de pesos a los que se refiere el gobernador Padrés, fueron destinados
para rescate de créditos vehiculares, gastos de operación y mantenimiento de
las unidades, que de acuerdo a la Opinión Pública, no se ha visto reflejado en
un mejor servicio a los usuarios del transporte público en Sonora.
Al respecto, José
Luis Gerardo Moreno aseguró que el Gobernador está mal informado por lo que
solicita una reunión con el Mandatario para aclarar el tema, “si nosotros nos
sentamos con el Gobernador, creo yo que vamos a lograr un acuerdo, el que sea
para sacar adelante el transporte, tanto él como nosotros tenemos la visión de
que primero es el usuario”.
Precisó que “yo creo
que sus asesores lo están mal informando en el tema de la deuda, por eso
queremos que nos reciba, y es parte de lo que estamos solicitando para que
escuche nuestra versión”,
Sobre los 700
millones de pesos, dijo que ese dinero “equivaldría a tener 550 camiones y que
no hubiéramos pagado nunca ni un cinco; tenemos 350 camiones, acabamos de hacer
un compromiso en diciembre de adquirir 89 camiones que el Gobierno compró y que
maneja en la Ruta 18 y otros cuántos”, por ello reiteró la obligación del
Estado para cubrir el adeudo, “en convenios anteriores el Gobierno se
comprometió a pagar un subsidio que es un programa de ellos ni siquiera
nuestro, han incumplido en varias ocasiones pero a nosotros nos están obligando
a cumplir con esa parte”.
Las protestas
El jueves pasado,
Dossier Político publicó oportunamente que luego de que más de un centenar de
unidades del transporte públicas sitiaran el primer cuadro de la Ciudad al
dejar los camiones sobre las principales calles y dirigirse a pie a Palacio de
Gobierno para exigir una vez más el pago del subsidio, determinaron suspender
las acciones de presión hasta la próxima semana donde buscarán el diálogo.
En la víspera, los
bulevares Luis Encinas, Rosales y las calles Horacio Soria, Jesús García y de
la Serdán hasta la Colosio y hasta el Vado del Río, fueron bloqueados por las
pesadas unidades que provocaron que las vialidades y el tránsito colapsaran
desde las 12:30 de mediodía hasta pasadas las 15:00 horas del jueves cuando la
turba molesta caminó a Palacio de Gobierno.
El presidente de
Femot, Víctor Alcaraz, reconoció la deuda con los concesionarios cuando el
vicepresidente de Sictuhsa, Jorge Muñoz y los concesionarios exigía el pago de
más de 50 millones de pesos; sin embargo dijo que no tenía el recurso pero que
se estaba negociando el pago en Palacio de Gobierno.
La respuesta causó
el furor de los transportistas quienes bloqueados por agentes del Departamento
de Tránsito, decidieron abandonar las unidades y caminar hasta el Poder
Ejecutivo para lanzar consignas contra la autoridad.
Al mediodía del
jueves, decenas de unidades del transporte pretendían dirigirse al Estadio
Sonora por el bulevar Quiroga y García Morales; sin embargo, fueron frenados
por un contingente de agentes de la Policía Estatal que les impidieron
continuar la marcha a fin de resguardar el orden en la zona y permitir sólo el
acceso a la afición que presenciaría el juego de la final de la Serie del
Caribe.
Al ver la
imposibilidad de perfilarse sobre el bulevar Quiroga y Colosio para así
dirigirse al Estadio Sonora, los transportistas tomaron rumbo al Centro de la
Ciudad donde volverían a tomar las oficinas del Femot y posteriormente,
manifestarse frente a Palacio de Gobierno donde reclamaría el pago de más de 50
millones de pesos por concepto de subsidio.
Sin embargo, las
inmediaciones y accesos al Poder Ejecutivo se encontraban amuralladas por
vallas metálicas donde decenas de agentes de la Policía Municipal y Estatal
harían todo para evitar el plantón donde despacha el gobernador Guillermo
Padrés.
Entre el subsidio y el efectivo
El 25 de enero del
2011, José Luis Gerardo Moreno advirtió que la falta de subsidio e incremento a
la tarifa del transporte público, obligaría a los concesionarios a no encender
los aires acondicionados porque “están olvidados desde octubre –del 2010-
porque no tenemos dinero para darles mantenimiento y en el verano lo más seguro
es que tendremos los mismos problemas”.
Ante la amenaza de
los concesionarios de cobrar tarifas normales de 7 y 4 pesos, el subsecretario
de Asuntos Sociales y Prioritarios, Edmundo Briseño Valenzuela, aseguró que el
Gobierno del Estado retirará las concesiones a quienes rechacen la tarjeta de
prepago que y escolares; este martes los concesionarios podrían paralizar de
nuevo.
Dossier Político
publicó desde hace ya 2 años que el presidente de la mesa directiva de la
Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano de Hermosillo (Sictuhsa),
insistió en la necesidad de contar con incremento en el cobro del servicio para
poder ofrecer una mejor atención al usuario.
Recordó que el
periodo oficial en el que están obligados a encender el aire fresco de las
unidades es de abril a octubre, pero si no hay recursos los mecanismos de aire
de los camiones no funcionarán.
Desde el pasado
primero de octubre del 2009, se ha mostrado fragilidad a la hora de aplicar la
Ley de Transporte que establece que los concesionarios podrían recibir una
multa que va de uno a 100 salarios mínimos por no encender el aire
acondicionado.
La acción de la
Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano de Hermosillo se
desprende por considerar que cuesta dos millones de pesos más al mes encender
la refrigeración en los camiones, recurso del que carecen.
El presidente del
Consejo Administrativo de la Sociedad Integradora y Concentradora del
Transporte Urbano (Sictuhsa), expone que para poder prender los aparatos es
necesario que los concesionarios reciban un subsidio de parte del Estado o un
incremento en las tarifas.
Alto costo
Según los
concesionarios, el encender los aires acondicionados les ha representado un
promedio mensual de 2 millones de pesos más en consumo de combustible, más el
alto costo de reparaciones, la inversión de adquirir 365 camiones con aire y
cerca del 50% están ya habilitados para empezar a funcionar con este servicio.
Pese a las sanciones
de uno a 100 salarios mínimos hasta la detención de la unidad, que aplicaría la
Dirección General del Transporte a quienes no otorguen el servicio de aire acondicionado
a los usuarios, los concesionarios continúan con su negativa a prender el aire
acondicionado en las unidades para este año.
Al inicio del
programa SUBA, el aire acondicionado fue uno de los compromisos al incrementar
en un peso más la tarifa del transporte público pero los concesionarios del
transporte urbano optaron por apagarlos como una forma de presionar para que
les otorguen un nuevo subsidio o un incremento a la tarifa.
El Gobierno del
Estado ha invertido más del 20 por ciento del valor de cada unidad de
transporte urbano, utilizado para anticipos y aires acondicionados, con la
finalidad de prestar un mejor servicio a los ciudadanos.
Pero las cosas
siguen igual de mal.
Las ganancias
El 2009, durante su
participación en el Congreso del Estado, el investigador del tema de transporte
público del Colegio de Sonora, García Román, expuso que de acuerdo a los
propios estudios y reportes que ha hecho la empresa SUBA, en lugar de tener
pérdidas, tienen una utilidad de 23 millones de pesos al año.
El investigador del
Colegio de Sonora sostuvo que sin necesidad de aumento de tarifa o subsidio, el
SUBA puede incrementar sus ganancias al ser eficientes en los gastos operativos.
García Román expuso
que basado en los reportes de la propia empresa, se podría seguir teniendo
utilidad de hasta 10 millones y medio de al año con tarifa normal a 4.25 pesos
y preferencial a 2.75 pesos.
Presentó sus
conclusiones sobre un análisis que realizó del propio estudio que los
representantes del SUBA entregaron al Congreso de Sonora en diciembre de 2008,
y aseguró que éste refleja que el sistema del transporte puede operar y generar
ganancias incluso con una tarifa menor a la que se cobra actualmente al
usuario.
La auditoría
En su momento, el
entonces diputado Enrique Pesqueira Pellat respaldó la solicitud hecha del
líder de la Unión de Usuarios, Ignacio Peinado, sobre una auditoría a la
empresa para ver las necesidades reales que tienen los concesionarios.
“Sería muy indispensable
una auditoría…para que con los números que presentaron al
Congreso el 10 de
diciembre 2008 y con los número de ahora, para ver porqué es esa gran
diferencia de ingresos de la empresa SUBA de aquél entonces a ahora, eso se
debería hacer para poder determinar cuánto va a ser el subsidio que se
requiere”, detalló.
El último subsidio
que se le otorgó a la empresa fue de alrededor de 60 millones, manifestó, lo
cual significa que se les ha subsidiado con cerca de 10 millones de pesos
mensuales y es necesario que ese dinero se reflejen en el servicio que reciben
los usuarios.
En ese entonces, los
representantes de la empresa SUBA entregaron un estudio sobre la necesidad de
aumentar a 6.00 pesos la tarifa normal y 3.00 pesos la tarifa preferencial o
continuar con el subsidio para no verse afectados en sus finanzas.
Ignacio Peinado,
presidente de la Unión de Usuarios en Hermosillo mencionó que aún se trabaja
con deficiencias, como el incumplimiento en el horario nocturno, limpieza en
las unidades, entre otros, y solicitó una auditoria que transparente el uso y
aplicación de los recursos para la operación del SUBA pero a la fecha, el
usuario sigue siendo como siempre, el gran perdedor.
La Ley
El pasado 17 de
junio del 2010, el Congreso del Estado aprobó la iniciativa de Decreto que
reforma y adiciona disposiciones de la Ley de Transporte para el Estado de
Sonora, específicamente por el no funcionamiento de los equipos de aire
acondicionado en temporadas de verano.
La entonces diputada
Eloísa Flores García destacó que el espíritu de la iniciativa es precisamente
brindarle a la sociedad las modificaciones normativas a la Ley de Transporte
para que se le brinde un servicio que cumpla con las condiciones mínimas
aceptables de comodidad en apoyo a la población usuaria, ya que ante las altas
temperaturas que se registran en el Estado, la utilización de esos equipos no
es un lujo sino una necesidad.
Se modificó el
contenido de la Fracción I del Artículo 44 y se adicionó la Fracción XI Bis al
Artículo 102, todas de la Ley de Transporte para el Estado de Sonora, donde se
establece lo siguiente:
XI Bis.- Tratándose
de las unidades a las que se refiere el inciso a) de la fracción I del Artículo
44 de esta Ley, éstas deberán prestar su servicio con los equipos de aire
acondicionado encendidos y en correcto funcionamiento en el periodo comprendido
del primero de mayo al treinta de septiembre de cada año, en los términos y
condiciones que al efecto señale el Reglamento correspondiente.
La solución de Padrés
Desde enero del
2011, el Gobierno del Estado ha buscado una solución definitiva del tema
relacionado con la tarifa del transporte urbano, esto con el fin de que los
concesionarios cumplan con el servicio adecuado que conlleva el encendido de
los aires acondicionados.
Al asumir su cargo,
el gobernador Guillermo Padrés Elías dijo que lo mejor aquí es que tanto los
usuarios como los concesionarios salgan beneficiados, y que por ninguna razón
se viole la ley vigente del transporte, de lo contrario el Estado actuará en
consecuencia.
Expuso que se
buscará por todos los lados que se tengan los acuerdos necesarios con los
mismos concesionarios, “aquí no se trata de que ganen unos y pierdan otros, ya
que de lo que se trata aquí es de ganar-ganar, ya que Sonora da para eso y
mucho más, sobre todo a sabiendas que el 2011 es un excelente año en el que le
va a ir bien a todos”.
“Si no cobramos la
tarifa completa el servicio colapsará en el mes de mayo afectando la movilidad
de manera temporal, por eso es necesario que cubran la tarifa completa”
advirtió una vez más José Luis Gerardo Moreno.
Crisis financiera
El 25 de enero, hace
dos años, el presidente de la Sociedad Integradora y Concentradora del
Transporte Urbano (Sictuhsa) volvió a poner el dedo en la llaga del gobernador
Guillermo Padrés y del director del Transporte, Francisco García Gámez, quienes
anunciaron la liberación de 600 millones de pesos para el subsidio.
Dossier Político
documentó que el pasado 16 de diciembre del 2010 el hoy ex diputado federal,
Miguel Pompa Corella, advirtió de la crisis del transporte que se vive en
Sonora:
“No sólo confirma
sino que ratifica una crisis aún mayor de conflictos sociales y productivos por
carencia de diálogo político y abundancia de sobregiros de la administración
estatal”, sentenció.
Aseveró que la
modernización del transporte público en Sonora que prometió el Gobierno del
Estado enfrenta una crisis de liquidez y acuerdos que afecta a concesionarios y
usuarios y que se convierte a la vez en un problema para la iniciativa privada
en la localidad.
“Se empieza a
recetar la misma fórmula federal de alegar que los problemas les fueron
heredados porque en realidad no pueden dialogar con la sociedad ni cumplir con
los acuerdos que establecen ni ofrecer soluciones prácticas a la sociedad”,
criticó.
El 12 de diciembre
del 2010 tres unidades del transporte urbano en Hermosillo estacionadas en los
alrededores de la sede del gobierno estatal fueron incendiadas en su totalidad,
en lo que la administradora Sictuhsa (Sociedad Integradora y Concentradora del
Transporte Urbano de Hermosillo) concluyó que se trató de un atentado en su
contra.
“Esa situación
mantiene inquietos a los transportistas que están dispuestos a modernizar el
servicio del transporte, los transportistas no están esperando promesas de pago
sin cumplir”, dijo y explicó que los usuarios esperan soluciones.
Pompa Corella señaló
que con la falta de liquidez y de pagos del Gobierno del Estado “no sólo la
agencia calificadora Standard and Poor’s le bajó la nota al Gobierno del estado
sino que ahora, en lugar de emprender ahorros serios, se enrarece el panorama
político por la nula entrega de subsidios por 600 millones de pesos destinados
por el Congreso del Estado a los transportistas”, dijo.
Ingobernabilidad fiscal
Sin referir nombre,
el ex diputado federal aseveró que en Sonora algunas autoridades municipales de
Acción Nacional ya han emprendido acciones serias y consistentes de austeridad
“mientras que el Gobierno estatal se empecina en gobernar con desplegados,
sobregirándose y prometiendo simpatías electorales en lugar de cumplirle a los
sonorenses”, refirió.
“La crisis de
transporte en Hermosillo refleja desarticulación en las acciones de Gobierno y
lo que es más grave es que hay un déficit en la capacidad del manejo de la
hacienda pública en Sonora que está provocando conflictos y disensos graves”,
subrayó.
El ex legislador
sostuvo que en la entidad se vive un riesgo de “gobernabilidad fiscal” producto
no sólo por la crisis de pagos en el transporte público, sino por no pagar en
las unidades de riego de Huásabas y Granados, por la no previsión en la
reparación del daño en el caso de la Guardería ABC, por subejercicios,
sobregiros y falta de liberación de recursos a los ayuntamientos”, dijo.
Advirtió que los
diputados federales estarán “atentos” a la coordinación fiscal del gobierno
estatal para acceder a parte de los 10 mil millones de pesos del fondo especial
que aprobaron los diputados para que se atienda los daños de los productores
por las contingencias climatológicas de sequía en Sonora.
En ese sentido dijo
que en Sonora “debe hacerse algo más que prometer simpatía y votos, en días
hábiles, a precandidatos; se debe de cumplir por lo menos con administrar bien,
que se pague a quien se le deba y que la secretaría de hacienda no maneje
discrecionalmente los recursos de los sonorenses como lo ha hecho hasta ahora”,
señaló.
“El Gobierno debe
hacer algo más que ofrecer simpatía y votos; por lo menos debería abstenerse de
endilgarle el mote de llorones a los transportistas y hacer lo que deba hacer
para cumplir con los pactos que firma”, reiteró.
El monopolio
El 27 de diciembre
del 2010, el presidente de la Unión de Usuarios, Ignacio Peinado Luna, sostuvo
que “los transportistas no tienen la facultad para aumentar la tarifa, el
Congreso del Estado le dio esa potestad al Ejecutivo, a través de la Ley
General de Transporte…
Subir la tarifa de
forma unilateral significaría violentar el marco legal, y poner las condiciones
para revocar las concesiones. Si ellos llegan a hacerlo, nosotros
interpondríamos un recurso jurídico; el Boletín Oficial es muy claro, quien
tenga la credencial es subsidiado en dos pesos a la tarifa ordinaria, y en un
peso en la especial.
Los concesionarios
podrán argumentar otras cosas, pero jurídicamente no es posible, que se quiten
concesiones, y que se constituyan más empresas, como ya sucede en otros
estados, que tienen hasta 4. Aquí el monopolio ya le ‘agarró’ el lado al
Gobierno del estado, ellos deciden todo lo respectivo al transporte público. Si
hay más participación de otras empresas, debería haber mayor transparencia y
mejor servicio. Ignoramos por qué no lo ven como una ventaja”, insistió.
Subsidio liberado: Padrés
En marzo del 2011,
los concesionarios aseguraron que ya habían pactado el pago del subsidio y que
respetarían las tarifas preferenciales pactadas pero el miércoles cambiaron de
parecer y anunciaron el cobro completo.
En esa oportunidad
el gobernador Guillermo Padrés reiteró que la tarifa del transporte público es
facultad expresa del Gobierno del Estado: “Así está en la Ley y lo vamos a
hacer respetar, sobre todo, en beneficio de los ciudadanos, pero también vamos
a trabajar para que quienes prestan ese servicio tengan las condiciones y los
elementos para poder brindar un buen servicio”.
Sobre el tema del
encendido de aires acondicionados, Padrés Elías aseguró que “vamos a llegar a
un acuerdo con ellos y vamos a poner toda la voluntad del Gobierno del Estado
política y económica para que así sea y se pueda tener a tiempo lo que ellos
piden, que son los recursos…
Una vez que tengamos
los recursos se empezará a modernizar y mejora r las condiciones de
infraestructura de los camiones, pero eso es a través de un acuerdo que tenemos
que seguir construyendo con los transportistas y lo vamos a hacer. Nosotros
estamos obligados a seguir ayudando al ciudadano… Los recursos ya se liberaron,
sólo falta la mesa de los acuerdos”, aseguró el Gobernador.
El primero de
febrero, para agregarle sabor al ambiente de fiesta y alegría que festeja el
Gobierno del Estado, medio centenar de unidades del transporte público en
Hermosillo, se concentraron en la Universidad de Sonora y realizaron una
caravana hacia el centro de pernocta para protestar por la falta de pago del
subsidio.
Como si el horno
estuviera para bollos y ante la ausencia del gobernador Guillermo Padrés Elías,
los concesionarios del transporte público marcharon por el bulevar Colosio
hasta el Solidaridad para tomar rumbo al Norte como una forma de presión al
Estado por la falta de pago de más de 50 millones de pesos.
Ante la amenaza de
los concesionarios de cobrar tarifas normales de 7 y 4 pesos, el subsecretario
de Asuntos Sociales y Prioritarios aseguró que el Gobierno del Estado retirará
las concesiones a quienes rechacen la tarjeta de prepago que y escolares.
Rescate anunciado
Edmundo Briseño
Valenzuela aseguró hace dos semanas que el Gobierno del Estado requisará las
concesiones a los integrantes de la Sociedad Integradora y Concentradora del
Transporte Urbano de Hermosillo S.A. (Sictuhsa) si cumplen con la amenaza de no
aceptar el pago de la tarifa con tarjeta de prepago el primero de febrero.
Precisó que los
concesionarios tienen una deuda con el Gobierno luego que se les rescató la
deuda que tienen por la adquisición de unidades a través del programa SUBA,
anterior al Bus Sonora, que es mayor a lo que el Estado les debe a ellos.
(DOSSIER POLITICO/ Alejandro Matty Ortega 7
2013-02-15)
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