Redacción/ Reportaje Especial
MÉXICO, D.F.
(apro).- Desde que escapó del penal federal de Puente Grande, Jalisco, hace ya
12 años, el líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, se ha
convertido en la presa más buscada por los gobiernos de tres países: México,
Estados Unidos y Colombia.
Incluso las dos
primeras naciones ya le pusieron precio a la cabeza del narcotraficante,
catalogado ayer por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus
siglas en inglés) como “enemigo público número uno de Chicago”, por encima del
mafioso Al Capone: el gobierno de México ofrece 30 millones de pesos, mientras
que su vecino del norte está dispuesto a pagar 5 millones de dólares.
Para el gobierno de
Enrique Peña Nieto, la captura de El Chapo es también la máxima prioridad,
igual que lo fue en las dos últimas administraciones panistas, la de Vicente
Fox y la de Felipe Calderón, según declaró el titular de la Secretaría de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
En entrevista con
Noticias MVS Primera Emisión, que conduce la periodista Carmen Aristegui, el
funcionario federal señaló que el capo “es un objetivo muy claro de este
gobierno”.
Sin embargo, aclaró
que “no descuidamos el resto y no descuidamos el nivel regional porque hay
muchos que generan muchos problemas”.
Aristegui le
preguntó si era cierta la versión que difundió el gobierno de Calderón en el
sentido de que el narco sinaloense estuvo a un paso de ser detenido en el
estado de Baja California.
El funcionario
federal aclaró que en las distintas dependencias del sector de seguridad no
existe un registro formal alguno de ese operativo.
“Tenemos información
de que en una ocasión, no sé si sea ésta particularmente, pero estuvo muy cerca
la posibilidad de detención. Por alguna razón se les fue, pero no está
documentado, no hay registro de tal acción”, puntualizó el ex gobernador de
Hidalgo.
De acuerdo con
Osorio Chong, la administración pasada adolecía de coordinación en materia de
seguridad, debido a que entre secretarías a nivel federal no había
compartimiento de información, “y si esto no te parece grave, entonces
estaríamos hablando de cosas diferentes”, apuntó.
Añadió:
“Encontramos es que
no había una estrategia en materia de prevención, o sea, la apuesta al mediano
plazo, la apuesta a que veamos desde su origen, desde sus causas, el problema
de la delincuencia”.
Sobre los muertos y
desaparecidos que dejó la guerra contra el crimen organizado impulsada por
Calderón, señaló que aún no se tienen cifras oficiales.
“Hice el diagnóstico
exacto con las cifras (de muertos) que teníamos en ese momento respecto de la
estrategia que se seguía para el combate a la delincuencia y encontramos que
había descoordinación, encontramos que había falta de confianza, que no había
el poder compartir la información que tenían dependencias, que era fundamental
si verdaderamente se quería tener una estrategia eficaz”.
El titular de la
Segob subrayó que cuando estaba en ese proceso decidió “actuar con toda
transparencia, decir cómo están las cosas, queríamos partir de algo. Entonces
decidí, ya que no tenía el sustento necesario del número de fallecimientos
durante estos últimos seis años, esperar a encontrar toda la información”.
No obstante, admitió
que sí manifestó que habló de cerca de 70 mil muertos, “no hemos podido llegar
a más porque no se cuenta con información, porque no tenemos un dato que nos
permita decir: ‘éste es el oficial’, simplemente son cifras”, agregó.
Lo buscan en Colombia
En Colombia, el
presidente de ese país, Juan Manuel Santos, ordenó a la policía de su país
investigar los “creciente rumores” sobre la supuesta presencia de miembros de
cárteles mexicanos en el sureño departamento de Nariño, sobre el océano
Pacífico fronterizo con Ecuador.
“Se ha oído mucho
rumor… de la posible presencia de miembros de los cárteles mexicanos aquí en el
departamento de Nariño”, dijo el mandatario durante un acto público en el
puerto de Tumaco (Nariño), sobre el océano Pacífico.
Aseguró haberle dado
instrucciones al director de la Policía Nacional, general José Roberto León, y
a la Fiscalía, para la efectiva indagación.
“No tenemos
conocimiento, ninguna información concreta, pero me dicen varias personas que
los rumores son crecientes de la presencia de los cárteles, en particular el
cártel de Sinaloa, en algunas zonas de Nariño, cosa que por supuesto
combatiremos y no permitiremos por ningún motivo”, indicó Santos.
En Nariño, las
guerrillas de izquierda FARC y ELN, bandas criminales paramilitares y cárteles
de droga han librado durante las últimas dos décadas una lucha por controlar
los cultivos ilegales y la exportación de cocaína y mariguana a través de las
costas del océano Pacífico colombiano.
Colombia es el mayor
productor de cocaína del mundo junto con Perú, según datos de la ONU, con 345
toneladas y 64 mil hectáreas cultivadas en 2011.
Las autoridades
locales decomisan anualmente decenas de toneladas de drogas, propiedad de
diversas bandas criminales narcoparamilitares y de la “Oficina de Envigado”,
uno de los grupos del narcotráfico más importantes de Colombia, que fue creado
en la década de 1980 por el luego fallecido capo Pablo Escobar.
Estos cargamentos de
drogas tienen como destinos principales los países de Centroamérica, el Caribe
y México.
(PROCESO/Redacción/15 de febrero de 2013)
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