Ismael Bojórquez
No hay, hasta ahora,
ninguna diferencia entre lo que estuvo haciendo el ex presidente Felipe Calderón y lo que hace
ahora Enrique Peña Nieto en la lucha contra el narcotráfico, que no tenga que
ver con el discurso. La estrategia se ha mantenido inalterada, igual que los
resultados. Y no tendríamos que hacer ningún balance muerto por muerto para
verlos. Ahí están los hechos en Jalisco, en Guerrero, en Nuevo León, en
Sinaloa. Solo que en la administración anterior el presidente aprovechaba hasta
la inauguración de una carretera para hablar de su empeño contra el narco.
Obsesionado con el tema, exacerbaba él mismo la percepción de que nuestro país
se estaba consumiendo en la violencia.
Parece que la
primera medida de Peña Nieto fue bajarle decibeles al discurso anti narco y
esto no sería condenable si la medida estuviera acompañada de otras, claras,
distintas, de Estado, contra el flagelo del crimen organizado.
A Calderón se le
criticó siempre haber iniciado su guerra sin un diagnóstico claro del problema
y sería incongruente que, a dos meses de haber rendido protesta, se le exijan a
Peña resultados de fondo.
Lo que no debe
admitirse es la pasividad de los actores políticos, menos de la sociedad,
frente a la magnitud del problema. La decisión de Calderón de militarizar la
lucha anti narco, despojada esta medida de otras que eran también urgentes, fue
unilateral y al Congreso, a los partidos, a los gobernadores, solo les tocó
criticarla cuando se dieron cuenta que estaba siendo un fracaso. Una minúscula
parte de la sociedad, “hasta la madre”, estalló cuando le mataron un hijo al
poeta Javier Sicilia.
Pero ni la sociedad
mexicana, ni los diputados, senadores, gobernadores tuvieron la capacidad para
hacer al presidente reconsiderar su estrategia. Calderón se fue y dejó un país
en llamas, con más cárteles de la droga de los que encontró, con más regiones
en conflicto y con mutaciones del narcotráfico en vastas zonas del país que se
han convertido en la peor amenaza social, poniendo en entredicho la capacidad
del Estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos, una de sus
principales razones de ser.
No se sabe todavía
hacia dónde apuntará la estrategia de Peña Nieto, pero el solo hecho de que no
se esté convocando a actores tan importantes como el Congreso, a los gobernadores,
a los partidos, a los sectores sociales y económicos para participar en la
solución de un problema de esta magnitud, es andar de nuevo una ruta que, ya se
supo, es errónea.
Hasta ahora el
presidente ha estado encerrado en su burbuja de priista de nuevo cuño, pero
estaría repitiendo el mismo error de Calderón si decide emprender su propia
lucha contra el narcotráfico y no la lucha de la sociedad mexicana toda contra
este flagelo.
No solo del Gobierno
deben salir las medidas que habrán de tomarse. El Acuerdo Nacional por la
Seguridad, la Justicia y la Legalidad, signado en agosto de 2008, pudo haber
sido un buen ensayo contra ese patrimonialismo del poder tan nocivo, pero nació
de suyo viciado porque fue promovido, organizado, acotado, por el propio Felipe
Calderón, quien buscaba avales a su estrategia anticrimen. Pronto se vería que
era inoperante, pues muchos de los puntos ahí resueltos nunca fueron atendidos
porque simplemente no había condiciones para ello.
La lucha contra el
narcotráfico requiere de una amplia convocatoria donde participen todos los
sectores, la clase política, los gobiernos, los empresarios, los intelectuales,
los organismos de derechos humanos. Para que el Gobierno tenga espejos por
todos lados, en los cuales verse cada mañana. No se deben permitir seis años
más de errores. La guerra de Calderón fue un error. No es que no debía darse,
es que no era así. Y si no se aprendió la lección —es posible que no se haya
aprendido—, no habrá quién salve a este país.
Los gringos, en cambio,
no pierden el tiempo. Si el Gobierno mexicano parece no cambiar nada el rumbo
de la guerra, en los Estados Unidos ya se preparan para nuevas estrategias
respecto a México. Se está proponiendo cambiar el acuerdo de cooperación
antidrogas llamado Iniciativa Mérida por el de una intervención más directa en
nuestras políticas de seguridad. Siempre lo han hecho, pero ahora quieren ser
más directos, con capacitación más especializada de elementos de la Marina y
del Ejército en escuelas del Pentágono y una participación más activa de este
en la definición de las políticas antidrogas de nuestro país.
Bola y cadena
APENAS LA SEMANA PASADA reventó en los Estados Unidos, por medio de una nota
del The New York Times, que el general Augusto Moisés García Ochoa posiblemente
había sido vetado por los Estados Unidos para ocupar la titularidad de la
Defensa, pues se sospechaba que estaba ligado al narcotráfico y a actos de
corrupción.
¿Y quién se extraña
de eso? Toda la estrategia de Calderón contra las drogas estuvo orientada y en
última instancia acotada o avalada por el Gobierno norteamericano.
Sentido contrario
PROSPERE O NO EN ESTA LEGISLATURA, la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la
UAS para permitir la reelección del rector, solo tiene un destinatario: Héctor
Melesio Cuen Ojeda. Por eso el ex rector no se ha jubilado —algo que presume
como un “sacrificio”. Cuen no descarta regresar de nuevo a la rectoría aunque
sea evidente que no ocupe estar ahí para hacer de ella una institución a sus
pies.
Humo negro
EL HECHO DE QUE LOS HISTORIADORES digan que los restos de Julia Pastrana van a generar
“turismo cultural”, significa que están pensando hacer lo mismo que hicieron
con ella en vida: mostrarla por el mundo como un fenómeno de circo para sacar
raja. Qué tristeza.
(RIODOCE.COM.MX/Columna Observatorio de Ismael
Bojórquez/Febrero 10, 2013)
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