Claudio Bañuelos
Aguascalientes, Ags., 18 de enero. El titular de la Secretaría de Educación
Pública (SEP), Emilio Chuayffet Chemor, advirtió que para los maestros que
violen el derecho de los alumnos a recibir educación, la dependencia tiene un
"plan alterno", que consiste en la aplicación de la ley (en lo
referido a sancionar), y aunque algunos lo "llamen represión; contra el
derecho, nada", sentenció.
Chuayffet y Eduardo Sojo Garza-Aldape, presidente del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi), ofrecieron una conferencia de prensa para
anunciar que el censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y
especial se realizará de septiembre a noviembre próximos, y los resultados
estarán listos a finales de año.
Se ocuparán más de 17 mil personas
Sojo anunció que para dicho trabajo –en instituciones públicas y privadas–
se empleará a 17 mil 500 personas. Dijo desconocer el costo del mismo, pero
anticipó que involucrará a unos 26 millones de alumnos, 1.3 millones de
maestros y unas 250 mil escuelas primarias y secundarias en todo el país.
Explicó que esta recopilación de información se realizará por "única
vez" y sólo se actualizará cada año, ya que se cuenta con una base de
datos del Registro Nacional de Alumnos, Maestros y Escuelas. Comentó que además
se podrá contar con la percepción de los supervisores escolares de zona, sobre
las necesidades que tiene cada plantel, mediante una encuesta de opinión.
Chuayffet señaló que esta información servirá para poner en práctica la
reforma educativa, que ya fue avalada por 20 congresos estatales, la cual
consideró "un instrumento vital para dar precisión a las políticas
públicas" en la materia, así como asegurar que esta información "no
tendrá ninguna restricción" y estará abierta a la población.
Asimismo, rechazó un posible sabotaje al censo por los docentes: "Creo
que la inmensa mayoría de maestros de México está persuadida de la exigencia
social de contar con una demanda educativa y, por otro lado, este no es un
ejercicio voluntario ni está sujeto al parecer de todos los integrantes de la
educación en México, sino que es un mandato consitucional que habrá de
ejercerse con base a derecho".
Interrogado acerca de si existía algún "plan B" para enfrentar
las posibles suspensiones de clases por los docentes que rechacen la aplicación
de la reforma educativa recién aprobada por el Congreso de la Unión, respondió:
“Hay un plan alterno, que es cumplir el derecho, y en México no nos gusta, lo
llamamos represión, limitación a la conducta libérrima de los ciudadanos. El
derecho en México y en el mundo es el que nos otorga potestades y obligaciones
a cada uno de los sujetos del derecho que actúan en la sociedad. En primer
lugar, es un derecho humano el recibir educación.
“Nadie puede, a título de ninguna bandera, interrumpir ese proceso, y
cuando se haga, se acatará la ley, que es la salvaguarda para proteger ese
derecho humano fundamental.
"Contra el derecho a recibir educación, ninguna bandera es válida, y
mucho menos sacar a los niños de las escuelas para hacerlos parte de una
manifestación; todos y cada uno de los protagonistas de la enseñanza tienen
mecanismos legales para hacer valer sus derechos y defenderlos; esos, los
lícitos, son los únicos que valen; los ilegales de ninguna manera pueden ser
tolerados", advirtió.
No obstante, señaló que "más de 90 por ciento de los maestros de
México son personas que cumplen con su labor; a veces en condiciones heroicas,
y a ellos no los reconocemos, siempre hablamos de la excepción que, repito, son
minoría".
(La Jornada / Claudio Bañuelos / Sábado 19 de enero de 2013)
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