Arturo Rodríguez García
MÉXICO, D.F.
(apro).- En 2011, Gerardo Laveaga Rendón los tildó de fundamentalistas y el año
pasado se atrevió a decir que lucraban con la transparencia. Hoy, esos
“fundamentalistas”, como los definió en ese entonces, lo eligieron como su
presidente, pese a ser el más nuevo e inexperto de todos.
Luego de que la
comisionada Jacqueline Peschard Mariscal concluyó el segundo período para el que
fue electa, Gerardo Laveaga Rendón fue designado este viernes como presidente
del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).
Compañero de
generación de Felipe Calderón en la Escuela Libre de Derecho, en cuyo sexenio
se dio a conocer, Laveaga se convirtió en el cuarto presidente del organismo
garante de la transparencia.
Propuesto por
Calderón apenas el año pasado, en abril asumió como comisionado del IFAI, en
medio del rechazo de organismos ciudadanos por sus antecedentes antigarantistas
en la materia.
Durante tres horas,
el pleno del Instituto deliberó este viernes sobre el relevo de Peschard, y fue
hasta la cuarta ronda de votaciones cuando Laveaga resultó electo.
La presidencia del
IFAI es el cargo más relevante que ha desempeñado Laveaga, quien entrará en
funciones el próximo sábado 19. Entre 1996 y 2000 fungió como titular de
comunicación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y de 2001 a
2012 dirigió la Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).
En esta última
responsabilidad fue uno de los principales promotores de las reformas
calderonistas, especialmente de la reforma constitucional penal de 2008.
Además, se ha pronunciado por la adopción de la oralidad en el sistema penal, y
en general ha manifestado sus inclinaciones por adoptar mecanismos del sistema
jurídico anglosajón.
Protección de datos…
gubernamentales
Como comisionado,
Gerardo Laveaga se ha caracterizado por resolver de manera favorable asuntos
del gobierno, especialmente cuando se trata de instancias de seguridad
proclives a la opacidad.
En fechas recientes
ha influido en otros comisionados, inclusive imponiendo sus criterios ante el
pasmo de sus compañeros. Por ejemplo, luego de casi un año de gestiones, el
IFAI resolvió el recurso RDA 0096/2012, cuyo proyecto estuvo a cargo del
comisionado Ángel Trinidad Zaldívar.
Este último
comisionado hizo suyos los criterios expuestos por Laveaga, a fin de que la
Procuraduría General de la República (PGR) mantuviera en la opacidad los
nombres de los agentes del Ministerio Público federal especializados en
delincuencia organizada.
La resolución
formalizó algo que ninguna ley contempla: la existencia de fiscales sin rostro,
es decir, agentes investigadores del Ministerio Público que no son públicos.
En otras ocasiones
Laveaga ni siquiera revisó los argumentos de solicitantes a quienes se les negó
información, con lo que garantizó la opacidad de instancias de seguridad.
En el Recurso
3540/2012, por ejemplo, se solicitó una serie de convenios firmados entre las
secretarías de Seguridad Pública y de la Defensa Nacional.
La primera
dependencia respondió que no era de su competencia, pese a que sus titulares
habían signado los documentos, rendido informes ante el Congreso de la Unión y
abordado públicamente el tema en entrevistas y conferencias de prensa.
Laveaga resolvió con
el argumento de que la dependencia, entonces encabezada por Genaro García Luna,
había orientado en tiempo y forma al solicitante a realizar su solicitud en
otra dependencia, sin siquiera revisar los argumentos de la inconformidad.
Un alfil calderonista
En su edición 1846,
la revista Proceso publicó un perfil de Gerardo Laveaga Rendón.
A pocos meses de que
acabara su gobierno, Felipe Calderón propuso como comisionado a su viejo amigo
de universidad y apologista a ultranza de sus acciones.
Organismos
ciudadanos alertaron que el IFAI y el derecho a la información corrían peligro
por dos causas: una, la propuesta de Laveaga, y otra, el estancamiento de
reformas en la materia.
El 15 de diciembre
de 2011, María Marván Laborde renunció al IFAI para irse al Instituto Federal
Electoral, dejando vacío en aquel instituto uno de los cinco puestos. Tres
meses después, la Secretaría de Gobernación informó de la propuesta de Laveaga.
Desde enero de 2011,
Artículo 19 y Fundar, organismos civiles especializados en transparencia y
libertad de expresión, y Jacqueline Peschard, le pidieron a Calderón que su
candidato garantizara profesionalismo y autonomía.
Laveaga no sólo
carecía de experiencia, sino que se había mostrado contrario al principio de
máxima publicidad, pues a su juicio “la transparencia tiene límites”.
Sin embargo, el
Senado avaló su nombramiento, con lo que se convirtió en el segundo miembro del
círculo calderonista en el IFAI proveniente de una de las instancias de
seguridad. La otra es Wanda Sigrid Arzt Colunga, exasesora de Calderón y
exsecretaria técnica del Consejo de Seguridad Nacional, que desde 2009 ocupa un
espacio en el organismo.
La carrera de
Laveaga comenzó a la sombra de Diego Valadés, quien como procurador de Justicia
del Distrito Federal lo nombró director del Ministerio Público en lo Familiar y
Civil. Luego fue director de Prevención del Delito, cargo que también desempeñó
en la PGR en 1994, cuando Valadés era procurador general.
Laveaga fungió como
director de comunicación social de la SCJN, cuando Genaro Góngora Pimentel era
presidente de esa institución.
En 2001 el entonces
procurador de la República, Rafael Macedo de la Concha, convirtió a Laveaga en
director del Inacipe, de donde salió en 2009, al acabar su segundo periodo
cuatrienal, considerando que los estatutos no permiten una tercera gestión.
Durante el proceso
de designación para que Laveaga fuera comisionado del IFAI, Darío Ramírez,
director de Artículo 19, señaló que tenían la preocupación de que el presidente
intentara “cubrirse las espaldas” imponiendo a uno de sus cercanos.
Para Calderón el
IFAI siempre fue objeto de deseo. No sólo como presidente electo pactó con
Vicente Fox la llegada de Alonso Lujambio a la presidencia del mismo, el
consejero jurídico de la Presidencia, Miguel Alessio Robles (otro egresado de
la Escuela Libre de Derecho), operó en 2009 el ingreso de Sigrid Artz y de
María Elena Pérez Jaén (Proceso 1718).
Pero no sólo
Artículo 19 se extrañó del caso. El Colectivo por la Transparencia, integrado
por 11 organismos ciudadanos, consideraron que Laveaga no cumplía con el perfil
profesional.
Observaron también
que se trataba de una persona cercana al presidente y que sus antecedentes
dejaban la duda sobre “si su nombramiento obedece a la política de opacidad y
desacato de la LFTAIPG (Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental) que ha seguido el gobierno federal en materia de
procuración de justicia durante el actual sexenio (de Calderón)”.
Otro golpeador
Laveaga Rendón
también fue compañero de generación de Javier Lozano Alarcón, otro de los
apologistas de Calderón, inmerso en todo tipo de escándalos.
Las bravatas de
Laveaga han sido llevadas a los medios de comunicación, como ocurrió con el
tema de la transparencia.
En un artículo
publicado el 21 de febrero de 2009 en el diario El Universal, Laveaga
descalificó la resolución del IFAI respecto de que las averiguaciones previas
concluidas podrían ser objeto de revisiones públicas.
Dicha resolución fue
litigada por la PGR. En el texto, Laveaga expuso que abrir las averiguaciones
ponía en riesgo el derecho a la intimidad y la seguridad pública, así como la
presunción de inocencia y la fama pública de los implicados.
En el mismo
documento se refirió a los comisionados del IFAI, que hoy lo eligieron
presidente, como “fundamentalistas de la transparencia”.
Cuando se anunció
que estaba propuesto por Calderón para sumarse como comisionado del IFAI,
Laveaga advirtió en su cuenta de Twitter que no daría entrevistas, aunque sí
respondió a algunos usuarios.
Por ejemplo,
@presuntoc preguntó: “¿Quiénes son los fundamentalistas de la transparencia?”.
Laveaga respondió:
“Quienes se olvidan de las garantías individuales con tal de lucrar”. O sea que
quienes lucran fueron sus electores de hoy.
Twitter y el sitio
oficial del Inacipe se convirtieron en la ventana publicitaria del personaje,
quien a través de ese medio reiteró “su aportación” a la transparencia por
impulsar los juicios orales, escribió que a su paso por la SCJN contribuyó “a
que se conocieran las sentencias” y recomendó ver su programa “Derechos en
pugna”, que transmite el canal de paga EfektoTv.
En la página del
Inacipe se publicó la introducción que Laveaga hizo al libro ABC del nuevo
sistema de justicia penal en México, que también recomendó en Twitter para
difundir sus conceptos sobre transparencia. Es decir que, contra toda lógica de
rendición de cuentas, su campaña para ser comisionado se realizó desde el
gobierno, específicamente desde el instituto que él mismo dirigía.
Apologista, comedido
y represor
En los programas de
televisión de Laveaga, los invitados eran generalmente afines al gobierno, y
los temas los que en el momento abordaba Calderón.
Para hablar de la
reforma laboral llevó a los especialistas Jorge Enrique Roel y Edmundo García,
ambos a favor. Para comentar sobre la reforma penal invitó a su subordinado
Álvaro Vizcaíno, quien promovió iniciativas de Calderón. Y naturalmente su
jefa, la procuradora Marisela Morales, también fue invitada.
El funcionario
convertido en conductor televisivo preguntó a Morales sobre temas de
transparencia. La procuradora fue evasiva, hasta que finalmente admitió que los
servidores públicos sujetos a escrutinio dan mejores resultados. A cada dicho
de Morales, Laveaga asentía emocionado: “¡Claro, claro!”.
El recién nombrado
presidente del IFAI fue defensor de las decisiones y hasta de los exabruptos de
Calderón, en especial en coyunturas que lo ponían en entredicho.
Por ejemplo, cuando
un grupo de abogados –entre ellos Netzaí Sandoval, John Ackerman y Loretta
Ortiz– anunció que interpondría una denuncia contra Calderón ante la Corte
Penal Internacional (CPI), Laveaga escribió un artículo (en el suplemento
Enfoque de Reforma, el 6 de noviembre de 2011) en el que se manifestó
escandalizado, los llamó alborotadores y del Ejecutivo dijo que era “un
mandatario que, con apego a la ley, ha trabajado para preservar la seguridad
nacional” y que ningún tribunal se atrevería a juzgar.
En otro párrafo
añadió: “Lo que sí parece claro es el oportunismo de quienes –cuando se avecina
una contienda electoral en México y está a punto de concluir el periodo del
fiscal ante la CPI– pretenden confundir a la opinión pública con fines
partidistas. Su despropósito sólo desgastará a la CPI, que se verá obligada a
realizar trámites inútiles para desechar la solicitud. También radicalizará el
debate entre las personas mal informadas”.
En otro artículo
(también en Enfoque de Reforma del 24 de diciembre de 2010) explicó que no es
lo mismo un juez que un ministro: “Mientras el primero debe apegarse al
artículo, ceñirse a la fracción, cotejar lo que dice el Código con la
jurisprudencia y el tratado internacional, el segundo está obligado a descifrar
hacia dónde apunta la Constitución y cómo aplicar una idea abstracta a un
problema concreto…”
Semanas después
Calderón empezó a descalificar al Poder Judicial, en concreto a partir de junio
de 2011. El 12 de julio, en el diario Reforma, Laveaga ironizó:
“Escudándose en el
debido proceso, lo importante para un juez penal es que el Ministerio Público
no haya omitido ninguno de los requisitos de una consignación, que no haya
retenido al inculpado más de 48 horas y –Dios no lo permita– que lo haya
detenido sin orden judicial, así se le haya sorprendido en flagrancia”.
Otro ejemplo del
pensamiento de Laveaga es el caso de Rubí Marisol Frayre Escobedo, asesinada en
agosto de 2008, cuya madre, Marisela Escobedo, se dedicó a buscar justicia hasta
que fue asesinada en diciembre de 2010. El responsable de la muerte de Rubí fue
detenido, pero quedó en libertad luego de un proceso oral.
Eso puso a discusión
el modelo impulsado por Calderón.
En un artículo
titulado “Jueces que no meten gol” (Reforma, 30 de enero de 2011), Laveaga se
refirió a los asesinatos de Rubí y Marisela para defender, con analogías
futbolísticas, los juicios orales.
“Estamos
construyendo un nuevo sistema acusatorio que, apuntalado en la publicidad y
transparencia, nos permitirá ver de qué están hechos nuestros jueces,
defensores, agentes del MP, peritos y policías. Creo, por lo anterior, contra
lo que algunos opinan, que el caso de Rubí no ha demostrado la ineficiencia de
los juicios orales sino, al contrario, su excelencia. Ha logrado que la
sociedad esté enterada de lo que ocurrió y de que los jueces rindan cuentas, en
los términos del artículo 17 constitucional”.
También se pronunció
contra el proyecto del ministro Arturo Zaldívar para que se liberara a Florence
Cassez, quizás la mayor pifia de la procuración de justicia del sexenio de
Calderón.
Y aquí su talante de
represor: el jurista René González de la Vega, maestro del Inacipe, declaró que
era viable enjuiciar a Calderón (Proceso 1804). Laveaga se apresuró a deslindar
al Inacipe, que en adelante prescindió de los servicios de aquél.
(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ Arturo
Rodríguez García / 18 de enero de 2013)
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