Emilio Godoy
MÉXICO, D.F. (apro).- Activistas estadunidenses están dispuestos a detener
el campo eólico de Energía Sierra Juárez, filial de la californiana Sempra
Energy, que se construye en La Rumorosa, Baja California, por considerar que
implica riesgos a la salud humana y al ambiente.
Desde el anuncio del proyecto en 2009, los opositores han argumentado en su
contra, sin que el Departamento de Energía (DOE por sus siglas inglesas) o los
jueces los hayan escuchado. Pero no pierden la esperanza.
La eoloenergía “ha creado efectos adversos, como ruido, contaminación
eléctrica, los generadores crean exceso de energía que pueden dañar equipo
electrónico, se genera componentes sucios provenientes de las turbinas y los
transformadores”, explicó a Apro Donna Tisdale, fundadora de la no
gubernamental Backcountry Against Dumps y residente en el rancho “Morningstar”
en la localidad de Boulevard (California).
Tisdale, también directora del grupo de planeación de Boulevard en el
condado de San Diego, su organización y la no gubernamental Fundación para
Proteger Nuestras Comunidades han emprendido acciones judiciales para detener
la instalación, la más reciente el 26 de diciembre ante la Corte del Distrito
Sur de California.
En su querella, de 27 páginas de extensión y consultada por Apro, los
acusadores señalan que el DOE, el Departamento de Interior y el Servicio de
Pesca y Vida Salvaje, adscrito a este último, no evaluaron a fondo las
alternativas al proyecto y sus implicaciones ecológicas.
“La Declaración Final de Impacto Ambiental del DOE falla en dar un
propósito detallado e independiente y la necesidad del proyecto, analizar todas
las alternativas razonables, estudiar todas las actividades relacionadas con el
proyecto, estudiar los efectos transfronterizos, revelar y analizar totalmente
muchos de los impactos ambientales adversos, formular adecuadas medidas de
mitigación y responder adecuadamente a los comentarios”, cita el documento,
firmado por el abogado Stephan C. Volker.
La demanda está dirigida contra el DOE y su titular, Steven Chu; el
Departamento de Interior y su jefe, Ken Salazar; el Servicio de Pesca, y su
titular, Jerry Pell, así como contra el gerente de Proyectos de la Oficina del
Despacho de Electricidad y Disponibilidad de Energía del DOE y Karen A. Goebel,
supervisora asistente del Servicio de Pesca, sindicados de cuatro cargos por
violaciones a las leyes Nacional de Política Ambiental, de Especies Amenazadas,
de Aves Migratorias y de Protección a las Águilas Calva y Dorada.
La acusación indica que el DOE y la Oficina de Pesca violaron la Ley de
Especies Amenazadas al fallar en usar los mejores datos científicos y
comerciales disponibles cuando analizó si y cómo el proyecto afectaría especies
amenazadas y en peligro de extinción. Igualmente fallaron en reiniciar la
consulta cuando información significativa nueva estuvo disponible y en analizar
los efectos sobre especies amenazadas y en peligro de extinción de todas las
actividades del proyecto.
El énfasis de los activistas radica en el borrego cimarrón peninsular (Ovis
canadensis), en peligro de extinción tanto en México como en Estados Unidos, y
el águila real o dorada (Aquila chrysaetos), también amenazada y que en Estados
Unidos posee un carácter simbólico: aparece en el escudo nacional.
El parque eólico se edifica en un área de casi 300 mil hectáreas que
abarcan las zonas de Jacume, La Rumorosa, Cordillera Molina y Sierra de Juárez,
en los municipios de Mexicali, Tecate y Ensenada.
La instalación procedería en fases, en la primera de las cuales se
instalarían 52 aerogeneradores para producir 130 megavatios (Mw), para llegar
en las fases subsiguientes hasta un mil 250 Mw, con una inversión total de unos
500 millones de dólares.
Además, Sempra construirá una subestación, con la idea de conectar el campo
eólico con la red Powerlink suroeste de su subsidiario San Diego Gas y Energía,
para trasladar el fluido hacia San Diego.
La transnacional estadunidense, propietaria de Sempra LNG, Sempra Energy
México y Energía Costa Azul, ha sido acusada en Estados Unidos de despojo de
tierras y pago de sobornos para construir y operar su terminal de gas licuado
en Ensenada, activa desde 2008 (Proceso No. 1764).
Consultas insuficientes
El 18 de diciembre de 2007 ESJ solicitó el permiso para construir, operar,
mantener y conectar la línea de transmisión. El DOE completó consultas
informales con la Oficina de Pesca en marzo de 2011.
En enero de 2009 el DOE decidió preparar una declaración de impacto
ambiental y organizó consultas públicas y consideró comentarios sobre el
borrador del documento entre septiembre de 2010 y el mismo mes del año
siguiente. Esa institución publicó la versión final del estudio en mayo de
2012.
El pasado 8 de junio la Agencia de Protección Ambiental (EPA) publicó un
aviso sobre la declaración de impacto ambiental elaborado por el DOE, instancia
que avaló el 17 de agosto a Energía Sierra Juárez y le entregó el permiso
respectivo el día 31 de ese mes con el código PP-334.
Los activistas consideran que el DOE no tomó en cuenta los hallazgos
contenidos en la declaración de impacto ambiental.
Ese documento “identifica múltiples consecuencias inevitables para los
recursos biológicos, visuales, culturales, hídricos, ruido, salud pública,
gestión del fuego, transporte y tráfico, uso de suelo y recreación”, arguye la
demanda.
Los acusadores estiman que el análisis no aborda temas vitales como las
necesidades energéticas futuras, la magnitud de la dependencia regional de los
combustibles fósiles y si el proyecto es necesario para permitir que las
generadoras de California cumplan con sus metas energéticas.
Sempra obtuvo el permiso porque “tiene buenos contactos, influencia
política en México y Estados Unidos, donde hemos encontrado que incluso los
tribunales no están ansiosos por aplicar la ley. La energía limpia tiene pase
libre para destruir el ambiente”, lamentó Tisdale.
En México las cosas no han sido muy distintas. La Secretaría de Medio
Ambiente ya autorizó el proyecto, a pesar de que la Manifestación de Impacto
Ambiental no despeja las interrogantes ambientales. Esa dependencia organizó en
noviembre de 2009 una consulta pública en Tecate y que sirvió de base para la
aprobación de la granja eólica.
La Sierra de Juárez es importante para la captación de agua y la recarga de
mantos acuíferos que dotan de líquido a Ensenada y Tecate.
La construcción requerirá de unos 800 mil galones de agua “en un área de
aguda escasez hídrica”.
De hecho, los activistas estadunidenses intuyen que el parque energético
afectará también recursos ambientales del lado mexicano. Ambos gobiernos
mantienen un tratado de exportación de electricidad.
“Los efectos del proyecto en México están interconectados con y son
interdependientes con las consecuencias en Estados Unidos. El gobierno debe
considerar todos los impactos potenciales del proyecto, sin importar a qué país
afectan. Adicionalmente, el DOE debe solicitar o llevar a cabo un completo
estudio de impacto ambiental en ambos países”, plantea el texto legal.
Asimismo, señala que la declaración de impacto ambiental del DOE “reconoce
que las actividades del proyecto en México resultarán casi seguramente en
capturas de águilas doradas, incluyendo lesiones o muerte; modificación adversa
del hábitat y una perturbación directa”.
Aunado a ello, persiste el temor de que Sempra construya más
infraestructura energética. La empresa opera una termoeléctrica en Mexicali y
una planta de gas natural en Ensenada, que principalmente sirve para exportar
energía a Estados Unidos.
El sitio electrónico de Backcountry Against Dumps señala que “con la
aprobación del proyecto, existirán los tres ingredientes necesarios para una
planta generadora de gas: gas, agua y transmisión”.
Y continúa: “Sempra argumenta que el permiso limitará la línea para
transportar únicamente energía renovable. Sin embargo, una enmienda podría ser
presentada para permitir el acceso de energía fósil”.
Por ello, es previsible la solicitud de una modificación al aval. “Creemos
que una enmienda para facilitar la transmisión de una nueva generadora a gas
será presentada cuando las cosas se tranquilicen y la economía y las fuerzas
del mercado apoyen la construcción y la operación”.
La Ley de Protección a las Águilas Calva y Dorada contiene prohibiciones
con sanciones penales y civiles contra la captura de esas aves.
La Oficina de Pesca enlistó el 18 de marzo de 1998 al borrego cimarrón
peninsular entre las variedades en peligro de extinción.
En México se estima que existen más de 2 mil 500 ejemplares de este animal,
mientras que se desconoce el número de águilas reales, aunque se ha documentado
la existencia de al menos 145 nidos silvestres.
Para Tisdale, hay otras opciones energéticas que las autoridades estadunidenses
deben explorar, antes de autorizar el campo eólico.
“Hay otras alternativas, además de la eficiencia energética y la
conservación de la energía, como la solar”, sugirió la activista.
En ese sentido, argumentan que el DOE falló en evaluar el uso de la actual
línea de transmisión del Consejo Coordinador de Energía del Oeste y acusa que
sólo se apegó a los razonamientos de ESJ para no utilizarla.
Los acusadores buscan una declaración legal del tribunal, presidido por el
juez James Lorenz, de violaciones a las leyes Nacional de Política Ambiental,
de Especies Amenazadas, de Aves Migratorias y de Protección a las Águilas Calva
y Dorada, así como la cancelación del permiso hasta que se realicen estudios
ambientales apropiados.
“Tenemos que dar un paso a la vez. Sempra es muy poderosa y corrupta, ha
evadido muchas cosas”, sostuvo Tisdale.
(PROCESO/ Emilio Godoy/18 de enero de 2013)
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