Una serie de ordenamientos y modificaciones aprobados
a última hora por el anterior gobierno federal le dejan la mesa puesta a la
administración de Enrique Peña Nieto en caso de que quiera privatizar el sector
energético mexicano, empezando por la electricidad. El nuevo reglamento de la
Secretaría de Energía y el relativo al Servicio Público de Energía Eléctrica le
dan la vuelta al artículo 27 constitucional y dejan de considerar estratégicas
–y por lo tanto no privatizables– a la CFE y a Pemex, entre otras
paraestatales.
Arturo Rodríguez García
MÉXICO, D.F.
(Proceso).- Entre el 14 de septiembre y el 30 de noviembre pasados el entonces
presidente Felipe Calderón emitió varios reglamentos en materia energética que
–aun sin modificar el artículo 27 constitucional– permiten la participación de
particulares en el proceso de generación, transmisión, distribución y venta de
electricidad.
En esos reglamentos
el panista omitió el carácter estratégico del sector eléctrico –el que impedía
su privatización–, otorgó amplias facultades a la Secretaría de Energía
(Sener), le restó autonomía a las paraestatales e incluso anuló las normas que
se violaron al extinguir a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC).
Un nuevo Reglamento
Interior de la Secretaría de Energía (Risener, que modifica el anterior
ordenamiento de esa dependencia) se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el pasado 11 de octubre. El 30 de noviembre –último día de su
gobierno– Calderón publicó en el Diario Oficial de la Federación las
modificaciones al Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía
Eléctrica (RLSPEE) que completaron otras reformas publicadas el 24 de octubre
anterior.
Las modificaciones
comenzaron el 14 de septiembre cuando la Secretaría de Hacienda (SHCP) difundió
las nuevas normas aplicables al sector paraestatal, las que junto a los
reglamentos mencionados cobraron vigencia mientras se desarrollaba el proceso
de transición gubernamental.
Cabe destacar que el
sector energético es importante para el gobierno de Enrique Peña Nieto. El
pasado 6 de diciembre, en un breve encuentro con reporteros en el avión
presidencial, se le preguntó si algún tema le preocupaba.
“Hay temas de los
que ya me estoy ocupando desde ahora, donde tenemos algunos rezagos que hay que
atender de manera inmediata. Por ejemplo, para hablar del tema de electricidad,
tema de gas, abasto de gas, que está resultando un problema, no tenemos hoy los
ductos construidos… Éste y otros temas de coyuntura se están atendiendo,
estamos encontrando solución”, respondió.
El 12 de diciembre
en Tijuana aludió otra vez al asunto: “Uno de mis compromisos fue precisamente
reducir las tarifas eléctricas para todo el país y esto necesariamente transita
por una reforma hacendaria y energética”, advirtió.
Privatización prevista
En el oficio
309-A.-0249/2012 la Subsecretaría de Egresos de la SHCP, a través de su Unidad
de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, difundió el
nuevo reglamento de la Sener con la consideración de que éste se emitía para
armonizar las reglas derivadas de la nueva Ley General de Contabilidad
Gubernamental (LGCG).
El oficio fue
dirigido a oficiales mayores o equivalentes de dependencias federales y
paraestatales y en su cuarto considerando establece: “Que la aprobación de la
LGCG, sus alcances, las regulaciones conceptuales y técnicas, así como el
objetivo principal de atender la armonización de la contabilidad gubernamental,
obligan a la actualización de los documentos normativos que se venían aplicando
con la finalidad de dar continuidad al principio de consistencia”.
Las nuevas normas
reestructuran el sector energético y amplían el espectro de participación
privada, en especial en lo relativo a la electricidad. Sólo en el RLSPEE el 24
de octubre se modificaron 71 artículos a los que se sumaron, el 30 de
noviembre, seis más. En total se reformaron 77 de los 173 artículos de ese
reglamento.
Entre los artículos
modificados destaca el 11: “El suministrador podrá celebrar convenios y
contratos con los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, los
municipios, las entidades paraestatales o con particulares, para realizar actos
relacionados con la prestación del servicio y actividades conexas, con el fin
de mejorar el aprovechamiento de sus recursos, así como simplificar y facilitar
las labores administrativas relativas al servicio”.
El artículo 72
estipula que los particulares podrán generar energía eléctrica con el fin de
vendérsela a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El artículo 73 autoriza
que los particulares realicen transmisión, transformación y entrega de energía
eléctrica a los beneficiarios.
Y sigue: “En los
proyectos correspondientes, los interesados deberán considerar las
instalaciones relativas a dichas actividades, para los fines de construcción y
operación de las mismas, sin perjuicio de la posibilidad de celebrar, en su
caso, convenios con la Comisión (CFE) para la prestación por ésta de servicios
de transmisión de la energía eléctrica a los permisionarios”.
El artículo 77
abunda en que los tipos de permisos a particulares que otorgará la Sener serán
para autoabastecimiento, cogeneración, producción independiente, pequeña
producción, generación para exportación e importación de energía eléctrica.
Excepto en la
producción independiente, todos los permisos tendrán duración indefinida. Y a
pesar de las restricciones, para cada tipo de permiso hay un denominador común:
el artículo 126 establece que independientemente del tipo de permiso que tenga
un particular para generar electricidad, puede ponerla en su totalidad a
disposición de la CFE.
El capítulo VIII del
mencionado reglamento norma las condiciones de planeación y prospectiva que
deberán realizarse cada año. Entre éstas se establece que la Sener elaborará
una “memoria” con la información que aportan los particulares implicados en la
prestación del servicio, a partir de la cual la CFE deberá tomar previsiones
técnicas y económicas.
Entre esas
previsiones están las licitaciones. La Sener determinará –según el artículo 125
del RLSPEE– la ampliación o sustitución de capacidad que se requiera para
satisfacer la demanda de electricidad del país y en su caso decidirá licitar la
construcción y operación de obras. Además, mediante adjudicación, la Comisión
Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación decidirá
si compra electricidad a particulares.
La Sener decidirá
los aspectos más importantes de las licitaciones. El artículo 13 bis establece
con claridad que esa secretaría autorizará todo proyecto de la CFE.
Contrataciones
a discreción
Como lo hace el
RLSPEE, el nuevo reglamento de la Sener concentra también facultades en esta
dependencia y le resta autonomía a la CFE.
En el artículo 2 del
reglamento anterior se consideraba que la Sener “proveerá lo conducente para
asegurar que el órgano de gobierno de las entidades paraestatales coordinadas
bajo su sector, ejerza con autonomía de gestión sus atribuciones de
administración y conducción”. Esta previsión desapareció en el Risener.
El artículo 5 del
reglamento anterior preveía que las paraestatales coordinadas por la Sener se
agruparan en tres subsectores: El de la electricidad, del cual formaban parte
la CFE y LFC; el de los Hidrocarburos, es decir Petróleos Mexicanos (Pemex) y
sus subsidiarias; y el de Tecnología Energética, esto es los institutos de
Investigaciones Eléctricas, de Investigaciones Nucleares y Mexicano del
Petróleo.
En el articulado del
nuevo reglamento desaparecieron los subsectores y no se menciona por su nombre
a las paraestatales ni a los institutos.
La eliminación de
los coordinadores de subsector es otra de las novedades en el nuevo
ordenamiento. El artículo 11 del reglamento anterior estipulaba que los
coordinadores de subsector y el oficial mayor de la Sener estaban facultados
para suscribir contratos. Ahora un jefe de unidad o un director general puede
hacerlo, siempre que tenga la opinión del área jurídica.
Los jefes de unidad
y directores de área concentran más poder que sólo la contratación, pues el
reglamento nuevo también eliminó varios comités de deliberación colegiada para
concentrar las decisiones en un director.
El artículo 6 del
anterior reglamento consideraba la existencia de cinco comités: de Planeación y
Programación Sectorial, de Desarrollo y Tecnología, Técnico Sectorial de
Estadística y de Información Geográfica, de Mejora Regulatoria y de Información
Pública. El papel que desempeñaban estos comités ahora lo desempeñarán
directores generales dependientes de las subsecretarías.
El irregular caso de LFC
Las reformas al
RLSPEE y al Risener forman parte de un paquete de modificaciones, anulaciones y
nuevas normas que regulan a las paraestatales. Conforme al oficio
309-A.-0249/2012 de la SHCP, en 2012 ocho normas de aplicación obligatoria para
las paraestatales fueron sustituidas y 10 más se dieron de baja.
Los reglamentos
decretados por Calderón también permitieron subsanar las irregularidades que
cometió al decretar la extinción LFC en octubre de 2009 y dejan abierta la
posibilidad de que el gobierno de Peña Nieto acuda a fórmulas privatizadoras de
las paraestatales.
Aunque el nuevo
reglamento de la Sener no menciona ya a la CFE ni a Pemex o a sus subsidiarias
–consideradas por el artículo 27 constitucional estratégicas y prioritarias y
por lo tanto no privatizables– la posibilidad de que se privaticen está
reglamentada.
El artículo 6 del
nuevo Risener, en su fracción XXIII, establece como facultad genérica de los
subsecretarios: “Someter a la consideración del secretario los estudios y
análisis previos, así como los anteproyectos de instrumentos jurídicos, cuyo
objeto sea crear, modificar, disolver, liquidar, extinguir, fusionar, enajenar
o transferir entidades paraestatales coordinadas del sector, con la opinión de
la Unidad de Asuntos Jurídicos”.
El pasado 20 de
octubre se informó (Proceso 1877) que dichas facultades formaban parte del
reglamento de la Sener. Se hizo un seguimiento con solicitudes de acceso a la
información con el objetivo de establecer si la facultad para proponer la
extinción de LFC se había ejercido conforme a las disposiciones
administrativas.
El reportaje de este
semanario dio cuenta de que con la legislación y la normatividad vigente en
2009, LFC no podía extinguirse por su carácter estratégico y que aun cuando
fuera posible, la Norma Específica de Información Financiera Gubernamental para
el Sector Paraestatal (NEIFGSP-011) establecía que antes de la extinción se
debía efectuar la liquidación. Calderón lo hizo al revés.
Esa y otras
irregularidades demostraban que la violación en materia administrativa podía
nulificar la extinción de LFC por vicios de procedimiento.
La solución fue
sencilla: la NEIFGSP-011 causó baja en octubre pasado pues es una de las normas
que, según el oficio 309-A.-0249/2012, quedó sin vigencia y no se sustituyó.
Ahora el Risener
concede al titular de la Sener la facultad de reglamentar el vacío. Conforme al
artículo 4, fracción III, es el responsable de proponer las normas y
reglamentos a fin de que los decrete el Presidente.
Estados
radiactivos
La materia nuclear
se convirtió en una prioridad del gobierno de Calderón, quien en 2007 inició la
cuantificación de minerales radiactivos en el país.
En su edición 1673
(del 23 de noviembre de 2008) Proceso informó de una sigilosa exploración a
cargo del Servicio Geológico Mexicano (SGM) a partir de los informes sobre reservas
de uranio que había integrado Uranio Mexicano (Uramex), paraestatal extinguida
en 1985.
Al frente del SGM y
la cuantificación se puso a Rafael Alexandri Rionda, un burócrata del sector
energético que estuvo a cargo de realizar en 2007 la cuantificación de reservas
de hidrocarburos y cuyas conclusiones dieron a Calderón el argumento
publicitario del desaprovechado “tesoro que México tiene en aguas profundas”
con el que promovió la reforma petrolera.
Mediante solicitudes
de información el SGM respondió con explicaciones escuetas: se revisaban 554
informes emitidos por Uramex y los estados con potencial radiactivo eran
Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Oaxaca, Nuevo León, Chihuahua
y Sonora. Además un informe de Uramex –obtenido por Proceso– daba cuenta de 62
sitios con reservas de uranio que incluía también a Baja California Sur y
Coahuila como entidades con amplias reservas y potencial uranífero.
La CFE no tenía
registro de proyectos radiactivos ni de las actividades que realizaba el SGM
pues las conclusiones de sus exploraciones nunca se hicieron públicas.
Ahora el artículo 11
del nuevo reglamento de la Sener señala que el director general de
Abastecimiento de Energía Eléctrica y Recursos Nucleares es responsable de
proponer al subsecretario de Electricidad las políticas en materia de energía
nuclear; de otorgar y cancelar las asignaciones para exploración, explotación y
beneficio de minerales radiactivos y no radiactivos asociados y recibir avisos
sobre la existencia de yacimientos de minerales radiactivos, entre otras
funciones.
Los informes del SGM
obtenidos de la cuantificación iniciada en 2007 quedaron en manos de la Sener,
que ya puede disponer su explotación y beneficio, ampliando el número de
asignaciones mineras.
(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ ARTURO
RODRÍGUEZ GARCÍA/ 9 de enero de 2013)
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