Este gigantesco complejo comercial, sin embargo, está
rodeado de opacidad: sus propósitos parecen inocuos, pero los especialistas
advierten que, más que un gran centro de promoción de productos chinos, será un
enclave para acaparar los recursos naturales, aun a costa del equilibrio
ecológico.
Ni siquiera se sabe si la mayoría del capital de la
empresa será nacional o extranjero. Lo único cierto es que un dragón pretende
tragarse un trozo del sureste mexicano.
Jenaro Villamil
PUERTO MORELOS, QR.
(Proceso).- A 19 kilómetros de la zona hotelera de Cancún, en la carretera que
une a este centro turístico con Tulum, un terreno denominado El Tucán albergará
al complejo Dragón Mart, que será el segundo más grande del mundo después del
de Dubái.
Desde el aire en el
predio de 561 hectáreas sólo se observa un área que ha sido talada y desbrozada
en espera de que empiece la construcción de ese coloso que ha generado una
polémica nacional a raíz de la oposición de las cámaras industriales, como la
Concamin y la Canacintra, de grupos defensores del medio ambiente y en general
de los sectores económicos que se sienten amenazados por la llegada del gigante
asiático.
La disputa por el
proyecto Dragón Mart no sólo es por la venta y almacenamiento de productos
chinos para América Latina.
Es un enfrentamiento
entre empresarios cercanos a Enrique Peña Nieto –como Francisco Funtanet,
dirigente de la Canacintra– que se oponen al proyecto y los promotores de éste,
empresarios vinculados con Vicente Fox y su familia y apoyados por los priistas
Félix González Canto y Roberto Borge Angulo, ex gobernador y gobernador de
Quintana Roo, respectivamente.
Especialistas
consultados por este semanario consideran que en el fondo hay una pugna por la
apropiación de los recursos naturales y las materias primas en Quintana Roo,
una entidad saqueada durante décadas, en especial a partir de la expansión de
polos turísticos como Cancún, la Riviera Maya y Tulum. Las inversiones chinas
se han caracterizado en África, en las ex repúblicas soviéticas de Asia Central
y en Sudamérica por su interés en la explotación intensiva de materias primas.
“Detrás del Dragón
Mart existe también un proyecto de extracción de recursos naturales, como
madera, material pétreo y quizá la producción de soya transgénica en Quintana
Roo”, opina Alejandra Serrano, abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental
(Cemda).
Quintana Roo es una
de las siete entidades en las que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat) autorizó la siembra de soya transgénica, producto que en Europa se
considera nocivo, pues para su cultivo se usan fertilizantes que dañan otras
actividades, como la apicultura.
El vocero y
representante legal de la inmobiliaria Real Estate Dragón Mart, Juan Carlos
López Rodríguez, ha negado una y otra vez que el proyecto amenace a los
industriales mexicanos, considera “calumniosas y absurdas” las acusaciones y
afirma que 90% de los accionistas son mexicanos, aunque en marzo de 2011 se
habló de una inversión china de más de 40%.
López Rodríguez fue
señalado como uno de los operadores de Manuel Bribiesca Sahagún cuando este
hijo de Marta Sahagún tenía 45% de las acciones de Logística Free Trade Zone,
empresa que se benefició de la privatización de las aduanas mexicanas en el
sexenio foxista.
López Rodríguez
representó también al consorcio suizo Societé Generale de Surveillance, que en
2005 obtuvo la concesión para operar el Recinto Fiscalizado Estratégico de San
Luis Potosí. Se le acusó de irregularidades de entre ocho y 12 millones de
dólares por la revisión de productos extranjeros, principalmente chinos, más
baratos que los reportados oficialmente (Proceso 1475, 1470 y 1510).
El representante del
proyecto amenazó a la ambientalista Alejandra Serrano, a quien acusó en una
carta dirigida al Cemda de haber diseñado “una estrategia legal, política y de
comunicación tendiente a difamar y desprestigiar” a Dragón Mart.
En vísperas de que
el Congreso de la Unión aprobara un punto de acuerdo contra Dragón Mart, López
Rodríguez volvió a ofrecer una conferencia de prensa, el jueves 3. Acusó a los
legisladores del PRD, PAN y PRI que apoyaron el punto de acuerdo de servir “a
intereses económicos creados alrededor de una economía poco competitiva”.
El punto de acuerdo
fue promovido por la diputada federal del PRD, Graciela Saldaña Fraire, quien
pidió la cancelación definitiva del proyecto. La legisladora y ambientalista
cancunense argumentó que “la operación de este cluster implicaría prácticas de
comercio desleal”, así como “severas violaciones a la normatividad local y
federal” en materia de desarrollo ambiental y urbano.
En menos de una
semana la propuesta se dictaminó en la Comisión Permanente del Congreso. El
jueves 3, con el respaldo de todos los partidos se aprobó un punto de acuerdo
para solicitarle a las instancias federales, estatales y municipales
información suficiente sobre los alcances de este proyecto.
En la discusión el
diputado Rodrigo González Barrios advirtió que se prevé la excavación de 4.5
metros de profundidad en 58 hectáreas, “equivalente a cuatro veces más que la
Alameda Central del Distrito Federal”, para extraer 2.6 millones de metros
cúbicos de material pétreo.
Incluso el
presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el priista Francisco
Arroyo Vieyra, haciendo eco de las críticas y quejas de los productores de
calzado de Guanajuato y de los empresarios textileros, expresó su preocupación
“por el ingreso de mercancías de Oriente que tienen bajo precio”.
Máxima opacidad
Los legisladores y
activistas consultados coincidieron en que no hay información clara de un
proyecto que desde su origen se ha caracterizado por su opacidad, por la falta
de rendición de cuentas y por las versiones contradictorias de sus propios
promotores respecto al porcentaje real de la inversión china y a sus alcances e
impactos ambientales.
“Estamos en el limbo
en materia de transparencia en Quintana Roo. Le pedimos a la Secretaría de
Medio Ambiente local que convocara a una consulta pública antes de que
aprobaran la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) a favor de Dragón Mart.
Nos la negaron argumentando que no teníamos interés jurídico. Es la primera vez
que nos niegan una consulta”, afirma Serrano.
Ella y Saldaña
Fraire coincidieron en que la MIA debió ser autorizada por la Semarnat y no
sólo por las autoridades locales, ya que estas obras se realizarán frente a una
zona federal –el mar Caribe– y afectarán el manto freático de la región de
Puerto Morelos.
El 28 de septiembre
de 2012 el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental de Quintana Roo (Iniraqroo)
autorizó la “construcción y operación del Centro Comercial Dragón Mart Cancún y
obras asociadas” que ya se presentó como un proyecto de “desarrollo comercial
turístico” y no como un proyecto de redistribución de mercancías de origen
chino.
El proyecto aprobado
incluye la edificación de 3 mil 40 locales comerciales de 25 metros cuadrados,
cada uno para que los visitantes puedan “conocer y adquirir mercancías” en un
área de 127 mil metros cuadrados; 12 locales comerciales en torno a espejos de
agua artificiales para cafeterías, restaurantes y tiendas; 20 bodegas de 5 mil
403 metros cuadrados cada una y la construcción de 722 viviendas de dos niveles
de entre 100 y 150 metros cuadrados, para los trabajadores de origen chino.
Un oficio del 19 de
diciembre de 2012 dirigido a Saldaña Fraire y firmado por el subsecretario de
Gestión para la Protección Ambiental de la Semarnat, Rafael Pacchiano Alamán,
advierte que en esta dependencia federal “no se tiene proyecto alguno” bajo el
nombre de Dragón Mart Cancún y “tampoco existe alguna solicitud que se hubiese
presentado para llevar a cabo cualquier obra y actividad relacionada con el
proyecto”.
Accionistas mexicanos
La propiedad del
predio y sus actividades originales tampoco están claras. Conocida como El
Tucán, esta extensión de más de 500 hectáreas pertenecía desde 1979 a la
yucateca Ana María Díaz de León Erosa y estaba destinada a la engorda de
pollos.
En 2000 comenzó la
explotación de material pétreo, pero un acta notarial del 21 de agosto de 2012
indica que “el banco de material ha reducido significativamente su explotación
y venta, motivo por el cual actualmente se encuentra parado y en un aparente abandono”.
El apoderado legal
de Díaz de León, Carlos Rafael Castillo Medrano, firmó el 19 de junio de 2012,
ante el notario público 89 de Mérida, Yucatán, una promesa de compra-venta del
predio por 28 millones de dólares con Real Estate Dragon Mart, representado por
López Rodríguez.
La cláusula sexta
del documento afirma que “por voluntad expresa de las partes la presente
promesa de compra-venta no será inscrita por el momento en el Registro Público
de la Propiedad del estado de Quintana Roo, reservándose sus derechos para
hacerlo en el momento en que lo consideren oportuno”.
Castillo Medrano es
mencionado como uno de los “empresarios yucatecos” con la mitad de las acciones
de Dragón Mart. Posee 45% de Real Estate Dragón Mart, la empresa inmobiliaria,
y el otro 45% de capital mexicano es de una sociedad de inversionistas de Nuevo
León conocida como Grupo Monterrey, al que pertenecen Luis Felipe Salas
Benavides, ex directivo de Farmacias Benavides; José Luis Salas Cacho,
vinculado con Vicente Fox y con Transportación Marítima Mexicana (TMM), y
Miguel Pedraza Villarreal.
Salas fue
representante de TMM en la operación del Centro Logístico de Jalisco, un
proyecto impulsado por el gobernador panista Emilio González Márquez. Salas
impulsó el “puerto seco jalisciense” que iba a operar Logistik, división del
grupo regiomontano TMM.
Sus vínculos con Fox
son claros. En 2000 fue nombrado asesor de la Dirección General de Petróleos
Mexicanos. Entre ese año y 2007 TMM obtuvo contratos por más de 219 millones de
dólares.
“Sólo el 10%
restante de la inversión es de capital chino”, insistió López Rodríguez al
hablar de Dragón Mart. Sin embargo, en otras declaraciones dijo lo contrario y
los observadores señalan que no es lógico que Chinamex (la sociedad de
capitalistas chinos del proyecto) con sólo 10% de capital controle todo el
proyecto y reciba los beneficios fiscales.
En la conferencia de
prensa de junio de 2012 López Rodríguez informó que la inversión sería de 2 mil
millones de dólares, que Real Estate Dragón Mart está conformado en 60% por
empresarios mexicanos y 40% por los asociados chinos que crearon Chinamex. La naviera
china Ocean Shipping Company (Cosco) se encargaría de la operación logística.
Privilegios fiscales
El convenio original
firmado entre el entonces gobernador González Canto y el representante de
Chinamex, el empresario Hao Feng, firmado el 22 de marzo de 2011, así como
información del portal en internet del consorcio asiático, revelan que el
proyecto de Dragón Mart se planeó con una serie de privilegios fiscales para
los inversionistas extranjeros, que prometieron inyectar más de 200 millones de
dólares a partir de 2013.
En ese convenio
original, cuya copia obtuvo Proceso, se acuerda que en 561 hectáreas se
construirá un centro comercial para productos de origen chino, bodegas, centro
de exhibición y 722 viviendas, con el objetivo de que “dichas mercancías puedan
ofertarse en México, Caribe, Centro y Sudamérica, garantizando empleo,
inversión y derrama económica significativa que permitirá el desarrollo de una
nueva actividad económica en el estado, creando sinergia con la actividad
turística”.
A los inversionistas
chinos se les prometían exenciones fiscales, apoyos económicos y gestiones ante
autoridades municipales y federales que no se les han ofrecido a otros grupos
empresariales. Por ejemplo, en apoyos directos González Canto se comprometió a:
“Un subsidio
equivalente hasta 100% en la causación del Impuesto Sobre Traslación de Dominio
que provenga directamente de la enajenación del predio en donde se asiente el
proyecto…
“Exención en el pago
de los derechos ante el Registro Público de la Propiedad que se generen por la
inscripción del predio donde se asiente el proyecto…
“Otorgamiento de un
subsidio temporal de hasta 100% en las contribuciones con motivo del Impuesto
sobre Nóminas por un tiempo de hasta tres años contados a partir de 2013,
mismos que no tendrán prórroga alguna…
“Destinar un
presupuesto de hasta 1 millón de dólares de la Oficina de Visitantes y
Convenciones para la promoción de Quintana Roo en el extranjero…
“Gestionar ante la
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado un descuento de hasta 50% en los
derechos de conexión a la red conforme a las necesidades del proyecto…”
Ante las autoridades
del municipio de Benito Juárez se gestionará un “subsidio especial” de hasta
50% en el impuesto predial, 50% de descuento en el pago de la licencia de
construcción, elaborar y aprobar un nuevo Plan Parcial de Desarrollo para la
zona.
Ante las autoridades
federales el gobierno de González Canto se comprometió a solicitar la
relocalización de las torres de energía eléctrica de la CFE, el trámite ante la
Semarnat para el cambio de uso de suelo en materia forestal, gestión ante la
Secretaría del Trabajo para otorgar hasta 4 mil becas de “trabajo temporal” con
un apoyo de hasta dos salarios mínimos y por espacio de 60 días, construir con la
Conagua una planta de tratamiento de aguas residuales por 420 mil dólares y
destinar 6 millones de pesos para la construcción de vialidades hacia el Dragón
Mart.
En declaraciones
recientes el ex gobernador y actual senador González Canto aclaró que con el Dragón
Mart “no se trata de fayuquear”, sino de que “vengan los grandes inversionistas
de países de todo el Continente Americano a hacer en Cancún los negocios que
antes tendrían que hacer hasta China”, y minimizó su papel como impulsor de
este proyecto.
“En su momento el
gobierno participó como facilitador, como lo hace con cualquier inversión que
llega a Quintana Roo”, declaró a una estación radiofónica local el 26 de
diciembre pasado.
Su sucesor, Roberto
Borge, no ha vuelto a expresar su apoyo al Dragón Mart pese a que entre el 13 y
el 15 de junio de 2012 presumió la visita de una delegación de 12
representantes del China Development Bank (CDB) y de 70 empresarios chinos que
visitaron Cancún.
La delegación del
CDB “apreció la cercana relación de cooperación que se ha construido entre
Chinamex y el gobernador del estado de Quintana Roo”, según informó el portal
internacional del consorcio dirigido por Hao Feng (www.chinamex.cn).
El brazo imperial
El Dragón Mart de
Cancún estaría inspirado en el complejo similar construido en Dubái en 2004 y
que alberga 4 mil locales comerciales administrados por chinos.
El proyecto original
de Cancún planea el ingreso de hasta 140 contenedores de mercancías, a través
de la naviera Cosco, identificada en todo el mundo como uno de los grandes
brazos imperiales de la potencia asiática.
Ni en Dubái ni en
Cancún se trata sólo de comerciar con los productos chinos, sino de crear una
“cabeza de puente” para la expansión de las empresas y la obtención de recursos
naturales de una región como Centroamérica, según plantean los españoles Juan
Pablo Cardenal y Heriberto Araujo, reporteros que han cubierto durante años la
expansión del gigante asiático.
En su libro La
silenciosa conquista china (2012) Cardenal y Araujo plantean que el Dragón Mart
de Dubái le permite a China comerciar hasta 6 mil millones de dólares con Irán,
a través de los emiratos, dándole la vuelta a las sanciones comerciales contra
el régimen de los ayatolas.
En ambos casos, en
Dubái y en Irán, a China le interesa el petróleo y desplazó desde 2007 a Rusia
como principal proveedor de armas a Teherán.
“El ideólogo de este
experimento llamado Dragón Mart, que otros países como México se afanan por
reproducir, es Abadallá Lootah”, escriben. “Este dubaití (…) es quien en 2004
puso en marcha el centro de distribución que conecta a los compradores de
Oriente Medio y el este de África con los productos chinos”, agregan.
(PROCESO/ JENARO VILLAMIL/ 7 de enero de 2013)
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