II Informe en Tijuana costará un millón 790 mil pesos
Sin pena ni gloria, a casi dos años de gobierno de Carlos Bustamante, Tijuana no presenta avances en temas que el presidente municipal prometió durante campaña, como la competitividad y la creación de empleos, de hecho la tasa de desempleo es de 7.4 por ciento, más alta que la nacional
Mientras tanto en Tijuana, trabajadores municipales apresuran el paso
para entregar hojas y hojas de reportes para el próximo 26 de
noviembre; y es que el alcalde tiene otros asuntos en la mente,
especialmente, su aspiración a la candidatura para la gubernatura.
A dos años, promesas sin cumplir
El presidente que prometió la creación de nuevos empleos durante su
campaña ha gobernado una ciudad que registró, a septiembre de este año,
una tasa de desempleo del 7.4 por ciento, casi tres puntos porcentuales
arriba de la tasa nacional.
Lo anterior se traduce en un total de 47 mil 546 personas
desempleadas, de acuerdo al análisis del Centro de Estudios Económicos
de Tijuana, a partir del reporte que presentó el INEGI a través de la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
No solamente son empleos los que se han perdido en la actual
administración municipal, también centros de trabajo. Hasta abril de
2012, Tijuana perdió 86 plantas maquiladoras en comparación a noviembre
de 2007. El INEGI reveló que en ese mes se reportaron 538
establecimientos a diferencia de hace cinco años, en que existían 624.
La ciudad también ha caído en términos de competitividad. De acuerdo
al reporte 2012 del Instituto Mexicano de la Competitividad, Tijuana se
ubicó en el número 70 de los 77 municipios analizados en todo el país.
En el ranking se considera al sistema político de la ciudad como “muy bajo”, mientras que el gobierno recibió una calificación baja.
Las cifras de incidencia delictiva tampoco han mejorado respecto al
año anterior. Hasta septiembre de 2011, la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado contabilizó 37 mil 237 delitos, este año se han
registrado doscientos más.
Entre los delitos que han aumentado de enero a la fecha, se
encuentran extorsión, secuestro, amenazas, violación, lesiones dolosas y
delitos sexuales.
Bustamante se cansó de declararlo: al asumir la presidencia
municipal, mediante el Plan de Acción Inmediata se realizarían 285
acciones de gobierno, todas indispensables, pero sobre todo,
desatendidas por la anterior administración.
A los cien días, se presentaron los resultados. En aquel entonces y
como era de esperarse, algunas acciones eran tan ambiguas como “campaña
para promover la equidad de género, jornadas comunitarias y difusión de
IMMUJER”, las cuales no pudieron ser siquiera completadas.
Sin embargo, otras promesas fueron más concretas, entre ellas la
publicación de la convocatoria para la concesión del sistema de
transporte masivo metropolitano rutas 1 y 2, a cargo de la Secretaría de
Gobierno y para la cual se destinó parte de los 410 mil pesos
entregados a esa dependencia.
La realidad es que la actual administración ha batallado para ordenar
el servicio de transporte público en la ciudad. Al respecto, el regidor
David Ruvalcaba, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y
Vialidad y Transporte, comentó lo contrario de lo expuesto por el
alcalde a inicios de este año, “no tenemos intención de terminar la ruta
troncal esta administración”.
Por ello, la licitación para la construcción de la obra no ha sido
presentada, mucho menos para la concesión como lo planteó el equipo del
presidente municipal a la entrada de la administración. En el tema del
transporte hay otros aspectos que atender primero, declaró el regidor
priista, entre ellos el transporte de personal de maquiladoras en la
zona este de la ciudad y la concesión de la ruta a la unidad Valle de
las Palmas de la UABC.
Una más: desde el inicio del año el presidente se posicionó contra
más permisos para la venta, almacenaje y consumo público de bebidas
alcohólicas. En octubre pasado, el Cabildo aprobó 37 solicitudes de
permisos nuevos a supermercados, entre ellos Calimax, Bodega Aurrerá,
Wal-Mart y Soriana.
Además el presidente municipal ha vulnerado a los propios empleados
municipales. Las cartas de renuncia firmadas por trabajadores del XX
Ayuntamiento –a orden expresa de Presidencia– cobraron ya los primeros
empleos. Entre ellos, los de trabajadores de la delegación Sánchez
Taboada, los de Otay, y la del bombero Armando Quintana Manzo. En una
muestra de solidaridad, los compañeros de éste se manifestaron contra la
medida, luego de entablar una demanda contra las autoridades
municipales.
El recorte de la nómina municipal contempla 300 despidos, 40
traga-humos temen perder su empleo como su compañero, de ser así,
Tijuana contará con .2 bomberos por cada mil habitantes, cuando lo
recomendado por estándares internacionales es de un bombero.
La excusa del gobierno municipal no es más que una muestra de la
capacidad para gobernar y administrar una ciudad con casi dos millones
de habitantes. En la cual se destinan casi 10 millones de pesos para
viáticos y pasajes de funcionarios, 53 millones a publicidad y
propaganda, mientras que otros rubros como estímulo y ayudas reservados a
los familiares de policías caídos alcanzan paupérrimos 68 mil pesos.
Una administración derrochadora para los amigos
El gobierno de Bustamante no escatima en recursos para asesorías y
consultorías. De enero a febrero de 2012, se firmaron tres contratos de
prestación de servicios profesionales que costaron más de siete millones
de pesos a los bolsillos de los tijuanenses.
Con precios cotizados en moneda extranjera, se le pagaron 85 mil
dólares (más IVA) a Consultores Penales, despacho jurídico localizado en
la colonia Condesa en la Ciudad de México para “apoyo, consultoría
jurídica y todos los servicios necesarios para la atención de las
conductas e irregularidades de servidores públicos de la pasada
administración municipal, relacionadas con el contrato administrativo
de obra pública a precios unitarios o tiempo determinado con CEMEX”.
Bajo el mismo concepto, se contrató a Rivera Gaxiola, Carrasco y
Barrera, quienes recibieron un sustancioso cheque de más de cuatro
millones de pesos.
La actual administración justificó el gasto al evidenciar el daño a
vialidades en la zona de Otay, reparaciones de las cuales la cementera
no se responsabilizó. El juicio no ha presentado avances en lo que va
del año.
Uno de los primeros beneficiados en este segundo año de gobierno de
Carlos Bustamante fue, precisamente, su amigo Gustavo Almaraz, ex
senador priista, con la contratación por un millón 800 mil pesos a su
despacho Grupo de Especialistas Políticos para “representación, asesoría
técnica, consultoría política y cabildeo”, además de recibir una
comisión de diez por ciento por los recursos obtenidos de fondos
públicos de la federación.
Alejado de la sociedad
Ocupado en sus diversos viajes, el alcalde ha preferido atender
asuntos de carácter nacional e internacional que escuchar el sentir de
los tijuanenses. En los últimos dos meses ha realizado por lo menos
cinco viajes a la Ciudad de México, Estados Unidos y el más reciente a
Asia.
Ausente por periodos de más de dos semanas, el primer edil envía
comunicados desde diversos puntos del mundo, reciclando los argumentos
de “fortalecer relaciones comerciales… mayor inversión de empresas en
Tijuana… generación de empleos… consolidación de proyectos
estratégicos”, en los cuales lo único que cambia es el país de origen al
final de cada enunciado.
Entre tanto, los ciudadanos reclaman mejores servicios públicos y
atención a diversas inconformidades, desde el déficit de áreas verdes
–menos del uno por ciento que recomienda la ONU– hasta la imposición en
el nombramiento de vialidades públicas a memoria de familiares y
amistades.
El tema despertador de reclamos sociales, después de cumplirse el
primer año de administración, fue la desincorporación del predio “La
Ocho”. El rescate del edificio no se lo logró, fue demolido días después
de la decisión de Cabildo el 24 de diciembre de 2011.
Luego de un fallido primer intento de subasta del terreno,
asociaciones civiles presentaron un amparo federal contra la venta, el
12 de noviembre ante el Juzgado Octavo de Distrito con el expediente
561-2012. La audiencia se fijó para el 3 de diciembre de 2012, entre
tanto el Ayuntamiento no podrá realizar la segunda subasta.
Al respecto, Saúl Torres de la asociación “Ciudadanos por el derecho a
la ciudad” comenta “están acabando con lo poco que tenemos como
patrimonio, los ciudadanos no estamos siendo tomados en cuenta y una de
las opciones que nos quedan es organizarnos”.
No fue solamente el desentendimiento del gobierno de las solicitudes
ciudadanas, sino las omisiones a estatutos como la Ley de Preservación
de Patrimonio Cultural, lo que deja en la ciudadanía de que tanto el
primer edil como los regidores “actúan según su juicio y no en respeto a
la Ley”, explicó Saúl Torres.
Por su parte, Juan Carlos Fernández, presidente de Tijuana Activa “en
este Ayuntamiento, hemos detectado una serie de violaciones en temas
tan diversos como la protección al medio ambiente hasta los derechos
humanos, por ello, hemos creado asociaciones civiles para nuestra
defensa”.
El activista señala “violan nuestras garantías individuales como
ciudadanos y actúan a manera de capricho, a pesar de las manifestaciones
en contra, ésta es una administración que nos tomó el pelo a los
ciudadanos”.
Sin subcomités ciudadanos
Añade Eliseo Sandoval del Comité Pro defensa del Parque Benito Juárez
“es increíble la falta de información con la que los ciudadanos, no
existe la cultura de defender lo público. En los primeros amparos que
presentamos, nos respondían que carecíamos de personalidad jurídica y
luego critican la falta de participación ciudadana, pero el Ayuntamiento
nunca ha respondido a nuestras solicitudes de reuniones de trabajo”.
Y es que el lazo entre el gobierno municipal y la sociedad fue
cortado de tajo con la entrada de Bustamante. Señala Juan Ignacio
Rodríguez la fusión del Comité de Planeación para el Desarrollo del
Municipio (COPLADEM) con el Instituto Metropolitano de Planeación
(IMPLAN) como ejemplo.
“El COPLADEM era el lugar donde se fomentaba la participación
ciudadana y no hay todavía una forma legal de darle continuidad a Ley
Estatal de Planeación porque en el IMPLAN no existen los subcomités
ciudadanos, a los que acudíamos antes de la administración de
Bustamante, para elegir representantes de las juntas de gobierno de las
paramunicipales”.
Para estas asociaciones civiles que buscan el reconocimiento de sus
derechos, más allá de los oídos sordos que presta el presidente
municipal, el XX Ayuntamiento ha trabajado bajo una premisa
intransigente “con el gobierno no te metas, porque con el gobierno no se
puede”, barrera comunicacional a la cual se enfrentan todos los días.
En estas condiciones, con alto nivel de desempleo, desaparición de
empresas, incremento en la inseguridad, derroche para los amigos, y
desatención social, Carlos Bustamante Anchondo arriba a su segundo
informe de gobierno… y aspira a ser candidato a Gobernador por el PRI.
