Ricardo Meza Godoy
Criminales asesinados tenían un largo historial, pero gozaban de libertad
El doble homicidio del 1 de noviembre, de Sebastián Ulises Beltrán García y Ricardo Sebastián Beltrán Ramírez -padre e hijo- en Ensenada, sacó a relucir la ineficiencia del combate a la delincuencia organizada en la entidad
Trece casquillos percutidos calibre 9 milímetros y una pipa con restos de la droga conocida como cristal,
fueron localizados en la vivienda marcada con el número 1317 del
fraccionamiento México en Ensenada, donde padre e hijo fueron asesinados
el jueves 1 de noviembre.
Sebastián Ulises Beltrán García, de 68 años de edad, y
Ricardo Sebastián Beltrán Ramírez, de 28, yacían boca abajo sobre un
charco de sangre, con sus cuerpos a centímetros de distancia en el
interior de la casa, donde según las primeras investigaciones de las
autoridades, se habían reunido para recibir una cantidad no especificada
de droga. Tenían impactos de bala en sus cráneos, tórax y rostro.
Antes del doble homicidio, las autoridades en Baja
California mantenían archivado un grueso expediente de la trayectoria de
Beltrán Ramírez no solo como consumidor de drogas, sino como
delincuente reincidente.
A principios de este año fue detenido por agentes de la
Policía Estatal Preventiva (PEP) de la Secretaría de Seguridad Pública
del Estado (SSPE), por pertenecer y liderar una banda de delincuentes en
Ensenada, calificada por la propia autoridad como peligrosa.
En su último atraco habían robado una vivienda en el
fraccionamiento San Marino, y tras la denuncia y posterior detención de
cuatro sujetos, incluyendo a Ricardo Sebastián, éste incluyó en su
declaración haber pertenecido a una célula del Cártel Arellano Félix
(CAF) en la entidad.
Anteriormente fue detenido y procesado por portación de
arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerzas Armadas;
robo a lugar cerrado; robo en casa habitación; lesiones (en dos
ocasiones); robo con violencia; ataque peligroso; posesión de cartuchos;
homicidio en grado de tentativa; por conducir en estado de ebriedad y
robo de vehículo, por citar algunos delitos.
Mientras que los otros detenidos de su banda, Alejandro
Gómez Cabrales, de 32 años; Arturo Flores López “Noni”, de 37; y
Leobardo Romero Guerrero, de 44 años de edad, tenían antecedentes. Gómez
por posesión de armas de fuego sin licencia, Flores López por siete
robos -a lugar cerrado en dos ocasiones, en grado de tentativa, con
violencia, simple, de vehículo y con violencia en grado de tentativa-, y
Romero Guerrero por disparo de arma de fuego.
En junio de 2005, la Procuraduría General de la
República (PGR) había detenido a Ricardo Sebastián junto con Juan Carlos
Leal Malagamba en un filtro fijo en los puntos de acceso a la zona
urbana de Tijuana. Traían consigo 18 pastillas de Rivotril y un vehículo BMW modelo 2001 sin placas de circulación.
En febrero de 2009 asaltó con violencia un supermercado Ley,
y fue detenido junto con María Luisa Ballina Merrem, de entonces 23
años; José Antonio Gerardo Reséndiz Rozano, de 27, y Juan Carlos Rique
Aguirre, de 25. Tres empelados del supermercado resultaron heridos
durante el robo.
Personas cercanas a Beltrán Ramírez aseguran, y así lo
confirman registros de la Policía, que tenía problemas de conducta y de
adicciones desde la adolescencia, mientras que su padre, Sebastián
Ulises Beltrán, contaba con un no menos corto expediente.
Beltrán García era abogado titulado de la Universidad de
Sonora, con cédula profesional obtenida en 1980. Se desempeñó como
funcionario en el municipio de Ensenada, durante la administración de
Raúl Ramírez Funcke (1980-1983), quien además era su suegro.
Cabe mencionar que el ex alcalde apareció muerto el 30
de agosto de 2002, flotando entre las rocas de la rada portuaria en
Ensenada. Su muerte se reportó oficialmente como ahogamiento, sin
embargo, las condiciones en que ocurrió fueron extrañas para familiares y
personas cercanas.
El abogado Beltrán tenía en su historial antecedentes
por fraude, robo con violencia, homicidio en grado de tentativa,
lesiones, robo en casa habitación, extorsión, robo con violencia,
delitos del orden federal, y por manejar un vehículo bajo el influjo de
estupefacientes. Al menos esos son los reportes al interior de la
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Aun con todos estos antecedentes, las detenciones de los
Beltrán se resolvían rápido y con el pago de multas. Las agravantes que
se esperan en casos de reincidencia, al menos en el reciente asunto de
Ricardo Sebastián y su banda de ladrones, no aplicaban. Los argumentos
en los Juzgados fueron que entre un delito y otro había algunos años de
diferencia, y la reincidencia espaciada no es tan castigada. Es decir,
Ricardo tenía en cierta forma que cometer delitos más seguido para que
se le impusiera un castigo un poco más severo, así lo dictan las leyes
en Baja California.
El reporte de la detención de Beltrán Ramírez se dio el 2
de mayo de 2012: “Una peligrosa célula de delincuentes dedicados al
robo a casa habitación en Ensenada y relacionados directamente con el
crimen organizado”, advertía la SSPE.
En el operativo de la PEP, Beltrán fue abordado mientras
circulaba por el fraccionamiento Nueva Ensenada. Intentó engañar sin
éxito a los agentes, mostrando una credencial falsa a nombre de Omar
Mercado García, de 31 años de edad, pero ya lo habían identificado. Le
encontraron un arma de fuego tipo revólver, calibre 38 especial, con
seis cartuchos útiles.
Sus cómplices fueron detenidos mientras ofrecían artículos robados en una casa de empeño de la ciudad.
Luego vinieron los interrogatorios. De acuerdo a la
SSPE, Beltrán aceptó formar parte y liderar la banda , declarando
“haber pertenecido a células del CAF establecidas en Ensenada, a la
orden de Edmundo alias ‘El Mundo’, quien fue secuestrado y ejecutado en
la ciudad de San Diego por miembros del Cártel de Sinaloa, (y) mencionó
que posteriormente trabajó con un sujeto de apodo ‘El M&M’ del CAF y
con un ex policía municipal de apodo ‘El Pollo’ que fue ejecutado en el
fraccionamiento Valle Dorado”, refiere el documento.
La SSPE puso al delincuente en manos de la PGJE, quien
con expediente y antecedentes en mano, lo consignó el 3 de mayo de 2012
al Juzgado Tercero de lo Penal, bajo el delito de robo calificado a casa
habitación. Nada más.
Le dictaron auto de formal prisión el 9 de mayo y fue
internado en el CERESO. Sin embargo, el expediente es canalizado el 19
de junio al Juzgado Primero de lo Penal, debido a que la jueza Amalia
Gutiérrez de la Peña, del Juzgado Tercero, se excusa de seguir con el
caso por tener vínculos con una de las partes.
El asunto es aceptado y pasa a manos del juez José Luis
Castañeda Carrillo, quien se desempeña en ese cargo desde el 9 de agosto
de 2002. Recibe el caso, mientras el Ministerio Público mantiene en pie
la misma acusación que ante el Juzgado Tercero.
Con el expediente de la PGJE y pruebas recabadas del
caso, el 18 de septiembre el juez dicta a Beltrán una sentencia
condenatoria de 2 años, 5 meses y 7 días de prisión por robo calificado a
casa habitación, al tiempo que le permite el beneficio de restitución
de la pena y el pago de una multa. Habían pasado poco más de tres años
desde su asalto al mercado Ley, sin embargo, ni ése ni otros actos previos actuaron como agravantes de su delito reciente.
En términos simples, la sentencia del juez significaba
que pese al historial, Beltrán saldría en libertad con una fianza fijada
en base a sus ingresos que terminó en 2 mil pesos, una multa de 747.96
pesos y un pago por reparación del daño por mil 579.35 pesos. El 26 de
septiembre exhibió su garantía y quedó libre.
Su decisión se apoyó en los artículos 85 y 86 del Código Penal para el Estado de Baja California.
En el primero se hace referencia a la substitución de la
prisión, que a juicio del juzgador y cuando no exceda los tres años,
puede ser por multa o trabajo en favor de la comunidad. En el segundo se
habla de los requisitos para la substitución: I) El reo haya delinquido
por primera vez; II) Pague o garantice, a satisfacción del Juez, la
multa y la reparación de los daños y perjuicios causados y; III) La pena
substitutiva sea más adecuada que la prisión, en atención a las
condiciones personales del sujeto y a los fines que con ella se
persiguen.
Originario de San Diego, California, Ricardo Sebastián
pertenecía a una familia acomodada en Ensenada. El delito de robo
calificado es considerado como grave y sin derecho a fianza, y aunado a
coordinar una banda de delincuentes, su liberación en 2012 fue
relativamente rápida.
La liberación rápida de delincuentes ha sido una queja
constante y reciente del propio secretario de Seguridad Pública de Baja
California, Daniel de la Rosa Anaya.
¿Cómo puede un delincuente reincidente salir tan rápido de prisión?, fue la pregunta hecha por ZETA
a la abogada Angélica María Laborín Navarro, del Colegio de Mujeres
Profesionales del Derecho de Ensenada, A.C., quien mencionó que hay
formas en las que los delincuentes evaden la impartición de justicia,
particularmente en el tema de la reincidencia. El amparo ante las
sentencias de los jueces es una de ellas, lo que provoca que los asuntos
queden en proceso y se extiendan los plazos.
Mientras las sentencias no sean definitivas, no pueden
ser consideradas como agravantes al momento en que el delincuente cae en
reincidencia, lo cual les permite tener tratos más laxos ante los
Juzgados, aun con un amplio historial.
Otra manera indirecta en que se benefician, es por la
mala integración de las averiguaciones previas (AP), que habitualmente
son conformadas en un plazo de 48 horas, donde los agentes de Ministerio
Público requieren armar expedientes de la mejor manera posible.
Una integración deficiente conlleva a falta de elementos en el caso, que pueden inclinar la balanza hacia un lado u otro.
Otro aspecto, agregó, tiene que ver con la preocupación
entre abogados sobre cuestiones básicas de la formación de los
estudiantes que se preparan como futuros licenciados en Derecho:
redacción y ortografía. Una parte de los egresados de las universidades
va a parar a los ministerios públicos, y la buena redacción, explicó
Laborín Navarro, es clave en la elaboración de expedientes y de los
asuntos que son turnados ante los Juzgados. Tiene un rol importante al
momento de la decisión de un juez y, en muchos casos, ya en los
Juzgados, “tienes que adivinar dónde va la coma para saber qué está
diciendo”, dando pie a que el texto sea interpretado a conveniencia.
El martes 13 de noviembre, previo a una charla sobre el
Nuevo Sistema de Justicia Penal que sostuvo con estudiantes de
preparatoria de la Universidad Xochicalco en Ensenada, el procurador
general de Justicia de Baja California, Rommel Moreno Manjarrez,
respondió a ZETA qué tan bien preparados están los egresados de las licenciaturas en Derecho:
“Tendremos que ver que son muchas áreas, hay que
apostarle mucho a la educación, creo que hay que reestructurar la parte,
sobre todo en lo que concierne al sistema en las materias que tienen
que dar las gentes que estén operando el sistema, no solamente la parte
teórica y no solamente los abogados, sino también los médicos. Las
investigaciones se abren mucho y da cabida a otras miradas, a otras
áreas, a otras ciencias, a contadores públicos, administradores a
economistas”.
Moreno Manjarrez no quiso ahondar en la preocupación de
los abogados y académicos universitarios; y en cuanto a la buena
ortografía y redacción de los estudiantes, también reservó sus
opiniones.
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