Una joven acudió a atenderse de un resfriado y en unas horas registró muerte cerebral. Durante su hospitalización la familia exigió respuestas sobre las causas que habían propiciado el deceso. En vez de explicaciones, personal del nosocomio sugirió donaran los órganos de la fallecida a esa clínica, donde opera el Consejo Estatal de Trasplante de Baja California, aunque el 98 por ciento de los injertos se realizan en clínicas privadas
“¡Quiero a mi hija completa!”, exclamó por enésima vez María Elena
García Ávila al insistente personal médico del Hospital General de
Tijuana, institución a la que la afligida madre acusó penalmente de
negligencia médica, mientras que al personal del nosocomio lo señala de
haberla hostigado para que donara los órganos de su ser querido, porque
“había quienes pagaban muy bien por ellos”, afirmó a ZETA.
Para la familia de María Elena Díaz García, su muerte carece de
sentido, ya que se trataba de una joven de 18 años cuyo estado de salud
era óptimo, hasta que una mañana acudió al hospital público a tratarse
un resfriado. Menos de seis horas después, su diagnóstico fue muerte
cerebral.
Tan solo en septiembre de 2012 se había inscrito al Seguro Popular,
servicio que quiso “estrenar” la mañana del jueves 4 de octubre, al ser
afectada por un fuerte catarro. “Me pidió que la llevara a Urgencias del
Hospital General, la dejé antes de las siete de la mañana y la esperé
por casi dos horas”, comparte Iván López Martínez, pareja de María Elena
Díaz.
Con receta en mano, la joven salió de la consulta un poco extrañada
porque “algo” le habían inyectado en el brazo. “Le dijeron que era
ketorolaco, lo cual me extrañó porque sé que eso es para el dolor y ella
solo estaba resfriada”, narra López Martínez.
Antes de mediodía un fuerte dolor de cabeza, seguido por una intensa
nausea la atacó. “Iván, me siento mal, ese medicamento me hace sentir
mal”, expresó la joven, y serían sus últimas palabras antes de perder el
conocimiento cuando era trasladada al Hospital General.
Al llegar por segunda ocasión en un mismo día a la sala de Urgencias,
Iván tuvo que cargar a María Elena, pues ni una camilla se le facilitó
para tal diligencia: “Pedía hablar con el doctor a cargo, exigí saber
qué medicamento le habían puesto en la vena, pues sin duda esa era la
causa para que ella estuviera así, pero nadie nos hizo caso, solo la
internaron y luego de dos horas, solo nos decían que tenía algo muy
grave, fue hasta otro día que nos informaron estaba en coma”.
Por 14 días más, la joven estudiante estuvo internada bajo ese cuadro
clínico del que nunca se recuperó, tiempo durante el cual su pareja
sentimental y su madre, dicen haber sido insistentemente conminados a
donar los órganos de María Elena.
La insistencia rayó en el hostigamiento, al grado que una enfermera
les recomendó dar parte a las autoridades para “ver si así se pone freno
a las irregularidades que ahí se comenten, ya que el caso de mi hija no
era el único, había otros cinco pacientes en las mismas condiciones”,
recordó la señora García Ávila.
Para ella y su familia, la atención dentro del hospital estuvo
plagada de irregularidades. “Los primeros días no se nos permitió verla y
nunca se nos informó qué fue lo que provocó que tuviera muerte
cerebral, ni qué doctor la atendió en Urgencias y qué fue lo que le
pusieron en la vena; además al hospitalizarla ponen el 5 de octubre como
fecha de ingreso, cuando ella fue internada el 4”, expresó.
Por su parte, Iván López indica que acudió con el director del
Hospital General (doctor José Robles Barbosa), exigiéndole respuestas
que no recibe, por lo que lo responsabiliza por el estado en que se
encontraba su pareja; ante la desinformación, la mamá de la joven pidió
el expediente clínico de su hija para requerir una segunda opinión, pero
le fue negado. Fue hasta dos días después que le permitieron verla.
A los tres días de estar internada, María Elena Díaz fue trasladada a
la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), a partir de ahí el trato del
personal se volvió indolente y comenzaron a presionarlos para que
donaran los órganos de la paciente.
La señora María Elena García rememora: “Al pasar a verla a UCI la
encontré cubierta solo con una bata, entonces pedí una sábana, ‘mi niña
tiene frío’, le dije a la enfermera. ‘ Ella ya no siente nada’”, fue la
seca respuesta.
Durante la estancia en UCI, María Elena escuchaba continuamente
frases como “Si quiere donar los órganos de su hija, cualquier gasto
nosotros la apoyamos”, “¿Ya sabe en qué estado está su hija? Ella ya no
se va a recuperar, ¿ha pensado en donar sus órganos?”.
El colmo fue cuando al retornar al piso 6, dos enfermeras le
ofrecieron: “¿Va a donar los órganos de su hija? Piénselo, hay quienes
pagan muy bien por ellos”. “Yo sí lo hiciera, si fuera uno de mis
hijos”, insistió otra, tratando de convencerla.
La respuesta de García Ávila fue tajante: “Quiero a mi hija completa”. Ya no se le insistió más.
Para Gabriela Navarro, representante de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, “la donación de los órganos no tendrían ni siquiera
que estarla sugiriendo, por respeto, además hay un protocolo al respecto
que se tiene que seguir, no cualquiera puede hacerlo”, explicó.
El 8 de octubre de 2012, Iván López Martínez, pareja de María Elena,
interpuso una demanda por el delito de responsabilidad médica y técnica
en la Unidad Orgánica de Delitos de Homicidios Culposos de la
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Ese día les habían
negado en el hospital llevar a un médico externo para una segunda
opinión.
Fue hasta una semana después que personal de la PGJE se trasladó al
Hospital General a tomarles declaración, pero ni siquiera entraron a ver
a la joven, sino que a los familiares los subieron a una camioneta de
la Procuraduría y ahí los interrogaron.
A la 1:00 pm del 18 de octubre, al concluir el horario de visita, la
joven se quedó momentáneamente sola y falleció, “su corazón dejó de
trabajar”, dijo el doctor Eduardo Vázquez de La Mora, jefe de Medicina
Interna.
Pero la mamá sostiene: “Quienes cuidaban a la paciente de lado vieron
cuando le desconectaron el respirador al momento de sacarles las
flemas, minutos después la declararon muerta. Busqué al doctor que
estuviera a cargo para que me dieran una explicación, pero nadie me
informó nada, pues había solo estudiantes que desconocían el caso de mi
hija”.
Hasta la fecha, la PGJE no ha informado a la familia sobre el seguimiento que se ha dado al caso.
“Quiero saber qué fue lo que se le suministró dentro del hospital, y si su cuerpo estaba completo”, reclama la compungida madre.
Causa de muerte, una incógnita
Hematoma por congestión de vía respiratoria, fue el
dictamen del Centro Médico Forense sobre el deceso de María Elena Díaz
García, pero qué fue lo que causó la hemorragia cerebral es un enigma
que ni el personal médico del Hospital General pudo develar.
Para Eduardo Vázquez de la Mora, Jefe de Medicina
Interna, son tres las posibles causas de esa lesión cerebral: Una lesión
en las arterias congénita, una infección causada por algún virus, o el
consumo de drogas.
Ninguna de las opciones fue investigada, solo han
quedado a nivel de especulación, pero el galeno se inclina en considerar
que fueron las drogas las que detonaron el estado que acabó con la vida
de la joven, “porque alguien de su familia comentó que era usuaria de
las drogas.
“Hay ciertas drogas, como el cristal, que así
se manifiesta, sobre todo en personas jóvenes provoca crisis
hipertensiva, mismo cuadro que ella registró al ingresar al hospital”.
— ¿Se le realizaron estudios para determinar si las drogas la habían llevado a ese estado?, se le cuestionó.
“No, aquí no hacemos antidoping”.
Vázquez de la Mora precisó que la joven fue atendida en
Urgencias por dolor abdominal, por lo que se le suministró ketorolaco y
ranitidina, contradiciendo la versión de que acudió por un resfriado,
como sostiene la familia.
Admitió que al ingresar inconsciente a Urgencias se le
aplicó naloxona, posterior a ello se le realizó una tomografía, en la
cual se detectó una hemorragia en el cerebro. Como su estado de coma era
muy profundo y no tenía ningún tipo de respuesta a ningún estímulo, se
le hizo un electroencefalograma, corroborando muerte cerebral.
A raíz de ello “se le dio todo el soporte en relación de que podía ser una candidata para trasplante de órganos”, destacó.
Durante los 14 días que permaneció hospitalizada, detalló el médico, a
María Elena se le aplicó hormona antidiurética y múltiples
medicamentos, independientemente del diagnóstico de muerte cerebral que
ya se había dado, hasta que su reserva se agotó el 18 de octubre, al
pararse su corazón.
Inequitativo manejo de trasplantes
“No tener dinero para un trasplante pone en desventaja a
las personas sin recursos económicos”, advirtió el cirujano
trasplantólogo Alger Aquino Figueroa, quien a la vez expuso que es
responsabilidad del estado lograr que los trasplantes se realicen en
forma equitativa, lo cual no sucede en Baja California.
El médico no se explica por qué, teniendo lista de espera propia, el
Hospital General envía los órganos a clínicas privadas. Muestra de ello
es el bajo número de trasplantes que se efectúan en el nosocomio
público, “cuando la Ley General de Salud dice: ‘Los órganos son para la
institución dónde está el paciente, si el HG tiene un donador y cuenta
con una lista para trasplantes, son para esos pacientes, pero contrario a
ello se privilegia a los (hospitales) privados”, acusó.
En el manejo del Centro Estatal de Trasplantes no hay transparencia,
asentó, no solo porque su control se centra en el Hospital General de
Tijuana, donde opera el Consejo Estatal de Trasplantes (COETRA), sino
porque hay dudas sobre el destino que se da a los órganos.
“De hecho se presumen trasplantes del General, pero los pacientes se atendieron en el Hospital Ángeles”, dijo.
Si bien es cierto, el Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA)
atendió en 2011 una petición de transparencia requerida por
especialistas de Baja California, lo único que hizo fue reunirse a
puerta cerrada con el COETRA y publicar un desplegado, sosteniendo que
todo se realizaba sin errores, por lo que los órganos se siguen echando a
perder, sin que hospitales donde se tiene lista de espera para
trasplantes sean tomados en cuenta.
“Incluso los propios pacientes de hospitales públicos se quejan de
que, estando incluidos en las listas, no los trasplantan, porque el
órgano se destina a ciertas clínicas privadas”, esgrimió.
De 119 trasplantes de órganos realizados en Baja
California en un año y medio, solo cuatro fueron efectuados en el
Hospital General de Tijuana, principal centro donde salen los órganos
que son donados.
De acuerdo a información oficial proporcionada por el
Instituto de Servicios de Salud Pública de Baja California, vía Sistema
de Acceso a la Información Pública, durante 2011 se practicaron 80
trasplantes (49 de riñón, 30 de córnea y uno de hígado) en la entidad.
Solo tres fueron realizados en el Hospital General de Tijuana, el resto
de los órganos se injertaron a pacientes en su mayoría de la Clínica de
Ojos de Tijuana, Centro Oftalmológico de Tijuana, Hospital Regional
Número 1 del IMSS, e Instituto de la Visión Dr. Méndez.
De los 39 trasplantes practicados hasta mediados de
2012, solo un riñón fue trasplantado en el nosocomio en mención, de 25
que han sido injertados. Las 14 córneas se han colocado principalmente
en la Clínica de Ojos de Tijuana y Centro Oftalmológico de Tijuana,
entre otros.
Aunque esta estadística se obtuvo de CENATRA y COETRA,
no coincide con las cifras proporcionadas por Ismael González Contreras,
secretario técnico del Consejo Estatal de Trasplantes, quien indicó que
en 2011 el Hospital General realizó de siete a ocho trasplantes;
mientras que en 2012 ha efectuado uno.
Aseguró que los órganos que se obtienen en donación en
el HG se logran a través de un protocolo en el que la familia del
donante cadavérico es tratada con mucha sensibilidad, algo que no se
aplicó en la familia de María Elena Díaz.
“Capacitamos constantemente al personal para ello, pero
no dudo que alguien del personal, algún estudiante con labor de
samaritano, lo hiciera por su cuenta y propiciara un mal entendido”,
justificó.
De los órganos que no pueden ser aprovechados en el
Hospital General de Tijuana por falta de receptores, aseguró que se
ofrecen primero al resto de las instituciones públicas, pero si ahí no
se hay un paciente compatible, se boletina al resto de las clínicas
privadas en las que se tiene lista de espera.
Aun así, aceptó que un promedio de 13 hígados y 17
corazones se han echado a perder “porque no se aprovechan, al no haber
receptores disponibles”.
Muy buen reportaje, espero algunas personas involucradas te pasen mas informacion, yo no tengo ni pacientes necesitados de organos ni victimas de este negocio tan sucio pero estoy dispuesto a dar frente en la solución de este problema y castigo a los responsables por que de que hay algo fuera de lugar lo hay.
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