PELAYO: DE MAL EN PEOR EN ENSENADA

Ricardo Meza Godoy

Gobierno no aterriza proyectos, aumenta burocracia y nulifica transparencia

Con su Segundo Informe de Gobierno programado para el 21 de noviembre, Enrique Pelayo Torres tendrá pocas cosas que presumir. Ensenada vive más inseguridad, violencia y problemas financieros que en 2011

Resumiendo impresiones de empleados y funcionarios de primer nivel del XX Ayuntamiento de Ensenada, el principal avance que ha presenciado la administración durante el último año ha sido el cambio de actitud del alcalde, Enrique Pelayo Torres, que ya no explota con frecuencia. De ahí en fuera, su gestión ha sido gris, sin aterrizar prácticamente ninguno de los proyectos hacia la mayoría de los residentes del municipio.

El recuento de los sucesos ocurridos en lo que va de 2012 lo plasma todo: manifestaciones, agresiones, asesinatos, incremento en la inseguridad, mayores problemas financieros, incapacidad de seguir planes trazados, cambios en el gabinete, comunidades enteras inconformes, falta de transparencia y más burocracia.

“No puedo mencionarte alguna obra destacada o algo que podamos considerar como avance”, comentó el regidor del Partido del Trabajo (PT), Armando Reyes Ledesma.

“Seguimos con falta de seriedad, transparencia y el no querer respetar los reglamentos internos”, expresó por su parte la regidora María del Carmen Íñiguez Casanova, del Partido Acción Nacional (PAN).

“Más madurez por parte del alcalde… un giro de 180 grados”, dijo en cambio Alberto Moreno Garayzar, regidor del Partido Nueva Alianza (PANAL).

Representantes de distintas dependencias federales, estatales y municipales estaban reunidos el  miércoles 14 de noviembre en el cuarto piso del edificio de la Casa Municipal de Ensenada. El tema inicial era determinar las zonas prioritarias para aplicar los 58 millones 748 mil 672.63 pesos del Ramo 33 disponibles para obra en 2012.

Habían sido citados por los funcionarios del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) de Ensenada, el cual les proponía trabajar en base a un análisis de zonas marginadas que no habían elaborado ellos, sino que lo tomaron de estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En esa reunión cayeron en cuenta que el proyecto no cuadra con la realidad.

Retrasados en el tema con un mayor margen que en 2011, año en que también realizaron su trabajo con meses de retraso, funcionarios del COPLADEM enlistaban una tras otra las delegaciones y sus niveles de marginación, que variaban de bajo a medio, alto y muy alto.

Sin embargo, no podían ocultar la realidad: estaban trabajando a marchas forzadas y pedían a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE) y a todas las dependencias representadas, información estadística urgente para armar el programa de obras como fuera, lo mejor posible, de preferencia. Mientras, el rostro de los representantes de las instituciones reflejaba descontento. Colaborarían con el COPLADEM solo porque el trabajo tenía que salir y no podía perderse el recurso.

Parafraseando al alcalde Pelayo Torres, Juan Pablo Valenzuela García coordinador general y Ross Lester Latham Figueroa, secretario técnico, ambos del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Ensenada, tuvieron que apechugar los embates, dudas, quejas y recomendaciones de los integrantes de la mesa.

Una sola opinión favorable les llegó de una de las esquinas de la sala. “Quiero felicitarlos porque se ve el trabajo, hay algunas cosas que hay que corregir, pero en general se ve que están haciendo buen trabajo”, dijo un representante del Consejo de Urbanización Municipal de Ensenada (CUME), de nombre Israel.

“Chistosos, una felicitación de 17 millones de pesos”, le reviró otro de los presentes, el ex alcalde de Ensenada en 1989, Luis Enrique Chapela Zapien, quien acudió a la reunión como representante del Instituto Nacional de Infraestructura para la Educación (INIFE).

“¡Que pasóoo!”, le respondió sorprendido el representante del CUME, haciendo una mueca que se podía describir entre sonrisa y molestia, mientras intentaba acomodarse en su silla y se ajustaba su chamarra. Eso fue todo, no volvió a hablar en la reunión.

Y es que del dinero para el Ramo 33 destinado a obra, 17 millones 624 mil 601.79 pesos, es decir, el 30 por ciento del total, va a parar al CUME, quien lo administra, lo acomoda, lo justifica y lo reparte a conveniencia.

En total, el techo financiero del Ramo 33 para 2012 es de 61 millones 879 mil 790 pesos. De esa cifra, 1 millón 856 mil 393.70 pesos van a gastos indirectos, pagos de servicios y gastos para trabajos técnicos; 1 millón 237 mil 595.80 pesos van a parar a la categoría de Desarrollo Institucional; en tanto que 37 mil 127.87 pesos, se destinan a inserciones en periódicos, anunciando las obras, gasto que se considera como de imagen y difusión, independientemente del presupuesto asignado al área de imagen y difusión dentro del propio gobierno municipal. El resto es para obra.

Los problemas vistos dentro del trabajo para lograr aterrizar el dinero del Ramo 33, procedente del Gobierno Federal, se replican en todos los niveles del gobierno municipal. El Ramo 33 es un reflejo de cómo opera el Ayuntamiento de Ensenada.

Son tres las similitudes en todas las tareas y ámbitos que se desarrollan en el actual Ayuntamiento, y que no han variado durante el último año: Hacen las cosas tarde, persiste la falta de transparencia y no dan seguimiento al plan original que plantean.

En el Cabildo, la propuesta de la Ley de Egresos para el ejercicio fiscal 2013 por parte del alcalde, con apoyo de la Tesorería Municipal, fue entregada antes que la de la Ley de Ingresos, ambas con retrasos.

Teniendo como fecha límite el 15 de noviembre para presentar sus estimaciones al Gobierno del Estado, el presidente municipal entregó apenas el martes 13 de noviembre la propuesta de la Ley de Ingresos en sesión extraordinaria, orillando a los regidores que integran la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, a programar reuniones y comparecencias de los directores y secretarios de áreas a lo largo del 14 de noviembre para poder aprobar, a las carreras y con la poca información que puedan obtener en un solo día (casi una norma en el Cabildo), el presupuesto que debió ser enviado ayer jueves 15, y que obligará a otra sesión extraordinaria y de extrema urgencia para aprobar o en su defecto quedarse con el mismo recurso del año anterior.

La municipalización

El último año estuvo plagado de problemas para el gobierno municipal. De haberse concretado la municipalización de San Quintín, la actual administración se hubiera topado con cero planes para una transición.

Antes del 28 de octubre de 2012, día del plebiscito para la posible municipalización de la zona sur de Ensenada, nunca se informó que existiera un plan económico-administrativo que atendiera con antelación una posible división territorial y de población, que pondría en un escenario completamente distinto las finanzas y planes futuros de Ensenada. De haber salido poco más de 7 mil personas a votar, inclusive todas ellas en contra de la municipalización, San Quintín hubiera logrado la independencia administrativa. La mayoría abrumadora dejó claro que la atención a la zona sur no mejoró, como fue la promesa de Pelayo Torres.

De hecho, el XX Ayuntamiento ni siquiera ha entregado el dinero que le corresponde formalmente a San Quintín, aun cuando es el mismo reclamo de justicia con el que se abandera el alcalde Pelayo, sobre la inequitativa distribución de las participaciones federales hacia Ensenada, con relación al resto de los municipios de Baja California. No cumple adentro lo que pide afuera.

Más inseguridad y violencia

En agosto, el alcalde había removido de su cargo al director de Policía y Tránsito Municipal, Luis Alberto Tolosa Espinoza, por debilidades que presentaba la corporación, reintegrando el 14 de agosto en ese puesto a Alfredo Rosales Green.

Compadre de Enrique Pelayo, Rosales había sido removido del cargo de director de Policía porque el alcalde quería que fuera su coordinador de Gabinete. Al dejar vacío el puesto de la coordinación, Pelayo removió de la Secretaría de Desarrollo Social a su amiga personal Sonia Blanckett López, llevándola a la coordinación de Gabinete el 15 de agosto.

Mientras esto ocurría, la violencia en la entidad incrementaba. El mes de septiembre fue uno de los más violentos en los últimos años en la entidad, cuando se registraron 14 homicidios, uno casi cada dos días en promedio, incluyendo el asesinato de José de Jesús Jiménez López, uno de los consuegros del alcalde.

El martes 13 de noviembre, el secretario de Seguridad Pública Municipal, Florencio Raúl Cuevas Salgado, declararía públicamente que Ensenada está registrando un incremento en los robos a casa habitación, particularmente en colonias de la periferia como la 89, Lomitas, Morelos, entre otras.

En resumen, en el último año Ensenada se ha vuelto menos segura y más violenta. El crimen organizado, y como lo ha confirmado el propio procurador general de Justicia del Estado, Rommel Moreno Manjarrez, está detrás de una buena parte de los homicidios, así como de los decomisos de plantíos de marihuana y detenciones de vendedores de droga siguen registrándose en las corporaciones municipales y estatales encargadas de la seguridad pública.

Las manifestaciones

Durante 2012, las manifestaciones en el puerto estuvieron a la orden del día. Policías, bomberos, vendedores ambulantes y hasta simpatizantes del movimiento #YoSoy132, todos, se manifestaron contra el trato del gobierno local.

Cincuenta cadetes que habían sido capacitados en la Academia Estatal de Seguridad Pública, egresados este año, se toparon con que Pelayo Torres ya no los quería contratar porque supuestamente no tenía dinero, cuando el municipio solicita nuevos elementos considerando el recurso previamente. En octubre y luego de la intervención del Cabildo, el asunto pareció resolverse, al menos eso acordaron, y los cadetes serían contratados o reubicados.

La noche del 15 de septiembre, decenas de manifestantes del movimiento #YoSoy132 fueron detenidos con violencia por la Policía Municipal, incluyendo un camarógrafo de una televisora local, solo por estar grabando el evento, al tiempo que a otros reporteros intentaban arrebatarles sus cámaras. La represión que derivó en disculpas públicas del alcalde Pelayo un par de días después, y en deslinde de responsabilidades de todos los involucrados, no tuvo consecuencias y a la fecha ningún empleado gubernamental ha sido sancionado por el hecho.

A la par de la detención de los manifestantes ese día, Ramiro Orea, líder de comerciantes ambulantes, fue golpeado por un sujeto desconocido, quien según Orea, le dijo que era por parte de Pelayo.

En agosto, vendedores ambulantes liderados por Orea se habían manifestado en contra del alcalde por negarles el acceso a la zona de playa en la Playa Municipal para vender sus productos, pese a que aseguraban portar permisos federales para ejercer su profesión.

 Luego de un zafarrancho el 6 de agosto, con un policía lesionado y varios comerciantes golpeados, Pelayo prácticamente prometió a los ambulantes la cabeza de Tolosa, al frente de la Dirección de Policía. Y así lo hizo, con todas las consecuencias que implicó y en medio de un incremento en la inseguridad en la ciudad.

En julio, decenas de bomberos se manifestaron contra Enrique Pelayo por la falta de apoyos, no tenían equipamiento, las bomberas que compró el alcalde venían sin mangueras y necesitaban estar protegidos para combatir incendios dentro y fuera de la ciudad.

 Acordaron más recursos y, con una mano en la cintura, Pelayo les dijo que les conseguiría 100 mil dólares. Nunca se supo de donde saldría ese monto o las áreas que se quedarían sin él.

Asimismo, el presidente municipal prometió construir una concha acústica en la Playa Municipal, que era la justificación de los 5 millones de pesos “donados” por Cervecería Tecate. Nunca lo hizo.

La falta de comunicación con la CESPE mantiene congelada la construcción de la planta desaladora proyectada para la ciudad, pues no cuenta con los permisos de uso de suelo adecuados.

Las amenazas de manifestaciones de la burocracia en su próximo Informe de Gobierno, que le piden un incremento del 8 por ciento en sus sueldos y el no haber vendido decenas de predios con los que justificó la Ley de Ingresos para el ejercicio 2012, se cuentan entre los problemas que afectarán las finanzas municipales en 2013.

Mientras tanto, las deudas se incrementaron y el Cabildo aprobó un crédito por 144 millones 408 mil 875.83 pesos para luminarias LED. Financieramente, el escenario es peor.

En transparencia el oscurantismo prosperó, pues el secretario general del Ayuntamiento, Miguel Ángel Ley Álvarez, ha sido sancionado en al menos dos ocasiones con suspensiones sin goce de sueldo, por no proporcionar información que debe ser pública.

El portal de internet del Ayuntamiento sigue sin actualizar cuestiones básicas como el desglose de sueldos de los funcionarios de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. Las sesiones de Cabildo siguen sin orden, se convocan de último minuto y el aleatorio actuar del alcalde se refleja en todos lados.

Lo esperado para el informe de Enrique Pelayo Torres por regidores y grupos organizados, son únicamente inercias, áreas donde casi automáticamente hay actividad, como es el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), obras y servicios públicos municipales. El mantenimiento de vialidades, remodelaciones y aplicación de recursos que llegan de la federación anualmente, nada más, sin planes aterrizados.

En lo general, 2012 ha sido un peor año que 2011 para Ensenada, lo único bueno, dicen en Cabildo, es que ya no se pelean tanto con Pelayo. Sin embargo, afuera es otra cosa.