Liconsa, Fonacot, Issste, Profedet, SAT,
PGR y cancillería, las otras dependencias con más trabajadores bajo
investigación; en total pertenecen a 41 instituciones del gobierno federal
Petróleos Mexicanos (Pemex) y
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) son las instituciones del gobierno
federal en las que actualmente hay más casos de empleados que son investigados
por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por haber incurrido en presunto
enriquecimiento ilícito.
En respuestas a solicitudes
de transparencia formuladas por MILENIO, la SFP informó que en Pemex hay al
menos 65 trabajadores que están siendo investigados por las diferentes áreas de
la Función Pública desde 2016, de los cuales al menos 23 están relacionados con
el caso Odebrecht.
En tanto, en el IMSS existen
al menos 28 casos al respecto, todos de 2017.
Función Pública detalló 299
casos de empleados de al menos 41 instituciones del gobierno federal sobre los
que existe una investigación en proceso por presunto enriquecimiento ilícito,
incluyendo la fecha de inicio de cada una de dichas indagatorias. La mayoría
data de 2017.
La dependencia destacó que
entre las instituciones de las que se investiga a empleados se encuentra la
delegación Tláhuac, la cual no es un área federal, sino un órgano político
administrativo del Gobierno de Ciudad de México; de ahí se indaga a un empleado
desde el 31 de agosto de 2017.
Las cifras fueron
proporcionadas por la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SFP y la Coordinación
General de Órganos de Vigilancia y Control de la dependencia federal.
Sin embargo, en la respuesta
a la solicitud la SFP también mencionó otros 70 expedientes en poder de la
Dirección General Adjunta de Verificación Patrimonial relacionados con
empleados federales de 21 instituciones, de los cuales no proporcionó detalles
sobre cuántos de ellos pudieran estar involucrados en esas indagatorias y
cuándo comenzaron.
De acuerdo con el paquete de
información de la que se pudo obtener más detalles, después de Pemex e IMSS,
las otras instituciones con más empleados investigados son Liconsa, el
Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) y el
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(Issste), las cuales concentran 12 casos cada una; además, la Procuraduría de la
Defensa del Contribuyente, con 10 casos.
El Servicio de Administración
Tributaria tiene nueve empleados en proceso de investigación, en tanto que la
Procuraduría General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores
tienen ocho cada una.
NUEVAS SANCIONES, SIN EFECTO
El Código Penal Federal
actual incluye el enriquecimiento ilícito en la categoría de Delitos por Hechos
de Corrupción, producto de la reforma de 2016 que dio origen al Sistema
Nacional Anticorrupción.
Ahí se describe que el
enriquecimiento ilícito ocurre “cuando el servidor público no pudiere acreditar
el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a
su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño”.
Para ello, “se computarán
entre los bienes que adquieran los servidores públicos o con respecto de los
cuales se conduzcan como dueños, los que reciban o de los que dispongan su
cónyuge y sus dependientes económicos directos, salvo que el servidor público
acredite que éstos los obtuvieron por sí mismos.
Entre las sanciones previstas
están el decomiso en beneficio del Estado de aquellos bienes cuya procedencia
no se logre acreditar; cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento
ilícito no exceda del 403 mil pesos se impondrán de tres meses a dos años de
prisión y multa de hasta 8 mil pesos y cuando el monto exceda de esos 403 mil
pesos, se impondrán de dos años a 14 de años de prisión y multa hasta 12 mil
pesos.
Sin embargo, las
modificaciones al Código y la vigencia de las sanciones consideradas solo
entrarán en vigor cuando se nombre al fiscal anticorrupción, de acuerdo con los
transitorios.
HASTA OCTUBRE, 333 MDP
En octubre del año pasado, la
SFP informó que hasta esa fecha había detectado incrementos irregulares en la
evolución patrimonial de al menos 59 empleados federales por 333 millones 225
mil 836 pesos con 99 centavos.
Los 59 servidores públicos
señalados presentaron irregularidades en su patrimonio por montos que oscilan
entre 255 mil pesos y 61 millones 66 mil 109 pesos con 25 centavos, y
ostentaban cargos que van desde analista hasta homólogo de Subsecretario de Estado.
De esos casos, la SFP
presentó de inmediato las denuncias correspondientes ante la Procuraduría
General de la República.
La dependencia explicó que
las revisiones de evolución patrimonial se hacen al azar, ante una denuncia o
cuando hay indicios de alguna anomalía.
(VANGUADIA/ REDACCION/ 31 MAR 2018)
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